Un juez de Bogotá se declaró impedido de juzgar al ex congresista Ciro Ramírez hasta que la Corte Suprema de Justicia decida cuáles procesos pasarán nuevamente a su jurisdicción.
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Además de los vínculos por parapolítica, el ex senador Ciro Ramírez también es acusado por narcotráfico por los vínculos con alias ‘Mi Sangre, un reconocido narcotraficante. Foto Semana |
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá decidió trasladar nuevamente a instancia de la Corte Suprema de Justicia el expediente del caso contra el ex senador Ciro Ramírez, juzgado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Por lo que se declaró impedido para continuar con el juicio contra el político.
Según el juez Octavio Carrillo, el concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada con relación a su competencia para juzgar a congresistas a pesar de que hayan renunciado a su curul, establece un impedimento para que la justicia ordinaria continúe con los procesos contra ex congresistas y emita fallos sobre los mismos hasta que no se aclare su jurisdicción.
En este sentido, haciendo un llamado al respeto por el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, el Juzgado se abstuvo de continuar con el juicio mientras la Corte no emita una decisión sobre su competencia.
El juez aclaró que se necesita tener certeza sobre el impacto del concepto de la Corte Suprema frente a los procesos que actualmente lleva la justicia ordinaria contra ex congresistas que renunciaron a su fuero para salir de la competencia del Alto Tribunal.
De acuerdo con la decisión, mientras no haya certeza sobre la retroactividad de la providencia de la Corte, sobre si se aplica o no para aquellos procesos que fueron trasladados a justicia ordinaria con anterioridad, el juez consideró que “no queda otra opción que enviar el expediente a la misma Corte”.
A pesar de la oposición de la defensa de Ciro Ramírez, quien consideró que no había una adecuada interpretación del concepto de la Corte Suprema, el juez Carrillo se mantuvo en su decisión y devolvió todo el expediente al Alto Tribunal.
Al momento de devolver el expediente de Ramírez, se esperaban las declararaciones al ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ y de las ex congresistas condenadas por ‘parapolítica’, Eleonora Pineda y Rocío Arias.
Ciro Ramírez fue vinculado con la ‘parapolítica’ en febrero de 2007, cuando la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para iniciar la investigación en contra del entonces senador, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, en especial con Henry de Jesús Londoño, alias ‘Mi Sangre’, reconocido narcotráficante.
El ex congresista fue capturado en febrero de 2008 y tres meses después decidió renunciar a su fuero argumentando que buscaría mejores garantías procesales en la Fiscalía. Por esta razón, un fiscal delegado ante la Corte asumió la investigación y para abril de este año, Ramírez fue llamado a juicio.
La decisión de la Corte
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia decidió retomar las riendas de los procesos de ‘parapolítica’, hizo un cambio radical de jurisprudencia y le puso ‘tatequieto’ a la maniobra que estaban empleando los congresistas para escabullirse del escrutinio del alto tribunal. La sala penal dijo que el hecho de que un congresista renuncie a su curul no es suficiente razón para que la Corte no lo siga investigando. De esa manera cerró el grifo por el que ya se habían fugado 45 legisladores que prefirieron dejar sus casos en manos de un fiscal y así evadir al grupo elite de nueve magistrados auxiliares especialistas en la para-política.
El martes de la semana pasada, por ejemplo, el representante a la Cámara por el Chocó, Édgar Ulises Torres, no llegó a la cita que le puso la Corte para la indagatoria. En su lugar apareció su abogado con la carta de renuncia a la curul diciendo que su defendido no asistiría porque su caso iba a pasar a la Fiscalía.
De inmediato la sala penal se pronunció y, contrario a lo que había sostenido hasta ese momento, dijo que la renuncia no era suficiente para que la Corte no lo investigara. Lo más sorprendente es que un año antes esa misma sala penal había fijado una posición completamente distinta, y había permitido que la Fiscalía llevara los casos de los congresistas que renunciaran. ¿Qué cambió? En realidad, sólo fue un magistrado, Yesid Ramírez, el que modificó su parecer. La votación final en ambos casos fue apretada, cinco-cuatro, y por eso su voto lo definió todo. Llama la atención que el magistrado Ramírez, que ha sido cuestionado por haber recibido un reloj del polémico Giorgio Sale, se hubiera sumado el año pasado al grupo de los llamados moderados cuando se analizaron casos como el del senador Ciro Ramírez y ahora cambia su posición y se suma al grupo de los radicales.
La Corte, en su nueva decisión, para justificar porqué tiene que seguir siendo ella la juez de los legisladores, dice que si bien reunirse con delincuentes no es una función del cargo del congresista “sí pone de presente que posiblemente hacía parte de dicha organización criminal” o “le correspondía aportar (a ella) dentro de su ámbito funcional (como congresista)”.
Pero tal vez lo más importante de ese cambio de jurisprudencia es el impacto que puede tener para los congresistas investigados. No sólo tendrán que someterse a la Corte los 32 que aún tienen abiertas investigaciones preliminares, 26 por para-política y seis por farc-política. Algunos de ellos son pesos pesados del uribismo como Nancy Patricia Gutiérrez, Armando Benedetti, Dilian Francisca Toro, y otros de la oposición, como Piedad Córdoba o Wilson Borja. También la Corte deja la puerta abierta para que unos 30 casos que ya están en la Fiscalía, en los que aún no hay sentencia, puedan eventualmente volver a manos de su equipo elite de magistrados. Es decir, casos sensibles como el de los senadores Mario Uribe y Álvaro Araújo.
En las condenas que se han visto hasta ahora es evidente que la Corte tiene un equipo más sólido de investigación y aplica entre seis y siete años de cárcel, mientras que los jueces los han absuelto o aplicado condenas de tres años de prisión o excarcelables.
Pero el hecho de que la Corte haya abierto la puerta, no quiere decir que los congresistas automáticamente se devuelvan de la Fiscalía. Para que la Corte retome esos casos tendría que mediar una petición de la propia Corte, que difícilmente lo hará porque puede ser visto como una persecución; o de la Procuraduría, que podría pedir que se aplique el principio de igualdad para todos los procesados, o de los fiscales de cada caso que decidan devolverlo por competencia.Con estas decisiones de la Corte Suprema es claro que la para-política va para largo.
SEMANA hizo un corte de cuentas y encontró que en total son 102 congresistas salpicados por la para-política (52 senadores y 50 representantes). Si se descuentan los inhibitorios y las preclusiones el número baja a 92 (48 senadores y 44 representantes). De ellos 28 están en investigación preliminar (12 senadores y 14 representantes) (artículo publicado por Semana, edición 1427. Fecha 05/09/09).
El caso de Ciro Ramírez
En abril de este año, el vicefiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago, ratificó la acusación contra el ex senador Ciro Ramírez y lo llamó a juicio tras conocer unas conversaciones entre el ex congresista y Henry López Londoño, narcotraficante y paramilitar que se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar de las Auc y que era conocido con el alias de ‘Mi Sangre’.
El ex senador Ramírez ya había sido acusado por un fiscal delegado ante la CorteSuprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley. A pesar de que hay varios congresistas investigados por los vínculos con paramilitares, esta es la primera vez que un senador investigado por parapolítica también es vinculado a narcotráfico.
La conversación con alias ‘Mi Sangre’ no fue la única que sostuvo el ex senador con narcotraficantes.
En 2006, la revista Semana tuvo acceso a varias horas de grabaciones efectuadas, entre abril y septiembre de 2005, por organismos de inteligencia antinarcóticos extranjeros en los que el nombre del político aparece en conversaciones que sostienen varios narcotraficantes y delincuentes. “La operación se diseñó para perseguir y arrestar una gigantesca banda de narcotraficantes vinculados con paramilitares, la cual actuaba en cinco países. Nuestra sorpresa fue muy grande cuando, durante los controles electrónicos a los teléfonos de los narcos, empezamos a oír que mencionaban al senador Ciro Ramírez. Lo más desconcertante fue cuando empezamos a oír al propio senador conversando con los narcos”, dijo en ese entonces a Semana un agente de una de las agencias antidrogas que participaron en la investigación.
Ciro Ramírez nació en Moniquirá, Boyacá, y ha tenido una larga carrera como funcionario público. Fue diputado de la Asamblea de Boyacá y en tres ocasiones alcanzó la curul para representar a su departamento en la Cámara. Fue senador en tres periodos consecutivos y en una ocasión alcanzó a ser el vicepresidente del Senado. También ha sido presidente del Directorio Nacional Conservador, partido en el cual ha recibido varias distinciones.
En la actualidad, el ex senador Ramírez se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
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