De 31 años de edad y oriundo de Carmen de Atrato, Chocó, este prelado venía trabajando desde hacía varios años con la comunidad de Bellavista. La presencia de grupos armados ilegales en esa región del Chocó era constante y la confrontación había alcanzado un punto muy alto, cuando grupos de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) comenzaron a atentar contra la vida de los civiles.
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| Jorge Luis Mazo |
Cuentan en la zona que no dudaba en quedarse al lado de “los más sufridos, con los amenazados, con los masacrados, compartiendo su suerte con determinación y sin victimismos”.
Esa opción del prelado, sumada a las constantes denuncias desde la Diócesis de Quibdó se hacían por la reiterada violación de derechos humanos por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley, especialmente por el accionar paramilitares en la región, y a las laboreas humanitarias que adelantaban en los caseríos ribereños del Atrato y sus afluentes, exasperaba a los comandantes de las Auc, quienes alparecer ordenaron el crimen.
Al día siguiente, la lancha que provocó el choque mortal fue vista navegando por el río Atrato con seis hombres armados. La motonave había sido robada meses antes a la cooperativa La Esperanza y tal como lo reconoció Carlos Castaño Gil, uno de los comandantes de las Accu en carta enviada a la Diócesis de Quibdó el 30 de noviembre siguiente, era utilizada para transportar víveres y hombres entre la capital del Chocó y la localidad de Vigía del Fuerte.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, a través de la sentencia N° 102, fechada el 18 de noviembre de 2006, se declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa y Policía Nacional – por estos hechos. Dos días antes de la decisión, había sido capturado el paramilitar Carlos Andrés Molina Díaz, quien según las autoridades fue el responsable de la operación fluvial que acabó con la vida del sacerdote colombiano y el misionero español. Se le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado, en concurso con homicidio agravado en el grado de tentativa y concierto para delinquir, y se le impuso una sentencia de 40 años de prisión. El 19 de abril de 2009 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió la casación interpuesta por el condenado, quien alegó falta de defensa técnica en el proceso.
El crimen
Eran las nueve y media de la noche del jueves 18 de noviembre de 1999, cuando una embarcación de madera de 18 metros de largo y debidamente iluminada que procedía del municipio de Murindó, en el departamento del Chocó, estaba arribando al puerto fluvial de Quibdo, sobre el río Atrato. En ella venía una comisión de ayuda humanitaria integrada por miembros de la Diócesis de esa ciudad, la comisión diocesana Vida, Justicia y Paz, y de la organización no gubernamental Paz y Tercer Mundo.
De repente, fueron arrollados por una lancha de fibra de vidrio y de gran potencia que salió del sitio denominado La Draga y de manera intencional colisionó con la barca donde venía la comisión, partiéndola en dos, para luego huir del sitio. En el impacto, cayeron al afluente el sacerdote Jorge Luis Mazo Palacios, cura párroco del municipio chocoano de Bellavista, y el misionero español Iñigo Eguiluz Tellería, y fueron arrastrados por las aguas. Ocho personas más sobrevivieron.
Tras una permanente labor de rastreo y búsqueda desarrollada por cientos de personas en las horas siguientes, el domingo 21 eran encontrados finalmente ambos cuerpos sin vida. El sacerdote Jorge Luis apareció a 80 kilómetros de Quibdó, aguas abajo del Atrato. Unas horas más tarde, unos pescadores localizaron el cadáver de Íñigo Egiluz, a tan sólo un kilómetro de donde se habían producido la colisión.
Estado de la investigación:
