El pasado 7 de marzo le solicitó al Ente acusador un completo informe sobre los asesinatos y las amenazas contra los firmantes del Acuerdo de Paz ocurridas desde finales de 2016. A la justicia transicional le preocupan la expansión de grupos armados ilegales, que ponen en riesgo a los exguerrilleros reincorporados a la vida legal, y la poca efectividad de las autoridades para contenerlos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio 30 días a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales (UEI) de la Fiscalía General de la Nación para que le remita los resultados de las investigaciones adelantadas por los homicidios de los 309 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y las gestiones que ha hecho para esclarecer esos crímenes.
El tiempo para el Ente acusador comenzó a correr hace 10 días, cuando la JEP, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz, profirió el Auto SAR AT-045-2022, mediante el cual le ordena a la UIE la remisión de un completo informe sobre esos crímenes, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó en Bogotá el Acuerdo de Paz, y el 22 de febrero de este año.
Esa Sección de la JEP no escatimó detalles en su solicitud: requirió los nombres completos de las víctimas, con su respectivo número de cédula; precisiones sobre las circunstancias que rodearon los homicidios; etapas procesales de las investigaciones; presuntos responsables, materiales e intelectuales, así como su situación jurídica.
Adicional a ello, le solicitó a esa Unidad de la Fiscalía listados de casos de personas que fueron asesinadas después de haber presentado ante las autoridades denuncias por amenazas, en qué etapa de la investigación está cada caso y qué acciones adelantó para atender esas solicitudes de protección.
Esa Sección de la JEP también requirió de la UIE información precisa y detallada de los grupos armados ilegales que se han atribuido homicidios de excombatientes de las antiguas Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, así como los territorios donde tienen presencia, sus modus operandi, los patrones de conducta y elementos comunes identificados en dichos crímenes, y el número de asesinatos por departamento.
La orden dada por este organismo de justicia transicional se profirió cinco días después de realizada una audiencia pública presencial de seguimiento sobre las difíciles condiciones de seguridad de los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz en el trámite de medidas cautelares colectivas para esta población en riesgo.
A esa audiencia comparecieron el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, así como representantes de la Procuraduría General de la Nación, del partido de Comunes de las extintas Farc y voceros de la sociedad civil que nacen parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz para que, de manera conjunta con el gobierno nacional, trabajaran en la formulación de políticas públicas que contribuyeran al desmantelamiento de grupos armados ilegales.
Luego de escuchar diversas intervenciones, la JEP concluyó en aquella audiencia que el gobierno nacional carece de una estrategia para “prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes” del Acuerdo de Paz. (Leer más en: No hay estrategia institucional para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz)
La situación de inseguridad para los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, y también para sus familias, no son fáciles. Un exmiembro de las extintas Farc le describió a este portal cómo viven: “Hoy en día nos mantenemos como si estuviéramos nuevamente en la época de la guerra: nos tenemos que estar cuidando, nos toca estar en los sitios hasta ciertas horas y buscar esquemas de seguridad porque no podemos estar solos”. (Leer más en: Seguridad de excombatientes: una deuda que ha cobrado 290 vidas)
En reacción a ello y con el ánimo de que se tomen medidas urgentes y eficaces, la Corte Constitucional, en decisión tomada el pasado 27 de enero, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido al “bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes”.
De acuerdo con la valoración hecha a lo que viene pasando con los firmante del Acuerdo de Paz, este alto tribunal estableció que a pesar de que hace poco más de tres años de creadas la Instancia de Alto Nivel y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no se había expedido el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, lo que “significa que durante todo el tiempo ha existido una institucionalidad paralela que ha servido de marco a las acciones del Gobierno y ha supuesto vaciar de contenido los mandatos incorporados en el Acuerdo Final de Paz desarrollados por normas vinculantes”.
Información previa
La petición de información a la UIE de la Fiscalía hace parte del trámite de oficio de medidas cautelares que adelanta la JEP con “el fin de proteger los derechos fundamentales del grupo de mujeres y hombres de la Fuerza Pública y de las antiguas Farc-Ep” que comparecen ante esa instancia de justicia transicional.
El trámite de esas medidas comenzó el 29 de abril de 2020 y desde ese momento le solicitó información a por lo menos 15 entidades estatales, entre ellas la UIE, a la que le pidió, en relación con los exguerrilleros de las extintas Farc, el estado de las investigaciones de los homicidios perpetrados contra ellos, un análisis de contexto en relación con esos asesinatos y explicaciones sobre “los mecanismos dirigidos a la prevención y al desmantelamiento de las organizaciones que generan este tipo de violencias”.
Durante ese año, y ante los requerimientos de la JEP, esta Unidad de la Fiscalía remitió sendas respuestas sobre los procesos, pero la información remitida no satisfizo a esta instancia judicial. En febrero de 2021 aseveró en uno de sus pronunciamientos que si bien la UIE estaba realizando “un esfuerzo por el esclarecimiento de los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas de los cuales ha sido víctima la población reincorporada de las FARC”, los resultados de ese trabajo presentan “un bajo nivel en el cumplimiento del objetivo”.
Y para sustentar esa afirmación, la JEP se centró en dos cifras: de un lado, precisó que, de los 280 procesos de investigación iniciados por hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas, sólo se habían proferido 33, lo que corresponde apenas al 11 por ciento del total.
Y de otro lado, en relación con las amenazas, “la situación es aún más compleja”, indicó este organismo judicial, “pues apenas se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas, lo cual no representa ni siquiera el 2 por ciento de las investigaciones”.
Para hacerle un mejor seguimiento al tema, la JEP le solicitó a la UIE la remisión de informes bimensuales, durante los seis meses siguientes, en los que se reportaran los avances en el esclarecimiento de los delitos cometidos contra los firmantes del Acuerdo y en la identificación y procesamiento de los autores intelectuales o determinadores.
Se requiere más información
No satisfecha con los reportes bimensuales remitidos por la UIE, el organismo de justicia transicional insistió en su petición del pasado 7 de marzo que “es perentorio precisar con exactitud los avances en materia de investigación, persecución y acusación de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática y amenazas contra las personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC-EP”.
En esta ocasión, la JEP llamó la atención sobre los 309 homicidios cometidos contra los firmantes del Acuerdo y lanzó una cifra que llama la atención y que es tomado de investigaciones de la organización Indepaz: que esos asesinatos “comprometen a más de 38 grupos armados con diferentes estructuras en disputa por el control territorial, muchos operan en áreas donde se asientan excombatientes en proceso de reincorporación”.
A juicio de esta jurisdicción, esos hechos “ameritan mayor seguimiento en materia de investigación judicial, sus avances y resultados”. Y reiteró que los datos sobre la expansión de los grupos armados “con incidencia en la vida, seguridad y el proceso de reincorporación […] alertan sobre la necesidad de revisar los mecanismos, métodos, estrategias y articulación interinstitucional para fortalecer el impacto en la prevención de las violencias”.
La JEP volvió a insistir en que dados esos contextos de violencia que comprometen la vida de los reincorporados de las antiguas Farc evidencian “un bajo nivel de impacto de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales”, por lo que requirió a la Unidad de la Fiscalía para que amplíe “la información relevante para poder identificar los elementos comunes que se conjugan en el accionar de los grupos armados y que puedan contribuir a la prevención de este tipo de violencias”.
En su nueva decisión, la JEP le dio 30 días a la UEI para que presente un informe que contenga los resultados y avances de las investigaciones adelantadas con relación a las 309 personas firmantes del Acuerdo de Paz “reportadas como víctimas de homicidio” desde el 24 noviembre de 2016 desde hasta el pasado 22 de febrero de 2022.
Ese informe deberá contener, además de los datos preciso de las víctimas y los contextos de los hechos que rodearon sus homicidios, avances investigativos en los “hechos delictivos individuales y priorizados que afectan la población de reincorporados incluidos tentativa de homicidio y desaparición forzada”.
Adicional a ello, los “resultados obtenidos de la identificación y caracterización probatoria integral (militar, financiera y política) de las estructuras criminales” generadoras de riesgo para la población reincorporada; y reportes de “los resultados de la etapa de consolidación, vía judicialización estratégica de las organizaciones criminales identificadas, incluidas las denominadas ‘sucesoras del paramilitarismo’ y sus redes de apoyo”.
El informe ordenado por la JEP deberá incluir la descripción de las estrategias de articulación interinstitucional “diseñadas y en marcha, los compromisos específicos con cada entidad, los logros obtenidos y las dificultades evidenciadas”, con especial énfasis en las relacionadas con los ministerios del Interior y Defensa, así como la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), y “las propuestas de articulación presentadas y acogidas por la Comisión Nacional de Garantías”.
La UIE también tendrá que precisar sus acciones de fortalecimiento en materia de recursos humanos profesionales y técnicos en los territorios de más alta incidencia en la afectación de la vida y derechos fundamentales de los excombatientes de las antiguas Farc, y las gestiones realizadas “para priorizar la investigación y persecución del homicidio de Jorge Santofimio López y demás conductas punibles derivadas del ataque a la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccom)”, ocurridas el pasado 24 de febrero en el municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo.
Este asesinato fue repudiado, incluso, por Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia: “Su irreparable pérdida es un trágico recordatorio de la urgencia de reforzar protección de quienes dejaron las armas y se mantienen comprometidos por el proceso de paz apuestan por la paz”.
El tiempo corre para la UIE de la Fiscalía para responderle no sólo a la JEP sino a los reincorporados de las antiguas Farc que se comprometieron con el Acuerdo de Paz que están bajo amenaza constante y que requieren mayor compromiso de las autoridades civiles y de seguridad para brindarles una protección efectiva a ellos y a sus familias.
