Según algunas organizaciones, la cifra podría situarse por el orden del 90 por ciento. Varias de las investigaciones han sido archivadas y en algunos casos “no aparecen” en los registros de la Fiscalía General de la Nación. Las alertas están prendidas.
A la sombra de la impunidad, persisten las agresiones a defensores de derechos humanos en Antioquia . Foto: Ricardo Cruz.
“El 27 de septiembre de 2012 se archivó por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo”, fue la respuesta que entregó la Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana de Medellín y Antioquia al interrogante planteado por las plataformas de derechos humanos de Antioquia sobre el asesinato de Andrés Felipe Medina Palacios, líder juvenil y uno de los fundadores de la Corporación Son Batá, colectivo artístico con sede en la Comuna 13.
Su muerte, ocurrida el 5 de julio de 2010, sacudió a los habitantes de este populoso sector del occidente de la ciudad, así como al movimiento cultural de la capital antioqueña. Medina Palacio hace parte de la lista de 150 líderes sociales y activistas de derechos humanos asesinados en Antioquia entre 2010 y el primer trimestre de 2017.
Su caso se suma al Julián Andrés Taborda Nanclares, un joven mimo asesinado el 7 de enero de 2013 en el corregimiento Altavista. El 28 de febrero de 2017, la Fiscalía 1 de la Unidad de Vida decidió archivar el proceso “por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo”.
El mimo que quieren como alcalde
Al preguntarle a esta Subdirección Seccional sobre el estado de las investigaciones relacionadas con laextraña muerte de Albeiro Valdés Martínez la respuesta fue “no aparece”. La víctima, quien era conocido como ‘Colombia’ entre sus paisanos de Necoclí, Urabá antioqueño, fue un reconocido líder de restitución de tierras e integrante de la Asociación de Víctimas Para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi). Su cuerpo fue hallado sin vida en la mañana del 11 de mayo de 2010 en un paraje de vía que conduce de Turbo a Necoclí.
Igual respuesta, de “no aparece”, fue entregada por la Subdirección Seccional en el caso de Juan Camilo Mejía Bedoya, indígena integrante de la comunidad Embéra-Zenú asesinado el 26 de junio de 2011 en la región conocida como El 18 y La Unión-Pato, de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño. Tampoco “aparece” el caso de Dani Urritia Ortiz, líder indígena asesinado el 11 de mayo de 2011 en inmediaciones de la comunidad La Raya, también en el municipio de Zaragoza.
Reclutamiento y coca diezman resistencia indígena en Antioqia
El caso de María Oliva Alzate Pérez, integrante del programa Buen Comienzo y reconocida líder comunitaria quien fuera asesinada en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín el 25 de julio de 2013 aún se encuentra en indagación, según respondió el Ente Investigador. Sin embargo, por este caso no hay personas vinculadas. En idéntica condición se encuentra la muerte de Nelson Cartagena García, quien fuera presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Aguas Frías del corregimiento San José de Apartado. Su asesinato se produjo el 1 de agosto de 2013 en zona conocida como Río Grande, entre Apartadó y Turbo.
Inoperancia
La impunidad en los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos en Antioquia entre 2010 y el primer trimestre de 2017 podría ascender al 90 por ciento, según lo afirma Óscar Yesid Zapata, integrante del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CEEUU), plataforma que agrupa más de 250 organizaciones no gubernamentales en todo el país.
Según Zapata, en los últimos siete años han sido asesinados en territorio antioqueño unos 150 líderes (y lideresas) sociales, comunitarios, campesinos, sindicalistas y activistas de derechos humanos, pero el Ente Investigador en el departamento solo tiene información de 129 casos: “La información la solicitamos vía derecho de petición a la Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana de Medellín y Antioquia y sólo nos dieron información de 129 hechos. Sobre el resto, nos informaron que no tenían certeza qué Unidad, que seccional o en qué ciudad se encontraba el caso”.
Las respuestas entregadas por la Subdirección Seccional no son alentadoras. Sobre el total de 129 homicidios que conoce la Fiscalía, en 24 casos respondió que no aparecen en el registro. De igual forma, 42 hechos aún permanecen en la etapa de indagación; es decir, continúan las pesquisas para tratar de construir un caso que pueda ser llevado ante los jueces mientras 14 de ellos fueron archivados al no prosperar las averiguaciones o “no encontrar o establecer el sujeto activo”.
A la fecha, sólo cuatro homicidios de activistas se encuentran en etapa de juicio y se han proferido absoluciones en un 0,78por ciento de los procesos. El mismo porcentaje (0,78) aplica para el caso de las órdenes de preclusión y para los hechos que han sido trasladados a la Justicia Penal Militar (0,78 por ciento). Sólo en 15 procesos se han emitido sentencias condenatorias.
El total de casos donde actualmente existen personas vinculadas o sindicadas no supera los 52. Estas cifras, según estudios realizados por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de Puebla, ubican a Colombia como el tercer país con mayores índices de impunidad con relación al asesinato de líderes sociales, luego de Filipinas y México.
“Es decir que de cada 100 homicidios contra líderes sociales la justicia sólo se ha aplicado en 13 casos, judicializando autores materiales que, en todo caso, muchas veces no basta para esclarecer qué motivaciones hubo detrás del ataque contra un defensor de derechos humanos. Condenar solo al que dispara no satisface los derechos de verdad y justicia”, aclara Zapata.
Las cifras que arroja la aplicación de justicia en casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, así como las preocupaciones que genera, fueron consignadas en reciente informe sobre la situación de los activistas regionales durante el primer semestre del año, donde se advierte un preocupante aumento en las agresiones, principalmente las amenazas, los ataques y los homicidios.
Medellín y Urabá en alerta naranja
Durante el primer semestre de este año se registraron en total 111 ataques contra activistas siendo las amenazas individuales las más recurrentes: un total de 42. Le siguen en su orden los heridos (con 21), los homicidios (10) los hostigamientos y amenazas colectivas (con siete cada una).
“Las cifras podrían indicar un mensaje claro de que los agresores están más interesados en implantar toda una política de miedo que va de la amenaza, la intimidación, la persuasión, la cooptación para facilitar sus fines, acallar de esta manera voces en los territorios y asesinar a quien no acceda a sus pretensiones”, dice el informe en uno de sus apartes.
Buena parte de estos hechos se presentaron en el Valle de Aburrá, con 46 casos. Fue en esta región, que comprende a la capital Medellín y municipios como Itagüí, Bello, La Estrella, Copacabana, Envigado y Sabaneta, donde se concentraron las amenazas contra activistas: 11, de un total de 42, se registraron en estas localidades mientras que tres de los diez homicidios documentados durante el primer semestre de 2017 también se cometieron allí.
Le sigue el Urabá antioqueño. El informe consignó 36 agresiones cometidas en los 11 municipios que conforman esa región agroindustrial, principalmente amenazas colectivas y hostigamientos colectivos (con siete cada una), y la amenaza individual en cuatro casos. Pero lo que más preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos es la tensa situación que se vive en las localidades rurales y urbanas por cuenta de la expansión y consolidación del poder criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
“Se conoce que las denominadas Agc han iniciado toda una campaña para cooptar y cohesionar a las juntas de acción comunal, las obligan asistir a reuniones; por lo menos en las veredas de la Serranía del Abibe. A los campesinos les prohíben acceder a los programas de sustitución voluntaria de cultivos del Gobierno Nacional, los obligan a la siembra de cultivos de coca, se presentan casos de reclutamiento forzado de niños y niñas, decretan toques dequeda, han financiado proyectos de vivienda para algunos campesinos y la construcción de vías desde Nuevo Antioquia (Turbo) hacia la Vereda La Esperanza (Apartadó)”, consigna el informe en otro de sus apartes.
También llama la atención el alto número de casos registrados en el Oriente antioqueño, región donde el conflicto armado dejó de ser preocupación hace poco menos de una década, pero que ahora aqueja problemas más complejos. Así, por ejemplo, en el municipio de Sonsón se presentó el asesinato de Edmiro Alzate, integrante del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (Movete), hecho sucedido el 12 de enero; mientras que el 18 de abril fue asesinada en San Vicente Rubiela Sánchez Vanegas, reconocida líder comunitaria de esta localidad.
Jhon Jairo Serna, integrante de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente antioqueño, manifiesta que “los municipios de la región vienen siendo afectados por el fenómeno del microtráfico y de las bandas delincuenciales que quieren manejar ese negocio”. Al respecto, el informe menciona “el microtráfico y el control de bandas como ‘Los Pamplona’, ‘Los Payasos’, ‘El Laberinto’, ‘Los Chatas’, ‘Los Guarneños’, ‘Los Viejos’, las Agc y ‘La Oficina de Envigado’, viene generando zozobra entre las comunidades por cuenta de las disputas armadas que vienen sosteniendo estas estructuras y que aumentan con el pasar de los días.
Otra de las regiones del departamento donde se registraron agresiones contra los defensores de derechos humanos fue el en norte de Antioquia: 10 casos en total. Voceros del movimiento político Marcha Patriótica expresan que las comunidades campesinas de los municipios de Valdivia, Toledo, Briceño y San Andrés de Cuerquia, que en un pasado reciente fueron localidades de fuerte influencia de la guerrilla de las Farc, vienen denunciando reiteradamente la presencia de hombres armados en zonas rurales y que, incluso, en zonas alejadas de Ituango ya han organizado reuniones con los labriegos.
Al respecto, el Informe resalta el rebrote del “paramilitarismo” en el departamento. Del total de agresiones documentadas para Antioquia, en un 30 por ciento de los casos la presunta responsabilidad recae en miembros de la Fuerza Pública, principalmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), mientras que en un 22 por ciento se sindica a “paramilitares”, particularmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Muchas de las agresiones contra defensores de derechos humanos están siendo cometidas en antiguas zonas de injerencia de Farc-EP, donde las comunidades también vienen denunciando una expansión del fenómeno paramilitar y donde aún se denuncia connivencia entre estos grupos y miembros de la fuerza pública”, manifiesta Óscar Yesid Zapata, integrante del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CEEUU).
Finalmente, las plataformas de derechos humanos pidieron al Estado colombiano celeridad en las investigaciones sobre los crímenes de defensores de derechos humanos en Antioquia, así como cumplir la normatividad existente en materia de protección a líderes sociales. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta vital que las autoridades civiles y de Policía reconozcan el surgimiento del fenómeno paramilitar, no solo como garantía de no repetición, sino también como el primer paso para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.
