Hijo de líder afro, nueva víctima en la convulsionada región del Atrato chocoano

      

Con la muerte de Wilmar Córdoba, hijo de un vocero de Afrodes, se evidencia la tensa realidad que vive su familia y que padecen otros habitantes de Riosucio, Chocó.

asesinato hijo marino cordoba 1Diferentes oficinas de la ONU como Acnur y OCHA han analizado el aumento de conflicto en Riosucio en los últimos dos años. Foto: archivo Semana.El minuto en el que Wilmar Córdoba Forero se quedó solo en el negocio de su suegra, tres hombres entraron con machetes buscándolo. Él supuso su destino pues esa misma mañana del 19 de octubre tuvo un altercado con uno de ellos, a quien reconoció como paisano de Riosucio, Chocó. Los hechos ocurrieron en Belén de Bajirá, pueblo que se disputan Antioquia y Chocó.

“Lo asesinaron a machete para no hacer mucha bulla. Pero él no quedó muerto de una vez. Trató de huir y quedó inconsciente en el piso. Alguien lo llevó a un centro de atención en Bajirá y luego lo trasladaron para Apartadó. Murió en el camino”, contó Marino Córdoba, padre de Wilmar, fundador de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y uno de los líderes que presionó, a través de congresistas norteamericanos, para que el acuerdo pactado entre el gobierno nacional y las Farc en La Habana incluyera un enfoque étnico.

Hasta hacía unos meses, Wilmar vivía en Riosucio, pero tras el asesinato de su hermano menor materno, tuvo que huir a raíz de las amenazas que le hicieron y terminó viviendo en Belén de Bajirá con su novia, su hija de cinco meses de nacida y su suegra.

“Él no ejercía ningún tipo de liderazgo social. No sé si el hecho esté relacionado con mi activismo y lo que hago”, precisó Córdoba. Y es que a este líder afro también lo han perseguido y amenazado, pero, a diferencia de su hijo, logró escapar y sobrevivir a la violencia paramilitar que asoló la región del Atrato a finales de la década del noventa.

Un pasado trágico

asesinato hijo marino cordoba 2En Riosucio existen varias empresas madereras y una de ellas, Maderas del Darién, fue mencionada por los exparamilitares como financiadora de las autodefensa. Foto: archivo Semana.En 1996, el ambiente en Riosucio era muy diferente al actual. Las empresas como Maderas del Atrato, Pizano S.A o Maderas del Darién tenían sus negocios prósperos mientras la comunidad luchaba porque no les contaminaran los ríos y los tuvieran en cuenta antes de tomar cualquier decisión.

Córdoba recuerda que cuando era el presidente de la Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba), una de las principales quejas de la comunidad era que las empresas tiraban los desechos madereros alos ríos, lo que afectaba la navegabilidad en una región donde el transporte y la venta de productos se realiza principalmente por vías fluviales.

Justo en esa época, las comunidades afrodescendientes se estaban organizando para reclamar como territorios colectivos las tierras donde vivían, amparados en la Ley 70 de 1993. Esta norma obliga a cualquier empresa a consultar previamente con las comunidades para hacer negocios en tierras étnicas.

Fue por eso, y para presentarles una propuesta de aprovechamiento forestal, que la empresa Maderas del Darién citó a Córdoba, al entonces alcalde de Riosucio, Faustino Martínez, y a un representante a la Cámara por Chocó para que aceptaran, en nombre de la comunidad, la explotación maderera antes de que se conformaran los territorios colectivos bajo la figura de consejos comunitarios. La respuesta del líder social fue que ellos darían su respuesta frente a la explotación de recursos luego de obtener el título colectivo.

“Después de eso, se aceleró la llegada del paramilitarismo. Además, funcionarios de la empresa me dijeron que esto se iba a dañar y que lo sentían por algunos de nosotros. Así, textualmente. Me buscaban para que negociara con ellos pues querían tener el permiso de aprovechamiento forestal en la zona de nosotros a como diera lugar y eso no se dio”, recordó Córdoba.

Hasta ahora no ha habido fallos en contra de Maderas del Darién, pero los exparamilitares Freddy Redón, alias ‘El Alemán’, comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc, y Dairon Mendoza, alias ‘Rogelio’, aseguraron durante las versiones libres ante fiscales y jueces de Justicia y Paz que en sus operaciones militares utilizaron las frecuencias de transmisión de la empresa para ejecutar la ‘Operación Cacarica’ y, posteriormente, se convirtió en una de sus grandes financiadores.

Paramilitar asegura que Maderas del Darién financió a las Auc

Esa incursión armada, iniciada el 24 de febrero de 1997, marcó la entrada del grupo paramilitar al sur del Urabá chocoano. El objetivo era recuperar, supuestamente, el territorio dominado por el Frente 57 de las Farc en las cuencas de los ríos de Salaquí, Cacarica y Truandó, así como controlar Riosucio y sus alrededores, claves para controlar la movilidad sobre el río Atrato.

Justo ese mismo día y en la misma zona también comenzó la Operación Génesis, a cargo de la Brigada XVII del Ejército y liderada por el general (r) Rito Alejo del Río. Años después, ante los estrados de la justicia transicional, alias ‘El Alemán’ sostuvo que los altos mandos de esa guarnición militar, con sede en Carepa, solicitó guías paramilitares para ayudarlos a ingresar a esa selvática región chocoana.

Operación Genesis fue denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Militares y autodefensas desembarcaron en Riosucio por el muelle de la Policía, según la versión de Córdoba. Los paramilitares tenían una lista en mano con las personas a las que debían matar y su nombre estaba escrito en ella.

“Me salvé de milagro porque me enteré que me buscaban a mí bajo el pretexto de ser guerrillero. Huí a la zona rural y me escondí en el río Salaquí”, relató Córdoba.

Después de algunos meses de estar internado allí, negoció con las Farc para que lo dejaran ir. Ellos negaban la salida de cualquier persona creyendo que iban a vincularse a las filas paramilitares. Una vez obtuvo el permiso, Córdoba se embarcó en una lancha por los ríos Truandó, Domingodó y el Atrato hasta llegar a Quibdó. De allí, partió para Bogotá a refugiarse hasta 2002 y luego se exilió en Estados Unidos.

En su desplazamiento, no solo abandonó Riosucio, a donde no ha vuelto desde entonces, sino que con su familia se quedó su hijo Wilmar de tan solo 1 año de edad.

“Prácticamente no lo conocí, pero mantenía conversación con él. Ahora que he vuelto al país, he tratado de conocer gran parte de mi familia. Teníamos planes de encontrarnos”, dijo Córdoba.

La violencia en Riosucio

A pesar de que no lo veía hace años, los familiares en común y sus conocidos le aseguraron que Wilmar “era un joven tranquilo que evitaba problemas, muy dedicado a su trabajo y al estudio, pero también a su familia”, según la carta que este líder afrodescendiente escribió después del asesinato de su hijo. (Vea la carta)

Pero él fue una de las tantas víctimas que ha dejado la guerra en Riosucio, especialmente las de los últimos años, generada por la confrontación armada entre las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Urabeños’ y ‘Clan del Golfo’, y a guerrilla del Eln.

Informes de Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) explican que pese a que las Farc han mantenido el control en Riosucio durante más de 20 años, especialmente en la parte rural, el panorama cambió durante las treguas unilaterales que sostuvo esta guerrilla y el cese bilateral de fuego acordado con el gobierno nacional desde agosto pasado.

“El reposicionamiento de las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y del Eln en zonas controladas históricamente por las Farc-Ep en el Chocó evidencian una nueva dinámica que trae consigo consecuencias humanitarias en los territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dijo OCHA en su reporte de 2015. Y explican que la banda de los Úsuga llegó desde Urabá mientras que el Eln entró por la zona del río Baudó.

Los enfrentamientos entre los dos grupos armados para apoderarse de los territorios afectaron principalmente a la población civil. OCHA y la Defensoría del Pueblo registraron que en 2015 hubo restricción de movilidad en la región, incluso para transportar comida, y que a causa de esta situación poco menos de 3 mil afrocolombianos e indígenas del río Truandó estuvieron en riesgo de ser desplazados.

“En un escenario de postacuerdo con las Farc – Ep es necesario no perder de vista las consecuencias humanitarias que pueden derivarse de la acción y el reposicionamiento de grupos armados como el Eln y las Agc, como está ocurriendo en este momento en Riosucio y en otras zonas de Chocó (subregiones del Baudó y del Medio Atrato)”, precisó esta oficina de la ONU.

Y mientras OCHA pide al gobierno y a otros organismos estar atentos a lo que ocurre en Riosucio, Córdoba quiere que se investigue por qué asesinaron a su hijo.

“Lo justo hoy es esclarecer la verdad sobre el crimen de Wilmar, que haya medidas de seguridad para garantizar que su madre y demás familiares suyos y míos no sigan en riesgo, que las autoridades de Policía y Ejército corten toda relación criminal con los paramilitares, que las autoridades encargadas de la justicia sean garantía para que las víctimas presenten denuncias sobre hechos de violación de derechos humanos y se facilite su esclarecimiento”, pidió Córdoba.