En medio del difícil tránsito colombiano de la guerra a la paz, en el departamento de Guaviare, la violencia contra defensores de derechos humanos ha sido, por lejos, menos letal que en el resto del país, en donde los asesinatos de activistas comunitarios se cuentan por decenas.

Las cifras, como suele suceder en este tema, difieren según la fuente. Teniendo como referencia el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, la organización Somos Defensores, que documenta desde 2002 las agresiones contra líderes sociales, registra en esa región Amazónica los asesinatos de dos dirigentes de Junta de Acción Comunal (JAC).

La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró cinco asesinatos: tres miembros de JAC, un promotor de deportes y un exalcalde. Y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que empezó a estudiar estos casos desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, el 24 de noviembre de 2016, tiene seis registros en su base de datos: tres miembros de JAC, un indígena, un bombero y el exalcalde. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)

VerdadAbierta.com indagó ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por las investigaciones que adelantaron para esclarecer y sancionar los asesinatos de seis defensores de derechos humanos ocurridos en Guaviare en 2017 y 2018.

La Fiscalía informó que los casos de Ricardo Córdoba Martínez, dirigente de la JAC de Los Medios, asesinado el 6 de junio de 2017 en San José del Guaviare; y el de Yovani Velasco Ariza, miembro de la JAC de Caño Mosco y promotor del PDET en San José del Guaviare, baleado el 9 de abril de 2018, se encuentran en etapa de juicio. Además, notificó que entre sus registros no aparecían más casos.

Similar consulta se le hizo a la Procuraduría General de la Nación, entidad que sólo hizo referencia a cuatro de los casos consultados. Indicó en cuáles despachos estaban asignados y que el estado de investigación de todos es “inactivo y finalizado”, sin especificar mayores detalles.

Esos seis casos de Guaviare distan mucho de la situación que viven los líderes sociales de Cauca, Antioquia, Nariño y Caquetá, por ejemplo, en donde, según Somos Defensores, fueron asesinados 102, 66, 29 y 25, respectivamente, entre 2016 y 2019. Estos departamentos comparten problemas similares: grupos armados ilegales, negocios ilícitos activos, un pasado reciente de violencia política, y un esfuerzo colectivo por hacer realidad lo firmado en el Acuerdo de Paz.

¿Por qué la violencia es menos letal?

Corredor Guejar-Duda-Guayabero. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

En julio de 2016, el Frente Primero de las Farc, bajo el mando de 'Iván Mordisco', notificó que no se plegaría al Acuerdo de Paz y que no haría parte del proceso de dejación de armas que se concretó entre finales de ese año y mediados de 2017. Tan pronto como pudo, y violentando a comunidades indígenas y campesinas, tomó posesión de los territorios que dejaron vacíos sus antiguos compañeros de armas.

Así lo registró la Defensoría del Pueblo en uno de los nueve informes de advertencias que emitió en los últimos cuatro años para Guaviare: “Teniendo en cuenta que estas veredas antes eran controladas por el Frente 44 (…) luego del ingreso del Frente Primero disidente, se registraron casos de reclutamiento de menores de edad, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados”. (Leer más en: No cesó la imposición de los fusiles)

En diciembre de 2016, las Farc expulsaron de sus filas a cinco jefes guerrilleros que no comulgaban con el Acuerdo de Paz, entre ellos 'Gentil Duarte', quien se encontraba en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Colinas, uno de los dos espacios dispuestos en San José de Guaviare, la capital del departamento, para que los guerrilleros iniciaran su tránsito a la vida legal. De allí salió, al parecer con 25 hombres, y empezó a comandar la disidencia del Frente Séptimo.

Ante ese panorama, Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y autor del informe ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en Guaviare?, realizado dentro de la iniciativa del Capitolio al Territorio, destaca que ese departamento no fue objeto de disputa entre grupos armados ilegales tras la dejación de armas de las Farc y que ello cambia las relaciones con las comunidades y sus dirigentes.

“Es una zona donde coexisten diferentes actores y hay una división clara del territorio, principalmente entre las disidencias del Frente Primero y del Frente Séptimo. Son estructuras que están coordinadas y tienen comunicación, aunque no son iguales. Eso permite la coexistencia y genera un contexto distinto, en el que se relacionan de manera menos violenta, que no quiere decir que haya menos presión frente a las comunidades”, plantea.

Otro investigador del conflicto armado, que pidió mantener en reserva su identidad, coincide con ese planteamiento y apela a la trayectoria de los jefes de esas disidencias, para explicar por qué actúan en forma tan diferente al de otros disidentes de Cauca y Nariño, en donde asesinan, masacran y cometen ataques a plena luz del día.

Aclara que aunque 'Gentil Duarte' e 'Iván Mordisco' son diferentes y el segundo tiene un comportamiento más predatorio ante las comunidades, poseen sobre sus hombros más de 30 años de formación en las antiguas Farc, experiencia que los hace más propensos a medir con cautela el costo político de matar líderes sociales. Son jefes distintos a los de las disidencias del suroccidente del país, entre ellos alias 'Guacho' y alias 'Majin Bu', por ejemplo. Éstos últimos duraron poco tiempo en las viejas Farc y aprendieron más de negocios criminales que de política, mientras que los jefes históricos se forjaron con una impronta más ideológica y conocen mejor que con una población en contra su dominio puede verse afectado.

“Ellos (los disidentes armados del suroccidente del país), al parecer, no miden los costos políticos de asesinar un líder o amenazarlo, porque el grado de autoridad y de regulación que tienen sobre la población civil es muy diferente al que tiene 'Gentil Duarte', por ejemplo”, plantea el investigador consultado.

Y prosigue: “Para los disidentes de Nariño y Cauca matar a un líder social no es tan significativo porque los factores de presión están más mediados por eslabones o factores transaccionales, como emisarios de carteles extranjeros o 'traquetos' locales, donde lo importante es sacar la mercancía. Y si tienen que matar un líder, lo matan; o si tienen que desestabilizar una intervención del PNIS, lo hacen. No les importa”.

En parte, por eso esas disidencias criminales han cometido decenas de asesinatos de autoridades afros e indígenas que se oponen a que ocupen sus territorios ancestrales; según reportes oficiales, fueron los responsables de ejecutar a tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador; de masacrar a una joven candidata a la Alcaldía de Suárez y a su comitiva; y de asesinar a una gobernadora indígena y sus guardias.

A pesar de que los disidentes de Guaviare no han recurrido a esos repertorios de violencia, Mateo Gómez, exdirector del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, quien fue consultado cuando aún ocupaba ese cargo, dice que esto no significa que intenten ser respetuosos o pretendan construir confianza con las comunidades y sus voceros.

“Han optado por realizar un control social y político de la población con el que pretenden legitimar su lucha armada, para lo cual utilizan medios violentos e intimidatorios que redundan en afectaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad”, dice el exfuncionario.

Además, destaca que “la hegemonía ejercida por parte de las disidencias de las Farc, sobre los habitantes del territorio, ha hecho que la labor de los líderes y defensores de derechos humanos se vea diezmada. La violencia e intimidación no sólo se expresa través de asesinatos. Muchas veces, incluso, su ausencia es una expresión del control hegemónico de un mismo orden violento”.

Otro factor que puede dar luces sobre el menor número de homicidios de líderes sociales en este departamento es el cambio de postura que las disidencias asumieron frente a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dos de las principales banderas del Acuerdo de Paz en las que los dirigentes comunitarios tienen roles activos y mucha exposición.

Si bien en los primeros meses de su implementación secuestraron a un funcionario de Naciones Unidas que socializaba el PNIS, desplazaron a promotores del Acuerdo de Paz y en su zona de influencia fue asesinado Yovani Velasco Ariza, dirigente campesino e impulsor del PDET, el panorama cambió con el paso del tiempo.

“Estas estructuras fueron, en principio, muy reacias a la implementación del Acuerdo de Paz y tuvieron un discurso en contra. Sin embargo, con el avance de la implementación, su postura cambió y no se perciben acciones concretas en contra de este proceso. Por el contrario, han permitido el desarrollo de programas como el PNIS y los adelantos en las obras PDET”, documentó la investigación de la FIP.

Eso explicaría por qué desde el 7 de abril de 2018 no han ocurrido más asesinatos de líderes sociales en Guaviare relacionados con el Acuerdo de Paz, a diferencia de departamentos como Antioquia y Nariño, donde la implementación del Programa de Sustitución se ha convertido en una sentencia de muerte. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)

Por otro lado, Pablo Cala, defensor de derechos humanos y miembro de la Fundación Hasta Encontrarlos, que trabaja en la búsqueda de los desaparecidos a causa del conflicto armado en la región de Charras, en San José del Guaviare, y promueve la implementación integral del Acuerdo de Paz, descarta que exista un subregistro de los casos de líderes asesinados en ese departamento.

“Hay que reconocer que, efectivamente, es un tema de realidad compleja, pero afortunada. Con todo el panorama que se vive acá, podrían darse otras consecuencias y traducirse en más asesinatos, pero ese no es el escenario y no tiene que ver con que alguien impida la denuncia. No es un tema de subregistro, así se está dando la realidad en la región”, explica.

A marcha forzada

Río Guayabero, San José del Guaviare. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Gran parte de los esfuerzos de las organizaciones y movimientos de derechos humanos de Guaviare se centraron en la implementación del Acuerdo de Paz. “El liderazgo social está muy marcado en el cumplimiento de los acuerdos, no sólo en materia de víctimas, sino con la sustitución voluntaria de cultivos y buscar el reconocimiento legal de la propiedad de la tierra. Son temas que están muy dejados y adquieren relevancia en el liderazgo social para exigir que se cumplan”, precisa Cala.

Sin embargo, la respuesta de la institucionalidad se ha quedado corta ante las expectativas. Uno de los puntos más delicados es el incumplimiento del PNIS, pues tres años después de que las familias que se comprometieron con él y erradicaron sus cultivos de hoja de coca de manera voluntaria, no tienen proyectos productivos para vivir de una fuente económica lícita y varias han sido expulsadas del Programa, a su juicio, de manera arbitraria.

Pedro Arenas, investigador de la Corporación Viso Mutop y quien tiene amplia experiencia estudiando los impactos del narcotráfico en la Colombia rural, indica que ambas situaciones son un gran problema para la subsistencia de quienes han sido leales a esa política.

“No se han puesto en marcha los proyectos productivos, ni el de ciclo corto ni el de largo plazo, que estaban previstos para el primer y segundo año de implementación del Programa. En San José del Guaviare se firmaron entre abril y mayo de 2017, y aquí no hay una sola familia suscriptora del PNIS que pueda decir que ya sembró y estableció cultivos nuevos, en reemplazo de los que dejaron atrás”, denuncia.

Y corrobora las quejas de familias locales por que han sido excluidas del programa, a pesar de haber destruido sus matas de coca: “Esos filtros de exclusión, como se demuestra en una sentencia de tutela, en el caso de ocho familias que fueron acompañadas por Dejustica en Putumayo, se están adelantado sin el respeto pleno del debido proceso, la debida notificación y sin abrir el derecho a interposición de recursos”.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), hasta el 31 de marzo de 2020, en Guaviare habían inscritas 7.251 familias que erradicaron voluntariamente 1.480 hectáreas de coca; y 5.857 familias recibieron por lo menos uno de los seis subsidios correspondientes y 4.552 recibieron la totalidad de los pagos.

Sin embargo, el pasado mes de febrero, cuando realizó su última jornada de campo, “los entrevistados afirmaron que no se había implementado ningún proyecto productivo en la región y la asistencia técnica se redujo a la recolección de información por parte del equipo técnico”.

Ante ese panorama, Arenas concluye que el PNIS está desfinanciado, que el gobierno nacional no tiene la voluntad política para conseguir los recursos necesarios y que se la pasa echándole la culpa de las deficiencias a la administración del expresidente Juan Manuel Santos.

“Son excusas que funcionan en el ámbito de la burocracia, pero frente a las familias participantes, la realidad que opera es que sufren una crisis económica por la falta de proyectos productivos y no se avizora que en el corto plazo puedan tener una economía que reemplace la que dejaron atrás”, sentencia. (Leer más en: “Se avecina un nuevo desplazamiento, esta vez por hambre y no por armas”)

Transporte de campesinos de la Orinoquía colombiana. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Al respecto, la Consejería Presidencial para la Consolidación y Estabilización, encargada de liderar la implementación del Acuerdo de Paz por parte del gobierno nacional, indica que hasta el pasado 30 de agosto, el PNIS tenía registradas 5.848 familias y 1.394 antiguos recolectores, para un total de 7.242 beneficiarios directos en Guaviare. De esos núcleos familiares, 4.552 recibieron los seis subsidios alimentarios acordados, 5.144 recibieron proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, 617 tienen formulado un plan de inversión para la ejecución de proyectos productivos y 133 los tienen en marcha. Sobre las personas expulsadas del Programa alude diversas razones. (Consulte las respuestas)

De acuerdo con esas cifras oficiales, después de cuatro años, sólo el 2,27 por ciento de las familias que se vincularon al PNIS, es decir, 133, cuentan con proyectos productivos o una fuente económica estable.

La FIP alertó sobre los efectos de ese retraso: “Aunque las estructuras disidentes no han mostrado una postura en contra el PNIS y permiten el avance del programa, incentivan constantemente el cultivo de coca asegurando la compra del producto y el financiamiento de los cultivos a través de 'créditos' a los campesinos. El retraso en el PNIS es utilizado por estos grupos para justificar su discurso sobre el incumplimiento del Estado y la necesidad de seguir con la coca”.

Los PDET, la otra gran apuesta para la región, también anda en medio de tropiezos. En enero de 2019 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que permite la puesta en marcha de las propuestas de desarrollo con enfoque territorial que construyeron los habitantes y representantes de la subregión Macarena-Guaviare, conformada por ocho municipios de Meta y los cuatro de Guaviare. En su elaboración participaron 14.189 personas, que construyeron 14.266 iniciativas comunitarias y 1.756 municipales, que sirvieron como base para las 84 iniciativas subregionales que componen el PATR.

La Consejería Presidencial para la Consolidación y Estabilización indica que con motivo del PDET, en Guaviare se incluyeron 259 iniciativas en los planes de desarrollo de sus municipios: 73 en El Retorno, 72 en San José del Guaviare, 57 en Miraflores y otras 57 en Calamar. Además, que se han ejecutado 80 Obras PDET, como “cerramientos de escuelas, parques infantiles y biosaludables, mejoramiento de vías, construcción y/o mejoramiento de casetas comunitarias, unidades sanitarias, placas deportivas, muelle de pasajeros en Miraflores, entre otros proyectos de baja y mediana complejidad”. También refiere otras inversiones y proyectos estructurados.

Sin embargo, en la región cuestionan que desde la firma del PATR no hay avances significativos. Al respecto, el informe de la FIP enumera varias dificultades en Guaviare para desarrollar las grandes obras necesarias para saldar las deudas históricas con las comunidades rurales, entre las que se encuentran la falta de capacidades locales para la formulación de proyectos, las restricciones medioambientales, el ordenamiento territorial y el acceso a la tierra.

Ciudad de Piedra. San José del Guaviare. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

La tierra, en ese departamento, es un gran nudo gordiano por sus características ambientales: “Todo el territorio hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida en la Ley 2ª de 1959. Actualmente, el 57% de departamento está bajo diferentes figuras de ordenamiento: Área de Manejo Especial de la Macarena, Reserva Forestal Protectora, 26 resguardos indígenas, un área sustraída y dos Parques Nacionales Naturales (Serranía de Chiribiquete y Reserva nacional natural Nukak)”.

Ese entramado de incumplimientos, falta de definiciones actualizadas sobre los usos de la tierra, escasez en el financiamiento de los programas y actores armados, los recursos naturales de Guaviare resultan ser hoy las peores víctimas. La deforestación ha crecido geométricamente, y con ella la pérdida de diversidad de fauna y flora, la desertificación y la falta de agua.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió el 15 de enero del año pasado, en su Alerta Temprana 005-19, que con el proceso de preconcentración de la extinta guerrilla, “se evidenciaron importantes vacíos de regulación debido a que ese grupo imponía el 'control' frente a delitos comunes”, situación que “se plasmó en un incremento de ciertas conductas que alteraban la convivencia ciudadana, como hurtos, el consumo de alcohol, riñas, quemas de bosque, caza de especies en vías de extinción y de tala de árboles y selvas vírgenes”

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre enero de 2018 y marzo de 2020, se deforestaron 87.155 hectáreas de bosque en Guaviare: 38.211, en 2018; 34.527, en 2019; y 14.417 entre enero y marzo de este año. La tala ocurrida en ese trimestre equivalió al 21 por ciento del total nacional y situó al departamento en el segundo lugar de los más afectados, superado por su vecino de Meta.

En este capítulo de la serie periodística De dónde Vienen las Balas contra los Líderes Sociales, VerdadAbierta.com presenta, además de este panorama general de la situación de los líderes sociales en Guaviare, otro artículo más que ayuda a entender el contexto particular de esa zona, uno que indaga quién era uno de los líderes asesinados, por qué pudieron haberlo matado y qué perdió la comunidad con su muerte. Además, en esta ocasión haremos una historia singular: la selva como otra víctima más de esa región.