El Incora había entregado los predios en Chivolo, Magdalena, de manera fraudulenta a testaferros del exjefe paramilitar.
 Con el despojo ‘Jorge 40’ logró consolidar una de sus principales bases políticas, militares y sociales en el centro de Magdalena.  – Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la restitución de los predios en Chivolo, Magdalena– – – Dos veces despojados – “!Señor ‘40’, devuélvanos nuestras tierras!” – Fiscalía abre investigación a funcionarios de Incora e Incoder – Corte Suprema ordena devolver tierras robadas por ‘Jorge 40’ en Magdalena |
El Incoder revocó la titulación de 32 predios que corresponden a 1.005 hectáreas de los predios Bejuco Prieto (11) y El Encanto (21) en Chivolo, Magdalena, que habían sido adjudicados a testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Para adueñarse de la tierra de los campesinos, beneficiarios de la reforma agraria, ‘Jorge 40’ y sus hombres los aterrorizaron los amenazaron y los desplazaron. Después, funcionarios del Incora (ahora Incoder), cómplices de los paramilitares, declararon que los predios habían sido abandonados y se los reasignaron a testaferros del ex jefe paramilitar.
El ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo que la decisión va a beneficiar a cerca de 125 familias, “vamos a restituir a los legítimos propietarios. Este es un caso emblemático, es la primera vez que el Estado restituye una tierra que había adquirido de manera fraudulenta un grupo armado ilegal”.
Añadió que “En el sur de Magdalena funcionó lo que pudieramos llamar la central del crimen de ‘Jorge 40’ y cuando llegaron allí, sacaron a los campesinos que salieron amedrantados y abandonaron sus parcelas en las que los paramilitares tomaron posesión ilegítima; se presentaron al Icoder que en ese entonces estaba coptado por el paramilitarismo y fueron ellos los que se quedaron con esas tierras”, dijo el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.
La decisión de revocar estos títulos se toma después de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara al Incoder revocar los títulos fraudulentos de 36 predios en Chivolo, y de que, en febrero pasado la Fiscalía abriera una investigación contra seis ex funcionarios del Incora, algunos empleados del Incoder, y cuatro dirigentes políticos de Magdalena por las irregularidades.
Historia del despojo
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló en la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Entre 1997 y 2000 se revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chivolo, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de ’40’. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios.
Deicy Jaramillo, fiscal 3 de Justicia y Paz, la Procuraduría, el Proyecto de Tierras de Acción Social, la oficina nacional de Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) apelaron la decisión, que fue juzgada en última instancia por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la atribución ilegal de tierras a testaferros de ‘paras’, decisión que abre la posibilidad que miles de hectáreas que campesinos consiguieron a través del Incora y que fueron despojados bajo la figura del abandono vuelvan a sus dueños originales.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
