Las partes deberán tomar decisiones clave en época electoral y ante la inminencia del término del periodo presidencial. El cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad nuevamente están en el centro de la negociación.
Faltando tres meses para que termine la administración del presidente Juan Manuel Santos, su equipo negociador y la guerrilla del Eln reanudaron este jueves en La Habana, Cuba, el quinto ciclo de diálogos iniciado el pasado 15 de marzo en Quito, Ecuador. El traslado a la isla del Caribe se dio tras la decisión del gobierno del vecino país de suspender el desarrollo de las conversaciones en ese país, donde las delegaciones negociaban desde la apertura de la fase pública.
La decisión del presidente Lenin Moreno, que incluyó el retiro definitivo de Ecuador del grupo de garantes, integrado por Cuba, Brasil, Noruega, Chile y Venezuela, se tomó luego de que una disidencia de las Farc, denominada Frente Óliver Sinisterra, asesinara en territorio colombiano a tres trabajadores del diario El Comercio, de Quito, que permanecían secuestrados desde el 26 de marzo y cuyos cuerpos aún no se han recuperado. (Lea más: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas).
Durante la instalación de las conversaciones en La Habana, el jefe negociador del gobierno nacional, Gustavo Bell, aseguró que “tenemos que dar pasos decisivos”, dado que el periodo del presidente Santos se encuentra en recta final.
De otro lado, el jefe de la delegación del Eln, Pablo Beltrán, declaró que “el único camino para Colombia, para una solución política, es que esta vía de diálogo salga adelante”, luego de señalar la desconfianza que existe en esa guerrilla por cuenta de los incumplimientos que han caracterizado el proceso de implementación del Acuerdo Final firmado con la guerrilla de las Farc, así como por el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Beltrán también alertó sobre la necesidad de acordar medidas que permitan superar las causas estructurales del conflicto, teniendo en cuenta que “si no ocurren unas transformaciones que cambien las condiciones que generaron el alzamiento armado, esta generación de guerrillas puede dejar de existir, pero otras aparecerán”.
En este periodo, la mesa tendrá el enorme desafío de tomar decisiones en tres frentes, no sólo para responder a los compromisos asumidos con el movimiento social, sino también para atender a la coyuntura política.
Desafíos del quinto ciclo
Durante este quinto ciclo, las partes acordaron discutir tres temas en los escenarios de las submesas de participación y de dinámicas y acciones humanitarias: los términos de un nuevo cese bilateral del fuego y las hostilidades; medidas específicas para mejorar la situación humanitaria de las comunidades donde se libra la guerra; y un modelo para desarrollar la participación de la sociedad prometida en el punto uno de la agenda.
La definición de un nuevo cese ha sido una de las principales preocupaciones del gobierno nacional desde los días previos al vencimiento de la primera decisión de ese tipo que tomó la mesa, que estuvo vigente desde octubre de 2017 hasta el 9 de enero de 2018. De hecho, el Ejecutivo mantuvo paralizado el inicio del quinto ciclo durante poco más de dos meses, luego de que el Eln desarrollara varias acciones militares inmediatamente después de esa fecha. (Lea más: Mesa de diálogos con el Eln se queda sin oxígeno).
La evaluación de ese ejercicio fue una de las primeras tareas que asumieron las partes una vez se puso en marcha el quinto ciclo, especialmente por la postura del Eln de que un nuevo cese requería revisiones y ajustes. El pasado 2 de abril, las delegaciones se reunieron con la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal, los otros dos componentes del Mecanismo de Veeduría y Verificación, para evaluar los informes de cada una parte y empezar a definir los lineamientos políticos y técnicos bajo los cuales se negociaría una nueva suspensión del fuego.
La necesidad de discutir esos términos responde a varias inconformidades del Eln. Aunque reconoció haber violado el cese con el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama, la organización señaló en un informe de evaluación emitido el pasado 8 de febrero una serie de acciones con las que, a su juicio, el gobierno puso en riesgo la suspensión transitoria de la confrontación. Entre ellas se encuentran una operación de la Armada contra un campamento guerrillero en Juradó, Chocó, y una ofensiva del Ejército contra unidades del Eln en El Carmen, Norte de Santander.
Asimismo, esa guerrilla alegó el incremento de presencia militar en sus zonas de operación y el despliegue de acciones de inteligencia en áreas de presencia guerrillera, como el Sur de Bolívar y el Catatumbo. Según el Eln, esos hechos no sólo lo pusieron en desventaja militar y afectaron la seguridad de sus unidades, sino que también buscaron romper su unidad de mando al estar dirigidas contra estructuras consideradas por el Ejecutivo como no alineadas con la mesa de diálogos, minando así la credibilidad en terreno de los acuerdos asumidos por la delegación de paz.
Además de la negociación de un nuevo cese, la mesa deberá discutir acciones específicas para reducir los impactos de la guerra sobre las poblaciones donde opera el Eln. Esta ha sido una petición reiterada del sector del movimiento social y político que respalda el proceso, que así lo manifestó en febrero pasado, cuando varias organizaciones sociales se reunieron con la delegación de esa guerrilla en Quito, Ecuador. Allí se denunciaron, entre otras acciones, retenciones, amenazas y afectaciones a bienes civiles. Durante esa reunión, una lideresa se preguntó si esos hechos “son una orientación desde el Eln hacia sus estructuras, las estructuras están funcionado de forma aislada o esto lo están haciendo grupos armados indeterminados como una estrategia sucia para echarle la culpa al Eln”.
Los dos procesos más avanzados en el diseño de protocolos para mejorar la situación humanitaria de la población se encuentran en Chocó y Nariño. En el primer departamento, las organizaciones étnico-territoriales, de víctimas y de mujeres desarrollaron un extenso proceso de consulta y consenso desde la base para definir los lineamientos del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, cuya viabilidad han estudiado ambas delegaciones.
Las medidas contempladas en ese acuerdo están relacionadas con el cese al fuego bilateral, desmonte de grupos armados ilegales, respeto a la autonomía territorial y al derecho propio de las comunidades, desminado, reclutamiento de menores, violencia contras las mujeres y personas LGBTI, asesinatos y desapariciones de líderes sociales, desplazamientos y restricciones a la movilidad, siembra de cultivos de uso ilícito y minería. (Lea más: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln).
Para el caso de Nariño, las comunidades y organizaciones han avanzado en el diseño de una propuesta para realizar desminado humanitario en los municipios Samaniego y Santacruz, particularmente en La Montaña, El Chichal y el resguardo indígena El Sande. El proceso cuenta con el impulso del exalcalde de Samaniego Harold Montufar, quien fue detenido el pasado 20 de abril junto a más de una treintena de dirigentes sociales de Nariño y Valle del Cauca acusados de tener vínculos con el Eln, pero liberado pocos días después. (Lea más: “Ojalá esta oportunidad no sea un fracaso más para la paz”: Harold Montufar)
La coyuntura actual también les exige a las partes encontrar salidas para la situación que vive en Catatumbo, donde el Eln y el Epl libran desde hace varias semanas una confrontación política y militar por diferencias en temas como la distribución del territorio y el relacionamiento con las comunidades. (Lea más: La nueva guerra que se desató en el Catatumbo y El Catatumbo: de espaldas al Estado y de cara a la guerra)
Paralelamente a las medidas de desescalamiento de la confrontación y de alivio humanitario, la mesa tendrá la tarea de avanzar en la definición del mecanismo mediante el cual las organizaciones y personas interesadas podrán participar en el desarrollo del punto uno de la agenda.
Durante toda la negociación, el gobierno nacional y el Eln han sostenido serias diferencias sobre el alcance de ese proceso, que el primero entiende como la recepción de insumos que serían discutidos por las partes, tal como ocurrió en los diálogos con las Farc, mientras el segundo concibe como el núcleo de la negociación, no a manera de aporte, sino de construcción colectiva de las soluciones a los problemas estructurales que subyacen al conflicto armado, en lo que el Eln ha denominado el Diálogo Nacional.
Para llevar a cabo esa tarea, las partes cuentan con las propuestas que presentaron más de 200 organizaciones sociales durante las audiencias preparatorias del punto uno, realizadas en Bogotá y Tocancipá, Cundinamarca, en octubre y noviembre de 2017, como parte de los compromisos que asumió el gobierno para dinamizar la participación durante el cese al fuego bilateral. El mandato de la submesa de participación para este ciclo, según han definido las partes, consiste en realizar un balance sobre las audiencias preparatorias, presentar por separado propuestas sobre el mecanismo de participación, definirlo conjuntamente y establecer un cronograma para llevar a cabo el punto uno.
En una carta fechada este 9 de mayo, la Mesa Social para la Paz, confluencia de organizaciones que respalda la mesa, les recordó a las partes que, además de los mecanismos presentados en las audiencias, “algunos procesos e iniciativas regionales y sectoriales configuraron espacios de participación que podrían animar y contribuir de inmediato al diseño metodológico del acuerdo de participación que actualmente se debate en la mesa de diálogos”. Aparte de las propuestas de Chocó y Nariño, la Mesa Social destacó la necesidad de valorar procesos como el de la Comisión Étnica para la Paz, la Mesa Social Minero Energética y Ambiental, las plataformas de mujeres y las redes tejidas alrededor de las consultas populares.
El inminente cambio de gobierno nacional exige que las partes culminen el ciclo con resultados tangibles que permitan darle proyección a la mesa, especialmente porque la mayoría de candidatos a la Presidencia de la República se han mostrado reacios a continuar la negociación en las actuales condiciones. En el proceso también están puestas las esperanzas de varias plataformas de organizaciones y de derechos humanos, que ven en los diálogos una oportunidad para alivianar los impactos de la guerra y participar en la definición de transformaciones sociales y polítcas.
