Fiscalía pide 60 años de condena para Álvaro García Romero

De ser condenado el ex senador de Sucre, Álvaro García Romero, por sus vínculos con el paramilitarismo, homicidio y peculado, sería una de las penas más altas impuestas en la historia del país a un político por sus nexos con las Auc.

Al presentar sus alegatos finales el fiscal 26 de la unidad de Terrorismo consideró que hay pruebas suficientes para condenar al político sucreño Álvaro ‘el Gordo’ García por sus vínculos con grupos paramilitares en Sucre y como autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el año 2000, y en el homicidio de una testigo electoral del municipio de San Onofre, en 1997. 

Uno de los casos por los que pidió su condena fue como autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el que el Fiscal aseguró que García fue cómplice y le colaboró al ganadero y paramilitar Joaquín García para que ejecutara la masacre con un grupo de paramilitares del frente Mojana de las Auc.

La fiscalía también pidió que se condenara a García Romero por el asesinato de Georgina Narvaez, maestra de San Onofre. El fiscal argumentó que el testimonio de alias ‘Pitirri’ prueba que García se alió con paramilitar Salomón Feris Chadid alias ’08’– para asesinara Narvaez, ya que ella fue testigo de un fraude electoral que permitió a Erick Morris, candidato de García a la gobernación de Sucre en 1997, ser elegido.

De igual forma, la Fiscalía pidió condena para García por el delito de peculado, por la desviación de dineros del municipio de Sucre (Sucre) para patrocinar el frente Mojana de las Auc.

El caso García sintetiza la historia de las Auc en Sucre

La Fiscalía consideró que el caso contra Álvaro García Romero “es la mejor síntesis de la historia que demarcó la creación, fortalecimiento y expansión del Paramilitarismo en Sucre en los últimos diez años y cómo éste modificó el panorama político del departamento”.

Según el Fiscal, la presencia de las Auc en la región se dió con la complicidad de políticos y ganaderos de la región, entre ellos García Romero.  

“La estructuras paramilitares en el departamento de Sucre iniciaron con una incipiente fuerza militar que estaba al servicio de intereses privados de ganaderos de la región, a partir del año 1996 y 1997 se unifica y consolida el fenómeno paramilitar bajo la anuencia y complicidad de ganaderos y políticos del departamento, ya que como lo afirmó Salvatore Mancuso en su versión libre, rogaban por su creación”, aseguró el Fiscal en la audiencia pública que se dio en un juzgado especializado de Cundinamarca. 

El fiscal dio credibilidad a la versión de Salvatore Mancuso quien expuso ante justicia y paz, la manera cómo fue llamado a crear franquicias de las Auc por petición expresa de ganaderos y políticos sucreños, con quienes sostuvo una primera reunión en Medellín y otra conocida como la de las Canarias, en las cuales participaron más de 60 personas entre quienes fueron referidos Miguel Nule Amín, Joaquin García, Humberto Vergara Tamara, Jaime Isaac, Rodrigo Montes, Juan Diaz Yepes, Alfonso Olivarez, Ramón Villegas, Eduard Cobos, Javier Piedrahita, Elias Vélez, Angel Villareal, Luis Salaiman, y el ex Alcalde de San Onofre Jose Guerra, Antonio Correa, Arturo Cumplido y Víctor Guerra de la Espriella.

“Allí se acordó la financiación y operación de las Auc. algunos de los datos que suministró en su versión; muchas de las personas relacionadas por Salvatore Mancuso ya habían sido referidas por Castillo Peralta cuando se refirió a ésta misma reunión”, asegura el fiscal.

Además señaló que durante todo el proceso de juicio encontró que García Romero tenía afinidad con las Auc.

“…Es aún más significativa de su alineamiento ideológico con las Auc, pues dijo que cuando él, máximo dirigente político de Sucre, percibió la presencia de las Auc, fue porque en 2002, las Auchacían campañas sociales. Si se observa uno a uno todos los pronunciamientos de los jefes paramilitares, todos hablan de sus campañas sociales, de “su acompañamiento a las comunidades”, como lo dijo alias Diego Vecino, de los “acumulados sociales solidarios”, como lo refiere Jorge 40 o guía de las comunidades, como lo expresa ‘El Mono’ Mancuso, todos reinvidincan una labor social detrás de su supuesto gesto heroico de librar a las comunidades de la Guerrilla. Será que las espantosas masacres que vivió el departamento de sucre entre el año 1997 a 2001, como la de Chengue, Colosó, Pichilín, Macayepo y El Salado, por mencionar solo algunas, están definidas dentro de su “campañas sociales”.

El fiscal también señaló que García era el puente entre Los ganaderos y las autoridades, pero “cuando esos mismos ganaderos no vieron solución en las autoridades, acudieron a las Auc y el señor Álvaro García, jugaba un papel importante porque se convirtió en el puente entre las Autoridades a las que él tenía acceso y los Paramilitares, como el señor Joaquín García”.

También asegura que Joaquín García fue clave para la implementación de una franquicia de las Auc en Sucre, sindicado por Salvatore Mancuso.  

García Romero se entregó a la justicia en noviembre de 2006 para enfrentar cargos por conformación de grupos paramilitares y homiciidio, y renunció a su fuero como senador en julio de 2007 para ser investigado por la Fiscalía. En diciembre de 2008, la Procuraduría lo inhabilitó por un periodo de 20 años para ejercer cargos públicos puesto que utilizó dinero del erario del departamento de Sucre para la promoción y la financiación de grupos asociados a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El testimonio de alias ‘Pitirri’ 

Desde finales de 2006, la Corte Suprema de Justicia investigaba al senador García por organizar, promover, armar y financiar grupos paramilitares. Las principales acusaciones en contra del entonces senador se basaban en el testimonio de Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirri’, quien trabajó como escolta del ganadero Joaquín García y del ex gobernador de Sucre Salvador Arana, y fue testigo de las reuniones de Salvatore Mancuso con políticos como Víctor Guerra de la Espriella, Salvador Arana, Miguel Nule Amín y el mismo Álvaro García Romero.

Alias ‘Pitirri’ también reveló en detalle cómo el senador García y el gobernador Arana le dieron a él, un hombre analfabeta y que se ganaba la vida con un lavadero de carros, un contrato por 32 millones de pesos, para una obra civil que realizó un testaferro, del cual se desviaron 17.281.293 pesos de la Alcaldía de Sucre (Sucre) para los paramilitares. El cheque que demuestra esta defraudación es una de las pruebas más contundentes contra García.

No obstante, la Procuraduría pidió que el político sea absuelto por el delito de peculado por apropiación, porque, según el Ministerio Público, aún no se tienen pruebas contundentes.
Durante la diligencia García Romero le solicitó al juez del caso que le diera varios días para preparar su defensa, pero éste no aceptó y aseguró que hoy continuará la audiencia pública.

Castillo también involucra a García por el asesinato de la maestra Georgina Narváez quien denunció el fraude electoral que permitió a Erick Morris alzarse con la gobernación de Sucre en 1997.

En estas elecciones Édgar Martínez, el candidato opositor al grupo del entonces senador, se daba como seguro ganador de las elecciones, pero el senador García Romero fraguó un fraude electoral que contó con la colaboración de funcionarios de la Registraduría que alteraron los resultados electorales en varios municipios. Un día después de las elecciones, la tendencia había cambiado y Morris resultó siendo ganador. Sin embargo, en la zona rural de San Onofre, Georgina Narváez, una maestra de 30 años denunció el fraude en Sincelejo.

Castillo dice haber presenciado el momento en el que Álvaro García le dijo a Joaquín García que el único camino era matar a la mujer y que a renglón seguido, Joaquín García llamó a Salomón Feris (comandante 08) y le ofreció 10 millones de pesos por el crimen, dinero que pagaría Álvaro García. Georgina Narváez fue asesinada esa misma semana. La Corte también envió en su momento pruebas a la Fiscalía para que investigara a Joaquín García sobre estos crímenes.

La Masacre de Macayepo (Bolívar)

En octubre de 2000, un grupo de paramilitares al mando de alias ‘Cadena’ sitió la zona montañosa de Macayepo y asesinó a 12 campesinos. Gracias a unas grabaciones se pudo establecer que el ganadero y financiador de grupos paramilitares, Joaquín García, le pidió al entonces senador Álvaro García apoyo para poder recuperar sus animales y empezar una ‘limpieza social’ en la zona.

SEMANA divulgó la conversación en 2003 en la que se puede escuchar a García afirmar que “yo considero que esa decisión no es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en 10 días…” Justamente 10 días después de esta conversación paramilitares asesinaron 12 campesinos y desplazaron 200 familias.

En la conversación Joaquín García, quien de acuerdo con varias fuentes es un conocido hacendado con fincas en la zona de Tolú Viejo, Sucre, le pide apoyo a García Romero para conseguir que el entonces gobernador de Sucre (perteneciente al movimiento político de García) permitiera mover tropas para permitir el ingreso de un grupo paramilitar a las fincas alrededor de las zonas de El Aguacate y Pajonalito, localidades vecinas de Macayepo.

Sobre esta masacre, el fiscal aseguró en sus alegatos que “la motivación de la incursión paramilitar en el Corregimiento de Macayepo estaba definida desde mucho antes, pues en informe de inteligencia del 28 de septiembre de 2000, ya se advertía que las Auc preparaban acciones como respuesta y retaliación por el hurto constante de ganado por parte de la guerrilla.”

“No dejan duda alguna que comunicación entre Joaquín García y García Romero, estaba demarcada dentro de lo que sería días después la incursión paramilitar a Macayepo, que comenzó el siete de octubre y finalizo diez días después con la estela de muerte que dejaron a su paso. Resultando evidente frente al contexto de la comunicación, que las fuerzas paramilitares requerían de por lo menos la omisión de las autoridades militares para efectuar el desplazamiento hasta el corregimiento de Macayepo, situación de la que no era ajeno García Romero, pues allí en la misma conversación el senador se compromete a efectuar las gestiones necesarias con la Brigada y con el gobernador, dándole a su interlocutor la seguridad de que contara con que sus amigos no iban a encontrar obstáculos, como efectivamente no lo hicieron”, explica el fiscal en uno de los apartes de su intervención.

Además estima que el contenido de la conversación demuestra “la identidad y unidad de designio criminal que compartían Joaquín García y Álvaro García, pues mientras el primero detalla las necesidades que requiere la fuerza paramilitar para llevar a cabo la operación y la motivación que originaba la misma, el segundo conciente de su ejecución, se compromete a prestar su colaboración para su desarrollo, conociendo que dicha incursión, como todas las incursiones que le antecedieron, siempre se desarrollaba bajo los mismos parámetros: la eliminación física de quienes eran considerados los colaboradores y auxiliadores de la Guerrilla.”

El Computador de ‘40’

La fiscalía también le dio plena credibilidad a las pruebas contenidas en en el llamado computador que le fue incautado a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, en las que varias grabaciones dan cuenta de una reunión realizada por el jefe paramilitar y Carlos Mario García, alias ‘Gonzalo’, y a la cual asistieron cuatro diputados de Sucre, varios mandos medios del bloque Norte de las AUC y otros políticos de la región, en las que se planeó la estrategia para continuar el cogobierno entre políticos de Sucre y el Bloque Norte de las Auc luego de que Jorge 40 tomara el control de departamentos como Sucre y Bolívar.

En esta grabación,  ‘Gonzalo’, jefe político del Bloque Norte, plantea la necesidad de negociar con ‘El Gordo’ y propone los siguientes términos: “Yo hablo con el gordo y lo convenzo. Él no tiene partido. Él con Mario Uribe va mal. Que se vaya con Alas”.  Al finalizar la grabación se vuelve a mencionar a García. Willer Cobo concluye que ‘Gonzalo’ y García deben sentarse a definir los nombres de las listas electorales y finaliza diciendo: “Álvaro García da aquí una plata. Con eso financiamos Cámara”.

García Romero fue liberal y en los 90 hizo sus pinitos cerca del gavirismo. Sin embargo, en 2002 dijo que se consideraba liberal independiente y aspiró al Senado por el Movimiento Nacional Progresista y obtuvo 58.000 votos: la votación más alta en Sucre. En 2006 intentó ser aceptado en las listas del Partido Liberal donde le negaron el ingreso, a pesar de que su nombre no aparecía entre los llamados ‘purgados’. Terminó en la casa de Mario Uribe, Colombia Democrática, en donde sacó el mayor número de votos de la lista, 52.000, todos en Sucre.

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