La fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo inició la investigación contra varios funcionarios por la titulación fraudulenta de 36 predios en Chivolo, Magdalena.
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| En este rancho de la finca La Pola en Chivolo, el 15 de julio de 1197, ‘Jorge 40’ reunió a los campesinos de las fincas La Pola, La Palizua, El Encanto, entre otras y les ordenó que desalojaran sus tierras porque las necesitaba para “abrir zona”. Foto VerdadAbie |
Al cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía abrió investigación contra seis ex funcionarios del Incora, algunos empleados del Incoder, y cuatro dirigentes políticos de Magadalena. Los funcionarios serán investigados por nexos con grupos paramilitares, desplazamiento forzado y falsedad ideológica en documento público.
Las personas vinculadas a la investigación son: José Fernando Mercado Polo, exgerente Regional del Incora; Francisco Solano Díaz, jefe de Cartera; Luz Cenit Curiel, exasesora jurídica; Ernesto Gómez Goelkel, jefe de Gestión; y José Lozano Andrade y Carlos Vásquez Vásquez.
También fueron incluidos al proceso Mileth Villa Zabaleta, concejal de Chivolo; Carlos Peñaranda Massón, registrador seccional de Plato; Armando Andrade Palacio, notario de Ariguani, y José Norberto Bedoya Prada, exconcejal de Fundación, también serán llamados a indagatoria.
En enero, la Corte Suprema de Justicia (Ver artículo: Corte Suprema ordena devolver tierras robadas por ‘Jorge 40’ en Magdalena) ordenó compulsar copias al fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta.
Los 36 predios, ubicados en las veredas El Encanto y Bejuco Prieto, en Chivolo, fueron despojados entre 1997 y 2000 por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ a sus primeros dueños.
La expropiación de tierras consistió en que, el Incora declaró los predios en estado de abandono y los transfirió a nombres de ex miembros del Bloque Norte de las Auc y testaferros a ‘Jorge 40’.
Historia del despojo
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló en la finca de La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Victor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Entre 1997 y 2000 se revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chivolo, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de ’40’. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios.
Deicy Jaramillo, fiscal 3 de Justicia y Paz, la Procuraduría, el Proyecto de Tierras de Acción Social, la oficina nacional de Incoder y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) apelaron la decisión, que fue juzgada en última instancia por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la atribución ilegal de tierras a testaferros de ‘paras’, decisión que abre la posibilidad que miles de hectáreas que campesinos consiguieron a través del Incora y que fueron despojados bajo la figura del abandono vuelvan a sus dueños originales.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
