Varias familias de este departamento concluyeron un proceso de capacitación para aportar información a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado. Lo que han hallado refleja desgreño de las autoridades por este flagelo, que afectó durante décadas a miles de ciudadanos en zonas rurales y urbanas.
“A mi compañero lo sacaron a la una de la mañana. Nos pusieron armas a mí y a mis dos hijos en la sala y nos preguntaron que dónde estaba. Él salió por la puerta de atrás, pero en el patio había tres o cuatro de ellos. Intentó huir y le dieron un disparo en el muslo. Se lo llevaron y no volví a saber nada más de él”, narra Amanda* tras evocar, 18 años después, lo ocurrido aquel 30 de noviembre de 1999 en el corregimiento Guáimaro, de Salamina.
Su compañero no fue la única víctima aquella noche. Un comando paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) llegó al caserío en busca de varios hombres y registraron casa por casa. En total, retuvieron a seis pobladores, quienes fueron agredidos salvajemente y arrastrados con las manos atadas y apenas vestidos hasta la pequeña plaza del lugar y de allí al muelle sobre el río Magdalena, donde los embarcaron en una pequeña lancha de motor con rumbo al casco urbano del municipio.
Desde ese momento, Amanda no volvió a ver a su compañero, tampoco las otras cinco familias afectadas. “Tiempo después corrieron rumores en el pueblo de que los habían asesinado y arrojado al río Magdalena en sacos para que no surgieran más”, cuenta la mujer, quien afirma que se enfermó por ese hecho. “Yo sufro del azúcar y las cosas se me olvidan”.
Las versiones sobre cómo fueron asesinados y desaparecidos estos seis pobladores no son claras aún. De un lado se dice que los paramilitares de las Auc los mataron con tiros de gracia y los arrojaron al río Magdalena; pero de otro, se comenta que utilizaron pequeñas sierras eléctricas para desmembrar a los retenidos, empacar sus partes en costales llenos de piedras y arrojarlas al afluente para evitar que flotaran.
Casos como el del Guáimaro también fueron documentados por familias de víctimas de desaparición forzada de las poblaciones de Chibolo y Sabanas de San Ángel, apoyadas por la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial -Equitas-. A las reuniones que convocaron en octubre del año pasado y enero de este año asistieron Amanda y otras 42 personas, de 23 familias afectadas.
A través de talleres, conversatorios y entrevistas se obtuvo información de 26 casos de desaparición forzada ocurridos en estas tres poblaciones del Magdalena, la mayoría de ellos ocurridos entre 1997 y 2002. La dinámica de trabajo propuesta a las comunidades por las dos organizaciones que dirigieron las actividades les permitió construir los perfiles de las víctimas; determinar los presuntos perpetradores de este abominable delito, considerado por el Estatuto de Roma (1998) como un crimen de lesa humanidad; y los posibles sitios de enterramiento.
Asimismo, se constató en terreno la importancia de la participación informada de los familiares de las víctimas en los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada, un aspecto sobre el que llamó la atención, en reciente entrevista con VerdadAbierta.com, Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado: “queremos retomar esas documentaciones que han hecho las víctimas: ellas han documentado toda la vida. Entonces, la idea es aprovechar eso que existe, para que las víctimas sientan que están aportando a la búsqueda de su ser querido, pero también cómo cruzamos esa información con otras fuentes de información”. (Leer más en: “Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las víctimas”)
Y justo el propósito de la labor realizada en el Magdalena es entregársela a la Unidad, que necesitará información de este tipo para recuperar a las víctimas; también para fortalecer los registros existentes; y ayudar en el mandato que tiene esta nueva dependencia para crear ese universo de personas desaparecidas, que está tasado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en 60 mil personas por hechos ocurridos en los últimos 45 años de confrontación armada.
Proceso enriquecedor
Uno de los aspectos destacados de este trabajo es que se hizo por solicitud de los familiares de desaparecidos de Chibolo, uno de los municipios más golpeados por este delito. Las tareas estuvieron precedidas por varios de años de trabajo que adelanta la Corporación Jurídica Yira Castro en la región con reclamantes de tierra.
Tal como lo ha documentado este portal, en esa zona del Magdalena hubo una agresiva incursión paramilitar comandada por Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, que terminó no sólo con el tejido social de las comunidades, sino que las dejó sin tierra. En la actualidad se sienten los estragos de esa estrategia. (Leer más en: Amenazas y zozobra rodean a reclamantes de tierras en Magdalena)
“Sin embargo, algo que no se había discutido nunca en la región era el tema de la desaparición forzada. Muchas de estas familias que fueron obligadas a abandonar sus predios sufrieron varias victimizaciones, entre ellas la desaparición de sus seres queridos”, cuenta Diana Arango, directora de Equitas.
Este trabajo, agrega Arango, “creó un escenario de discusión, por primera vez, sobre qué significó la desaparición forzada en Chibolo; antes se habían reunido para discutir sobre restitución de tierras y otras luchas, pero no sobre la desaparición. Se generó un espacio para que se encontraran y se reconocieran como víctimas”.
Y fue precisamente el trabajo con las 23 familias que se logró llegar a una conclusión esclarecedora que detalla Arango: “En este proceso de documentación encontramos que, efectivamente, los paramilitares tuvieron como blanco personas activas de la comunidad: miembros de las juntas de Acción Comunal, hombres con capacidad productiva y personas de movimientos campesinos. Esto evidencia que las desapariciones se dieron muy de la mano de la usurpación y generar terror en las comunidades para hacerse a las tierras con más facilidad”.
El trabajo implicó ir puerta a puerta en Chibolo, Sabanas de San Ángel y Salamina para buscar información concreta sobre los casos identificados; incluso, los encuentros individuales con los familiares de las víctimas se hicieron en sus casas con el fin de reconstruir la memoria del ser querido desaparecido y recoger información que facilite establecer algunas señas particulares para su posible identificación.
Esta labor también implicó un taller de cartografía, apoyado por un geógrafo experto, en el que se generaron algunas discusiones sobre dónde se presume que están los cuerpos de las personas que fueron retenidas por grupos armados ilegales y, posteriormente, desaparecidas. “Usualmente los líderes se ubican en su territorio de acuerdo a sus historias, a la memoria colectiva y a unos puntos específicos de referencia, pero otra cosa es lo que aparece en la cartografía oficial. Entonces se ponen a dialogar para identificar los puntos que las familias reconocen como esenciales para la búsqueda de desaparecidos”, detalla Arango.
En ese sentido, la información recolectada permitió determinar por lo menos tres escenarios de posibles intervenciones para buscar a las víctimas: para el caso de Salamina, particularmente el corregimiento Guáimaro, se presume que fueron arrojadas al río. “Se documentaron ocho casos de una desaparición colectiva que fueron arrojadas al río”, precisa la directora de Equitas.
Para los casos documentados de Chibolo y Sábanas de San Ángel se identificaron por lo menos dos escenarios de búsqueda: fosas clandestinas e inhumación en cementerios. “En esas zonas donde están las víctimas proponemos acciones de intervención para poderlas recuperar, identificar y entregar a sus familiares”, indica Arango.
A corregir información
Otro de los aspectos más relevantes del trabajo realizado con las familias de los tres municipios del Magdalena es el lamentable estado de las investigaciones judiciales para dar con los responsables. Las deficiencias en la atención de los casos son notorias: de los 26 casos, hay 18 que tienen registro en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) y 8 más no se encuentran ingresados a la plataforma, pese a que la desaparición fue reportada ante la Fiscalía General de la Nación.
“Revisamos el estado de cada uno de los registros en el Sirdec y nos dimos cuenta que, si bien la mayoría de los caos tenían un registro y radicado, pues las víctimas se acercaron a denunciar, lo que encontramos fue muy pobre. Los funcionarios que tomaron la denuncia no hicieron una documentación a profundidad, los registros estaban errados y la información era incompleta”, afirma Arango.
A su juicio, hay una falla estructural de las instituciones del Estado. “Por eso es que cuando encuentran un cuerpo no lo pueden identificar y entregar”, agrega. “Tenemos 3.500 cuerpos en Fiscalía y Medicina Legal que no se han identificado porque no se hace un trabajo de documentar. Cuando tienen al familiar al frente no le hacen todas las preguntas que se tiene que hacer y los registros son muy pobres”.
Además, cuando víctimas como Amanda acuden a las oficinas judiciales para averiguar por su caso, no obtiene mayor información. Ella denunció la desaparición de su compañero, pero “las autoridades no han dado ninguna respuesta”.
Ante esa magra situación, surge esperanzadora para las familias de las víctimas la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado, que surgió de los acuerdos firmados el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, como uno de los componentes del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.
De acuerdo con el Decreto 589, de abril de 2017, esta Unidad “tiene por objeto dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, de acuerdo con la Constitución Política y en el presente Decreto Ley, garantizando un enfoque territorial, diferencial y de género”.
La directora de Equitas considera que la creación de esta Unidad es “una gran oportunidad porque abre un espectro distinto a la búsqueda de personas desaparecidas, del que ha sido históricamente en el país, sujeto a la investigación judicial y que por diferentes razones resulta ineficiente. Tenemos esperanza en este mecanismo, porque al ser humanitario y extrajudicial, puede avanzar mucho más rápido para esclarecer qué ha pasado con los desparecidos, encontrarlos y entregarlos a sus familias”.
Por el momento la Unidad tiene directora y su equipo de trabajo está en proceso de conformación. Pero lo más complejo es que el Decreto 589 está siendo revisado en la Corte Constitucional. Lo que esperan expertos como Arango es que se pronuncie de manera positiva y a favor de las facultades otorgadas, “es decir, que no haya posibilidad de oposición de la Fiscalía General de la Nación ni ninguna institución del Estado para la labor que cumplirá. Para eso necesita un mandato amplio”.
Acoso paramilitar
El informe de gestión que da cuenta del trabajo realizado por la Corporación Yira Castro y Equitas revela que la lucha por la tierra está en el centro de la disputa en Chibolo, Salamina y Sabana de San Ángel y fue la causante de varias desapariciones forzadas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Chibolo. Registros de víctimas consignados en diversos documentos judiciales y extrajudiciales muestran cómo alias ‘Jorge 40’ utilizó todo su poder armado concentrado en el Bloque Norte de las Auc para atemorizar, desplazar y comprar a bajo precio, con ayuda de funcionarios del Incora (ya desaparecido), las tierras de los campesinos.
En diversas investigaciones adelantadas por este portal se constató, a partir de los testimonios de los campesinos afectados, las estrategias de los paramilitares para acumular predios y satisfacer su apetito por la tierra, para lo cual recurrieron a testaferros como Augusto Francisco ‘Tuto’ Castro y a funcionarios corruptos del Incora. (Leer más en: El Incora, ’40’ y sus ladrones de tierras)
El mecanismo fue aparentemente sencillo: la entidad estatal revocaba los títulos de propiedad a los labriegos, muchos de los cuales ya los habían perdido materialmente a causa del desplazamiento forzado, y se los otorgaban a paramilitares o a sus socios. Así por ejemplo lo declaró ante un fiscal de Justicia y Paz, Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, quien señaló a otro con el alias de ‘Córdoba’, que sirvió de puente entre la gerencia del Incora y ‘Jorge 40’ para legalizar el robo de predios a finales de los años noventa.
“Las autodefensas del señor ‘Tuto’ Castro me estaban buscando para que yo les diera firma en las que les hacía traspaso de mis tierras y yo no quise, por tal motivo estuve escondiéndome en muchas casas del pueblo hasta que no me tocó otra que desplazarme.; sin embargo, tuve que irme a esconder a otro pueblo evitando que las Auc me mataran o me hicieran firmar el traspaso”, describió un campesino la situación que vivió en aquella época.
Esa confluencia de intereses ilegales por la tierra y la vulnerabilidad de los campesinos ocasionó que entre los 26 casos analizados en el Magdalena se cuenten, según las conclusiones de este trabajo, “personas que adelantaron acciones para la defensa de la tierra y fungieron como líderes comunitarios […] por ello sus familias encuentran en este hecho una de las motivaciones que tuvieron las autodefensas para desaparecerlos”.
(*) Nombre cambiado por razones de seguridad
Los nombres de las víctimas de desaparición forzada fueron omitidos deliberadamente por razones del proceso de recolección de información que se sigue.
