En este municipio, el Bloque Centauros de las Auc de Miguel Arroyave desarrolló un proyecto de palma africana. Su primera movida fue lograr la titulación de 4.000 hectáreas de tierras baldías a través de un testaferro llamado Diego Rivas.
En 2007, Diego Rivas Ángel, un testaferro de los paramilitares investigado por tráfico de drogas en Estados Unidos y hermano de quien había sido hasta 2005, Secretario General del Ministerio de Agricultura, logró que el Incoder le adjudicara 4.300 hectáreas de tierra baldía a él y a sus testaferros. Sobre esa tierra tenían derecho los colonos que la venían cultivando desde hacía años, pero que habían sido forzados a abandonarla por los paramilitares a fines de los noventa. Otras fincas cercanas de colonos expulsados a la brava, hoy son de una sociedad de Eduard José Mattos, integrante de una prestigiosa familia de empresarios y ganaderos del Cesar.
Esta historia ocurrió en Mapiripán, un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía. El país lo conoce porque allí fue donde los paramilitares bajo el mando de los hermanos Vicente y Carlos Castaño, con ayuda de miembros del Ejército, cometieron en julio de 1997 una cruel masacre que dejó al menos diez muertos y causó el desplazamiento 700 personas. Pronto siguió otra masacre cerca de allí, en Caño Jabón, en mayo de 1998, en la que asesinaron a más de 20 personas, y luego otra y otra, causando en este municipio el desplazamiento forzado de 12 mil personas durante los últimos diez años.
Hoy se ha podido comprobar que los ‘paras’ no impusieron su terror en Mapiripán sólo para retar a la guerrilla en su santuario o para arrebatarles el negocio del narcotráfico. Vicente Castaño quería apropiarse de extensas fincas para desarrollar proyectos de palma y como socios tenía a sus coterráneos de Amalfi, (Antioquia), Miguel Arroyave y Daniel Rendón, conocidos en el narcotráfico respectivamente con los nombres de ‘El Arcángel’ y ‘Don Mario’. Así lo confirma esta investigación de VerdadAbierta.com que consultó varios procesos judiciales, como el que condenó a Óscar de Jesús López, ex gobernador del Guaviare por nexos con paramilitares, siguió confesiones de ex jefes paramilitares desmovilizados, realizó entrevistas a otros jefes paramilitares hoy presos, examinó investigaciones de otras entidades estatales y revisó documentos originales de la época.
Por eso no sorprende que antes de que fuera aprobada la Ley de Víctimas, 2.283 víctimas de la zona ya le habían pedido al Ministerio Público proteger sus tierras.
Teodosio Pabón Contreras alias ‘El Profe’, asesor de los Castaño, hoy preso en La Picota, dijo en una entrevista a VerdadAbierta.com que mientras el gobierno negociaba la desmovilización con el Bloque Centauros de las Autodefensas que se consolidó en Mapiripán después de 2002, por debajo de la mesa sus jefes habían diseñado un plan para convertirse en grandes productores de palma de la región. Según Pabón, tenían ya montado un vivero con suficiente plántulas de palma para cubrir cinco mil hectáreas.
Rivas Ángel y sus 4.300 hectáreas
Luego de la masacre de 1997, la gente huyó y los paramilitares se quedaron como dueños y señores de la región por varios años. Más tarde, hacia 2002, cuando el bloque que los Castaño habían montado en la zona, Los Centauros ya estaba consolidado, éste contrató a Diego Rivas Ángel para que consiguiera que les adjudicaran predios baldíos de donde habían expulsado a los campesinos. Según dijo a Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar ‘Don Mario’, él alcanzó a conseguir que le titularan 12.000 hectáreas a nombre de aliados o testaferros suyos en Mapiripán.
Rivas Ángel resultó efectivo. El 16 de abril de 2007, el Incoder Villavicencio adjudicó el predio El Agrado 1, a un señor que, según un informe judicial, trabajó primero para la Fundación Libertad Económica de Colombia y luego para la Cooperativa de Palma del Llano, Copalmallano. El predio vecino, El Agrado 2 se lo adjudicó al mismo Diego Rivas Ángel, quien el 1 de agosto de 2008 ante la Notaría 34 de Bogotá se lo escrituró a la Fundación Libertad Económica. La tercera finca colindante, El Agrado 3, se lo adjudicó a un ex conductor de la Cooperativa quien, según la justicia, luego perteneció a una banda criminal y está desaparecido. Sumados los tres predios superan las 4.300 hectáreas. (Vea la tradición los Agrados aquí).
Quien firmó las adjudicaciones de los tres predios El Agrado, fue Javier Samudio Acosta, entonces jefe de la Oficina de Enlace Territorial 8 (una entidad que está adscrita al Ministerio de Agricultura). VerdadAbierta.com consultó cómo se escogían a los directores territoriales del Incoder y varias fuentes coincidieron que los aspirantes eran entrevistados por el Gobernador del Meta, quien les daba un puntaje, y siguiendo esta medición, el director nacional nombraba al ganador. Para esa época el director nacional de Incoder era Rodolfo Campo-Soto y el gobernador del Meta era Edilberto Castro (2004-2006), destituido y condenado por ser cómplice del asesinato de tres de sus colegas y mencionado por ‘Don Mario’ de haber sido afín a las Auc.
“Diego Rivas fue el que creó la cooperativa y desarrolló los cultivos de palma pagado por Los Centauros”, dijo a la justicia alias ‘Don Mario’.
Y los documentos, según investigó VerdadAbierta.com, confirman su versión. Rivas es el representante legal de Copalmallano. En el registro de Cámara de Comercio de la cooperativa aparece como miembro del consejo de administración el empresario Avimelec Rivera Acosta, quien ha sido contratista de la Gobernación del Meta. Fue imposible ubicar a Rivas Ángel, ni a otro representante de su empresa. Esta redacción también llamó varias veces al teléfono a Rivera, pero nunca contestó. Además el teléfono y la dirección que aparecen en el registro de Copalmallano corresponden a una emisora en Villavicencio. La Fundación Libertad ni siquiera tiene registro en la Cámara de Comercio del Meta.
VerdadAbierta.com tuvo acceso a un informe judicial en el que un testigo contó que Rivas Ángel invitaba a los trabajadores de estas firmas, la Cooperativa y la Fundación, a pedirle al Incoder que les adjudicaran los baldíos que estaban controlados por los paramilitares.
Rivas Ángel fue identificado con el alias ‘El Doctor’ por una corte de Estados Unidos como cómplice de narcotráfico de los hermanos Rendón Herrera, Daniel alias ‘Don Mario’, Freddy alias ‘El Alemán’ y Jhon Jairo alias ‘Germán Monsalve’, así como de los hermanos Úsuga, identificados por la Policía de ser los jefes de la banda criminal de Los Urabeños, David, Dairo Antonio alias ‘Mauricio’ y Juan de Dios alias ‘Giovanni’ (muerto en diciembre de 2011).
En una versión libre de febrero de 2010, alias ‘Don Mario’ dijo que Rivas Ángel visitó varias veces a Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’, ex jefe militar del Centauros en La Picota. “¿A qué lo ha visitado tanto? A ver cómo cuidaban con testaferros estos cultivos deuna forma para favorecerse ellos”, dijo el ex jefe paramilitar a Justicia y Paz. Un mes después, en una audiencia en el Tribunal de Cundinamarca ‘Pirata’ rechazó las declaraciones y dijo que en una conversación posterior con ‘Don Mario’ llegaron a la conclusión de que se trataba de un malentendido.
Según las autoridades, Diego Rivas Ángel es hermano de Jaime Eduardo Rivas Ángel, y mientras el primero hacía los trámites para conseguir que el Incoder – entidad del Ministerio de Agricultura encargada de repartir tierras a los campesinos – les adjudicara los Agrados a él y los trabajadores de sus firmas, el segundo se desempeñaba como Secretario General del Ministerio de Agricultura. Jaime Eduardo estuvo en este cargo entre el 13 de agosto de 2002 y el 20 de febrero de 2005. En 2002 había sido director encargado del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, Inpa.
Además, según el libro Los Jinetes de la Cocaína, Jaime Eduardo Rivas Ángel era primo del famoso narcotraficante Carlos Lehder Rivas, y al finalizar la década de los setenta, trabajó en el Consejo Nacional de Estupefacientes, la entidad encargada de restringir las sustancias para el procesamiento de drogas ilegales y de conceder los certificados de antecedentes para conseguir licencias para aeronaves.(ver capítulo III, Nacen las Familias de Los Jinetes de la Cocaína de Fabio Castillo)
No hay pruebas que indiquen que Jaime Eduardo le ayudó a su hermano Diego a conseguir los títulos en el Incoder, pero la coincidencia es sospechosa. Sin embargo, no existe ninguna investigación contra el ex funcionario. VerdadAbierta.com intentó ubicar a Jaime Eduardo Rivas Ángel, incluso por medio de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio de Agricultura, pero fue imposible contactarlo.
Según un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el caso de los predios El Agrado, en 2007 el Incoder Meta tituló 4.300 hectáreas sin verificar quiénes eran los beneficiarios. En este caso, se trataba de dos beneficiarios conectados a Diego Rivas y uno, la Fundación, que no tenía registro en la Cámara de Comercio, lo cual ha debido al menos levantar sospechas.
Si se tiene en cuenta la extensión, también el Incoder estaba al borde de la ilegalidad. La norma prohíbe adjudicar extensiones de tierra mayores a una Unidad Agrícola Familia (UAF). EnMapiripán la UAF es de máximo de 1.840 hectáreas, y como los tres predios fueron adjudicados a beneficiarios conectados entre sí, la UAF fue superada en más del doble.
Según el estudio de la Superintendencia, en el caso del predio El Agrado 2 hubo otra irregularidad. En agosto de 2008, Diego Rivas Ángel, vendió este terreno por 45 millones a la Fundación Libertad Económica. Según la ley, deben pasar mínimo quince años para que un beneficiario de titulación del Incoder realice ventas. Pero en este caso, además, las tierras estaban protegidas.
En marzo de 2008 el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada (Cmaipd) había emitido una resolución que declaró el municipio como zona de desplazamiento de campesinos por la violencia y protegió los terrenos para evitar que fueran vendidos. Aún así se permitió esta venta.
Los Secretos desprotegidos
En octubre de 2008, el mismo Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada emitió una resolución de declaratoria de desplazamiento, y amplió el número de tierras protegidas a otros tres predios llamados Secreto 1, 2 y 3. La medida cautelar llegó demasiado tarde, pues las tierras baldías ya habían sido tituladas dos años antes y no a los campesinos que las habían cultivado por años, pues éstos había sido desplazados años atrás.(Ver la tradición de los Secretos aquí)
El mismo JavierSamudio, director de la oficina territorial del Incoder en Villavicencio, que había adjudicado Los Agrados, adjudicó el 4 de diciembre de 2006 el predio baldío El Secreto 3 de 1.799 hectáreas a una señora que, según un informe judicial, vendía almuerzos cerca a la Cooperativa Copalmallano. Un año después, el 20 de noviembre de 2007 ante la Notaría Única de Granada la señora le había escriturado este predio a la Sociedad Agropecuaria Villa Diana.
Según figura en el certificado de constitución y gerencia, el gerente de esta sociedad Villa Diana, dedicada a la agricultura y la ganadería, es Eduard José Mattos de Castro. Aunque eso dice en los papeles, su padre, Eduard Heriberto Mattos Barrero asegura ser el verdadero dueño. Óscar José Ospino alias ‘Tolemaida’, desmovilizado del Bloque Norte, ha dicho a los fiscales de Justicia y Paz, que éste último tuvo vínculos con los paramilitares. La Fiscalía investigó si la finca de Mattos Barrero fue sede de un campamento paramilitar en Codazzi (Cesar) y si fue cómplice del asesinato de una jueza en Becerril. En una entrevista con VerdadAbierta, Mattos Barrero dijo que fue absuelto de ese proceso por una un juez especializada de Valledupar.
Según varias fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, en la Costa Caribe, Mattos Barrero proviene de una prestigiosa familia de empresarios del Cesar. VerdadAbierta contactó a Mattos Barrero, quien negó tajantemente todos los cargos por los que se le investiga, dijo que compró las tierras de buena fe y que nunca ha tenido vínculos con grupos armados ilegales. (Lea la versión completa de Mattos aquí).
Mattos Barrero le dijo a esta redacción que además del Secreto 3, él también es propietario del Secreto 1 (1.498 hectáreas) y del Secreto 2 (1.358 hectáreas). Es decir, en total tiene 4.655 hectáreas en Mapiripán. Mattos envió a VerdadAbierta.com varios documentos firmados por la Fiscalía, en los que en 2007 el organismo investigador le informó que estas tierras “no tenían investigación o acción penal o trámite de extinción de dominio”. Mattos Barrero mostró también en su defensa cartas firmadas en 2010 por la entonces alcaldesa de Mapiripán, Maribel Mahecha Hernández, en las que la mandataria le indicó que estas tierras “no se encuentran dentro de la zona declarada de inminente riesgo de desplazamiento”. (Ver carta)
Las cartas de la alcaldesa Mahecha, no hacen referencia a la medida de protección que había dictado en 2008 el Comité Municipal de Protección a la Población Desplazada, que decían lo contrario. Es más, en 2010, la misma Alcaldesa levantó las medidas cautelares sobre los Secretos a favor de la Sociedad Agropecuaria Villa Diana. El estudio sobre titulaciones en la región de la Superintendencia de Notariado y Registro encontró esta movida como sospechosa porque la resolución fue firmada por la alcaldesa de Mapiripán y no por el presidente del Comité. Y además no está permitido a los alcaldes levantar la protección sobre un predio en particular.
“… se sugiere efectuar el respectivo análisis, ya que se han venido levantando medidas de protección sobre predios determinados, cuando de proceder el levantamiento, debe hacerse sobre la totalidad de la zona declarada de inminencia de desplazamiento”, indicó el estudio. La alcadesa a la que refiere el estudio es Maribel Mahecha, que tiene dos procesos en la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación.
El análisis de la Superintendencia también encontró que en la titulación de El Secreto hubo otra irregularidad. Según el estudio, existen los predios el Secreto 1 y 2, que fueron titulados con folio de matrícula consecutivo. Además, como con el caso de los predios El Agrado, si se suman los tres Secretos el Incoder incumplió con la UAF. “Un solo titular (Sociedad Villa Diana) adquiere la propiedad de varios predios baldíos y que superan la UAF”, advirtió el estudio.
Los títulos de estas tierras recién adjudicadas por el Incoder bajo condiciones sospechosas fueron registrados en el municipio de San Martín, Meta, porque allí está ubicado el círculo registral de Mapiripán y de otros 14 municipios. Desde 1998 este municipio fue centro de operaciones del paramilitarismo. En versiones libres, varios desmovilizados contaron que en ese pueblo los paramilitares les cobraban a los narcotraficantes los dineros de extorsiones y secuestros y demás “impuestos”.
El predio Madreselva
En la finca Madreselva de 4.000 hectáreas, los paramilitares que habían desplazado a los campesinos que cultivaban plátano y pastos allí y tenían escrituras desde 1996, no se molestaron en buscar adjudicaciones ni títulos. Según registra un expediente judicial, varios testigos contaron que desde 2001 paramilitares llegaron a este predio y a finales de 2005 ya tenían sembradas entre 100 y 150 hectáreas de palma.(Ver tradición del predio)
Alias ‘Don Mario’ confesó en una versión libre de noviembre de 2009 que estos terrenos hicieron parte de las arcas del Bloque Centauros, y que El Agrado, Madre Selva y El Secreto hicieron parte de los predios donde las Auc de Castaño cultivaron palma aceitera.
De esta manera, Mapiripán se resiste a dejar las primeras planas de los medios. Saltó a los titulares de las noticias en 1997, cuando la masacre, y volvió a sonar en 2005 cuando la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por la complicidad o inoperancia de sus agentes en haberla evitado, y protagonizó otro escándalo a finales de 2011, cuando se descubrió que una madre mintió al incluir a sus hijos como víctimas de la masacre del 97. Ahora revela otro secreto: que los paramilitares fueron por sus tierras, y ahora le toca al gobierno investigar si cumplieron sus planes.
Sólo así podrá responder el clamor de al menos un centenar de familias, víctimas de despojo, que están hoy pidiéndole a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, que les sean devueltas 64 mil hectáreas que perdieron cuando huyeron de Mapiripán. La restitución de Mapiripán podrá ser muy significativa para el país, pues una de cada 11 hectáreas pedidas en restitución en todo el territorio nacional, está en ese municipio.
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