Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidirá si hay méritos para investigar al ex jefe del ente acusador por las decisiones que tomó frente al paramilitarismo. En comunicado de prensa rechazó los señalamientos.
La Corte Suprema de Justicia remitió una nueva solicitud de investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue a Luis Camilo Osorio Isaza, ex fiscal general de la Nación, y ex embajador de Colombia en México, por su presunta complicidad con el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La decisión está incluida en el escrito de acusación contra la ex senadora Piedad Zucccardi por concierto para delinquir agravado proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En ese documento, el alto tribunal pidió investigar a Osorio Isaza teniendo como base varios testimonios que lo vinculan con las Auc.
Lo que pretende la Corte es que la Comisión evalúe la credibilidad de las declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y de los políticos Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, quienes, al parecer, insinuaron que el ex funcionario favoreció a algunos miembros de esa organización armada ilegal.
Así empezó la historia
No es la primera vez que el Alto Tribunal envía copias a este órgano legislativo de acusaciones contra Osorio, ni tampoco la primera vez que el ex funcionario es señalado de presuntamente haber tomado decisiones sesgadas en favor del paramilitarismo, entre las cuales han sido mencionadas: definir fallos favorables a posibles cómplices del paramilitarismo; sancionar y destituir a funcionarios que se metieron a fondo a investigar el paramilitarismo en diversas regiones del país; y desestimar testigos que señalaban a líderes políticos regionales de actuaciones ilegales ligadas a esta organización criminal.
Osorio Isaza se posesionó como Fiscal General de la Nación el 1 de agosto de 2001 y tan solo unos meses después, sus actuaciones ya empezaron a levantar críticas porque parecían estar favoreciendo la causa de las Auc. Los señalamientos no cesaron cuando terminó su periodo, el 31 de julio de 2005.
La Corte Suprema de Justicia presentó su primera solicitud a la Comisión de Acusaciones para que investigara la conducta de Osorio en octubre de 2007. En el momento, y desde el 22 de noviembre anterior, el ex fiscal se desempeñaba como embajador de Colombia en México.
El Alto Tribunal basó su petición en el hallazgo de un autoinhibitorio firmado por Osorio Isaza a favor del entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, a quien se le sindicó de ser el responsable intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, ocurrido en abril de 2003, tres meses después que denunciara en un consejo comunal conducido por el presidente Álvaro Uribe Vélez que lo iban a matar e inculpó a Arana Sus.
En ese momento, también se le cuestionó al ex fiscal Osorio Isaza descartar los testimonios de Jairo Castillo Peralta, ‘Pitirri’, quien desde el 2001 aportó pruebas sobre los nexos de la clase política de Sucre con facciones paramilitares de la región.
Esa solicitud de investigación se sumó a varios procesos más que tenía la Comisión de Acusaciones en ese momento y que estaban clasificados de manera general como “infiltración paramilitar en la Fiscalía”, expediente que fue abierto en marzo de 2003 tras denuncias del entonces congresista Gustavo Petro. No avanzaron los casos, sin embargo durante casi una década.
Solo hasta marzo de 2012, el proceso se reactivó, cuando la Comisión de Acusaciones comenzó una nueva investigación en su contra, a partir del testimonio de una ex funcionaria procesada por sus nexos con las Auc. Ella declaró que Osorio Isaza era muy cercano a Ana María Flórez, directora seccional de Fiscalías de Norte de Santander, quien tenía una estrecha relación con facciones paramilitares del Bloque Norte. Hoy se encuentra prófuga de la justicia
Para esa época, la Comisión de Acusaciones estaba integrada por los representantes Jorge Homero Giraldo, Carlos Ramiro Chavarro, Germán Olano Becerra, José Luis Feris Chadid y José María Imbeth Bermúdez. Lo paradójico de ello es que Feris Chadid e Imbeth Bermúdez fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia en fallo fechado el 12 de enero de 2012 a 90 meses de prisión por haber firmado el documento conocido como ‘Pacto de Ralito’ en conjunto con varios jefes de las Auc el 23 de julio de 2001, en el que se comprometieron a “refundar la patria” y “firmar un nuevo contrato social”.
Decisiones polémicas
Recién se había posesionado como Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, cuando en agosto de 2001, declaró insubsistente al entonces Fiscal Delegado ante el Tribunal de Bogotá, Gregorio Oviedo.
¿Qué había hecho Oviedo para que el nuevo fiscal pusiera fin a una carrera en la rama judicial de 28 años? Como director del CTI de la Fiscalía en Medellín para el periodo 1997 – 1998, Oviedo, con un equipo de investigadores logró identificar dos grandes fenómenos criminales asociados al paramilitarismo: de un lado, puso en evidencia los vínculos de la Policía y el Ejército con las Accu que operaban en buena parte de Antioquia, al descubrir que en algunas poblaciones, incluida Medellín, tenían un oficial de enlace con los paramilitares; y de otro, afectó la red financiera de esa organización armada ilegal e identificó a decenas de sus financiadores. Fue tan peligrosa la tarea que acometió este equipo que varios de los investigadores fueron luego asesinados en retaliación.
Una investigación realizada en 2010 por un equipo interdisciplinario de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación estableció que “en los círculos judiciales de Bogotá se llegó a decir que el fiscal Osorio Isaza había llegado con la carpeta de Oviedo bajo el brazo con el propósito de que fuera la primera decisión administrativa que tomaría contra uno de sus subalternos, atendiendo sugerencias de altos mandos militares”. Y así fue.
Varias investigaciones indican que recién se posesionó Osorio mostró excesivo interés en los hallazgos de Oviedo y su grupo de trabajo del CTI, tras la captura de Jacinto Alberto Soto Toro, quien tenía bajo su responsabilidad la contabilidad de todos los bloques que conformaban esta estructura paramilitar.
El operativo se había realizado el 30 de abril de 1998 en un parqueadero del centro de Medellín conocido como Padilla, cuando aún estaba en el cargo, el antecesor de Osorio, el actual ministro de Justicia, y entonces Fiscal General, Alfonso Gómez Méndez. Allí se recaudaron numerosos documentos que contenían nombres de comerciantes, empresarios, industriales, ganaderos, militares y policías que de una u otra manera estaban relacionados con la estructura de las Accu.
Este proceso, radicado bajo el número 34.986, ocasionó inquietud entre algunos de los implicados, le generó amenazas a Oviedo, provocó la muerte de varios investigadores bajo su mando y por orden de Osorio Isaza fue archivado, sin que se hiciera nada para sancionar a los responsables, tendiendo un velo de impunidad que aún se mantiene.
Ese expediente contenía un gran volumen de material probatorio, consistente en documentos contables, extractos bancarios, cartas, consignaciones y cheques. Los investigadores lograron consolidar, inicialmente, 497 carpetas asociadas a igual número de cuentas bancarias que aparecían asentadas en los libros contables de las Accu.
Fuentes judiciales consultadas por los investigadores de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación indicaron que “la fuerte influencia que sobre el proceso ejerció Osorio Isaza motivó la preclusión de varias investigaciones que se desprendieron del proceso 34.986 y evitó que se iniciaran otras tantas, perdiéndose la oportunidad de conocer a fondo la estructura económica del paramilitarismo”.
El caso Del Río
Esa no fue la única decisión polémica de Osorio. Curiosamente, el mismo día que se posesionó como nuevo Fiscal General de la Nación (1 de agosto de 2001), la fiscal Margarita Luna Prada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos había dictado medida de aseguramiento contra el ex general Rito Alejo Del Río, quien fuera comandante de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa, Urabá antioqueño, entre los años 1995 y 1997, por su presunta complicidad con los paramilitares en las regiones del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés durante los años que estuvo como comandante de esa guarnición militar.
A las pocas semanas, el 15 de diciembre de 2001, Osorio destituyó a la fiscal Luna Prada y reasignó el caso a su despacho, en cumplimiento de una orden del Juez 31 Penal del Circuito de Bogotá, Omar Augusto Camargo Machado, quien decidió a favor del oficial en retiro un recurso de habeas corpus en el que se alegó la falta de competencia de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para llevar su caso por tratarse de un oficial con fuero. El Fiscal General precluyó la investigación penal contra el oficial en marzo de 2004.
De acuerdo con una investigación adelantada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la medida de la fiscal Luna “generó una fuerte reacción del Fiscal General, quien acusó a sus subalternos de no haberle consultado tal decisión, y a la postre ocasionó la renuncia forzada, el 2 de agosto, del Vice Fiscal encargado, Pablo Elías González, y del Director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Pedro Díaz”.
Sin embargo, y a pesar de la decisión de Osorio de precluir el proceso contra el general Del Río, la Corte Suprema de Justicia que, el 11 de marzo de 2009, ordenó reabrir esa investigación tras considerar que “existen razones superiorespara permitir la acción de revisión si la impunidad de un hecho concreto puede estar en últimas conculcando los derechos de las víctimas, al impedirse con la cosa juzgada la realización de los fines constitucionales del proceso penal pues afectan las legítimas expectativas que alientan las víctimas de las conductas punibles en cuanto a la realización de su derecho a la verdad, justicia y reparación”.
La organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch, en un informe fechado en noviembre de 2002, aseveró que “a su llegada al cargo, el Fiscal General Osorio dejó en claro sus profundad dudas sobre los procesos de derechos humanos, especialmente cuando éstos se encontraban basados en acusaciones a miembros de las fuerzas militares. Prometió públicamente corregir lo que calificó como una atención excesiva a estas actuaciones por parte de los fiscales. Afirmó que este presunto exceso era consecuencia de que se desatendieran los casos contra la guerrilla”.
Otros señalamientos
El representante a la Cámara Iván Cepeda, autor del libro ‘A las puertas del Ubérrimo’, que investigó en detalle los nexos del paramilitarismo cordobés con el poder, dijo a VerdadAbierta.com que “el ex fiscal fue una persona que nunca ocultó su sesgo, él prácticamente acabó con la Unidad de Derechos Humanos, vivió mucho tiempo en Córdoba, y fue allí donde cultivó esas amistades que luego, siendo fiscal, se encargó de proteger”.
Según lo aseguró en el libro, “Osorio se había desempeñado como profesor de la Universidad del Sinú, y contaba entre sus amigos personales a varios de los políticos firmantes del Pacto de Santa Fe de Ralito, como Eleonora Pineda”.
También señala el libro que Osorio nombró a Perla Emperatriz Dávila como directora seccional de la fiscalía en Montería, y que ella ha sido investigada por presuntos nexos con la estructura paramilitar de Daniel Rendón Herrera, alias ‘don Mario’ por haber intentado obstruir las investigaciones que se adelantaban contra él.
Por su parte Gustavo Gallón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, quien representa a varias víctimas en los procesos de Justicia y Paz, aseveró que la decisión de la Corte es “muy importante” y consideró que es fundamental que se escuche al ex fiscal Osorio Isaza, “pues han sido muchos los indicios de irregularidades, por decir lo menos, del ex fiscal y de sus inclinaciones para favorecer o proteger a personas implicadas en violaciones de derechos humanos”.
De manera irónica señaló que Osorio Isaza “es la persona más trasparente en la medida en que nunca ocultó su inclinación en favorecer a los violadores de derechos humanos”. Finalmente, se mostró confiado en la justicia, de la cual dijo que “cojea pero llega”.
Lo que viene ahora es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes atienda la solicitud de la Corte Suprema de Justicia y decida si hay mérito para adelantar esa nueva investigación o, por el contrario, debe archivarse.
Apenas conoció la noticia, el ex fiscal Osorio isaza hizo público un comunicado en el que asegura que nunca tuvo nexos ni contactos con miembros de grupos paramilitares ni de ningún otro actor armado ilegal. Aquí está su comunicado completo.
COMUNICADO DE PRENSA
LUIS CAMILO OSORIO informa a la opinión pública que:
Registro con profunda indignación la versión de una grabación que ha sido divulgada en los medios de comunicación, por la cual la Corte Suprema de Justicia ha compulsado copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se me investigue por el contenido de la conversación entre dos congresistas y Mancuso.
1. Nunca tuve relación alguna con el exjefe paramilitar SALVATORE MANCUSO, ni con cualquiera otra persona que haya formado parte de grupos paramilitares, guerrilleros o de otra actividad criminal.
2. Jamás departí con congresistas encircunstancias que deshonraran la dignidad del cargo y tampoco recibí propuesta indebida o ilegal en relación con mis funciones. Las reuniones con las congresistas a que hizo referencia la grabación, tuvieron lugar oficialmente en el despacho del Fiscal General, como consta en los registros correspondientes y se refirieron a cuestiones relacionadas con la seguridad de ellas y de sus familias. Jamás para otorgar beneficios a organizaciones al margen de la ley.
3. La edición del periódico El Tiempo, se refiere a las circunstancias a que hice relación en los puntos anteriores, agregando sin fundamento quefui excluido de las funciones como embajador en México. Allí representé a mi país durante cuatro años y al concluir el gobierno regrese a Colombia.
No tuvo relación la renuncia con las investigaciones que siguen su curso, varias de ellas concluidas a mi favor y que hacen parte de más de 4.000 actualmente adelantadas contra magistrados de las altas cortes, el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y sus antecesores.
4. Durante mi trayectoria profesional, dedicada al servicio público, como Viceministro, Registrador Nacional, Magistrado del Consejo de Estado y Fiscal General de la Nación, honré las funciones de cada cargo y cumplí mis deberes de manera leal y honesta, sin haber recibido siquiera amonestación. Bajo ninguna circunstancia toleré o propicié actividades al margen de la ley; por el contrario, perseguí con severidad y eficacia, en mi condición de Fiscal General de la Nación, todas las formas de criminalidad. Finalmente, lideré y promoví el sistema acusatorio, verdadera revolución de la justicia. Ahora soy víctima de retaliaciones por parte de organizaciones criminales, que pretenden, en vano, hacer efectiva venganza por haber cumplido con el deber.
LUIS CAMILO OSORIO ISAZA
