Ese municipio de Norte de Santander, en pleno corazón del Catatumbo, afronta graves riesgos originados por la confrontación entre grupos armados ilegales. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de defensores de derechos humanos coordinaron la salida del grupo familiar. Se prevén más desplazamientos masivos en los próximos días.
La confrontación que sostienen desde comienzos del año comandos de las guerrillas del Eln y el Epl sigue dejando víctimas de homicidios selectivos, desplazamientos y amenazas en la golpeada región del Catatumbo. La situación se recrudeció la última semana en el municipio de Hacarí, donde, en un lapso de 72 horas, tres personas fueron asesinadas y dos más quedaron heridas.
El pasado jueves murieron en pleno casco urbano de esa población Ramón Emel Angarita y su hijo Jaime. Ambos se desplazaban en moto cuando fueron abordados por hombres armados quienes les dispararon hasta quitarles la vida. El hecho generó incertidumbre en la comunidad en vista de que el crimen se presentó en el casco urbano, donde hay presencia de unidades del Ejército y de la Policía.
Pese a esa presencia de autoridades militares y policiales, el sábado anterior se presentó el tercer hecho violento, que dejó como víctima a Jean Carlos León de 25 años de edad. En ese mismo caso resultaron heridos Jeinis Quintero Peñaranda y Luis Ascanio Ortiz.
A esos hechos sicariales se sumaron las amenazas contra familiares de los asesinados, quienes expresaron sus temores y de inmediato se contactaron con el delegado de la Defensoría del Pueblo para la región, Diógenes Quintero Amaya, para buscar a través de esta agencia estatal protección para sus vidas.
Una vez el organismo defensorial tuvo conocimiento de las intimidaciones se activaron los protocolos y rutas establecidas determinando que lo más conveniente era evacuar, vía aérea, a los 18 miembros de una misma familia de la cual hacen parte un adulto mayor y siete menores de edad de entre 5 y 17 años.
Tras su salida del pueblo en un helicóptero del Ejército, dejaron abandonada la vivienda llevando sólo lo que pudieran a la mano. Los afectados fueron transportados a la cuidad de Ocaña, donde se les está brindando atención humanitaria a través del Centro Regional de Victimas y el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De acuerdo con voceros estatales, los miembros del grupo familiar evacuado serán alojados en un lugar que les brinde seguridad.
Quintero Amaya calificó la situación de Hacarí como “complicadísima”, pues es evidente la tensión en la que se está debatiendo la comunidad: “Hay amenazas, desplazamientos y preocupación”. Para este municipio, explicó el Defensor Regional, está activada una alerta temprana y se emitieron otras para Ábrego y La Playa de Belén donde también se han presentado recientemente muertes violentas.
Más evacuaciones
Ante los llamados de advertencia, se esperan acciones que prevengan el riesgo en la comunidad. Pero la situación parece agravarse, pues una fuente militar de la Fuerza de Despliegue Rápido, que pidió la reserva de su nombre, admitió que se vienen otras evacuaciones masivas en los próximos días.
Un líder comunal de ese municipio, quien también pidió reserva de su nombre, confirmó los temores y la zozobra en las que se está moviendo la población. Destacó que al miedo le han puesto valentía para poder continuar con su trabajo en favor de la gente por lo que como dignatarios de las Juntas de Acción Comunal han decidido, “trabajar unidos a pesar de las posiciones e ideologías diferentes que fueron unificadas para soportar el temor”.
No obstante, denunció que los dirigentes comunales no tienen ningún tipo de protección, a pesar de realizar su actividad en una zona donde tienen radio de influencia diversos grupos armados ilegales, entre ellos el Eln, el Epl, disidencias del antiguo Frente 33 de las extintas Farc y delincuencia común, así como una fuerte presencia de unidades del Ejército y de la Policía.
Nelson Arévalo Carrascal, defensor de derechos humanos, conocedor de la región y de las dinámicas criminales que padecen los catatumberos, llamó la atención del drama que se vive en esta zona fronteriza con el vecino país de Venezuela, y aseguró que observa con preocupación la situación que se presenta en Hacarí ante hechos recurrentes que dejan muertos y heridos sin que el gobierno nacional medie para que la situación termine.
“Exhortamos a todas las partes a entrar en un dialogo pues es la mejor forma para terminar los conflictos que influyen de forma grave en la vida de los campesinos del Catatumbo”, declaró Arévalo, a la vez que invitó a todas las entidades e instituciones a duplicar esfuerzos para conseguir la paz en una región que necesita inversión social y voluntad de los dirigentes pues los hechos violentos continúan sin que nadie haga nada algo de manera contundente para que la situación cambie para bien de sus habitantes.
Múltiples alertas
La región del Catatumbo padece una profunda afectación por cuenta de los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que no solo ha afectado a Hacarí, también lo sufren pobladores rurales y urbanos de los municipios de Convención, Ábrego, Ocaña y Teorama donde se han registrado asesinatos que no tienen esclarecimiento y que estarían enmarcados en la disputa territorial por el control de economías ilegales.
Desde por lo menos el 2107, múltiples alertas se han emitido desde distintas organizaciones, tanto gubernamentales, como la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), como desde no gubernamentales, entre ellas la Asamblea General de la Asociación de Personeros, que este portal difundió el pasado 15 de abril.
“La política de Estado para retomar el territorio, combatir los grupos ilegales y erradicar los cultivos de uso ilícito, ha sido el aumento del pie de fuerza; echando de menos la implementación de políticas públicas, incluso las planteadas en el acuerdo de paz encaminadas al desarrollo de las comunidades que históricamente han sido afectadas”, aseveraron en un comunicado los personeros, al final del encuentro, realizado en el municipio de La Playa de Belén. (Leer más en: Personeros del Catatumbo le reclaman al Estado acciones integrales)
Estos agentes del Ministerio Público se sumaron a las voces de dirigentes comunales y defensores de derechos humanos quienes, desde finales del año pasado, han visto en la reacción del gobierno nacional una ausencia de respuestas integrales a la situación de violencia que vive el Catatumbo.
Las críticas se radicalizaron a finales de octubre del año pasado cuando presidente Iván Duque (2018-2022) activó en Ocaña la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, compuesta por tres batallones de despliegue rápido y uno de acción directa y reconocimiento. Esta fuerza, compuesta por 5 mil hombres, es considerada como de élite entre el Ejército Nacional.
En esa ocasión, el entonces comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, aseguró que las condiciones de seguridad mejorarían ostensiblemente con “más helicópteros, más aviones, más plataformas, más inteligencia y más capacidades militares”. Sin embargo, la realidad ha sido totalmente contraria. (Leer más en: Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido)
Diez días antes que se activara la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, un conjunto de organizaciones sociales, regionales y nacionales, lideradas por el Cinep, lanzaron una alerta sobre la grave crisis humanitaria que venían padeciendo las comunidades del Catatumbo debido a la existencia de distintos grupos armados, economías criminales y una profunda debilidad institucional.
En un artículo al respecto publicado por este portal se alertó sobre la dinámica del conflicto durante buena parte del 2018, marcada por los enfrentamientos armados que iniciaron en marzo de ese año el Eln y el Epl. La confrontación, según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ha “desencadenado una crisis humanitaria de enormes proporciones, una parálisis de la economía regional y una disminución de la gobernanza local”. (Leer más en: Lanzan alerta por crisis humanitaria en el Catatumbo)
La situación en el Catatumbo fue motivo de preocupación del relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien, en su pasada visita oficial a Colombia a finales de noviembre del año pasado, se refirió al Catatumbo como una zona “particularmente afectada por la violencia, (que) registra los mayores niveles de desplazamientos internos del país”. (Leer más en: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)
Pobladores, resistentes
Para enfrentar todas estas afectaciones, las organizaciones sociales que tienen presencia en el Catatumbo han puesto en marcha iniciativas para evitar que la confrontación armada se recrudezca y afecte a la población civil, entre ellas la creación de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, un escenario de articulación en el que confluyen el movimiento comunal; la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); la asociada al movimiento social y político Marcha Patriótica; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), parte del Congreso de los Pueblos; y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP).
Uno de los mayores problemas que resaltan diversos conocedores de la región fronteriza es que desde noviembre de 2017 los catatumberos preveían las confrontaciones entre el Eln y el Epl porque, a su juicio, el Estado no llegó tras el desarme de las antiguas Farc en su proceso de reincorporarse a la vida legal. “Ante eso, era previsible que las otras insurgencias se disputarían los espacios y que era necesario acompañar a las organizaciones sociales para impedirlo”, se advirtió en su momento. (Leer más en: El Catatumbo resiste a la guerra con su Comisión por la Vida)
Otro de los escenarios desde donde las comunidades han resistido los embates de una guerra que parece no tener fin ha sido el de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc, a través de los cuales se pretende llegar con inversión a 170 municipios del país afectados por la confrontación armada, de los cuales ocho de ellos están en la región del Catatumbo (Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú).
En la formulación de los PDET, realizada el año pasado, participaron 8.136 personas en representación de sus comunidades rurales y urbanas de estos ocho municipios, cuyas iniciativas de intervención deberán traducirse en obras durante la próxima década.
Tras múltiples reuniones se acordó que, para el año 2028, el Catatumbo deberá ser “un territorio biodiverso, agroecológico, ecoturístico e innovador, a partir de la formalización de la propiedad de la tierra, cadenas productivas competitivas, esquemas asociativos autónomos, soberanía alimentaria y una educación pertinente, inclusiva y de calidad para todos”. (Leer más en: Catatumbo: los PDET de la incertidumbre)
Pese a esos esfuerzos, la muerte violenta de Dimar Torres, excombatiente de las Farc en vía de reincorporación asesinado en zona rural del municipio de Convención por tropas del Ejército el pasado 22 de abril, generó profunda desconfianza hacia la Fuerza Pública, lo que le exige al gobierno nacional mayores esfuerzos para lograr que la institucionalidad tenga garantías de seguridad y se materialice la esperada llegada de la inversión social. (Leer más en: ¿El plan Catatumbo Sostenible saldará la deuda histórica con esa región?)
Todas estas iniciativas chocan con la guerra advertida múltiples veces entre el Eln y el Epl, que desestabiliza la región y vulnera los derechos de los catatumberos. Desde aquella golpeada región fronteriza, le reclaman tanto al gobierno nacional como a las organizaciones armadas en confrontación respeto por la vida y la integridad de los pobladores, un mínimo desde el cual se deben buscar soluciones a una tragedia que se agudiza con el paso de los días.
Artículo escrito en colaboración con el periodista Giovanni Mejía Cantor
