Elizabeth Moreno, lideresa negra del sur del Chocó, alertó al alto organismo internacional que su territorio es un botín de guerra de grupos armados ilegales y de empresarios, que han buscado, a como dé lugar, quedarse con sus tierras. A través de su vocera, las comunidades le piden a Naciones Unidas verificar su situación y fortalecer sus procesos organizativos.
Chocó, uno de los departamentos más biodiversos del país, es testigo de la crudeza del conflicto armado, la codicia de intereses económicos y el desamparo estatal, que afectan a miles de familias indígenas y negras.
En la región del Bajo Atrato, en el norte del departamento, las luchas por la tierra y la defensa del territorio han marcado a comunidades indígenas y negras por décadas; hacia la Costa Pacífica se mueven economías ilícitas del narcotráfico que entran y salen por el mar; en la región del Baudó, los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y el control de los grupos armados ilegales amedrentan a las comunidades. Y en la espesa manigua del área del San Juan, más hacia el sur, de donde proviene la lideresa Moreno, todos esos pesares se encuentran.
Desde diciembre de 2001, las familias negras que hacen parte del Consejo General Comunitario del San Juan (ACADESAN) poseen colectivamente 683.591 hectáreas que abarcan amplias zonas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Litoral del San Juan y Sipí.
En ese extenso territorio, desde agosto de 2021 se libra una guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln por el control de la región. (Leer más en: Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)
Esa comunidad se ha pronunciado públicamente y recuerda que no está a favor de ningún actor armado, tanto legal como ilegal. “A todos les pedimos lo mismo: dejen a las comunidades por fuera de la confrontación, respeten el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, y no nos pidan que les ayudemos”, se lee en uno de sus comunicados en los que le exige al Estado medidas de protección colectiva.
La angustiante situación llevó a que representantes del consejo comunitario se reunieran en dìas pasados con Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas (UARIV); Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP); Carlos Camargo, defensor nacional del Pueblo; y otros funcionarios de gobierno para exponer las necesidades de sus comunidades y las oportunidades para alcanzar la paz total, que promueve el presidente Gustavo Petro (2022-2026).
Como lo investigó este portal, esa comunidad negra adelanta una disputa por 32.450 hectáreas de tierra de su título colectivo con un entramado de empresas controladas desde Panamá y de las que estaría detrás el ciudadano canadiense Daniel Alexander White.
Al respecto, ACADESAN radicó una solicitud para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anule el título que ostenta el empresario canadiense y el cual presenta graves irregularidades, tal como lo demostró la investigación periodística. (Lea el especial: Despojo invisible de una selva chocoana)
En una reunión con esa institución, los líderes celebraron que “el Director de la ANT, Gerardo Vega, haya impartido órdenes para que se aborde la situación desde el nivel directivo de las siguientes dependencias: Dirección Jurídica, Subdirección de Asuntos Étnicos, Dirección de Acceso a Tierras, así como la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión”.
Para amplificar sus demandas, Elizabeth Moreno Barco, representante legal del Consejo General Comunitario del San Juan (ACADESAN) expuso ese crítico panorama ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sesionó este miércoles en Ginebra (Suiza), para escuchar un nuevo informe trimestral del Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y abordar diversos temas relacionados con las propuestas de paz del actual gobierno nacional.
La lideresa chocoana mencionó asuntos graves como los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, el despojo de sus territorios y la violencia contra las mujeres. Ante todas esas dificultades, han buscado vivir bajo tradiciones y costumbres, pero lo conseguirán plenamente cuando la guerra pare y las oportunidades lleguen.
VerdadAbierta.com comparte con sus lectores las palabras que la lideresa pronunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Intervención de Elizabeth Moreno
“Buenas tardes al presidente y distinguidos miembros del Consejo de Seguridad. Soy Elizabeth Moreno Barco, Representante Legal del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN).
Quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de los que me escuchan, a mis ancestros, a los líderes, lideresas y comunidades que durante décadas han defendido el territorio y la vida digna. Agradezco a Gabón, como presidente por habernos invitado.
Hago parte del pueblo negro del departamento de Chocó, subregión del San Juan. Represento 72 comunidades, más de 4.500 familias, con una extensión territorial de 683.591 hectáreas.
Voy a hablarles de las comunidades que represento, y también de las comunidades negras, indígenas y campesinas de todo el Pacífico que estamos en proceso de extinción física y cultural.
Hay dos grandes causas del etnocidio que sufrimos las comunidades negras e indígenas en Colombia:
Una, la violación sistemática de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El abandono del Estado, que de manera racista y clasista, no garantiza nuestros derechos humanos. Lo que está causando la destrucción de uno de los lugares con más biodiversidad en el mundo por medio de economías extractivistas legales e ilegales.
Dos, el conflicto armado trajo la guerra a nuestro territorio. Nos han masacrado, desplazado, confinado, amenazado y asesinados, para que los territorios queden solos y puedan ser ocupados y explotados por intereses económicos.
ACADESAN y las comunidades indígenas en el San Juan, enfrentan un despojo territorial de más de 32450 hectáreas, por parte de economías extractivistas y megaproyectos extranjeros.
Sólo cuando se logre la Paz Total y la presencia integral del Estado se podrán garantizar nuestros derechos y permanencia en el territorio de acuerdo a lo establecido autónomamente en nuestros planes de etnodesarrollo.
El río San Juan y el Pacífico padecen una guerra interminable, donde los actores armados, sean legales o ilegales, quieren someternos a sus ideales: todos se creen buenos y salvadores, pero las acciones de unos u otros nos convierten objetivo militar de cualquier forma.
Hoy, como población étnico territorial, le decimos a todos los actores armados, legales e ilegales: no nos hagan parte de su conflicto. Respeten nuestra decisión de ser neutrales. No estamos a favor ni en contra de ningún actor armado, sea legal o ilegal: estamos a favor de las comunidades, de los diálogos, las negociaciones y de los acuerdos para que se termine la violencia en los territorios.
Como pueden ver, detrás de mí hay dos fotos. Una es de Valeria Murillo, una niña de 10 años que fue asesinada en enero de 2022 durante la incursión de un grupo armado ilegal en territorio. Valeria iba a la escuela y soñaba con ser maestra de baile, anhelaba una vida en paz y libre de violencia.
En la otra foto está Yuver Moreno: un niño que fue reclutado a los 12 años de edad por otro grupo armado ilegal. A los 13 años murió en un bombardeo de la Fuerza Pública en septiembre de 2021, y en donde murieron otros tres adolescentes.
Quiero hablarles del sufrimiento de las mujeres, quienes padecemos la guerra en nuestro propio cuerpo, por la violencia sexual, entre otras violencias, pero también por ser las madres de las víctimas y de los victimarios.
La guerra y las violencias son también una tragedia para quienes usan las armas, a la mayoría de las personas nos causa repudio la guerra.
Hoy queremos decirle al mundo que nuestra mirada ancestral y la sabiduría de los pueblos étnicos son indispensables, y deben ser incluidas en los diálogos humanitarios en la búsqueda de esa paz tan anhelada y la conservación del medio ambiente en nuestros territorios.
En Colombia hoy tenemos esperanza. Es un sueño hecho realidad tener como vicepresidenta a Francia Márquez: una mujer negra, pobre, víctima del conflicto armado, defensora del medio ambiente, de los derechos humanos y del territorio.
Confiamos que el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez garantice la dignidad humana, y que los pueblos étnicos podamos ser libres para decidir nuestro proyecto de vida individual y colectivo.
Hemos sufrido el confinamiento y desplazamiento masivo, pero, hoy soñamos con volver a nuestros territorios donde fuimos felices, a gozar nuestros cantos y de nuestros bailes, a contar nuestra historia cuando cae la tarde y llega la noche, a cuidar de nuestros animales, a nuestras plantas, a sembrar alimentos y semillas de paz, a disfrutar del río, a vivir la felicidad de pescar y de caminar por el monte, por las playas, sentir la arena, donde podamos disfrutar y vivir libremente en nuestros territorios.
Mientras logramos que se haga realidad este sueño, pedimos a la Comunidad Internacional:
- Que se refuerce la presencia de organismos de la ONU y otras organizaciones humanitarias directamente en los territorios más afectados por la guerra y la violencia, mediante misiones humanitarias más frecuentes que ayuden a salvaguardar la vida de los habitantes en las comunidades.
- Que se apoyen los esfuerzos para lograr acuerdos humanitarios y cese al fuego multilateral, especialmente entre los actores armados ilegales en los territorios étnicos. Sabemos por experiencia, que los acuerdos humanitarios y los ceses al fuego salvan vidas.
- Que se destinen más recursos para fortalecer a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, sobre todo aquellas iniciativas que nos permitan generar autonomía económica en armonía con la naturaleza, el medio ambiente y combatir el cambio climático.
Muchas gracias por el espacio, por permitirnos contarles nuestra historia, nuestra realidad, nuestro sufrimiento y esperanza que tenemos en los territorios étnicos en Colombia”.
