“Esta es una de las campañas más seguras que hemos tenido”: Óscar Naranjo

El Vicepresidente de la República argumentó que, contrario a lo ocurrido en pasadas jornadas electorales, en esta ocasión se destacan la reducción de homicidios contra candidatos, pero le preocupa el alto nivel de agresividad colectiva. En entrevista para este portal también lamentó el asesinato de líderes sociales y de personas cercanas al nuevo movimiento político de la Farc, y explicó lo que viene haciendo el gobierno nacional para frenar ese desangre.

El telón de fondo de las declaraciones del vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, está marcado por las escenas violentas que se vivieron en días pasados en las ciudades de Cúcuta y Popayán, donde se registraron preocupantes agresiones ciudadanas contra dos campañas políticas diametralmente opuestas, que generan pasiones desbordadas a favor y en contra.

Con la calma que lo caracteriza, Naranjo aborda el tema y traza una línea entre este proceso electoral, que convoca a los votantes a las urnas el próximo domingo para elegir un nuevo Congreso de la República, y aquellos que se vivieron en el pasado, bajo una intensa confrontación armada con la guerrilla de las Farc, para destacar que hoy hay menos candidatos asesinados, pero mucha más agresividad ciudadana.

¿Qué puede estar generando esa reacción? El alto funcionario de gobierno no vacila en responder: “Estamos recogiendo lo que han sido ocho años de una crítica no solamente al gobierno, sino a la institucionalidad”.

Pero las elecciones del próximo domingo no son su única preocupación. También tiene en su agenda lo que viene ocurriendo con el asesinato de líderes sociales, un flagelo que está causando estragos en las comunidades por cuanto, ante el terror que causa la muerte violenta de sus voceros, optan, en algunos casos, por callarse y desistir de sus luchas, que es en esencia lo que buscan los victimarios.

Y Naranjo le suma a ello el homicidio de personas cercanas al nuevo movimiento político surgido tras los acuerdos de paz firmados por la guerrilla de las Farc con el gobierno nacional el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. “Toda muerte es inaceptable”, resalta Naranjo en esta conversación con VerdadAbierta.com.

Agresiones y asesinatos

VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué puede estar motivando esa agresividad colectiva que se reflejó en Cúcuta contra el precandidato presidencial Gustavo Petro, y en Popayán contra el senador Álvaro Uribe Vélez?

Óscar Naranjo (ON): La gran diferencia con el pasado, con elecciones durante el conflicto, es la siguiente: las manifestaciones de agresividad ciudadana frente a los candidatos no eran las que se están dando hoy, pero la violencia individual con la muerte de los candidatos era mucho más intensa. Es decir, cuando uno revisa cuál es el número de candidatos asesinados en campaña contra lo que tuvimos en el pasado, uno podría decir que esta es una de las campañas, en esos términos, más seguras que hemos tenido; pero, cuando uno la revisa en términos de la agresividad ciudadana contra los candidatos, hay un elemento diferencial.

Estamos recogiendo lo que han sido ocho años de una crítica no solamente al gobierno, sino a la institucionalidad, que ha debilitado la confianza de los ciudadanos y, al mismo tiempo, hay una rabia contenida de un elector derivada de un discurso de ocho años de que nada sirve.

VA: ¿Esa rabia también puede estar ligada al acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc?

ON: Yo ya no lo veo tan ligada al acuerdo, lo veo ligado a una polarización que, al final, es una fractura política del país basado en los miedos que se han vendido alrededor del presente y del futuro.

VA: A propósito de miedos y de violencias, ¿qué análisis tiene la Vicepresidencia de la República sobre el asesinato de líderes sociales?

ON: Es una gran contradicción que un país que puso fin a un conflicto con las Farc y experimenta la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años enfrente, en los dos últimos años, tenga un incremento de asesinatos de líderes sociales. Esa situación es no solamente contradictoria, sino que es inaceptable.

Lo que estamos viendo en relación con la muerte de líderes es que se empieza a focalizar en departamentos donde hay convergencia criminal basada en economías criminales como el narcotráfico y minería ilegal, y al mismo tiempo, una pretensión de expansión del Eln o el Clan del Golfo. Es claro que el mapa muestra esas convergencias, particularmente en Nariño, Cauca, Chocó y en unas zonas del norte de Antioquia.

Por otra parte, lo que estamos viendo es que, con el fin del conflicto, líderes que estaban silenciados en sus territorios empiezan a ser visibles y a elevar su voz; por lo tanto, se han hecho vulnerables. En el pasado, esa vulnerabilidad no existía porque habían silenciado ese liderazgo.

Estamos también frente a unos patrones microfozalidos en el territorio, donde es posible identificar las motivaciones que hay para asesinarlos y los victimarios que los están asesinando.

VA: ¿Qué patrones han identificado?

ON: Hemos identificado líderes asesinados por promover la sustitución de cultivos ilícitos; por renunciar a la minería criminal o ilegal; por el tema de la reclamación de tierras; y hemos visto líderes asesinados en la disputa local donde hay intereses particularmente de crimen organizado que se oponen a que esos líderes denuncien la corrupción.

VA: ¿Y qué ha hecho el gobierno nacional frente a eso?

ON: En este tema el gobierno nacional no ha sido un espectador indolente. En los últimos meses, con la Fiscalía, se ha logrado que el nivel de esclarecimiento de los homicidios pasara de un promedio histórico de los últimos diez años del 18 por ciento al 52 por ciento. Por lo tanto, hay un avance en la lucha contra la impunidad. (Ver más en: Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales)

Además, se ha puesto al servicio de la Fiscalía un nuevo cuerpo élite de la Policía que ha capturado a más de cien responsables o presuntos responsables de esos asesinatos. También hemos fortalecido el Sistema de Alertas Tempranas, para salirnos de la lógica de la reacción frente a la muerte, y avanzar en tareas de prevención ante la amenaza y el riesgo en las comunidades.

Y estamos socializando un decreto de protección colectiva de las comunidades, que nos saca de la protección individual cuando realmente tenemos que generar entornos seguros en el ejercicio del liderazgo.

VA: A propósito de las alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo acaba de emitir una de ellas para solicitar la protección de los líderes sociales sin tramitarlas ante la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), lo que se interpreta como un logro del acuerdo de paz con Farc, pero en marzo del año pasado se intentó emitir una alerta similar y no se pudo. ¿Cuál era el problema en el CIAT que frenaba las alertas?

ON: Lo que hace el Decreto 2124 (expedido el pasado 18 de diciembre) es darle autonomía a la Defensoría del Pueblo para que emita la alerta temprana sin que tuviera que ser discutida previamente en un comité donde realmente muchas veces o se subestimaba o se exageraba el pronunciamiento de la alerta. Aquí estamos asegurándonos que la alerta sea construida en asocio con las comunidades, previa indagación e investigación y análisis de la Defensoría del Pueblo de manera autónoma; y que el Estado, particularmente el gobierno, responda inmediatamente a la alerta. (Ver más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)

VA: ¿Qué pasaba en el CIAT que frenaba la emisión de alertas tempranas? ¿Se desestimaba porque al Ministerio de Defensa no le interesaba, porque a la Policía Nacional tampoco le interesaba?

ON: Realmente no lo sé. No puedo hablar de lo pasado. En mi época, hace siete años, cuando yo era Director de la Policía Nacional, las alertas tempranas se atendían.

VA: Una de las dificultades que tiene el análisis de los asesinatos de los líderes sociales son las cifras, difieren dependiendo de las fuentes. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en los números si, como usted lo explicó, las causas están tan claras?

ON: Es natural que no coincidan porque la caracterización sobre el liderazgo social en Colombia es dinámica. Hace unos años solamente era caracterizado como líder o defensor de derechos humanos quien ocupada un cargo directivo en una organización o una Junta de Acción Comunal. Hoy, la caracterización de los liderazgos se ha ido flexibilizando y ampliando. Ahí tenemos una dificultad grande frente a quienes piensan que debe haber una única cifra. Lo que ha pasado hoy es que la caracterización, dependiendo de quién la haga, es distinta. (Ver más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)

VA: ¿Y qué está haciendo el gobierno nacional para lograr un registro más preciso?

ON: Lo que estamos procurando es generar un sistema de homologación de esa caracterización con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es una autoridad en el mundo para ayudar a construir esa caracterización. Hemos tenido casos, por ejemplo, de una persona que participa de una asamblea comunitaria y a la salida es asesinada, inmediatamente las organizaciones sociales dicen ‘fue muerto un líder social’.

Nosotros no estamos entrando en esa discusión. La Vicepresidencia dice que ninguna muerte debe ser desatendida, pero claro ahí tenemos unas dificultades de homologación de cifras. Lo que también hemos dicho es que este tema no puede ser de análisis estadístico, es un tema de la vida individual de personas que resultan asesinadas por su participación en eventos comunitarios, por el ejercicio de su liderazgo social y porque hoy, sin conflicto, lo que estamos haciendo en las comunidades es invitarlas a que participen más, y tenemos que protegerlas sin entrar en el tema de las cifras.

VA: ¿Habría intereses privados, de ganaderos, de empresarios, en el asesinato de algunos líderes sociales?

ON: Lo que estamos diciendo con la nueva estrategia de la Fiscalía es que ese nivel de esclarecimiento seguramente avanzará a la identificación de los determinadores de esos asesinatos. Hoy, el Estado, el gobierno y la Fiscalía no nos queremos conformar con el autor material del crimen; queremos establecer qué conexidad hay entre ese autor material con un determinador en la región y ese determinador qué intereses protege, pero no todos los casos apuntan a un determinador, hay casos donde solamente hay autores materiales, otros donde la Fiscalía está construyendo esa relación de los intereses que criminales organizados están protegiendo.

VA: ¿De ese 52 por ciento de casos ya resueltos que referenció anteriormente, tienen ya identificados algunos determinadores?

ON: Hay indicios, particularmente de grupos en la Costa Atlántica, que apuntarían a que hay determinadores sobre los victimarios.

VA: ¿Y qué clase de grupos?

ON: Son intereses muy locales, muchos de ellos centrados en la tenencia de la tierra.

Cuota de sangre de la Farc

VA: Otra de las preocupaciones que expresan algunos sectores en el país es el asesinato de desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc, de sus familiares y de algunas personas cercana al movimiento político que crearon luego de dejar las armas. ¿Cuál es el análisis que hace la Vicepresidencia de la República?

ON: Al respecto, hemos constatado lo siguiente: desde la firma del acuerdo a hoy se ha producido el asesinato de 56 personas vinculadas a Farc, de las cuales 42 son excombatientes; un número de familiares de excombatientes; y un número muy reducido, de dos a tres personas, vinculadas al nuevo partido político Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), que no eran excombatientes ni familiares, pero sí cercanos. (Ver más en: Muerte de excombatientes de las Farc empañan seguridad en Ituango)

Esa situación en todo caso es inaceptable y nos ha llevado a corregir lo que, en principio, fue una especie de zona gris frente a los milicianos que se reincorporaron, porque no aparecían de manera directa para ofrecerles garantías de seguridad y protección; eran personas que no estaban en armas en el monte, ejercían su actividad de apoyo a las Farc por fuera de la ley en cascos urbanos y eran reconocidos por los pobladores, por lo tanto, tremendamente vulnerables. Ahí se produjo una primera oleada de muerte de milicianos. Eso lo hemos empezado a corregir en la medida que ellos se han acreditado en los listados, tomaron contacto con autoridades locales y el sistema empezó a tenerlos en el radar de la protección.

VA: ¿Y qué otras medidas están tomando?

ON: Lo que esperaría es que las medidas que estamos tomando, que tiene que ver con el avance de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que no se quedó en Bogotá y ha hecho reuniones regionales para identificar cada problemática y sugerir medidas, nos permita avanzar con el esquema de protección en la subdirección especializada de la UNP (Unidad Nacional de Protección) que tiene cerca de 400 excombatientes de las Farc capacitados y vinculados a los distintos equipos institucionales mixtos, donde hay Policía, UNP y gente de confianza de las Farc para protección individual.

Con las medidas que estamos tomando para proteger las sedes políticas y de campaña, y con unas tareas que tienen que ver con sistemas de coordinación territorial, con la llamada Carpa Azul, que es como una ventanilla única institucional donde están Fuerzas Militares, Policía, la Alcaldía, y otras instituciones, podamos mejorar los sistemas de prevención frente a esos crímenes.

VA: Hay quienes creen que se está configurando un escenario como el que acabó con la Unión Patriótica (UP) a finales de la década del ochenta. ¿Qué piensa al respecto?

ON: Francamente, en este primer año, yo no lo veo. Además, porque caso a caso, qué estamos probando, que excombatientes de las Farc han sido asesinados recientemente por el Eln y los han asesinado en circunstancias muy particulares, luego de tener reuniones con ellos, es decir, no es que les hagan una especie de cacería criminal para eliminarlos, sino que los invitan a reuniones alrededor del tema del narcotráfico y después de eso los asesinan.

VA: Habló usted de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuya conformación se acordó en los acuerdos con las Farc. ¿Realmente esa instancia si está siendo útil en estos momentos?

ON: Hay que preguntarle a los expertos y a las plataformas de derechos humanos que participan de esa comisión.

VA: Pero, desde la perspectiva del gobierno nacional, ¿cómo la ven?

ON: Creo que es una instancia inédita. Que una comisión de garantías tenga en su interior a las cuatro plataformas de derechos humanos participando no solamente del diagnóstico, sino sugiriendo el diseño de política pública para tomar medidas. Es muy útil porque ya no es el gobierno solamente escuchando a sus instituciones, es una instancia abierta a información sensible, que a veces no tienen las autoridades, pero, además, a una visión muchas veces crítica de lo que estamos haciendo para corregir.

VA: ¿Y esa voz realmente se escucha?

ON: Totalmente

VA: ¿Cuál es el logro tangible de esa comisión?

ON: El logro tangible de esa comisión, por ejemplo, ha sido, región a región, empezar a caracterizar problemáticas regionales para no tener estrategias nacionales generales que, realmente, a veces, no tienen impacto en un territorio.