En el departamento de Córdoba, la disputa por el control territorial y el sometimiento de las poblaciones son una constante en los últimos años y tienen un dramático telón de fondo: amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales que se exponen para defender los intereses de las comunidades que representan.

Las cifras son elocuentes: entre enero de 2016 y junio del presente año, fueron asesinados 20 líderes sociales, según los registros de la organización no gubernamental Somos Defensores.

Con antelación a que esos crímenes fueran ejecutados, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió varios informes advirtiendo sobre los riesgos que se cernían sobre diez municipios de ese departamento del Caribe colombiano. De haber sido atendidas eficazmente por las instituciones competentes, se hubieran podido evitar la muerte de por lo menos 17 de esos activistas.

La situación más alarmante se vive en los municipios de San José de Uré, Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta, en el sur cordobés. A pesar de contar hasta con seis y siete documentos de advertencia por parte del SAT desde 2016, en los seis primeros meses de este año fueron asesinados cuatro dirigentes comunales.

Si los escenarios de violencia y factores de riesgo están identificados con tanta anterioridad, ¿por qué se sigue prolongando el desangre de defensores de derechos humanos en esta región? En sus informes, el SAT ha planteado una respuesta: la reacción institucional se ha quedado corta en la adopción de estrategias de prevención para proteger a quienes asumieron el papel de abogar por los derechos de campesinos e indígenas.

“Son comunes las reiteradas demoras injustificadas, obstáculos y desidia en la implementación de los puntos uno, dos y cuarto del Acuerdo de Paz. A esto se suma el creciente fortalecimiento de la economía ilegal del narcotráfico”, sostiene esta agencia del Ministerio Público en la Alerta N° AT 083-18, haciendo referencia a la reforma rural integral, la participación política y la atención al problema de las drogas.

La queja de la Defensoría ha sido reiterativa en sus advertencias: “Conforme refirió este Despacho en el Informe de Seguimiento emitido el pasado 24 de octubre de 2019 […] se evidenció una insuficiente gestión institucional y limitaciones en términos de coordinación, particularmente en Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador”.

Río San Jorge, Corregimiento Juan José, Puerto Libertador. Foto Bibiana Ramírez

Rafael Martínez, secretario de Gobierno del municipio de Puerto Libertador, confirma un grave panorama de riesgo en la región: “Yo he sido de los que me he parado en escenarios a controvertir cifras, a controvertir estadísticas frente al mejoramiento del orden público”.

En relación con las recomendaciones de las Alertas Tempranas, el funcionario asevera que, en muchos casos, quedan reducidas a lo que se acuerda en los consejos de seguridad, en comités territoriales de justicia transicional, en comités de prevención, protección y garantía de no repetición o en concejos municipales de paz, reconciliación, convivencia y derechos humano

“En los espacios quedamos la Policía, el Ejército y la Alcaldía. A veces la Gobernación; la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas; esporádicamente, la Fiscalía; a veces, la UNP; SENA, muy ausente; Ministerio de Educación, muy ausente; Ministerio del interior, a veces llega a veces no, pero no hay una consistencia al interior de sus espacios que permitan adelantar acciones muy concretas”, se queja el funcionario.

Las falencias radican en la disposición de las entidades estatales en aunar esfuerzos para adelantar acciones de atención humanitaria a los hechos de emergencia que afectan a los pobladores en condición de vulneración y riesgo, dejando de lado una de las recomendaciones esenciales de la Defensoría del Pueblo: la prevención temprana a través del fortalecimiento de las condiciones de vida de las comunidades.

“En consecuencia, se espera que el despliegue institucional preventivo y protector del Estado en estos cuatro municipios del sur de Córdoba no se restrinja al accionar disuasivo de la Fuerza Pública en el territorio”, planteó el SAT en su Alerta Temprana 054-19.

Al respecto, Martínez reconoce que en un municipio como Puerto Libertador el despliegue de la Policía se queda corto. La única zona rural que visita es el corregimiento de Juan José, “y eso porque hay un hangar allá resguardado por el Ejército”, explica.

El resto de los 13 corregimientos no tiene presencia de la Policía de ningún tiempo y para el caso del casco urbano, 14 policías atienden las situaciones de una población de aproximadamente 17 mil personas. Esta situación se replica en el resto de municipios del sur del departamento.

“Nosotros entendemos que es necesaria la presencia del Ejército Nacional para estabilizar la zona, pero también entendemos que no solamente a través del esfuerzo armado se va a solucionar este problema”, afirma Martínez. A su juicio, “es la inversión, es la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros campesinos, es sacarlos de ese cultivo ilícito de la coca de la minería ilegal y de todos esos ejercicios ilegales que se convierten al final en el combustible para que el conflicto siga estando, incluso hoy, más vigente que nunca en nuestros territorios”.

Sobre ese punto es enfático el SAT, indicando que “para lograr una efectiva prevención de los diversos escenarios de riesgo, se precisa de una sostenida intervención estatal mediante la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad que posibilitan tal escenario de riesgo y del fortalecimiento de los factores institucionales y comunitarios de protección existentes que permiten afrontar dichos escenarios de riesgo”. (Leer más en: El Sur de Córdoba: teatro de guerra con poca atención integral del Estado)

Campesino del sur de Córdoba y el río San Jorge. Foto Bibiana Ramírez

Con mecanismos como el Plan de Acción Oportuna (PAO) —con el cual se busca articular, responsabilizar y atender las situaciones de riesgos de poblaciones puntuales, entre ellos líderes y lideresas sociales— se comprometió a los entes territoriales como garantes de la vida de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, en el sur de Córdoba varios alcaldes, secretarios de gobierno, personeros o fiscales están amenazados por los grupos armados ilegales y por eso Rafael Martínez, quien desde marzo de 2019 se encuentra amenazado, explica que no puede culparse indiscriminadamente la gestión de ellos en los territorios. “Son demasiadas cosas en los territorios para que el Gobierno Nacional siguen llegando responsabilidades a los mandatarios, es como decirte ‘no podemos protegernos nosotros mismos, cómo voy a salir a proteger a los líderes sociales’”, explica.

Al respecto, el Secretario de Gobierno de Puerto Libertador expresa que, aunque en varias ocasiones los recursos han sido insuficientes, se está apuntando a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas mediante el apoyo a los campesinos. El objetivo es generar un ambiente propicio para que no vean en la guerra y en las economías ilegales una opción y, de esa manera, ofrecerles garantías a los líderes sociales. Pero, aclara, que el pago de esa deuda histórica requiere acciones a largo plazo.

VerdadAbierta.com intentó contactar a José David Cura, alcalde de Montelíbano, y a Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, pero al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta de sus despachos.

Riesgos previos al Acuerdo de Paz

Foto VerdadAbierta.com

Diversos grupos armados ilegales se esparcían por el departamento de Córdoba años antes de la firma del Acuerdo de Paz. Confluían en algunas regiones las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), los frentes 5, 18 y 58 de las extintas Farc y los llamados ‘Caparrapos’, una herencia del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Registros de organismos estatales, incluso de las mismas Farc, indicaban que entre las Agc y la organización guerrillera había acuerdos con el fin de evitar enfrentamiento en un territorio de interés por la producción y comercialización de cocaína, especialmente en los alrededores del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, un enclave de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, de cristalizaderos de pasta y de tránsito hacia los golfos de Urabá y de Morrosquillo. (Leer más en: ¿Está vigente agenda de las Farc en Nudo de Paramillo?)

Hace siete años, el SAT planteó en la Alerta N° 015-13, fechada el 2 de mayo de 2013, la importancia de la región para el narcotráfico: “El transporte de la mercancía a través de múltiples rutas terrestres y fluviales articulan corregimientos como Tierradentro y Juan José con los municipios de La Apartada, Planeta Rica y Montería en dirección al golfo de Morrosquillo, la zona costanera de Córdoba o el golfo de Urabá que son las zonas de embarque y exportación”.

Esta agencia del Ministerio Público aseguró, en su momento, que en municipios como Montelíbano las antiguas Farc y las Agc se repartían el interés por los cultivos de hoja de coca, que experimentaron desde 206 un incremento del área sembrada. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), pasó de 2.668 hectáreas en ese año, a 2.780 en 2017, 4.636 en 2018 y 2.881 en 2019. “Sin embargo, en lo concerniente al transporte de la droga ilícita con fines de exportación o de comercialización interna, el control monopolístico es detentado por las AGC”, detalló la Defensoría en uno de sus informes.

Con el paso de los meses, los acuerdos entre estas estructuras armadas ilegales se fueron deteriorando. Así lo constató el SAT en su Alerta Temprana 005-16 para los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano. Sus análisis indicaban que para septiembre de 2015 las tensiones eran evidentes. Las mismas Farc le reconocieron a este portal esa situación. (Leer más en: Acuerdo entre Farc y ‘Gaitanistas’ está en crisis: ‘Rubén El Manteco’)

La institución advirtió sobre los actos de violencia que, finalmente, terminaron ocurriendo unos años después: homicidios selectivos, desplazamiento forzado, combates poniendo en riesgo a la población civil, restricciones a la libertad de circulación, desapariciones forzadas, extorsiones y estigmatización de las comunidades.

Puerto Frasquillo, Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

“Luego de un operativo policial en el cual fueron detenidos varios miembros de las AGC en Juan José, miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba recibieron amenazas de muerte al ser señalados de proporcionar información sobre los miembros de la organización armada ilegal”, registró el SAT en la Alerta Temprana N° 083-18, que advirtió de posibles riesgos en Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador.

Sin embargo, los intereses económicos de estos grupos armados ilegales van más allá del narcotráfico. Con el incremento internacional del precio del oro en los últimos cinco años, rebuscadores del preciado metal llegaron a la región con retroexcavadoras y se vieron obligados a pagar por “protección” a las estructuras criminales asentadas allí con el fin de trabajar sin mayores alteraciones.

Al respecto, documentos de la Defensoría del Pueblo refirieron pagos de hasta cinco millones de pesos sólo por el ingreso de la maquinaria y del 15 por ciento de la producción minera liquidada semanal o quincenalmente. En algunas ocasiones, los grupos armados se apropiaron de esas máquinas y optaron por manejar el negocio aurífero de manera directa.

Al narcotráfico y la extracción ilegal de oro se suman los cobros extorsivos, una práctica que abarca a diversos sectores productivos cordobeses, entre ellos a los contratistas de obras públicas de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano.

Los ‘gaitanistas’, según el SAT de la Defensoría, buscaban con esas extorsiones incidir en la contratación y participar de la ejecución de los presupuestos públicos bajo un ropaje de aparente legalidad. “Al parecer muchos otros casos se presentan en estos municipios, pero las amenazas y la desconfianza en la institucionalidad local continúan invisibilizando el fenómeno”, explica la Alerta Temprana N° 005-16.

La paz que no llegó

Serranía de Abibe, Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

A la par de las afectaciones generadas por organizaciones criminales en el Córdoba, avanzaban las conversaciones en La Habana, Cuba, entre el equipo negociador del gobierno nacional y los jefes de la guerrilla de las Farc, con el fin de ponerle fin a 53 años de confrontación armada.

Tras cuatro años de negociaciones, se concretó un acuerdo de paz que, pese a las discusiones, se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. La esperanza de que se silenciaran los fusiles y se abrieran espacios de reconstrucción social embargó a una buena parte del país.

Se creía que la dejación de armas y desmovilización de los frentes guerrilleros que operaron por décadas en el departamento de Córdoba se traduciría en un ambiente real de paz, pero, rápidamente, los pobladores de varias regiones del departamento vieron como ese optimismo se iba esfumando.

Los territorios abandonados por las Farc no fueron copados de manera efectiva por el Estado, tal como se había pactado; por el contrario, perdió terreno con las estructuras criminales que desde hace una década cuando menos estaban operando en distintas zonas cordobesas, entre ellas los ‘gaitanistas’.

Pero la codicia de varios de los integrantes de las Agc ocasionó divisiones internas que terminaron en la separación de un grupo de ellos, el Frente Virgilio Peralta Arenas, conocido también como ‘Caparros’ o ‘Caparrapos’, conformado por antiguos exparamilitares del Bloque Mineros de las Auc provenientes de Caparrapí, Cundinamarca. A ese ambiente bélico se sumaron las disidencias del Frente 18 de las Farc, que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

De acuerdo con la Alerta Temprana N° 083-18, las acciones armadas para tomarse los territorios dejados por las antiguas Farc habrían comenzado en septiembre de 2016, dos meses antes de la firma del documento final que le puso fin a la guerra con esa organización insurgente.

A finales de 2017, los ‘gaitanistas’ citaron a comunidades de las veredas La Danta, Tres Palitos, Alto Cristal, Boca de San Antonio, San Antonio, Alto Mira San Pedrito y los corregimientos San Juan y Brazo Izquierdo, del municipio de San José de Uré. En ese encuentro, les informaron sus intenciones de ocupar los espacios dejados por las extintas Farc.

Fuentes militares le informaron a la Defensoría del Pueblo que, entre octubre de 2017 y enero de 2018, el Frente Virgilio Peralta Arenas creció militar y territorialmente en varias zonas del sur cordobés y el Bajo Cauca antioqueño, lo que incrementó el riesgo en la región. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)

Para reforzar sus estructuras y hacerle frente a quienes les estaban disputando su hegemonía armada, los ‘gaitanistas’ trasladaron decenas de hombres del Urabá antioqueño al sur de Córdoba. De acuerdo con el SAT, llegaron de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá.

“Se desplazan en grupos grandes y en otras ocasiones en estructuras de 12 a 15 miembros, portando armas largas, uniformes camuflados y radios de comunicación; reforzados y en otros casos comandados por excombatientes de los frentes 5 y 58 de las FARC-E”, se advierte en la Alerta N° 005-18. Su objetivo: consolidar el monopolio de la criminalidad en la región.

Todos estos factores llevan a que el SAT, a través de la Alerta 026-18, terminara por confirmar el riesgo inminente de los pobladores cordobeses en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)

Atacan liderazgos

Transporte en el río Sinú, Tierralta. Foto Bibiana Ramírez

La disputa a sangre y fuego por el territorio alcanzó a los líderes y lideresas sociales que confiaron en el Acuerdo de Paz y se convirtieron en los principales promotores de iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

El primero en ser asesinado por esas razones fue José Yimer Cartagena, vocero de las comunidades rurales del sur de Córdoba el 11 de enero de 2017. Desconocidos lo retuvieron en la vía que del corregimiento de Saiza (Tierralta) conduce al municipio de Carepa y un día después su cuerpo sin vida fue encontrado cerca de la carretera.

Ese año también fueron asesinados Gonzalo Antonio Martínez, excombatiente de las antiguas Farc y presidente de la Junta de Acción Comunal de Pichindé, en hechos ocurridos el 20 de diciembre. Y cuatro días después, fue encontrado el cuerpo sin vida, y con múltiples heridas con arma blanca, de Guillermo Javier Artúz Tordecilla, vicepresidente de la Asociación Campesina de Productores Progresistas de la Vereda La Ossa (Ascaprodesa).

Para ganarse a las comunidades, los ‘gaitanistas’ adoptaron la práctica de entregar dineros y ayudas durante la pandemia generada por el covid-19 con el fin desarticular el tejido social y romper la cohesión comunitaria, circunstancia que ha sido rechazada por los líderes y lideresas sociales, lo que ha derivado en situaciones de riesgo.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención del especial peligro que corren las representantes de Juntas de Acción Comunal y las autoridades indígenas del pueblo Embera Katío, quienes no han tenido más opción que dialogar con quienes ostentan las armas para proteger a sus comunidades.

Desde la Alerta Temprana N° 023-18 sobre San José de Uré se empezaron a registrar los efectos de la disputa armada entre ‘gaitanistas’ y ‘caparros’ por el control del corredor que une el centro del país con las costas de los golfos de Morrosquillo y Urabá, así como de las hostilidades que se venían presentando contra los líderes sociales, campesinos y étnicos a través de las innumerables amenazas y asesinatos.

“Lo anterior genera terror en las comunidades, fragmenta su cohesión comunitaria y obliga al desplazamiento forzado como vía para eludir el riesgo”, se lee en la alerta del SAT.

El alto nivel de riesgo de las comunidades durante el 2018 impulsó a la Defensoría del Pueblo a emitir cuatro informes de Alerta Temprana advirtiendo las vulneraciones a los derechos humanos de la población civil generados por la guerra desatada por grupos armados ilegales en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, sur de Córdoba.

Uno de los hechos que reflejó la fragilidad ante el inminente riesgo que corrían las comunidades de esa región cordobesa se dio después del asesinato del líder comunal Plinio Pulgarín Villadiego, ocurrido el 18 de enero de 2018 en la vereda San Pedrito, de San José de Uré. Según registró la Defensoría, en horas de la madrugada de ese día, los ‘caparros’ lo acribillaron frente a su esposa y sus hijos.

Foto VerdadAbierta.com

“Luego de este homicidio, hombres con armas largas, vestidos con uniformes camuflados unos, otros con camisetas negras, fueron casa por casa convocando a las familias a una reunión en la casa comunal, a la que debieron asistir todos los pobladores”, reseñó el SAT. Allí les ordenaron desplazarse.

La amenaza recayó sobre 143 familias, integradas por 385 persona, que se refugiaron en el casco urbano de San José de Uré. Entre los desarraigados se contaron 25 hogares del pueblo Embera Katío.

Horas después de aquella reunión, la lideresa Diana Dorado fue amenazada por los ‘caparros’, razón por la cual se vio obligada a dejar la región. Tanto ella como Pulgarín abanderaban el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito pactado en el Acuerdo de Paz.

A finales de enero de 2018, fue asesinado Antonio María Vargas Madrid, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ilusión, de San José de Uré. El crimen provocó el desplazamiento de 17 familias.

Los exacerbados niveles de violencia registrados en el 2018 y los ataques contra los liderazgos campesinos e indígenas, desarticularon varios procesos comunitarios y generaron miedo en quienes participan de escenarios de liderazgo y cooperación con el Estado.

Al respecto, el SAT concluyó en la Alerta Temprana N° 083-18 sobre Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador que “las nuevas organizaciones ilegales que surgen o se reconfiguran en el territorio, pretenden a través de actos de violencia desproporcionada, administrar el miedo de los residentes aprovechando la prolongada imposición que ha llegado a institucionalizarse”.

Familiares de líderes sociales o participantes de espacios de representación social también han sido víctimas de la violencia, como ocurrió el 23 de julio de 2018 en horas de la noche, cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo dentro de la vivienda de Belarmino Vargas Madrid, hermano del tesorero de la vereda La Ilusión, Antonio María Vargas Madrid, asesinado seis meses atrás. Cinco personas, resultaron heridas.

Entre 2018 y 2019, la Defensoría cuenta “14 desplazamientos masivos de comunidades campesinas e indígenas, masacres, homicidios en persona protegida, utilización de métodos y medios para generar terror en la población civil, desapariciones presuntamente forzadas, amenazas de reclutamiento forzado, entre otras graves conductas vulneradoras de los Derechos Humanos e infracciones al DIH”.

Cotidianidad en Puerto Líbertador. Foto Bibiana Ramírez

El 2020 no ha significado calma para los pobladores del sur de Córdoba ni para sus líderes. La violencia entre grupos armados ilegales se ha exacerbado dramáticamente, agravada por la expansión del covid-19. De las amenazas y asesinatos se pasó a las masacres. Registros de este portal indican que, al cierre de esta investigación, se han perpetrado tres masacres este año, dos en San José de Uré y una más en Tierralta, dejando, en total, nueve personas muertas.

El clamor por medidas de prevención ha sido generalizado en la región, sin que haya una respuesta efectiva. De hecho, en un reportaje publicado por VerdadAbierta.com el pasado 30 de julio, varios líderes cuestionaron la ineficacia de la Fuerza Pública para contener la violencia contra las comunidades. (Leer más en: ¿Por qué Ejército y Policía no reaccionan con contundencia en el Sur de Córdoba?)

Los cuestionamientos persisten, a la par que las acciones violentas contra quienes le apostaron a la implementación del Acuerdo de Paz. El pasado 13 noviembre, cuando el país se detuvo para ver el partido de fútbol de la Selección Colombia, tres integrantes de una familia vinculada al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) fueron masacrados en Tierralta.