Durante las negociaciones que desembocaron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, líderes y lideresas del sur de Córdoba recuerdan haber experimentado un ambiente de calma, pero no una paz plena, debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales, que limitan la labor de los voceros de las comunidades y de las organizaciones sociales, y les generan graves riesgos.

“Ya estamos cansados de la guerra, nosotros nacimos dentro del conflicto armado y todavía seguimos dentro del conflicto armado. Ya queremos salir de ese círculo”, lamenta un líder que pidió mantener su nombre en reserva.

La confrontación en los últimos años entre grupos herederos del paramilitarismo, guerrillas, disidencias de las extintas Farc y la Fuerza Pública, ha sido particularmente grave para las comunidades y sus voceros en regiones como la de San Jorge, poblada por campesinos e indígenas.

El coronel Jairo Alfonso Baquero, comandante de Policía Córdoba, sostiene que las agresiones contra líderes y lideresas estarían relacionadas con el control territorial sobre zona integradas a rutas de producción y comercialización de cocaína, y precisa que la mayoría de los hechos violentos han tenido lugar en áreas rurales de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta.

Sin embargo, el narcotráfico es apenas una de las piezas del cuadro de violencia cordobesa. Oposición a proyectos mineros; implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); representación en Juntas de Acción Comunal; y la constante defensa de los derechos humanos también incomodan a los que ejercen el poder ilegal, quienes recurren a amenazas, estigmatizaciones, atentados, asesinatos y desplazamientos forzados para afectar a las comunidades y a sus voceros.

La organización Somos Defensores, que documenta la situación de riesgo de líderes y lideresas sociales desde el 2002, asevera que, de los 16 líderes sociales asesinados en el departamento desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, hasta el pasado 30 de junio, por lo menos 13 han ocurrido en el sur de Córdoba.

¿Quiénes son los victimarios? En el sur cordobés operan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamados por las autoridades ‘Clan del Golfo’; el Frente Virgilio Peralta Arenas, conocido como ‘Caparros’ o ‘Caparrapos’; y el Nuevo Frente 18, una disidencia de las extintas Farc. Un coctel de violencia perfecto de alto impacto.

Razones poco claras

Yimer Cartagena en Cumbre Agraria en Montería, marzo de 2014. Foto Bibiana Ramírez.

El primer asesinato en el sur de Córdoba ocurrió el 10 de enero de 2017, cuando José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder de Marcha Patriótica, fue baleado en el municipio de Tierralta.

“Estábamos en unas reuniones en el corregimiento de Palmira con el defensor Iván Ojeda, recibiendo unos talleres de capacitación con el tema de derechos humanos, cuando nos llegó la noticia de que habían asesinado al compañero Yimer Cartagena en Saiza, en los límites de Carepa (Antioquia). Un asesinato muy horrible”.

En su camino al municipio de Carepa, en el vecino departamento de Antioquia, Cartagena, de 27 años, fue secuestrado por hombres armados. “Cogió el carro veredal en El Cerro como a las 4 de la tarde, y por ahí en mitad de camino había un retén de paramilitares. Lo bajaron solamente a él”, recuerda un líder de la región. Un día después, su cuerpo fue encontrado en un potrero con signos de tortura y múltiples laceraciones con arma blanca.

“El 24 de diciembre de 2016, vino él aquí a Tierralta. Me dijo que se había encontrado a los paramilitares en la vía que va de Saiza a Mutatá, le dijeron que ellos con nosotros (Asodecas) no tenían represalias, pero que al ‘sapo’ lo mataban por encima de la cabeza que fuera”, relata un líder.

Y continúa: “Cuando Yimer me dijo eso, a mí se me vino un presentimiento y yo le dije ‘Yimer, eso te lo dijeron fue a ti, te amenazaron fue a ti. Tú por qué no dejas de andar por el Urabá’. Me dijo ‘voy a dejar de irme por ahí, sólo esta vez y ya’”, relata el líder.

Cartagena abanderaba la implementación del Acuerdo de Paz y, particularmente, del PNIS. Sus amigos y compañeros creen que su asesinato fue un mensaje claro para todo aquel que estuviera involucrado en procesos organizativos o que defendiera la puesta en marcha de lo pactado con las extintas Farc y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.

En lo que en apariencia fue un avance en la resolución de este crimen, agentes de la Policía Nacional capturaron el 31 de enero de 2017 a Adrián Manco Higuita, alias ‘Camilo’ o ‘Manco’, presunto jefe de sicarios de las Agc en el municipio de Carepa. La Fiscalía lo presentó como “presunto responsable de participar en el homicidio de José Yimer Cartagena Úsuga” y en septiembre de 2018 aceptó cargos por este homicidio, motivo por el cual fue condenado a 20 años de prisión.

Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuestas. “Con el caso de Yimer Cartagena, nos preguntamos, ¿quién autorizó la muerte de Yimer? ¿Quién está interesado dentro del Parque Nudo del Paramillo, en el corregimiento de Saiza, más exactamente, para que Yimer no defendiera los Acuerdos de Paz y el PNIS? Eso no ha sido esclarecido”, concluyen en Córdoba algunos líderes sociales.

En los últimos cuatro años, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo registró otros casos de violencia contra participantes del PNIS y advirtió sobre los riesgos que pueden afrontar quienes abanderen la implementación de algunos de los programas que contempla el Acuerdo de Paz.

Arnobis Zapata, uno de los líderes sociales más destacados del sur cordobés, quien ha trabajado hombro a hombro con las comunidades durante años y ha impulsado el programa de sustitución, se cuestiona sobre la relación de los procesos de erradicación de cultivos ilegales con la violencia contra líderes en el departamento de Córdoba.

“Lo que manifestaron ellos —las Agc— fue que si no obligábamos a ninguno y la gente iba conscientemente y sustituía voluntariamente los cultivos, pues no iba a haber ningún problema, que ellos iban a tener choque con nosotros en el momento en el que nosotros obligáramos a la gente meterse en el programa”, cuenta este directivo de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor).

Aunque no se refirió el caso de Yimer, lo que pudo observar en su trabajo territorial lo hace dudar sobre que las razones de fondo que justificarían los episodios de agresiones y asesinatos de líderes sociales en el sur cordobés.

“Ellos lo que dijeron fue que ‘nosotros sabemos que el Gobierno les va incumplir con eso, así que háganle ahí hasta donde puedan y nosotros vamos a estar aquí, igual, en territorio esperando que suceda eso”, asegura Zapata, quien plantea una paradoja en el accionar de esa estructura armada: si ellos quieren que prevalezca la siembra de hoja de coca, buscarían es que la gente se quede en el territorio, pero lo que ellos están haciendo en San José de Uré no es eso, allí han empujado a la gente a salir”.

Varios líderes cordobeses han planteado una hipótesis sobre la que vienen reflexionando desde hace varios meses. Según ellos, el propósito de los grupos armados ilegales en el sur de Córdoba es desocupar el territorio. ¿Para entregárselo a quién? “Detrás de esos asesinatos hay una clara intención de que necesitan el territorio sin gente. Hay otros intereses que no se han dicho ni se han investigado”, le dijo a este portal un vocero comunitario en julio pasado. (Leer más en: ¿Por qué Ejército y Policía no reaccionan con contundencia en el Sur de Córdoba?)

Zapata cuestiona la facilidad de movilidad de las empresas del sector minero-energético en la región: “A los líderes que están en oposición a las actividades del sector minero-energético, los grupos les han dicho que se queden callados y en las comunidades, incluso, han intentado desarticular esos movimientos sociales que salían a movilizarse por algún tema relacionado con su territorio”.

En el informe departamental de junio de 2020 preparado por el Equipo Local de Coordinación de Córdoba se advierte que, según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), para el año 2019 se registraron 2.337 hechos victimizantes de desplazamiento en seis eventos masivos detonados por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, amenazas, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil.

Este año, uno de los episodios de desplazamiento masivo tuvo lugar después de la masacre de tres personas en la vereda La Cabaña, del municipio de San José de Uré. Según información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), se desplazaron 116 familias hacia el centro poblado y se refugiaron en el polideportivo de La Esperanza.

¿Y la Fuerza Pública?

Río San Jorge, Nudo de Paramillo. Foto Bibiana Ramírez

La propagación de la violencia en el departamento de Córdoba ha sido respondida en los últimos tres años con el aumento del pie de fuerza militar. Este contexto causó episodios de desplazamiento, en los cuales particularmente se afectó a las comunidades indígenas ribereñas del Río Sinú, Esmeralda y Río Verde, los Embera Katío.

Uno de esos hechos ocurrió a finales de 2017 a raíz del enfrentamiento entre las Agc y las Fuerzas Militares, en el marco de la Operación Agamenón II. Ese choque armado generó el desplazamiento masivo de 211 hogares conformados por 704 personas de las comunidades del pueblo Embera de Junkaradó, Karakaradó, Wido y Cachichí.

Un funcionario, que prefiere mantener su identidad en reserva, vincula la fuerte militarización territorial con factores que no solo ponen en riesgo los liderazgos sino a todo aquel que diste de las acciones de las empresas asentadas en la región, pues asegura que más allá de proteger a la población se están defendiendo intereses de proyectos minero energéticos desarrollo.

Otro factor de riesgo que exponen algunos líderes sociales es la Red de Participación Cívica, con la cual se busca vincular a la población civil como cooperantes de la Policía Nacional. A su juicio, este tipo de iniciativas podría dejarlos expuestos ante los actores armados ilegales.

Al preguntarle al Departamento de Policía de Córdoba por estas preocupaciones, aseguraron que no han recibido ninguna queja por parte de la comunidad y que cuentan con más de 28.746 ciudadanos vinculados de “forma voluntaria”.

Otra de las estrategias de las autoridades policiales es el Frente de Seguridad Empresarial, mediante el cual se ha buscado ofrecer, desde la institución, respuesta efectiva a la criminalidad que pueda afectar al sector privado.

En las áreas rurales, la Fuerza Pública muestra resultados en los últimos cinco meses. En enfrentamiento con tropas del Ejército murieron Edwin Orozco Donado, alias ‘Caballo’, y José Matides Lora, alias 'Pollo Gordo', integrantes del Frente Rubén Darío Ávila, de las Agc; además, se anunció la captura de Miguel Enrique Pérez Murillo, alias ‘Cebollas’, del Frente Zuley Guerra, también de los ‘gaitanistas’.

Sin embargo, Zapata es crítico con las labores de la Fuerza Pública y asegura que no está llegando a los lugares por donde transitan los grupos armados ilegales, y que los enfrentamientos son fortuitos: “De resto, uno no ve que haya una persecución directa. A pesar de que la gente le da la información de ‘hay un grupo en tal lado’, el Ejército no reacciona. Ni el Ejército ni la Policía”.

VerdadAbierta.com intentó contactar con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, Alberto Rodríguez, pero no pudo concretar una respuesta con la persona que le maneja su agenda.

Acostumbrarse a los fusiles

Cerro Matoso, Puerto Libertador. Foto Bibiana Ramírez

“Mientras ellos —las Agc— estuvieron solos en la zona, el llamado era a unirse a ellos. Incluso, hicieron muchos llamados a unirse a las políticas de ellos”, asevera Zapata. Y la fuerza de la coerción ilegal, agrega, ha ocasionado que “muchos líderes de Juntas de Acción Comunal tienen que hacer, efectivamente, lo que ellos digan”. El riesgo de negarse se puede pagar con la vida.

La inserción social de ese grupo armado ilegal, que surgió en el Urabá antioqueño a mediados de 2006, es de tal magnitud que el SAT de la Defensoría del Pueblo lo ha advertido en uno de sus informes y ha explicado por qué: “El empleo por parte de las AGC de dádivas y obsequios [pretende] desarticular el tejido social de base y romper la cohesión comunitaria”.

“Incluso son los que celebran las navidades, los que hacen la fiesta para la comunidad, los que dan los regalos para los niños”, complementa Zapata.

El funcionario de la región resalta que no hay inversión social en el sur del departamento y ese es uno de los graves problemas que genera un escenario propicio para que las comunidades vean en las economías ilegales una alternativa y al actor armado como una autoridad válida.

Las repercusiones de esta validación e inclusión económica ponen en riesgo y deslegitiman los procesos organizativos. “Uno conoce el territorio y sabe cuándo la gente está acostumbrada a un grupo”, resalta el vocero campesino de Córdoba.

Reconoce también que, en un primer momento, hubo un rechazo y que la gente intentó mantener distancia de los actores armados ilegales, pero las comunidades han asimilado que tienen un poder en la región.

“Los territorios en conflicto tienen esa característica, que el actor que llega y pone las reglas y demuestra que es el que está en el territorio, entonces la gente lo que hace es aceptar las reglas y trabajar sobre esas reglas”, se lamenta Zapata.

En sus informes del SAT, la Defensoría del Pueblo ha sido insistente en solicitar a gobernantes locales y regionales que destinen recursos y se planteen programas sociales claros para atender las comunidades en sus necesidades más apremiantes, en la defensa de los derechos humanos y en la protección de los liderazgos en el departamento. (Leer más en: El plan del Estado: responder a la tragedia sin prevención)

“Yo creo que no están haciendo absolutamente nada para prevenir. Los alcaldes responden a las situaciones que se presentan en los territorios Y eso digamos que no está del todo mal, pero no está previniendo”, afirma Zapata.

Con esa misma queja concuerda la fuente institucional del territorio, consultado para este reportaje, y precisa que no ve un esfuerzo integral por parte de la Gobernación de Córdoba para hacerle frente a las necesidades de las comunidades rurales del sur del departamento.

Para conocer la opinión del gobernador Orlando Benítez, se le remitió un cuestionario a través de su jefa de prensa. No obstante, al cierre de este artículo, VerdadAbierta.com no recibió respuesta alguna sobre sus planes, presupuesto y resultados bajo las recomendaciones expedidas por la Defensoría del Pueblo en materia de líderes sociales.

La pandemia agrava

Casa campesina en el alto Sinú. Foto Bibiana Ramírez

Con el pasar de los meses, en un contexto de crisis sanitaria generada por la expansión del covid-19, que llegó al país el 6 de marzo de este año, la seguridad para los líderes empeoró y sus labores sociales entre las comunidades se limitaron. El control de los actores armado en la región se ha fortalecido: “Son los que controlan aquí todo”, reconoce un funcionario departamento, que pidió la reserva de su nombre.

Las restricciones a la movilidad impidieron que, efectivamente, líderes y lideresas del sur de Córdoba pudieran tener mayor incidencia en medio de las restricciones impuestas por el gobierno nacional desde finales de marzo de este año.

En la perspectiva de Zapata, “la pandemia lo que hizo fue hacernos perder terreno que ya habíamos ganado. No podernos nosotros mover a los territorios y que los grupos, al fin y al cabo, se movieran por todos lados, organizativamente ha debilitado a los movimientos”.

Además, las afectaciones a la economía han posicionado a los grupos armados ilegales que llegan con ayudas económicas como salvadores. Los líderes denuncian que son los ilegales los que están dando o prestando dinero. Ese ambiente se vuelve peligroso para los liderazgos porque “al momento en que ellos ganen comunidad, que antes estaba con los líderes, pues eso puede traer algún tipo de consecuencias luego”, se lamenta el líder cordobés.