18 de abril 2020
La Defensoría del Pueblo alertó al Estado de manera oportuna sobre los riesgos inminentes en los municipios donde ejercían su activismo, pero nada se hizo. Así se desprende del análisis de un conjunto de documentos producidos por esta entidad en los últimos cuatro años y remitidos a diversas instituciones estatales.
VerdadAbierta.com consultó y reseñó los informes de riesgo, las alertas tempranas y las notas de seguimiento, que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió entre 2016 y 2019. En total, son 17 documentos mediante los cuales se alertaron a las autoridades locales, regionales y nacionales sobre los riesgos a los que estaban expuestos los caucanos desde la concentración de las tropas de las Farc y su dejación de armas, así como durante la implementación del Acuerdo de Paz.
Una lectura en conjunto de esos documentos retrata con detalle la feroz lucha en la que múltiples grupos armados, antiguos y nuevos; locales y foráneos; con nombres propios y apócrifos; se han enfrascado para hacerse con el dominio de territorios y capturar las rentas ilícitas que durante décadas explotaron o distribuyeron las Farc.
Uno de los informes de riesgo de 2016, emitido el 24 de octubre para el municipio de Corinto, destaca que gracias al cese al fuego unilateral que las Farc decretaron el 20 de julio de 2015 y el posterior bilateral que las delegaciones de paz en La Habana acordaron en septiembre de 2016, disminuyeron sustancialmente la violencia y los riesgos producidos por el conflicto armado.
Sin embargo, acto seguido, contrasta que “se continúan registrando hechos y conductas que afectan a la población civil por amenazas, homicidios y desplazamientos forzados (…) En determinados panfletos se han ofrecido cifras de dinero por la muerte de comuneros y líderes. La situación de riesgo es grave para los líderes de las organizaciones sociales, quienes son presionados e intimidados por desarrollar labores de defensa de derechos humanos y reivindicaciones sociales”.
En ese año fueron asesinadas varias personas que apoyaron la instalación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización, en donde se concentraron los miembros del Sexto Frente de las Farc y otras estructuras del antiguo grupo subversivo. También mataron a quienes lideraban la constitución de Zonas de Reserva Campesina en la región.
En 2017, fueron emitidos cuatro informes de riesgo para los municipios de Caldono, Argelia, El Tambo, Patía, Morales, Jambaló y Toribío, y en ellos se alertó de la expansión del Eln desde el sur hacia el norte de Cauca.
Por ejemplo, el Informe de Riesgo 019-17, emitido el 21 de abril, señala que “con el agrupamiento de las FARC en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la influencia y control territorial que tenía ese grupo guerrillero es pretendido ahora por el ELN, que también ha hecho presencia en los municipios del sur del Cauca en años atrás, pero que ahora se siente con mayor fortaleza, generando temor en la población civil”.
En concreto para Argelia, El Tambo y Patía, el SAT informa que grupos violentos, surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), amenazaron a 136 personas. A la par, definieron toques de queda, pintaron grafitos y amenazaron a líderes comunitarios de asociaciones mineras y Juntas de Acción Comunal, “señalándolos de colaboradores del ELN”.
Al respecto, el Informe de Riesgo señala que “en el caso de los grupos posdesmovilización la situación de riesgo inició con la aparición de grafitos y panfletos que amenazaban de forma generalizada, así como particular a líderes representativos. Así ocurrió en los corregimientos de Huisitó y Fondas (El Tambo) donde aparecieron letreros de las 'AUC', así como con la circulación de un panfleto en la cabecera municipal del municipio de Patía (El Bordo) que señalaba 'han llegado de nuevo Los Urabeños al pueblo y se inició la limpieza', el mismo día se presentaron homicidios en la localidad”.
Dos meses después y por primera vez, en el Informe de Riesgo 024 de 2017, la Defensoría del Pueblo refiere la presencia del Ejército Popular de Liberación (Epl), grupo disidente de la guerrilla de mismo nombre que se desmovilizó en 1991 y que se dedicó a delinquir en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.
“En el caso de las disidencias, avanzan en un proceso de recomposición con personas provenientes de otras zonas del país, y estarían utilizando otro tipo de siglas como las de ‘EPL’ (grupo guerrillero que nunca ha tenido presencia en el municipio de Morales ni en departamento del Cauca), para generar temor e intimidación en la población”, le informó el SAT al alcalde de ese municipio del norte de Cauca.
Igualmente, alertó por el arribo del Eln: “Desde el año 2016 ha realizado incursiones a municipios del norte con una firme intención de ocupar los lugares abandonados por las FARC-EP. Bajo este panorama, es posible que se presenten disputas entre estos grupos y con la fuerza pública, que se establezcan alianzas para el control territorial y poblacional, o que el ELN pretenda el control hegemónico como grupo armado ilegal con mayor capacidad de crecimiento en el corredor de movilidad que ofrece la cordillera occidental hacia los municipios del norte del Cauca, incrementando la situación de riesgo para estas comunidades”.
A partir de esa época, las comunidades de diferentes regiones de Cauca pasaron de tener que lidiar con las Farc, a hacerlo con una multiplicidad de grupos armados con intereses en conflicto.
El 15 de junio se emitió el Informe de Riesgo 024-17 para el municipio de Morales; y el 6 de julio el 032-17 para Jambaló, Toribío y Caldono, que centró su atención por el accionar de dos nuevas disidencias: “Los disidentes del acuerdo de paz de las FARC-EP y/o ‘Patria Libre’ y/o ‘Patria Grande’, de manera independiente o en posible asocio con el EPL han estado presionando e intimidando las autoridades tradicionales indígenas de los resguardos Toribío, Tacueyó y San Francisco (del municipio de Toribío) y a los Nej Wexs (consejeros) del municipio de Jambaló, donde con anterioridad estuvo el Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP”.
El panorama en 2018 fue más complejo y el SAT en total emitió seis Alertas Tempranas, que abarcaron los municipios de Suárez, Argelia, Cajibío, Morales, Miranda, López de Micay, Caloto y Corinto. En estos nuevos informes se evidencia una escalada mayor en la violencia y en la confrontación entre los diferentes grupos armados, a lo largo y ancho de Cauca.
La primera Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo en ese año, expedida el 2 de enero, fue para el municipio de Suárez, a raíz de las “disputas” entre disidencias de las Farc, el Epl y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Y en ella resaltó las amenazas que recibieron integrantes del Concejo Municipal por denunciar su presencia.
Es de las primeras llamadas de atención del SAT sobre los riesgos a los que se exponían quienes lideraban la implementación de programas relacionados con el Acuerdo de Paz: “También se encuentran en situación de riesgo líderes campesinos, integrantes de cabildos indígenas y juntas de gobierno afrodescendientes que se encuentran promoviendo la incorporación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), debido a la oposición de los grupos armados ilegales a estas iniciativas”.
Tres semanas después fue emitida otra la Alerta Temprana sobre afectaciones a quienes desde las comunidades auspician el PNIS, la 018-18, pero en un punto opuesto de la geografía departamental: Argelia, municipio ubicado en el sur. “En especial situación de riesgo se encuentran los integrantes de las juntas de acción comunal, así como los líderes representativos de las organizaciones campesinas y sociales que están siendo presionados y amenazados por los grupos armados ilegales si se hacen participes de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito que promueve el Gobierno nacional”, reza su segundo párrafo.
En la Alerta Temprana 035-18, para el municipio de Miranda, cuyas dinámicas de grupos armados, cultivos de uso ilícito y minería ilegal son similares a sus localidades vecinas, el SAT expresó preocupación por los métodos violentos con los que operaron contra la población las disidencias y el Epl, al igual que su rápido crecimiento, la expansión hacia municipios aledaños y su capacidad de enfrentar a la Fuerza Pública.
“Los integrantes de los cabildos, autoridades indígenas tradicionales y representantes de las comunidades campesinas, así como exjefes guerrilleros que hoy son líderes en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación), han sido objeto de las amenazas que pueden materializarse en ataques contra la vida, la integridad, la seguridad personal y sus derechos civiles y políticos”, advirtió la alerta. “Los representantes de las comunidades, además han manifestado que no tienen garantías para ejercer el liderazgo por lo que se ven obligados a alejarse de los procesos comunitarios”.
La primera Alerta Temprana para un municipio del Pacífico caucano tras la dejación de armas de las Farc fue emitida el 9 de junio de 2018, lo cual no significa que no siguieran vigentes las emitidas antes de 2016. Los cambios en la región, particularmente en el municipio de López de Micay, se dieron por cuenta de la aparición de nuevas bandas con armas que pusieron en riesgo la vida de los pobladores de la región del Naya: las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Unido del Pacífico, las primera nacientes en Nariño y la segunda asociada a disidentes del antiguo Frente 30 de las Farc.
“Los mencionados grupos armados ilegales se encuentran en disputa por el corredor de movilidad que comunica los departamentos del Valle y Cauca por la cuenca del río Naya, zona geoestratégica para el transporte de derivados de la producción de coca. Su influencia violenta ha provocado restricciones a la movilidad de las comunidades del bajo Naya, quienes se ven compelidos a limitar el tránsito al desarrollo de sus tareas comunitarias de pesca, minería y agricultura”, detalla el SAT. (Leer más en: ¿Se avecina guerra entre disidentes de las Farc en el Naya?)
Finalmente, con el riesgo advertido en los cuatro puntos cardinales del departamento, en 2019 sólo se emitieron tres documentos de advertencia por parte de la Defensoría del Pueblo, para los municipios de Suárez, Santander de Quilichao y Patía, respectivamente.
En la primera, publicada el 15 de agosto, 18 días antes de que fuera masacrada Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, junto con su madre y cuatro líderes sociales más, el SAT había indicado: “Es importante señalar que los factores de amenaza no solo están ligados a la disputa territorial que están llevando acabo los grupos armados ilegales, sino también a los procesos que vienen adelantando los líderes y lideresas, encaminados a superar las condiciones estructurales que son finalmente las que alimentan y perpetúan el conflicto armado, que no se supera aún pese al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC-EP”.
Y recalcó que, tras la dejación de armas de las Farc, la dinámica del “conflicto” cambió: “La incertidumbre es una característica fundamental dentro de este escenario, toda vez que la población civil, que había logrado sobrevivir con un grupo armado ilegal en su territorio, se ve enfrentada ahora a varios grupos armados ilegales, que al parecer se encuentran desprovistos de elementos políticos e ideológicos, y están volcados sobre el control de las economías”. (Leer más en: Suárez, tres años bajo fuego)
Ese postulado está en sintonía con la Alerta Temprana que expidió el 4 de diciembre para Santander de Quilichao, municipio al norte de Cauca, considerado como su segunda capital: “La situación de amenaza y riesgo para los pobladores del Norte del Cauca se ha complejizado desde finales de 2018 y lo largo del 2019, puntualmente desde la declaratoria de las disidencias de FARC-EP de retomar el control territorial, señalando que se reorganizarían en adelante por medio dos subestructuras: Columna móvil Dagoberto Ramos que estaría operando entre los municipio de Miranda, Corinto, Caloto y Santander de Quilichao; y la Columna Jaime Martínez en Buenos aires, Suarez, Jamundí en Valle, entre otros”.
Y en su última Alerta Temprana de 2019 para Cauca, del 27 de diciembre, el SAT identifica el tercer grupo disidente de las Farc que se ha consolidado en el sur del departamento: la Columna Carlos Patiño. “Allí la facción disidente despliega controles sobre el ingreso al territorio, impulsados por la necesidad de mantener vigente el corredor de movilidad interregional que comunica, a través de la cordillera occidental, a los municipios de Argelia, Tambo, Patía, Balboa, la Costa Pacífica y el norte del departamento de Nariño. En paralelo a lo anterior, este grupo imparte normas de comportamiento; comete hechos de violencia contra quienes considera transgreden sus regulaciones o a quienes acusan de afectar la convivencia; supervisa el ingreso y salida de personas; entre otras”, indica.
En medio de las 15 advertencias a nivel departamental que emitió el SAT entre 2016 a 2019, también fueron expedidos el Informe de Riesgo 010-17, del 30 de marzo de 2017; y la Alerta Temprana 026-18, del 28 de febrero de 2018, con carácter de nivel nacional, en los que se advirtieron los riesgos que padecían 337 organizaciones sociales en 265 municipios. En el primer documento se alertó la existencia de peligro para defensores de derechos humanos en 19 municipios de Cauca, y en el segundo se extendió a 28.
En la mayoría de esos documentos, la Defensoría del Pueblo hace una observación similar a la que expresaron el Relator y la Alta Comisionada de la ONU en sus informes del mes pasado: “La tardía llegada de las instituciones civiles y militares del Estado colombiano para copar los espacios que dejaron las desmovilizadas FARC-EP ha favorecido la incursión de dichas estructuras. El incumplimiento de compromisos firmados en el Acuerdo Final de Paz y de otros establecidos con anterioridad directamente con las comunidades por parte del Gobierno Nacional, han generado cierta resistencia hacia la institucionalidad, debilitando la posibilidad de avanzar en la consolidación de la paz en los territorios”.
