Entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016, la gente del campo colombiano empezó a creer que el largo conflicto armado colombiano por fin empezaba a mermar. La negociación de paz entre Farc y gobierno en La Habana, Cuba, avanzaba con éxito y se sentía genuina, pues la guerrilla esta vez le bajó a la violencia, en lugar de subirle, como había hecho en intentos de diálogo anteriores.

En el territorio de Guaviare, más grande que Bélgica u Holanda, y con apenas 82 mil habitantes, la gente que había sufrido bajo frentes guerrilleros y algunos grupos paramilitares, no fue la excepción. En dos de sus cuatro extensos municipios, El Retorno y Calamar, los combates entre Fuerza pública y guerrilla cayeron casi a cero, reportó el informe por el que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo volvía a revisar las condiciones de riesgo, que venía siguiendo desde 2012*. Los armados no habían vuelto a atentar contra la infraestructura ni el transporte público, como era lo usual antes.

Ese mismo informe, sin embargo, hizo una advertencia. En algunas veredas y resguardos indígenas, presuntos miembros de guerrillas seguían extorsionando y amenazando a la gente, reclutándoles sus hijos e hijas, forzándolos a desplazarse, restringiendo su movilidad, minando los campos e intentando controlar su vida cotidiana.

Una nota de seguimiento del SAT del 20 de junio de 2016, advirtió que en Miraflores el Frente Primero de las Farc había forzado a la gente a desplazarse, para evitar que sus hijos fueran reclutados. “A pesar de los anuncios de las FARC-EP frente a la suspensión del reclutamiento de menores de edad, la Defensoría conoció un caso de reclutamiento de una menor de 16 años en la vereda Caño Tigre durante el mes de junio”, decía el reporte, que se hizo público apenas un mes después de que en La Habana acordaran una ruta para desvincular de la guerra a los menores de 15 años.

El 6 de julio siguiente, la Defensoría del Pueblo volvió a sonar la alarma: “Tanto en la cabecera municipal como en la zona rural de Miraflores las FARC-EP continúan imponiendo normas de comportamiento para regular la vida de los pobladores, así como las relaciones sociales y económicas de los habitantes, campesinos e indígenas”.

Dos meses después, el 24 de agosto, los negociadores anunciaron que por fin “todo está acordado”, tras una negociación difícil que duró más de cuatro años. Pero en Guaviare no alcanzó a haber fiesta para celebrarlo, pues de inmediato el Frente Primero dijo que no reconocía el Acuerdo de Paz y que seguiría apelando a los fusiles para controlar los territorios.

“El Frente Primero de las Farc Armando Ríos no se desmovilizará, por considerar que la política del Estado colombiano y sus aliados sólo buscan el desarme y la desmovilización de las guerrillas (...) Continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo; independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización guerrillera”, se lee en el documento de este grupo. (Leer más en: Disidencias de las Farc, una realidad prevista)

Quienes pagaron los platos rotos fueron los guaviarenses del campo. Tras dicho anuncio, el Frente Primero endureció sus “medidas de control social y territorial”, especialmente en las veredas La Paz, Salto Gloria y Nueva York en El Retorno; y en las veredas La Unión y Puerto Colombia, de Calamar.

Campesino de la Orinoquía colombiana. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

“En estas zonas –registró el SAT– el Frente 1 disidente de las FARC-EP reanudó los reclutamientos forzados de menores de edad, restringió la entrada y salida de habitantes, visitantes, ONG o instituciones del Estado; prohibió navegar en algunos sectores de los ríos Inírida, Unilla e Itilla entre las 6 pm y las 6 am; y prohibió transitar por algunos caminos y trochas”. El reporte explicó que el Frente 1 apretó su control porque había trascendido que los Frentes 44, 7 y 16 lo atacarían por haberse negado a permanecer en el acuerdo.

A mediados de diciembre de 2016, mientras las guerrillas recién desmovilizadas estaban en el proceso de dejar sus armas y después de inscribir su partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ante el Consejo Nacional Electoral, expulsaron a cinco de sus antiguos comandantes que continuaron delinquiendo: 'Gentil Duarte', 'Euclides Mora', 'John 40, 'Giovanny Chuspas' y 'Julián Chollo'. (Leer más en: ¿Qué hay detrás de la expulsión de ‘Gentil Duarte’ de las Farc?)

“Hacemos un llamado a los combatientes que bajo engaño han sido llevados a emprender un camino de aventura sin futuro, para que se aparten de la errada decisión que han tomado sus jefes inmediatos y regresen a las filas de las FARC-EP”, ese fue el mensaje que el otrora Estado Mayor Central le envió a sus bases en deserción.

De esa manera, por voluntad propia de unos y por la expulsión de otros, se esfumó la esperanza que había en Guaviare de que el Acuerdo de Paz los libraría por fin de los que decían ser “ejército del pueblo”, con sus arbitrariedades y su violencia. Así, 'Iván Mordisco' quedó al mando del grupo que quedó del Frente Primero y 'Gentil Duarte' del Frente Séptimo.

Dos grupos disidentes ensanchan su poder

Orinoquía colombiana. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Sí hubo en Guaviare, sin embargo, muchos guerrilleros que dejaron las armas. Ellos se agruparon al comienzo de 2017 en dos Sitios Transitorios de Normalización en las veredas de Colinas y Charras de San José del Guaviare, la capital del departamento, para formalizar su decisión.

Como el Frente 44 salió de la guerra, el grupo disidente del antiguo Frente Primero llegó rapazmente a hacerse el nuevo señor de esos territorios. Según el SAT alertó el 18 de junio de 2017, los habitantes de esas veredas y resguardos indígenas ubicados a lo largo del río Guaviare los resistieron por un tiempo, pero el clan armado se impuso a la fuerza y descargó sobre ellos “asesinatos selectivos, amenazas y desplazamientos forzados”.

También fueron desterrados quienes promovieron la sustitución de cultivos de coca y demás acciones que pretendían hacer del Acuerdo de Paz una realidad. Mientras tanto, reportó el SAT, el Estado no vino a ejercer su autoridad ni su mediación, y con ello facilitó “el sometimiento de las comunidades por medio de las armas”; dejó conflictos sociales sin quién los resolviera y permitió el aumento de la delincuencia común en las zonas que dejaron los que optaron abandonar el camino armado. Eran las disidencias las que, como antes de firmar la paz, establecían orden y dirimían disputas personales.

“De aquí que algunos de los pobladores de zonas rurales en las que recientemente ingresaron los grupos disidentes, los vean como un supuesto 'factor de protección'”, dice el informe del SAT. Afrontaban una difícil situación “por el vacío de poder dejado por la guerrilla de las FARC-EP, desde la etapa de des-escalamiento del conflicto y posterior retiro hacia los PPT (Puntos de Pre-agrupamiento Temporal), que devino en un aumento en la conflictividad social e incremento en el índice de riñas, hurtos, homicidios, abusos sexuales, entre otras”.

Unos 25 hombres del viejo Frente Séptimo, ahora bajo el mando del disidente ‘Gentil Duarte’ salieron de la Zona Veredal Transitoria de Normalización a mediados de diciembre de 2016 y se fueron a anunciarle a pobladores de la zona occidental de San José del Guaviare y de Puerto Concordia (Meta), en reuniones públicas, que el gobierno les había incumplido y continuarían su “lucha armada”, describe el mismo informe.

Ya allí, siguió la misma historia de antes: desplazamiento forzado, extorsiones, reclutamientos violentos de menores de edad, restricciones a la movilidad y seguir regulando el mercado de la pasta de coca. También empezaron a ordenarle a la gente si debían o no talar el bosque, cuándo podían pescar y cómo convivir y bajo qué reglas.

El grupo del viejo Frente Primero que se declaró disidente siguió atacando y ensanchando su dominio en el municipio de Miraflores, al punto que el 22 de mayo, el SAT de la Defensoría del Pueblo volvió a advertir del riesgo que había. Alertó al Estado que desmovilizados de las Farc que hacían pedagogía del Acuerdo de Paz y funcionarios que impulsaban su implementación, se encontraban bajo amenaza.

Indígenas y campesinos “sufren la acción violenta del actor armado, al ser coaccionados a realizar acciones sociales y políticas, a pagar un porcentaje sobre las ventas de base de coca y a sufrir el reclutamiento de sus menores hijos, en hechos que en su mayoría no son denunciados ante las autoridades competentes”, decía el reporte urgente.

Denuncia el SAT que los hombres de 'Iván Mordisco' reclutaron a siete jóvenes en las veredas Barranquillita y Caño Tigre, a finales de noviembre de 2016; que el 3 de mayo secuestraron a un funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además cuenta que circuló un panfleto amenazante contra quienes promovieran la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Al cerrar 2017, el 15 de diciembre, el SAT emitió otro reporte más denunciando que en los municipios de Calamar y El Retorno, las disidencias de los viejos frentes Primero y Séptimo, amenazan y desplazan a personas a quienes acusan de ser informantes del Ejército Nacional porque desconocen sus disposiciones y normas o a quienes fomentan los programas de sustitución de cultivos o de implementación del proceso de paz.

Como en anteriores documentos, el SAT reitera que el grupo disidente de ‘Mordisco’ sigue reclutando jóvenes a la fuerza, sin importar que el Acuerdo de Paz lo había prohibido. Sobre todo se llevaron muchachos de veredas sobre el río Inírida, a su paso por los municipios de El Retorno y de San José del Guaviare; así como de las veredas y resguardos sobre los ríos Unilla e Itilla en Calamar.

EL SAT cuenta que, para peor de males, “en la mayoría de casos no existen denuncias formales debido al temor de los padres de los menores, la situación de incomunicación cultural y física en la que se encuentran y al desconocimiento de los mecanismos de protección y denuncia”.

Ese documento también advierte que como las Farc salieron y ya no siguieron regulando conflictos, la gente se fue al Estado y éste, sin capacidad de procesarlos, las dejó a la deriva: “Ante la debilidad de las instituciones o ausencia de estas en las zonas rurales, propició el incremento de hurtos, violencia sexual, caza de animales silvestres, tala de árboles y quema de bosques”. El SAT habla de un ecocidio, la destrucción de la frágil ecología selvática.

En un extenso análisis sobre el fenómeno de las disidencias de las Farc divulgado en abril de 2018, investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) llamaron la atención sobre el riesgo que representaban los frentes Primero y Séptimo para el proceso de reincorporación de guerrilleros, como “para la población en general y organizaciones campesinas y sociales que están a favor de la implementación del Acuerdo de Paz”.

Tres meses después, la Defensoría del Pueblo sacó la Alerta Temprana 057-18 para el municipio de Miraflores, en la que da cuenta de un Frente Primero disidente fortalecido, con amplia presencia y control territorial que, incluso, se extendió a regiones de los vecinos departamentos de Meta y Vaupés.

Como ocurrió desde mediados de 2016, los disidentes continuaron “imponiendo normas de conducta, dirimiendo litigios comunitarios, estableciendo restricciones a la movilidad, prohibiendo la realización de actividades por parte de instituciones estatales o de organismos humanitarios y reclutando a menores y mayores de edad”.

Las restricciones a las libertades de los guaviarenses siguieron creciendo durante todo 2018 y se expandieron a los restantes municipios de Guaviare. Por ello, la Defensoría del Pueblo emitió el 15 de enero de 2019 otra alerta especial sobre esta región. Por primera vez advierte que los habitantes de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, padecen una crisis humanitaria debido a la expansión de los frentes disidentes.

“En los municipios objeto de la presente alerta, así como en Miraflores, donde los Frentes 1, 7 y 44 de las FARC-EP habían logrado en el pasado un dominio territorial significativo, las agrupaciones disidentes conservan intereses económicos asociados a la regulación de la economía de la coca (cultivo, procesamiento y transporte); el cobro generalizado de extorsiones a comerciantes y agricultores, así como la presunta adquisición de predios con proyecciones económicas importantes, que les permitan robustecer sus finanzas”, dice la alerta del SAT.

Además, explica que ambos grupos intentan legitimarse socialmente, “procurando capitalizar diversos reclamos comunitarios e imponer variadas formas de regulación sobre la población, ante la marcada ausencia de las instituciones sociales del Estado, especialmente en las zonas rurales más apartadas de las cabeceras municipales de San José del Guaviare, Calamar y Retorno”.

Consolidación y sucesores de las Auc

Foto VerdadAbierta.com

El otro proceso de desarme que había visto el país con ilusión una década atrás, fue el de las Autodefensas Unidas de Colombia, que luego de un acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aceptaron colaborar con el proceso de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, y se desmovilizaron entre 2005 y 2008.

Ese capítulo esperanzador, sin embargo, también se quedó corto en Guaviare. Según el informe del SAT de 2019, tres grupos de hombres que salieron de las viejas autodefensas imponen su ley de fuego en ese departamento: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), denominados por las autoridades como 'Clan del Golfo' y por otros como 'Los Urabeños'; el Bloque Meta, también conocido como 'Los Puntilleros'; y antiguos miembros de los Libertadores del Vichada. Su presencia, según el SAT, se concentra en veredas aledañas a los cascos urbanos de San José del Guaviare y El Retorno, especialmente en zonas donde se ha levantado la reserva forestal o donde existen expectativas de que se levantará pronto para comercializar los predios.

Estos grupos parecen centrados en hacerse a tierras valiosas y hay evidencias de que están presionando a los pobladores de las veredas Boquerón y Trocha Ganadera, en San José de Guaviare, para que vendan sus fincas. También se les atribuyen extorsiones a comerciantes y reclutamiento forzado.

En buena parte del departamento, dice la alerta del SAT, impera la ley del silencio: “A pesar de esta situación y de las vulneraciones a los derechos que representan, la población civil continúa absteniéndose de denunciar ante las autoridades competentes”.

La Fiscalía envió fiscales permanentes a El Retorno y Calamar y su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) ha hecho campaña para que la gente denuncie los delitos, pero la gente dice que tiene miedo a denunciar porque los fuerzan a desplazarse o los matan. “Persiste la percepción entre la población acerca de la posible infiltración de algunas instituciones del Estado por parte de grupos pos-desmovilización de las AUC”, como ocurría hace 15 años.

A la Defensoría del Pueblo le preocupa, dijo en su informe, que haya autoridades del gobierno que subestimen el riesgo que presentan a los pobladores los capítulos locales de una red de crimen organizado nacional, como son las Autodefensas Gaitanistas. “En determinados espacios, se ha observado que ciertas instituciones suelen desestimar el impacto de las acciones que presuntamente se le atribuyen a ese grupo armado, aduciendo que se trata de 'bandas delincuenciales' que utilizan el nombre de 'Urabeños' o 'Gaitanistas' para infundir temor entre la población civil”.

A casi cuatro años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, los habitantes de buena parte de Guaviare no pudieron ni siquiera, como ocurrió en otros departamentos del país, saborear por algunos meses las mieles de la paz. Si bien las acciones bélicas contra la Fuerza Pública mermaron durante un tiempo, el impacto contra la población civil no cesó y arreció, incluso antes de que concluyeran las negociaciones de paz. Allá siguen mandando los fusiles y el Estado, más allá de la presencia militar, no consigue organizarse mínimamente para responder al clamor de apenas 82 mil habitantes.

* Entre 2016 y 2019, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió Informes de Riesgo, Alertas Tempranas y Notas de Seguimiento para los cuatro municipios que conforman el departamento de Guaviare en la región Amazónica, San José de Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. En tres Notas de Seguimiento alertó sobre la necesidad de que el Estado copara de manera eficiente e integral los espacios que dejaban las guerrillas.