Cuando se tala un árbol en el Guaviare se oye desde lejos. Todos lo reconocen. Es el único sonido que no se debería escuchar. En cambio, ¡qué paradoja!, las voces que protestan por la destrucción de la selva y por incapacidad del Estado de proveerle apoyo mínimo a los pocos habitantes de ese extenso departamento, están en silencio. Si no hubiera tanto miedo, sucedería al revés: el clamor de la gente que defiende un patrimonio biodiverso del país resonaría fuerte y en cambio nadie escucharía caer algarrobos, nocuitos ni terminalias amazónicas.

“A la gente no le gusta hablar de nada porque se corre el riesgo de que al que habla, lo matan”, dijo un guaviarense a VerdadAbierta.com. “Entonces todo el mundo se hace el loco y nada le pasa, y listo. Todo el mundo callado. La ley del silencio que llaman”.

Cuando las autoridades ambientales llegan a los lugares de la tala y la quema, casi siempre es tarde. Ya todo está en cenizas, como si los árboles no hubieran caído, ni existido siquiera.

“Hace una o dos horas venía bajando y había un incendio ni el berraco aquí arriba en la Serranía La Lindosa”, contó un campesino que vive en la reserva forestal de esa serranía. “Todavía hay personas que no entienden. La cosa es muy difícil. A pesar de todas las prevenciones, se sigue loteando la serranía, se siguen vendiendo fincas por pedacitos. Uno no entiende qué pasa que tampoco se hace nada... no sabemos dónde vamos a parar”.

Incendio forestal en la Serranía La Lindosa. Fuente: cortesía.

Los cuatro boletines de Detección Temprana de Deforestación del Sistemas de Monitoreo de Bosques y Carbono emitidos en 2019 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), registraron la persistencia de núcleos activos de deforestación en los cuatro municipios de Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores.

El boletín del último trimestre del año informó que el principal punto de deforestación se observó, en el área de influencia de lo que iba a ser la carretera Marginal de la Selva, un proyecto vial que se canceló y que buscaba conectar la Amazonía colombiana con otros países del continente. Según el informe, “la expansión y consolidación de la infraestructura vial informal continúa siendo el principal dinamizador de la pérdida de bosque, al facilitar la conversión en cultivos de uso ilícito y pastizales utilizados en prácticas ganaderas no sostenibles, o como mecanismo para la acumulación y valorización de la tierra”.

Esas actividades, asegura el boletín, las promueven, principalmente, grupos armados ilegales e inversionistas ajenos a la región. Y también estarían involucrados los exalcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa (2016-2019), y de Miraflores, Jhonivar Cumbe (2016-2019), quienes están siendo investigados por la Fiscalía desde el año pasado por los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, al permitir la construcción de una carretera que conecta ambos municipios sin los permisos respectivos.

Inquieta la débil presencia de las autoridades ambientales. “Se han mostrado por aquí algunas veces, pero no es suficiente para el daño que está ocurriendo”, asegura Jairo Sedano, veedor ambiental de la Red de Veeduría Ciudadana Guaviare en Paz.

Con una extensión de 53 mil kilómetros cuadrados —superior al tamaño de Costa Rica— Guaviare posee 19 mil kilómetros cuadrados de áreas protegidas y buena parte del territorio restante cuenta con restricciones para la preservación del medio ambiente. Entre las áreas protegidas resaltan el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la Reserva Natural Nacional Nukak y la Reserva Forestal Serranía La Lindosa - Angosturas II.

El control de estas zonas está en manos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA). Su directora en Guaviare, Lucía Hernández, quien está al frente de ese cargo desde abril de este año, considera que la colonización campesina de mediados del siglo pasado, combinada con la falta de delimitación clara de las zonas que se deben proteger, dificulta la protección a cabalidad de los recursos naturales.

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Mapa del estado legal del departamento del Guaviare 2019. Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA).

Breve historia

Incendio en la Serranía La Lindosa, 27 de agosto de 2019. Fuente: cortesía.

En la década de los sesenta, Guaviare experimentó una amplia ocupación de predios como consecuencia de la llamada época de La Violencia iniciada el 9 de abril de 1948 con el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Parte de la confrontación estuvo relacionada con la posesión de la tierra, que para la época estaba en pocas manos y subutilizada, mientras miles de campesinos carecían de ella.

Darío Fajardo, antropólogo y profesor de la Universidad Externado de Colombia, explica que desde los años veinte del siglo pasado los campesinos de varias regiones del país habían empezado a manifestarse en contra del acaparamiento de tierra productiva.

A raíz de esas protestas, en 1928 se promulgaron varias normas para favorecerlos, entre ellos los decretos 839 y 1110, que facilitaban el acceso a las tierras del Estado a comunidades campesinas. Particularmente con este último decreto se estableció la figura de las “colonias agrícolas” para territorializar diferentes regiones vírgenes, entre estas la región Amazónica, que aún no tenía el nombre de Guaviare.

“Cuando llega todo el proceso de La Violencia a finales de los 40, hay un ataque poderoso, disfrazado de alguna manera de las confrontaciones bipartidistas, pero es un ataque contra la pequeña y la mediana propiedad que se había venido desarrollando”, cuenta Fajardo.

El texto Los incluidos y los excluidos, la génesis de la colonización en Colombia de Ricardo Pardo, magíster en Estudios Políticos, retoma lo expuesto por Fajardo y afirma que las tierras de Meta y Guaviare fueron tomadas por campesinos desplazados de Cundinamarca, Huila, Santander y Tolima, entre otros.

En ese contexto, se expidió la Ley 2 de 1959 que buscó regular la economía forestal de la Nación y conservar los recursos naturales. Para este fin se crearon las Zonas Forestales Protectoras y entre ellas se contempló a la Amazonía.

Deforestación en el departamento del Guaviare. Foto: cortesía.

En respuesta a la ola de violencia, dos años más tarde, se promulgó la Ley 135 de 1961, que tuvo el apoyo de la Alianza para el Progreso del gobierno estadounidense, mediante la cual se impulsó una reforma agraria para prevenir la inequidad y “dotar de tierra a los que no las posean”.

Bajo la lógica de una colonización dirigida, en el documento de Pardo se lee que “en 1968 el gobierno nacional se propuso desarrollar un proceso de colonización dirigido en el territorio del Guaviare en Caño Grande, proceso inducido por medio de comunicación radial con apoyo estatal, con el fin de estimular el poblamiento hacia estas zonas ofrecidas como tierras de promisión”.

Sin embargo, de acuerdo con este investigador, el Estado no tuvo una propuesta de desarrollo: “Su acción se limitó al estímulo de la ocupación territorial sin que estuviera acompañado por la construcción de una infraestructura y asistencia para la producción que favoreciera el proceso colonizador”.

Con esto último concuerda Fajardo, quien explica que con el Pacto de Chicoral, el gobierno nacional terminó afianzando el plan de colonización sin acompañamiento estatal real: “Entonces los campesinos llegan atraídos por esa perspectiva de las colonizaciones de titulación de tierras, pero allí no funciona. El Pacto de Chicoral se produce a inicios de 1972 y esa decisión terrible de no hacer reforma agraria sino programas de colonización va a profundizar unas tendencias que ya se percibían en la economía agraria colombiana”.

En estas condiciones llegaron a esas tierras selváticas cientos de familias campesinas. Se abrieron paso tumbando árboles y estableciendo actividades agropecuarias en busca de superar su crítica situación económica. En los ochenta, ante las dificultades de producción legal, muchos campesinos se dedicaron a los cultivos de marihuana y, años después, a la de hoja de coca. En 1999, Guaviare tenía ya 28.435 hectáreas cultivadas en coca, según registró el Observatorio de Drogas de Colombia. Y para sembrarlas, primero habían deforestado en grande.

Con el paso de los años, algunos colonos lograron beneficiarse con títulos otorgados por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora. Hoy, Agencia Nacional de Tierras), pero les dieron tierras en áreas protegidas, lo que revela el precario trabajo para delimitación realizado por el Estado.

“Ese problema todavía se tiene y no ha sido completamente resuelto porque el Incora no procedió de manera adecuada y acabó titulando tierras para los campesinos que estaban todavía dentro de la reserva forestal. Fue un problema porque no había una delimitación precisa del área cubierta por la reserva forestal de la Ley 2 de 1959. Es un problema que sigue”, afirma el profesor Fajardo.

Contar árboles caídos

Deforestación en San José del Guaviare, capital del departamento. Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA)

La directora del IDEAM, Yolanda González, explica que en Guaviare se deforesta para hacer potreros de pasto para ganadería extensiva, para abrir caminos y vías sin planificación, y para sembrar coca.

Explica González que se han abierto vías ilegales en sectores de Calamar y Miraflores. “En nuestros registros aparece una expansión de la frontera agrícola que no es permitida, dice, especialmente en el margen del río Guaviare, al noroccidente del departamento, en los últimos cinco años”.

El año pasado, cerca de 25 municipios en el país registraron amplias áreas de deforestación, tres de ellos pertenecen al departamento de Guaviare. Su capital, San José del Guaviare, reportó el 5 por ciento de la deforestación nacional con 9.908 hectáreas; El Retorno, el 3 por ciento, equivalentes a 6.396 hectáreas; y Calamar, el 3 por ciento, con 5.879 hectáreas.

González, sin embargo, dice que esta viene cayendo. Los registros con metodologías de análisis de imágenes de satélite y de algoritmos que procesan cambios en el uso de la cobertura empleados por el IDEAM, arrojaron en 2019 una disminución en todo el territorio nacional del 19,2 por ciento en relación con el año anterior. Guaviare fue uno de los departamentos que registró esa disminución, con 29,8 por ciento menos en 2019 en comparación con 2018.

El IDEAM y algunas organizaciones que le hacen seguimiento a la deforestación, como el Instituto Sinchi a través del Sistema de Información Territorial de la Amazonía Colombiana (SIAT-AC), recurren a la metodología de los puntos de calor, que son reportes satelitales de variaciones térmicas sobre la superficie del territorio nacional. Pese a ello, los registros difieren.

El SIAT-AC del instituto Sinchi registra un mayor número de puntos de calor por ser alimentada por imágenes de satélites de la NASA (entre el 1 de enero de 2016 al 23 de septiembre de 2020, el SIAT-AC ha registrado 41.680 puntos de calor, mientras que en el mismo rango de tiempo el IDEAM ha registra 31.607). El IDEAM también sigue los puntos de calor, pero como guía para tomar decisiones que prevengan la deforestación; sin embargo, para la correcta identificación de incendios forestales usa otras herramientas.

Para consultar toda la información de la visualización, pause la línea de tiempo y navegue cada uno de los puntos.

Puntos de calor que registra el IDEAM. Elaboración: Carlos Mayorga. Fuente: elaboración propia.

Puntos de calor que registra el SIAT-AC del Instituto Sinchi. Elaboración: Carlos Mayorga. Fuente: elaboración propia.

Según información del IDEAM, desde 2000 hasta entrado 2020, se deforestaron 313.331 hectáreas en el departamento de Guaviare, un tamaño superior al área de Luxemburgo. El peor año fue 2017 cuando se registró la pérdida de bosques en 38.242 hectáreas. Pero el ritmo se destrucción ha venido disminuyendo en los años siguientes: en 2018, fueron 34.527 hectáreas; y en 2019, 24.230 hectáreas.

Algunas de las veredas con los índices más altos de deforestación en los últimos cinco años son Lejanas, Palmar Bajo, Sector Noroccidental de Chiribiquete, Angoleta, Manaviri (San José del Guaviare); Las Cristalina 1, Brisas del Itilla (Calamar); y Agua Bonita, Nueva Barranquillita y Kuway (El Retorno).

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Concentración de deforestación por veredas Guaviare 2015 - 2020-I. Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA).

Según la directora del IDEAM, el resguardo indígena de Nukak Maku, hábitat de ese pueblo originario nómada, ha experimentado un descenso en los últimos años. Para 2017 se registraron 3.258 hectáreas deforestadas; en 2018, 2.684 hectáreas; y en 2019, 1.873 hectáreas.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) administra la Reserva Nacional Natural Nukak y el Parque Nacional Natural Chiribiquete. Cifras de esta entidad indican que en la Reserva Nukak la deforestación era cercana a las 1.000 hectáreas por año en la década del año 2002 al 2012; posterior a ese año, cayó a un promedio de 370 hectáreas por año; sin embargo, en 2017 tuvo un pico, presentando 770 hectáreas afectadas.

El caso de Chiribiquete es similar: en la primera década del 2000 presentó una deforestación promedio anual de 1.200 hectáreas por año, cifra que varió en los años siguientes, registrando para 2018 un pico de 2.198 hectáreas.

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Negocio maldito

Deforestación en San José del Guaviare, capital del departamento. Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA)

“Yo al Guaviare llegué sin nada encima. Llegué hace 35 años como andariego buscando la coca, pero buscando la coca no duré nada, porque de ser ‘raspachín’ no duré sino un año, porque eso no me dio”, relata Jairo Sedano, veedor ambiental. “Entonces yo entré a trabajar a la Alcaldía. Fui soldador del Municipio por siete años y medio, y de ahí compré un terreno. Lo compré pensando en la ganadería, pero luego empecé a sentir dolor por la naturaleza, ver cómo desaparecía y que mis hijos no iban a tener nada”.

La historia de Sedano resume lo que han sido las afectaciones de las selvas del Guaviare: siembra de hoja de coca para uso ilícito y ganadera extensiva. Ambas le han hecho un daño profundo a este delicado ecosistema amazónico.

El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) relaciona la colonización del departamento con el crecimiento de las áreas de hoja de coca, alcanzando en 2013 una extensión de 4.725 hectáreas, el 10 por ciento del total nacional para ese año. Luego, en el 2016, un pico de 6.837,99 hectáreas que no se veía desde 2011.

Análisis del ODC establecen que los datos históricos de la deforestación en Guaviare están asociados a los cultivos de hoja de coca: “En promedio el 20% de la coca nueva se establece en áreas de bosque primario, y entre 2001-2012, de las 160.145 hectáreas deforestadas, el 17% se asocia directamente a la siembra de coca”.

Esos cultivos también afectan las zonas de reserva natural protegidas. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) detectó, para 2019, cerca de 1.000 hectáreas en la Reserva de Nukak, un territorio que ha registrado cultivos en las últimas dos décadas. En el caso del Parque Chiribiquete sólo se reportaron cultivos ilícitos desde el año 2016; para 2019, se detectaron 21 hectáreas.

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

A estos cultivos se suman otras prácticas lesivas para las selvas de Guaviare. Julio Roberto Del Cairo, coordinador del proyecto Corporación para la Investigación, Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiental (CINDAP), plantea tres actividades dañinas: los pastos extensivos, la cría de ganado y la ocupación de tierras baldías para, luego, incorporarlas al mercado de tierras.

“Eso obliga a mucha gente, para marcar el suelo, como el perro que orina en el poste para marcar su territorio, a tumbar y métale dos cabezas de ganado y ese territorio ya está activo económicamente y por lo tanto poder reclamarlo en un tiempo determinado”, indica Del Cairo, quien también hace parte de la plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía Colombiana (PID Amazonía).

Mediante esas intervenciones se crean fincas con extensas porciones de pradera y unos reductos de bosque intervenidos en las que, denuncia Del Cairo, año tras año se tumban más árboles ante la necesidad de espacio por el crecimiento de la ganadería extensiva.

“Tomamos una hectárea de riqueza biodiversa y la tumbamos y la quemamos y sacamos la biodiversidad de ahí y convertimos ese suelo en una hermosísima e invaluable finca. Lo convirtieron todo en praderas para meterle ganado, para producir 115 kilos de carne al año”, explica este experto.

Daños en Parques

Praderización para ganadería extensiva, vista desde la Serranía la Lindosa. Fuente: cortesía.

La principal actividad que ocasiona la deforestación en zonas protegidas es la ganadería. Datos aportados por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Naturales Nacionales indican que en la Reserva Nukak y en el Chiribiquete, el establecimiento de pastizales afecta grandes extensiones de tierra, lo que trae detrás miles de cabezas de ganado.

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Las cifras del Censo Pecuario Nacional que, año a año, elabora el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), muestran las dimensiones del daño en Guaviare. Los registros indican incrementos en bovinos y predios, así: para el año 2017 se identificaron 406.242 bovinos en 4.184 fincas; al año siguiente hubo 443.633 bovinos en 4.520 fincas; y para el 2019, 481.695 bovinos en 4.846 fincas. En estos tres años, los dos municipios con el mayor número de cabezas de ganado fueron San José del Guaviare y El Retorno.

Número de bovinos en cada uno de los municipios del Guaviare. Elaboración: Carlos Mayorga. Fuente: elaboración propia.

Número de fincas con bovinos en cada uno de los municipios del Guaviare. Elaboración: Carlos Mayorga. Fuente: elaboración propia.

“El problema no es que sea la ganadería como tal, es la ausencia del mismo gobierno”, dice Juan Pablo Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral Medio, de El Retorno. “Si tuviéramos el apoyo del gobierno, pues el campesino no va a necesitar seguir tumbando para seguir creciendo y seguir echando más vacas cada vez que le nazcan 10 becerros más, porque entonces uno dice ‘dónde los voy a meter’, no me alcanza ya el pasto, tengo que tumbar más”.

Este campesino llegó hace seis años a Guaviare para cultivar hoja de coca, pero se acogió al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que surgió del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc. Fruto de esa iniciativa, hoy tiene un criadero de búfalos en donde hace transformación de leche en queso.

Pese a sus logros, Giraldo reprocha la ausencia del Estado para mejorar las condiciones del campo y socializar los impactos ambientales. “El problema no es la ganadería”, insiste. “Es el enfoque que se le ha dado. Y ese enfoque, el campesino viene haciéndolo de manera tradicional desde siempre: tumbe y siembre pasto, porque a eso fue que los mandaron aquí hace 50 años. Esto era ‘tierra sin hombres para hombres sin tierra’ en donde el Incora decía ‘si usted no tumba y usted no tiene una finca con pasto, nosotros no le titulamos esa tierra a nombre suyo’”.

En su trabajo comunal, a este líder le consta que la siembra de hoja de coca y la ganadería extensiva fueron y son el sustento de muchas de las familias campesinas de Guaviare. A su juicio, otra actividad agrícola lícita no es rentable en la región. Eso por el estado de las vías y las distancias que se tienen que recorrer para llevar los productos a las cabeceras municipales o tan siquiera corregimentales. Además, por las características del suelo amazónico. “Esta no es una tierra apta para cultivar, la capa fértil es muy delgadita”, dice Giraldo.

En esa apreciación coincide el experto Del Cairo: “Los suelos son una delicada capa de residuos orgánicos que no superan los 20 centímetros de la cual los árboles obtienen sus nutrientes, el resto son arcillas improductivas. Estas arcillas tienen cabrillas, cuarcitas, óxido de hierro. De ahí no sacas una cucharada de nutrientes. Los árboles no entierran sus raíces porque para qué las entierran si no van a encontrar alimento, por eso los árboles son fáciles de derribar”.

Del Cairo explica que entre el bosque y el suelo se gesta una relación simbiótica en donde los árboles —algunos autóctonos de la región son los algarrobos, las tres tablas, el arenillo, la terminalia— protegen al suelo del impacto directo de los rayos del sol, las corrientes de aire y las gotas de lluvia. A su vez, al mantenerse el suelo amparado, se mantienen los nutrientes que los árboles necesitan.

Pero al despejar un terreno para realizar actividades agrícolas, el suelo después de la primera cosecha de cacao, maíz y yuca no es el mismo. Como explican varios campesinos de la región, “a la tierra hay que ayudarle” con compostaje o fertilizantes y “dejarla descansar” porque, en términos técnicos, cerca del 70 por ciento de las tierras son de fertilidad baja.

“A los siete años ya pueden utilizar este suelo, pero no con las condiciones de la primera vez, pues han perdido gran parte de su capacidad productiva”, explica Del Cairo. “Entonces el campesino decide que después de la primera cosecha pasa directamente a pasto para ganado y, al hacerlo, se inician fenómenos de compactación de esta delgada capa orgánica con la arcilla por el peso del ganado”.

Esas características ambientales derivan en que se deforeste progresivamente en busca de suelos vírgenes y productivos. Para frenar los daños, la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía Colombiana (PID Amazonía) propone trabajar con las intervenciones que ya están establecidas en el departamento y realizar transformaciones agrícolas propendiendo por proteger el suelo, los recursos hídricos y el bienestar alimentario de los pobladores.

“El hecho de plantear sistemas silvopastoriles u otros sistemas semi intensivos de la explotación ganadera implica una ganancia en la producción arbórea”, afirma Del Cairo, pero para eso es necesario que campesinos y hacendados estén dispuestos a ello.

Lucha contra la deforestación

Deforestación en San José del Guaviare, capital del departamento. Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA)

No son pocas las iniciativas estatales y privadas para preservar la selva amazónica. Una de las decisiones más trascendentales para lograrlo está consignada en la Sentencia STC-4360-2018, del 5 de abril de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ordenó su protección ante el alarmante crecimiento de la deforestación en 2016 y 2017.

“En aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global, tal como la Corte Constitucional declaró al río Atrato, se reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, ‘sujeto de derechos’, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran”, sentenció el alto tribunal. Y para garantizar esos derechos, ordenó a distintas autoridades ambientales planificar y ejecutar medidas para ponerle un alto a las preocupantes cifras.

Años atrás, en el ámbito internacional, ya había grandes preocupaciones por la deforestación y se estaba trabajando en ese sentido. Ejemplo de ello es la ejecución desde 2015, y por cinco años, del Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía, o también conocido como GEF Corazón de la Amazonía, impulsado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Banco Mundial en los departamentos de Caquetá y Guaviare, en un área cercana a 9 millones de hectáreas.

Por otro lado, en 2016 el Ministerio de Ambiente lanzó el programa Visión Amazonía, una iniciativa a cinco años que contempla una inversión de 85 millones de dólares y que es apoyada por Alemania, Noruega y Reino Unido, para frenar la deforestación, así también el calentamiento global que deviene de la pérdida del pulmón planetario.

Como complemento a estos programas, González, la directora del IDEAM, asegura que año a año le suman planes de ordenación forestal, agendas de trabajo en conjunto con comunidades, pactos territoriales, inversiones en territorio, acuerdos de conservación y planes de manejo integral comunitario. “Uno evidencia con los datos, que además son concisos, son transparentes, que nos están reflejando esos impactos de disminución en la deforestación”, afirma.

Adicional a esos programas y planes, Hernández, directora de la CDA en el Guaviare, explica que desde el año pasado se adelantan certificaciones de negocios verdes, dentro de las cuales se destacan 27 unidades productivas enfocadas en turismo de naturaleza, agroindustria, productos no maderables, energía solar y transformación de residuos sólidos.

Dice la funcionaria que le están entregando a campesinos del departamento que preservan la selva, incentivos económicos de 900 mil pesos cada tres meses, estímulo en el que quieren incluir hasta 200 familias. “A eso se le hace un seguimiento, tenemos georreferenciado los predios, y si la familia intervino el bosque que había dejado inicialmente para el incentivo forestal, inmediatamente sale del programa”, explica.

En relación a las zonas de restauración ecológica agroforestales, en 2019 se recuperaron 150 hectáreas. La meta para el 2020, asegura Hernández, son 440 hectáreas, con 88 usuarios y cada uno son cinco hectáreas en donde se reforeste a partir de especies como caucho, cedro achapo, macano, asaí y copoazú.

La respuesta militar

Imagen aérea de deforestación en San José del Guaviare, capital del departamento. Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA)

A través de la Política de Seguridad y Defensa del 2019 del gobierno nacional, se estableció que el agua, la biodiversidad y el medio ambiente son objetivos de protección especial. Posteriormente, con la ley 1955 de 2019 se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF) para la defensa de estos activos estratégicos de la Nación, controlando y judicializando las actividades ilegales y los actores que atenten en su contra.

Y una de las primeras acciones fue el inicio, en abril del año pasado, de la Campaña Artemisa, estrategia de seguridad que involucra a 22 mil uniformados del Ejército y la Policía Nacional y que busca atacar lo que el presidente Iván Duque calificó como “el crimen de la deforestación” en la región amazónica, con especial énfasis en el Parque Nacional Natural Chiribiquete.

En su informe más reciente sobre los avances de esta Campaña, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseveró que en 16 meses de labores se han recuperado 6.156 hectáreas protegidas en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo; además, informó que se han capturado 56 personas por delitos ambientales, inhabilitado 30 construcciones en zonas de protección ambiental e incautado elementos usados para la deforestación.

Carolina Jarro, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales (PNN), destaca que a través de la Campaña Artemisa se han conseguido frenar la ganadería extensiva e invasiones ilegales en Guaviare y entrega cifras al respecto: “A través de las diferentes fases de esta operación se han controlado en el PNN Chiribiquete 2.753 hectáreas” y agrega que en esta reserva natural “se ha evidenciado la disminución de hectáreas deforestadas de 62,6%”.

El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Fuerzas Militares y la protección del ambiente: Roles, riesgos y oportunidades, analiza la gestión de esta fuerza armada en la intención del Gobierno por mitigar el daño ambiental. Entre sus observaciones advierte que en países como el nuestro se puede caer en el error de concentrarse “en los eslabones más débiles de las cadenas criminales. Mientras tanto, acciones contundentes contra las organizaciones y redes más sofisticadas, que cuentan con mayores recursos, no suelen ser comunes”.

Los cuestionamientos también vienen del experto Del Cairo, quien califica de “burbuja ambiental” las acciones adelantadas para hacerle frente a la deforestación: “Lo que hace el gobierno nacional es decir ‘me metí en la Serranía del Chiribiquete y desalojamos deforestadores’, pero lo que hacen es sacar gente que ha vivido 40 años ahí. Sacar a una familia campesina de sus entornos no es un logro, es joder a un pequeño campesino con su familia de niños desnutridos perdidos por allá en la selva. El logro es realmente detener toda esa hambre de tierras que se ha despertado después de que la guerrilla saliera”.

Guaviare no ha vivido tiempos de calma, pese a la firma del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano en noviembre de 2016. Muy tempranamente una de sus estructuras, el Frente Primero, se declaró en disidencia. Y este asunto, según la directora regional de la CDA, es uno de los principales obstáculos para trabajar en el departamento.

A ello se suma, según la funcionaria, el poco personal que tienen para responder por sus obligaciones. “El personal de planta son: un profesional especializado para recursos naturales, un profesional especializado para normatización y calidad ambiental, el profesional de contratación, el profesional administrativo y la directora seccional”, explica Hernández.

Un líder social de San José del Guaviare, que lleva más de 37 años en el territorio y cerca de 30 años trabajando con las comunidades, es bastante crítico a la hora de evaluar el papel de las autoridades ambientales en el control territorial: “Nunca le pusieron atención, hasta ahora están tratando de que lo que está escrito se cumpla, pero ya tiene tanta intervención en tantos años que es muy difícil”.

“Algunos —agrega— hemos emprendido procesos como recuperación y restauración para demostrar que en un área se puede vivir cuando sabemos para dónde vamos, que podemos también trabajar amigablemente con el entorno”.

En tiempos de COVID-19

Deforestación en el departamento del Guaviare. Foto: cortesía.

A las dificultades históricas se sumó, este año, la pandemia generada por la expansión del virus de la COVID-19. Varios campesinos del departamento concuerdan en que las limitaciones que se decretaron para atender esa crítica situación afectaron sus economías locales. Algunos tienen proyectos ecoturísticos pausados, otros con sus actividades agropecuarias menguadas, justo las que surgieron para hacerle frente a la deforestación.

Tanto el IDEAM como la CDA aún no tienen cifras preliminares de cómo se ha comportado la deforestación durante la pandemia que, oficialmente, llegó al país el 6 de marzo de este año, pero Parques Nacionales asegura que ha disminuido.

“Para el trimestre del año recibimos 1.359 alertas para el sistema de Parques y para el segundo semestre tan sólo 38”, explica la Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales. Cita como ejemplo el caso de los parques del Guaviare. Asegura que sólo se deforestaron cuatro hectáreas en el Nukak y tres más en el Chiribiquete.

Sin embargo, varios campesinos denunciaron que durante la cuarentena han visto crecer la deforestación, particularmente a causa del incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que para el departamento acoge a 7.251 familias, según registró el boletín número 19 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Un miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral Medio del municipio de El Retorno, asegura que durante seis meses no se supo absolutamente nada del PNIS y que hasta finales de agosto se empezó a reanudar, pero muchos han vuelto a sembrar hoja de coca para uso ilícito.

“Nosotros la embarramos fue erradicando de una vez y esperando que el gobierno cumpliera. Nosotros erradicamos y aquí nos quedamos esperando y ya llevamos cuatro años esperando a que lleguen los proyectos productivos”, asegura el líder campesino.

Si vuelven a la coca, los firmantes del PNIS pueden perder su finca e ir a la cárcel. Así que la gente, bajo el amparo de los actores armados ilegales, se mete más adentro del bosque a tumbar monte para sembrar nuevos cocales.

“Esta gente se está haciendo otra vez más hacia adentro, donde están las montañas, donde están los bosques, y están tumbando allá, a escondidas, cogiendo más tierras, en zonas de Parques, en zonas de indígenas, en zonas de lo que sea”, dice el líder.

VerdadAbierta.com intentó contactar a Fidel Navarro, coordinador del PNIS para Guaviare, para conocer el estado del Programa en el departamento y saber si por la pandemia se estaba deforestando para cultivar coca, pero no se logró entablar comunicación.

Sobre este punto, Hernández, directora de la seccional Guaviare de la CDA, explica que cuando entra un programa del orden nacional que no comprende todas las complejidades del territorio puede recaerse en inconsistencias: “Es más complejo porque usted ya le vendió la idea a una familia o a un usuario y resulta que cuando usted se da cuenta está en Parques o cuando se da cuenta está en un resguardo. No se analiza muy bien el territorio”.

El líder de Chaparral Medio asegura que más campesinos están viendo con interés como los que se han metido a la coca les está yendo bien. “¿Y qué va a pasar? Pues se agranda la deforestación, se agrandan los cultivos de uso ilícito y después van a decir que el campesino no cumplió. Pero el campesino cumplió y aguantó hasta donde pudo aguantar, jaló la pita hasta que se reventó”.

La situación no es nada fácil, ni para los campesinos ni para las autoridades ambientales. Las disidencias de las Farc presionaron en abril pasado a los guardabosques para que salieran de la región y declararon “objetivo militar” a las organizaciones de cooperación científica y de conservación, así como a quienes trabajen en proyectos de reforestación. Su argumento es que ellos ejercen la labor de “autoridad ambiental”. Pero ellos mismos cobran comisión por la coca producida y por la madera talada, así que no tienen incentivos para cuidar la selva.

La situación es de extremo riesgo, reconoce Hernández, de la CDA: “En las tres seccionales el tema más complejo es la deforestación y quienes más tenemos riesgo somos los funcionarios de la seccional Guaviare. Nosotros no contamos con ningún tipo de protección, pero así nos hemos movido”.

Mientras tanto, los árboles siguen cayendo, hasta bosques enteros. Los sonidos se oyen lejos. Y la gente sigue en silencio.