El día en que mataron a Jimmy Humberto Medina, de 32 años, el 3 de octubre de 2017, nadie quiso hablar, ni siquiera con las organizaciones civiles que se acercaron. Tres años después, el miedo y la desconfianza siguen intactas.

Medina había forjado familia con su mujer y dos hijos y era querido por la comunidad. Era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en la vereda de Puerto Nuevo, Guaviare, la misma que lo vio morir, a donde se llega por una carretera de tierra intransitable en temporada de lluvias. Normalmente son tres horas de viaje desde la capital del departamento, pero en invierno el tiempo puede triplicarse.

La vereda hace parte de una región biodiversa en límites con el departamento de Meta y es bañado por las aguas del río Guayabero, en su camino hacia el oriente para formar, junto con el Ariari, el río Guaviare. Defender este delicado ecosistema, constituido por flora y fauna únicas en la puerta norte de la Amazonía, era la tarea principal de Medina. La deforestación y vías que se abrían sin planificación eran para él las amenazas contra el medio ambiente que asomaban en su región.

“Era un muchacho alegre, de buen humor, empoderado de los procesos campesinos, luchador”, dice una lideresa de la región del Guayabero que lo recuerda con cariño. “Siempre decía que los derechos del pueblo eran del pueblo, que nadie tenía porqué violarlos. Afirmaba que por el sólo hecho de ser campesino, de vivir en el campo, todos estábamos en igualdad de condiciones y que todos debíamos luchar”.

Esta mujer, quien por razones de seguridad no quiso identificarse, percibía a Medina como un hombre dispuesto a ayudar a la gente: “’Siempre tenía buena actitud para acompañar al niño, al anciano, al que le tocara”. Y recuerda claramente su lema: “Aquí nací y me crié, no conozco más”.

A su trabajo en defensa del medio ambiente le sumó la representación de los campesinos cultivadores de hoja de coca en su vereda. Los acompañaba en la gestión y entrega de los documentos requeridos para inscribirse en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.

Él también estaba comprometido con la sustitución de la coca por cultivos comerciales y era beneficiario del programa. Sin proponérselo, se volvió el intermediario de las familias firmantes del PNIS y las distintas entidades estatales para recibir la información sobre los proyectos y avances de esa iniciativa e instaba al gobierno nacional a que cumpliera lo acordado.

Ese último año de vida, estaba concentrado en una de tarea a la que le daba la mayor importancia: contar la fauna que podría poner en peligro la construcción de la vía que conectaría a San José del Guaviare con San Vicente del Caguán, en el vecino departamento de Caquetá. La obra, de 381 kilómetros de longitud, hacía parte del megaproyecto conocido como Marginal de la Selva.

El proyecto vial que tanto lo inquietó fue suspendido por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos (2010-2018), cinco meses después de la muerte de Medina, tras considerar que este dañaría el medio ambiente.

Aún así, el sólo diseño de la vía alcanzó a hacer daños graves. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió, en su alerta temprana del primer semestre de 2017, sobre el incremento de la deforestación en zonas cercanas al trazado de la vía. Las imágenes de las afectaciones a la selva amazónica le dieron la razón a Santos. Pero Medina ya estaba muerto.

Ni hacer la paz y ni dejar hacerla a otros

Raudal del Guayabero. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Puerto Nuevo es una pequeña vereda creada hace 35 años en la margen sur del río Guayabero, en tiempos en que el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) adelantaba diálogos con la guerrilla de las Farc en zona rural del municipio de Uribe, Meta. La expectativa de aquellas conversaciones atrajo a muchos campesinos hacia la región del Guayabero. Con las nuevas tierras adecuadas para la siembra en lo que antes era selva, llegaron los sembradíos de coca para fabricar la droga de exportación que ya se percibía como un gran negocio.

Detrás de esa colonización llegaron, por primera vez, funcionarios de diversas entidades del Estado. Los colonos empezaron a reclamarles inversión en infraestructura, apoyo productivo y titulación de tierras. Pero después de tres décadas no es mucho lo que el gobierno ha respondido a ese clamor. Se puede decir que Medina, con 32 años, creció rodeado de promesas incumplidas.

El mismo día de su muerte estaba coordinando labores comunitarias para mejorar la vía de Puerto Nuevo hacia Cachicamo, según coincidieron diferentes organizaciones y asociaciones campesinas de la región, entre ellas la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) Guaviare y Sur del Meta, y la Asociación de Campesinos, Trabajadores y Productores de la Región del Río del Guayabero (Ascatragua).

En el comunicado relataron cómo fueron los hechos: “Sobre las 12:30 del mediodía, se desplazaba hacia el centro poblado de Puerto Nuevo cuando fue interceptado por un número indeterminado de individuos que lo detuvieron. Sobre la 1:00 pm y a 200 metros de la vía fue hallado su cuerpo sin vida, con ocho impactos de arma de fuego y con señales de maltrato físico y tortura”.

“Triste”, dijo la lideresa social con la que habló este medio. “Nosotros decimos que son las cosas que no se deben quedar impunes”. Relató que algunos líderes de la comunidad conversaron con agentes estatales y denunciaron que había muchos atropellos en Nueva Colombia, Tercer Milenio y otros lugares donde la gente estaba arrancando los cultivos de coca. Ahí es donde “‘el pelao' aparece muerto”, dijo.

El comunicado de las organizaciones decía que “Medina era honesto, comprometido, transparente y reconocido por su comunidad”. Pidieron a las autoridades actuar y esclarecer por qué fue asesinado, y evitar que el caso quede en la impunidad.

Se ve que nadie escuchó. Según investigó VerdadAbierta.com, o bien a las autoridades se les refundió el caso, o ni siquiera se abrió una investigación. Este portal envió un derecho de petición de información a Fiscalía General de la Nación preguntando cómo avanzaba la investigación del homicidio del líder Medina. Su respuesta fue lamentable: “Los nombres aportados no evidenciaron relación con algún radicado, o arrojaron múltiples coincidencias en la búsqueda”. Similar consulta se le hizo a la Procuraduría y en su contestación dio información de otros homicidios, pero no dio referencia sobre ese caso.

El lugar donde ocurrió el asesinato es controlado por la disidencia de lo que fue el Frente Séptimo de las Farc, cuyo jefe es Miguel Botanche Santillana, alias ‘Gentil Duarte’. Él había sido un representante del Bloque Oriental ante el Estado Mayor Central de las extintas Farc, antes de iniciar el proceso de paz en octubre de 2012. Pero apenas se firmó el Acuerdo de Paz, se llevó a un grupo consigo para seguir en la violencia armada.

En la región del río Guayabero este viejo bloque guerrillero coordinaba los cobros extorsivos a empresas mineras y petroleras, y regulaba el mercado de producción y compra de base de coca. Botanche y sus hombres –al igual que los viejos frentes 14 y 62– volvieron inmediatamente después de que abandonaran su voluntad de paz a lo de antes: extorsión y negocio de la base de coca, no sólo en Guaviare, sino extendiéndo su alcance a Meta y Caquetá.

En San José del Guaviare también rondan las Autodefensa Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. Pero no han avanzado hasta las veredas porque allí las disidencias son fuertes y actúan con mayor violencia que antes.

En una denuncia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), sobre lo que pasaba en San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, la Defensoría del Pueblo dijo el 15 de enero de 2019 que, en su expansión, los grupos armados disidentes restringen la movilidad de la gente, reclutan a los jóvenes, asesinan selectivamente, fuerzan a los campesinos a desplazarse, envían amenazas, extorsionan e, incluso han hecho desapariciones forzadas.

“De la mano con diferentes organizaciones sociales, Medina impulsó diversas acciones en pro de proteger el territorio y su biodiversidad”, dijo a este medio Mateo Gómez, exdirector del SAT quien fue consultado cuando aún ejercía ese cargo. “Su muerte se atribuye a las disidencias de las Farc, estructura Séptima, quienes públicamente han declarado como objetivo militar a toda persona que apoye los distintos programas estatales ejecutados en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz”.

Acosados por la ilegalidad

Serranía La Lindosa. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

San José del Guaviare y sus 125 veredas, entre ellas Puerto Nuevo, hacen parte de la zona de transición entre los llanos de la Orinoquía y la llanura Amazónica. Está en la zona de amortiguamiento entre el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena y la Serranía La Lindosa. Sus tierras son recorridas por numeros afluentes que le dan vida a una gran riqueza natural.

Pero lo que es una bendición de la naturaleza, también es una maldición, si se tiene en cuenta que desde hace varias décadas grupos armados ilegales suelen utilizar el corredor creado por el río Guayabero para mover economías ilícitas asociadas al tráfico ilegal de madera, pasta base de coca e insumos para el cultivo y el procesamiento de la hoja.

Desde que se empezó a formar el caserío Puerto Nuevo en medio de la selva hace ya 35 años, se cultiva hoja de coca para uso ilícito. Allí esta es la principal actividad económica, y después la ganadería y, con menor extensión, la agricultura.

Pero a la par de ingresos para los campesinos, la hoja de coca también le abre la puerta a todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos. En la memoria de la lideresa consultada aún se conservan las imágenes de la aspersión aérea con glifosato de hace más de una década.

“En el Guayabero –recuerda— a raíz de la erradicación del 2006, donde hubo tantos heridos, enfermos, tanta gente expropiada, viviendas quemadas, tuvimos que salir muchos desplazados a San José del Guaviare a mendigar la comida, cuando no estábamos acostumbrados a eso”.

Dos años después iniciaron el retorno. “Pero ya no fue lo mismo”, dice la mujer. “Estaba todavía el temor vigente porque la Fuerza Pública llegaba a atemorizar a las personas, a señalarnos de hacer parte de las insurgencias”.

De esa difícil experiencia de desplazamiento, retorno y acoso, los pobladores del Guayabero sacaron provecho: “Aprendimos a organizarnos como región, como campesinos”, cuenta la lideresa. Por eso, dice, desde ahí empezaron a aparecer las organizaciones sociales y, de la mano con las Juntas de Acción Comunal, comenzaron a defender los derechos humanos en esta zona. “Dijimos, esto lo defendemos nosotros, no nos lo vamos a dejar quitar”.

Después de que los campesinos volvieron a sus fincas, dice la lideresa, no han parado los operativos del Ejército Nacional. “Veinte años de atropellos y todavía siguen arrancando las matas, golpeando y saturando al campesino, y aún así no se acaba la coca. Es decir que el problema no es de nosotros”.

Planta de coca. Foto VerdadAbierta.com

El Estado, según cuentan los locales, estuvo allí para fumigar los campos de coca (y muchos de sus cultivos de pancoger), meter a la cárcel a campesinos cultivadores y para forzar que erradiquen, pero sin darles alternativa. No se le ha visto mucho al Estado a la hora de mejorar sus condiciones de vida, ni de facilitarles sustituir voluntariamente; nada de créditos, ni asesoría técnica, ni sistemas de riego ni infraestructura para desarrollar cultivos alternativos. Ha quedado la gente obligada a vivir de la coca y bajo el yugo de los grupos armados que se la compran y la procesan como les parece.

Aún así, los cultivos de hoja de coca para uso ilícito han venido disminuyendo en Guaviare desde 2016, cuando se registraron 6.838 hectáreas; luego mermaron al año siguiente a 4.923 hectáreas; en 2018 bajó a 4.340 hectáreas; y en el 2019 se registraron 3.119 hectáreas, de acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esperanzadas en erradicar de manera voluntaria sus cultivos, al 31 de marzo de este año había 7.251 familias registradas en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). A esa misma fecha, según el UNDOC, el 87,3 de las familias habían recibido por lo menos un pago. No obstante, en lugar de enviarles los siguientes pagos para que pudieran sobrevivir mientras empiezan a dar frutos los nuevos cultivos, y en lugar de darles apoyo para sacar esos nuevos cultivos adelante, el Estado les mandó las tropas a obligarlos a erradicar sin alternativa y a meterlos presos. Del otro lado, los grupos que viven del negocio ilegal, también presionan violentamente a la gente para que no erradique la coca. Así las cosas, los nuevos cultivos de paz se han quedado, en su mayoría, en veremos.

Medina, con la equis en la espalda por sustituir

Jimmy Humberto Medina. Foto cortesía Rema Acpp

Las erradicaciones forzadas y capturas de campesinos por parte del Ejército, en lugares donde se habían hecho acuerdos de sustitución, continuaron en el Guayabero y fue ahí donde estuvo presente el líder Medina, caminando de una vereda a otra verificando y acompañando a los que estaban siendo sometidos a violaciones de derechos y a las arbitrariedades de las autoridades.

Otra lideresa del municipio de Calamar, también defensora del PNIS, y quien pide que se omita su nombre por seguridad, cuenta lo que significa estar apoyando a los campesinos en temas de sustitución, como lo hizo valientemente Medina.

“Al nosotros hacer eso, es como si le pusieran una equis en la espalda”, dice. “A pesar de ello, seguimos haciendo un trabajo comunitario por muchos campesinos que no pueden salir todos a hacer opinión en grupo, se recogen las denuncias en cada vereda y los más arriesgados son los que salen a defender los derechos”.

Y agrega que “por otro lado los grupos armados ilegales están en contra de que el campesinado sustituya, que uno arranque las matas voluntariamente, porque ellos controlan esa economía y se sostienen de las extorsiones tanto a cultivadores como a compradores”.

Con respecto a los pagos derivados del PNIS, la lideresa asegura que el Estado les incumplió con los pagos pactados: unos fueron entregados con tardanza y otros se quedaron esperando, asegura.

“¡Qué proceso (tuvimos que hacer) para que pagaran esos 12 millones de pesos! Eran para entregar en un año, pero fueron casi dos años para que llegaran, y a la fecha todo está quieto, primero sin pandemia, qué demora y ahora la excusa es la pandemia”, reclama.

Muchos se quedaron sin un sustento económico, por lo que algunos decidieron vender sus tierras a bajo costo y migrar. Los que compraron, llegaron a tumbar selva, sacar la madera y a construir potreros para ganadería. (Leer más en: “Se avecina un nuevo desplazamiento, esta vez por hambre y no por armas”)

“Hay muchos que no están en este momento en las veredas porque no hay qué hacer y aparte de eso todavía siguen los atropellos en el Guayabero. La gente siente miedo porque hoy en día no se respeta la vida de una persona, por cualquier cosa matan, o por defender los derechos. Por temor a eso la gente se ha ido, algunos han dejado el liderazgo”, cuenta la fuente de del Guayabero.

La alerta del SAT de 2019 sustenta lo que dice la lideresa sobre el PNIS: “Este programa […] debe dirigirse a lograr la estabilidad económica de los campesinos cocaleros y su sostenibilidad en el tiempo, objetivo que parece afrontar algunas dificultades en su ejecución en estos territorios. Los campesinos cocaleros han manifestado una desconfianza creciente ante el desarrollo del PNIS por los inconvenientes surgidos durante su implementación”.

Otra de las dificultades que tienen los campesinos de San José del Guaviare para continuar con la sustitución y posiblemente beneficiarse con apoyo estatal de proyectos de desarrollo alternativos es que la región del Guayabero está en zona de amortiguamiento, con el Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena, por un lado, y por el otro de la Serranía La Lindosa. Para proteger esos parques, el desarrollo agrícola y pecuario está legalmente limitado.

“Nos duele mucho que las zonas de Parques nos sacaron de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Nosotros reclamamos, porque no hicimos acuerdos con Parques, se hizo con el PNIS y con el Estado. Y hablamos de sustitución, no de entregar nuestras tierras”, se queja la lideresa del Guayabero. Los PDET también como el PNIS, hacen parte del Acuerdo de Paz en La Habana, y buscan ofrecerles alternativas de desarrollo sostenible a campesinos afectados por los años de conflicto armado interno.

Riqueza natural, sin protección

Danta, Tapir o Tapirus. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Al estar en medio de la Sierra de la Macarena y la Serranía La Lindosa, el municipio de San José del Guaviare es hábitat de miles de especies de fauna y flora, gran parte de ellas endémicas y otras que van de tránsito.

La Fundación Omacha encontró en 2012 que en La Lindosa habitaban cinco de las seis especies de felinos reportadas para Colombia. En 2016, en apenas 15 días de observación de la zona, descubrieron dos especies de peces, una de reptiles y una de anfibios que viven y se esconden por los característicos túneles y formaciones rocosas, cubiertos de vegetación, que se elevan desde el suelo simulando torres.

Las coloridas y famosas algas de Caño Cristales también se encuentran en los caños de la Serranía de La Lindosa. Esta área fue declarada como zona de preservación ecológica en 1989. Legalmente esa zona está definida como de “Recuperación de la Producción Sur del área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM)”.

Además de eso, La Lindosa es un lugar de interés para colombianos y extranjeros. Cientos de turistas y académicos pudieron visitar la zona, luego de que las Farc iniciaran su proceso de dejación de armas en 2017, para apreciar las pinturas rupestres en los grandes monumentos de Cerro Azul o Cerro Pinturas. Son más de siete mil pinturas con más de diez mil años de creación, plasmadas en tepeyues, una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta.

Pinturas rupestres en San José del Guaviare. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Por otro lado, está la Zona de Reserva Campesina del Guaviare (ZRCG), la más grande del país, creada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora) mediante la Resolución 054 de 1997. Está compuesta por 80 veredas de San José del Guaviare, 64 veredas del Retorno y 11 de Calamar y abarca un área de 463.600 hectáreas, que representa el 8.78 por ciento del departamento.

Puerto Nuevo es una de estas veredas y gran parte de su territorio está aún protegido por selva virgen. Sin embargo, un recorrido digital siguiendo por satélite el río Guayabero permite observar abundantes zonas deforestadas que contrastan con la inmensidad del verde oscuro del bosque aún intacto, pero en riesgo.

Las cifras del IDEAM sobre deforestación en el municipio de San José de Guaviare son calamitosas. En 2018 se registraron 15.264 hectáreas afectadas. Fue ese año el cuarto municipio más deforestado del país. Esa posición la volvió a ocupar al año siguiente, cuando la deforestación alcazó 9.908 hectáreas.

Precisamente Medina le dedicaba su mayor tiempo y energía a evitar la tala de bosques de manera acelerada y a controlar la expansión de pastos para uso ganadero. Sin embargo, era una lucha desigual y riesgosa porque las disidencias se benefician de la deforestación, pues cobran extorsión por hectárea talada a los terratenientes que compraron predios y, además, cobran luego, por cada cabeza de ganado.

Lo preocupante para los pobladores del Guayabero es que los funcionarios de Parques Nacionales no han podido siquiera entrar al parque por los riesgos de seguridad que esa tarea implica. “Dejan así esa riqueza en manos de los ilegales que sí se aprovechan de sus beneficios”, dijo una fuente consultada.

Silencio en la selva

Río de colores en San José del Guaviare. Foto cortesía Eco Amem @ecoamem

Pese a que Medina fue asesinado hace ya tres años, su familia aún siente miedo y por eso se abstiene de hablar sobre su vida. Otros parientes cercanos de por lo menos otros tres líderes asesinados entre 2016 y 2020 en este departamento tampoco quieren contar nada.

La mayoría de las personas con las que este medio estableció contacto para consultarlas sobre lo que viene pasando en Guaviare fueron enfáticas en advertir que hablar, mencionar nombres y grupos armados, incluso al mismo Ejército, puede acarrear consecuencias como amenazas, desplazamientos y hasta la muerte.

Al respecto, Gómez, exdirector del SAT, explica que “en el Guaviare hay un alto nivel de estigmatización contra el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Ello aminora la capacidad de liderar procesos reivindicatorios de derechos, razón por la cual el silencio, en muchas oportunidades, funciona como un mecanismo de autoprotección”.

La lideresa del Guayabero ratifica esa percepción: “El trabajo de los líderes en el Guayabero es duro. La mayoría de los líderes se ven amenazados por exigir los derechos humanos, hemos sido perseguidos desde el 2000 hacia acá. Hoy en día no podemos expresar lo que sentimos, luchar por nuestros derechos, porque eso se nos convierte en una amenaza”.

La lideresa de Calamar coincide: “Aquí no se hacen denuncias porque el guaviarense le tiene mucho temor a las entidades públicas, por el temor a que sucedan asesinatos, represalias como ya se ha visto. Otras veces uno ve que personas han hecho denuncias sobre algo y a la fecha no ha sucedido nada, ni a favor ni en contra, no pasa nada”.

Una de las mayores amenazas para los líderes proviene de defender la sustitución voluntaria de cultivos y el programa que la desarrolla, el PNIS, por ello muchos prefieren callar y dejar que el Estado les incumpla. “Cuando lideramos procesos de sustitución, ¿sabe cómo nos mira el Estado? Que uno está impulsado por las Farc. Nos dicen que nosotros estamos en contra del Estado. Cuando uno piensa hacer una protesta nos dicen que nos estamos dejando influenciar”, asegura la lideresa de Calamar.

Y cuando los líderes tratan de refutar esos señalamientos, reciben respuestas desconcertantes: “Lo que pasa con los funcionarios es que si uno les exige, se enojan y alzan la voz, y se refieren a normas que ni les entendemos, tratan de opacarnos con esas respuestas. Les advertimos que la gente va a volver a sembrar por los incumplimientos; nos amenazan con la cárcel. Les decimos que no nos cumplen y responden que eso no es motivo para que vuelvan a cultivar”.

La Alerta Temprana 005-19 de la Defensoría del Pueblo trata de explicar a qué se debe tanto silencio: “Los pobladores manifiestan que no interponen denuncias formales ante las autoridades, debido al temor a ser desplazados o asesinados, pues persiste la percepción entre la población acerca de la posible infiltración de algunas instituciones del Estado por parte de grupos pos-desmovilización de las AUC”.

A todo esto, se suma la deficiente comunicación con este departamento: el servicio de telefonía celular en la parte rural es pésimo y se carece de red de telefonía fija en la mayoría de zonas urbanas y rurales. “Con esta situación, los actores armados ilegales pueden imponer fácilmente modelos de control social, económico y territorial sin que los pobladores puedan informar en tiempo real sobre las vulneraciones en su contra, ni accionar de manera inmediata medidas o redes de protección a su favor”, explica la alerta.

Ese estado de abandono también se traduce en impunidad y la mejor evidencia es el asesinato de Medina. Al parecer, las autoridades judiciales ni siquiera encuentran su expediente, ni saben si alguna vez abrieron uno.

“Lo que nosotros sabemos es que estaba defendiendo su territorio”, resalta la lideresa del Guayabero. “Se queda uno pensando qué pasó. Ahí es donde nace el temor para los otros líderes”. Son pocos los valientes como Medina que se animan a defender la riqueza de esos bosques, luchar hasta dar la vida por erradicar la coca y por detener la deforestación.