Van 400 procesos de parapolítica abiertos, pero los paramilitares desmovilizados han aportado información suficiente para investigar a 11.179 políticos, funcionarios, empresarios y otros ciudadanos como posibles cómplices de este tremendo capítulo de la historia colombiana. Informe especial.
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Desde que arrancó el proceso de Justica y Paz y hasta fin de abril, sus fiscales y magistrados han enviado a la justicia ordinaria más de 11.179 solicitudes de indagación de 943 políticos, 870 militares, 330 servidores públicos y 9.036 personas privadas, entre ellos, a muchos empresarios porque se sospecha contribuyeron de alguna manera con el paramilitarismo.
Son cuatro las instituciones encargadas de investigar las alianzas entre paramilitares y políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Corte Suprema ha condenado a 53 políticos senadores y representantes a la Cámara y a 9 gobernadores, y aún tiene más de 100 procesos por parapolítica pendientes. Entre ellos, contra Dilian Francisca Toro, Nancy Patricia Castañeda, Armando Benedetti, Juan Manuel Corzo, Julio Alberto Manzur y Guillermo Gaviria Zapata.
El camino que tiene que recorrer la Fiscalía en materia de para-política es igualmente largo. La Fiscalía ha concluido exitosamente decenas de casos, y en los que ha pedido acusación, ha logrado sentencias contra varios alcaldes, concejales y diputados de los departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena, Casanare, Antioquia y Tolima, y algunos ex funcionarios de alto nivel como, Jorge Noguera, ex Director del DAS y Guillermo Valencia Cossio, ex director Nacional de Fiscalías.
La Unidad Contra el Terrorismo, la estructura de apoyo de parapolítica adscrita a esa oficina, tiene hoy en sus manos 260 investigaciones preliminares, otras 47 en etapa de instrucción y 15 en indagación.
La Unidad delegada ante la Corte Suprema de la Fiscalía, está procesando a 20 gobernadores y ex gobernadores de 15 departamentos, y tiene a su cargo investigaciones polémicas como una contra el ex vicepresidente Francisco Santos porque presuntamente estuvo de acuerdo con la creación de un Bloque Capital, según aseguró Salvatore Mancuso, y otra contra la ex ministra del medio ambiente Sandra Suárez por supuestos nexos con ‘Jorge 40’. Ambas investigaciones están en su etapa preliminar.
Esta Unidad también se encarga de investigar y acusar a: ministros, embajadores, generales y almirantes de la fuerza pública, directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la Nación y Procurador General de la Nación.
El asunto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene el poder de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, no es de volumen. Sólo tiene dos investigaciones pendientes: contra los ex fiscales Mario Iguarán y Luis Camilo Osorio, pero avanzan con dificultad, dado el calibre de los procesados.
El secretario de esta Comisión, Gonzalo Pinzón, dijo a VerdadAbierta.com, que están esperando que el Congreso apruebe viajes al exterior de los investigadores para entrevistar a los ex jefes paramilitares presos en Estados Unidos y otros viajes para entrevistar a otros testigos de los casos.
En marzo de 2012, la Comisión retomó la investigación formal contra el ex fiscal Osorio. Originalmente el proceso contra el ex fiscal se había abierto hace años, a raíz de que en 2002 el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había asegurado que Osorio era responsable de haber permitido que las autodefensas infiltraran la Fiscalía.
Contra el ex fiscal Iguarán, la Comisión abrió una investigaciónpreliminar por una supuesta colecta que hizo Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ para favorecer su elección como Jefe del ente investigador. Vale la pena aclarar que frente al ex presidente Uribe, quien ha sido señalado en varias versiones libres de los ex paramilitares, (ver Los ‘paras que han salpicado a Álvaro Uribe) , sólo hay una investigación preliminar en la Comisión por presunta responsabilidad en las chuzadas del DAS, más no por parapolítica.
La Procuraduría, cuya tarea es vigilar a los funcionarios públicos, creó una comisión para el seguimiento de los procesos por parapolítica llamado Grupo de Seguimiento de Procesos Disciplinarios en el Marco de la Justicia Transicional, Ley de Justicia y Paz.
Esta comisión busca impulsar las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos, iniciadas a raíz de las denuncias e información entregada por los desmovilizados. Inicialmente el grupo tenía vigencia de un año, sin embargo en marzo de 2012, una nueva resolución ordenó su funcionamiento indefinido.
Según la Coordinadora de Justicia y Paz del Ministerio Público y líder del Grupo de Seguimiento, el mayor problema para las investigaciones disciplinarias por parapolítica es que el tiempo de vencimiento que tiene la Procuraduría para procesar a los políticos señalados es de cinco años después de ocurrido el hecho.
Sin embargo, para el caso de investigaciones disciplinarias por infracciones a los derechos humanos el vencimiento para que se inicie un proceso es de 12 años.
En este contexto, muchos de los casos de los políticos que se aliaron con paramilitares para las elecciones parlamentarias del 2002 y regionales del 2003, ya se vencieron.
Entre otros obstáculos para desarrollar las investigaciones disciplinarias, resaltados por la funcionaria consultada por VerdadAbierta.com, están las impresiones en las declaraciones de los denunciantes, lo que dificulta la comprobación de los hechos y las frecuentes renuncias de funcionarios públicos que llevan poco tiempo en su cargo y que cuando tienen abierta una investigación disciplinaria casi de inmediato renuncian a su cargo, para evadir la investigación
En este último caso, el Ministerio Público, pierde su competencia para investigarlo.
En la Procuraduría actualmente hay en curso 356 procesos contra funcionarios públicos por presuntas alianzas con grupos paramilitares. Sin embargo esta cifra cambia rápidamente y está sujeta entre otras cosas a las versiones que rinden postulados en Justicia y Paz. La mayoría de los casos abiertos se localizan en los departamentos de Sucre, Antioquía y Cesar.
En la oficina del Procurador General hay 103 procesos por parapolítica, de los cuales 88 están en trámite, 11 tiene fallo con sanción disciplinaria y 4 se han absuelto. Entre los casos más sonados están las investigaciones disciplinarias contra el ex senador y ex embajador en Perú, Jorge Aníbal Visbal Martelo; contra el ex representante Estanislao Ortiz, y varios alcaldes de los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá; contra el ex senador Reginaldo Montes; contra el ex representante Luis Fernando Almario: contra el ex representante a la Cámara Juan Pablo Sánchez; contra el ex senador Guillermo Alfonso Jaramillo y el ex alcalde de Planadas, Tolima, Jhon Jairo Hueje, entre otros.
En etapa probatoria se encuentran los juicios contra, el ex concejal del Magdalena, Carlos Padilla Peña, el ex representante a la Cámara condenado ya por la Corte Suprema, Alfonso Riaño, el ex senador Habig Merheg, entre otros. Investigados con pliego de cargos por la Procuraduría están el ex gobernador de Caquetá, Juan Carlos Claros y el ex senador Ciro Ramírez, condenado ya por la Corte.
Durante el 2011, elMinisterio Público abrió indagación contra el representante a la Cámara Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, y el ex gobernador del Putumayo, Carlos Palacios Palacios. Por estos hechos, según lo conoció VerdadAbiarta.com, la Procuraduría ordenó el 31 de octubre de año pasado la apertura de indagación.
