Durante cinco días, organizaciones sociales de diferentes departamentos del país instalaron un refugio humanitario en Bogotá como medida desesperada ante la inclemente violencia que padecen quienes defienden los derechos de diversas comunidades. VerdadAbierta.com habló con uno de sus voceros sobre el balance que dejó esa gran movilización.
Conforme pasan los años, y a pesar de numerosas advertencias e informes que recopilan decenas de casos de violencia contra líderes sociales, sus muertes aumentan sin parar. Esa dramática situación llevó a que más de 1.500 personas se reunieran entre el 28 de abril y el de 2 de mayo con el fin de llamar la atención del gobierno nacional, de los capitalinos y de la comunidad internacional, sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran los liderazgos regionales. (Leer más en: 2018: el año más violento para los líderes sociales en una década)
A pesar de ser una situación que enluta a diversas comunidades, la jornada fue una alegoría a la vida, llena de música, danza y diversas expresiones artísticas, producto de la mezcla de las diferentes regiones y culturas de Colombia. Además, contó un alto componente de incidencia política.
Al respecto, este portal habló con Jimmy Alexander Moreno, vocero nacional del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, quien fue uno de los líderes de esa movilización social.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo surgió la iniciativa de refugio humanitario?
Jimmy Alexander Moreno (JAM): Se dio por lo que ocurre en los territorios: por esa ola de asesinatos a dirigentes sociales, por la judicialización y el tratamiento militar a la protesta social, por la estigmatización a las organizaciones sociales y por el incremento del conflicto armado. Sobre esa base, las organizaciones vimos la necesidad de convocar un espacio nacional.
El refugio se termina de consolidar en un encuentro que hicimos en febrero pasado más de 300 organizaciones. Uno de los temas fundamentales que se trataron fue el de la defensa de la vida y después los derechos a libertad y la protesta social. En ese eje temático, decidimos que la activad central sería hacer un refugio humanitario en Bogotá para visibilizar la situación que estamos viviendo en las comunidades.
VA: ¿De dónde y cuántas personas se concentraron en la Plaza de Toros Santamaría?
JAM: Alrededor de 1.500 personas acampamos en la Plaza de la Vida, como decidimos llamar en esta ocasión. La participación fue de todas las regiones del país, muy sentidas por la guerra y los asesinatos de líderes; pero también tuvo representación diversa de los sectores sociales y pueblos de Colombia: nos concentramos comunidades afro, campesinas, indígenas, LGBTI, defensores de derechos humanos y colectivos de mujeres.
VA: ¿Qué actividades realizaron durante esos cinco días?
JAM: El domingo 28 instalamos el refugio. Al día siguiente realizamos una jornada de trabajo internacional con varias embajadas y la Unión Europea; y en la noche hicimos una velatón en honor de nuestros líderes asesinatos. El martes hicimos una audiencia pública en el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República para exponer toda esta situación y convocar a la institucionalidad a un diálogo abierto con las comunidades, para mirar qué medidas efectivas podemos tomar para detener este genocidio contra el proyecto social y popular.
El miércoles, primero de mayo, nos unimos a las movilizaciones del Día del Trabajo para visibilizar y sensibilizar sobre la vida de nuestros dirigentes sociales; en la noche hicimos un ejercicio ecuménico por la vida y las garantías de las comunidades. Finalmente, el jueves hicimos un encuentro de líderes, para construir unas líneas de trabajo que nos permitan proyectar los mecanismos de autoprotección que vamos a tomar en los territorios, como la Guardia Indígena, la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona, que son un mecanismo propio de autoprotección de nuestros territorios y comunidades.
VA: ¿Cuál es el balance de esa correría?
JAM: Se logró el objetivo de posesionar a nivel nacional e internacional la violencia que padecen los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. También se hizo un llamado al país y al gobierno nacional para que actué de manera eficiente. Además, construimos una ruta que busca consolidar más el proceso el organizativo en las regiones con mecanismos de autoprotección, a través del desarrollo de guardias campesinas, indígenas y cimarronas.
VA: ¿Qué más concluyeron?
JAM: La necesidad de fortalecer la relación con la comunidad internacional. Debemos buscar escenarios de denuncia ante distintos estamentos del exterior; mirar cómo con la comunidad internacional acompañamos los territorios. Por otro lado, seguir insistiendo en espacios diálogo con el gobierno nacional y en la aplicación de los protocolos de protesta social y protección colectiva; y retomar las rutas de trabajo de derechos humanos y garantías que se realizaban anteriormente.
VA: ¿Cómo fue el trabajo de incidencia internacional?
JAM: Se hizo con las embajadas de Francia, España, Alemania, la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tenía el objetivo de visibilizar a nivel internacional lo que hoy está pasando en Colombia: que la construcción de la paz se ha quedado corta, que el conflicto se está intensificando y que se están negando los derechos de las comunidades. Sobre esa base, buscamos que se pueda realizar presión al gobierno nacional para que cumpla los acuerdos que ha firmado y también buscar acompañamiento internacional en las zonas más delicadas.
VA: ¿Cómo recibieron que las objeciones a la JEP hayan vuelto a la Corte Constitucional porque no hubo decisión de fondo en el Congreso de la República?
JAM: En este momento, el proceso de paz está en crisis. De hecho, todos los acuerdos que se han venido firmando con el gobierno nacional con las insurgencias y con el movimiento social, están siendo desconocidos. Además, lo que se definió en el Acuerdo Final es contrario a lo que el gobierno está plasmando en su política: el Plan Nacional de Desarrollo no recoge ningún acuerdo para su implementación, lo cual llevará a profundizar el problema de la tierra y las garantías cada vez son menos.
Ese escenario, más todo el conflicto que se está viviendo en las regiones con los actores armado y el tratamiento militar que le están dando a la protesta social, están dejando sin piso la consecución de una paz. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa y Arde el sur de Córdoba)
VA: ¿Ponerse la camiseta para implementar el Acuerdo de Paz ha aumentado el riesgo de los líderes sociales?
JAM: Sí. De hecho, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria hemos venido haciendo un ejercicio de sistematización, y desde los diálogos de paz hasta hoy, han asesinado a 616 líderes sociales y defensores de derechos humanos; y también tenemos más de cien compañeros judicializados. Vemos que, a la firma del Acuerdo, el conflicto escaló y hoy la guerra se está sintiendo más fuerte.
Además, con lo que ocurrió con Dimar Torres (miliciano de los Farc en vía de reincorporación que, según reconoció el general Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, fue asesinado por tropas del Ejército en el Catatumbo), se está demostrando la poca voluntad del Estado para promover garantías por la vida y el desarrollo de los acuerdos.
VA: Usted habla de falta de garantías, pero el gobierno nacional responde que creó el Plan de Atención Oportuna (PAO) para hacerle frente a esa ola de violencia contra líderes sociales. ¿Qué mirada tienen de ese programa?
JAM: No lo reconocemos en el sentido de que su construcción desconoció todos los avances que habíamos tenido en espacios de trabajo de derechos humanos. El gobierno ha dilatado esos procesos de intercambio y de la Mesa Nacional de Garantías, para desarrollar unos espacios de articulación que tenemos las organizaciones sociales.
El gobierno nacional quiere poner a andar su iniciativa del PAO dejando de lado los avances que se habían marcado para ir a los territorios, generar una política más colectiva y mirar las garantías en las distintas regiones del país. Además, también se está quedando corto porque están aumentado los asesinatos. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Creemos que la única posibilidad para impactar en los territorios, es que el gobierno de deje de estigmatizar al movimiento social, que el Ministro de Defensa y la Fiscalía dejen de perseguir al movimiento social y que el gobierno combata al paramilitarismo en las regiones que cada vez tiene una presencia más fuerte. Además, está la discusión de fondo de la doctrina militar que ve al movimiento social como un enemigo interno, y mientras se mantenga, la intensificación de los asesinatos cada vez va a ser mayor.
VA: Además de dejar la estigmatización y de no ver a los movimientos sociales como un enemigo interno, ¿qué más le piden al gobierno nacional para detener esa violencia?
JAM: Nosotros hemos hablado de la implementación de los acuerdos y protocolos que hemos firmado. Por ejemplo, durante esta jornada de paro nacional, nos pareció curioso que el gobierno no quiso implementar el protocolo de protesta social.
Sobre esa base, el gobierno colombiano no quiere articularse con las organizaciones y le da un tratamiento militar a la protesta. En las interlocuciones que estuvimos haciendo no logramos establecer un diálogo efectivo y directo, entonces las comunidades se ven abocadas a vías de hecho para garantizar al menos un escenario de negociación.
Además de eso, creemos que el gobierno tiene que hacer una presencia más fuerte en el territorio; tiene que encontrarse con las comunidades; y tienen que avanzar los procesos de investigación que se han venido denunciado. Más allá de los autores materiales, la Fiscalía debería tener en cuenta el patrón de sistematicidad, porque todos los líderes que han asesinado trabajaban en la defensa del territorio, se oponían a megaproyectos y promovían la implementación del Acuerdo de Paz. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
