En este vasto territorio del Bajo Cauca antioqueño, el exjefe paramilitar alias ‘Macaco’ es señalado de haber despojado 88 predios, pero no se pueden documentar los casos porque la zona es hoy fortín inexpugnable de grupos armados dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal.
En estos dos últimos años de su vida, Pinto* no ha dejado de cuestionarse cómo luego de vivir sin mayores penurias económicasen la finca que compró a finales de los años 80 en el corregimiento Piamonte de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, hoy deba sobrevivir en una ciudad como Medellín con los 20 mil pesos semanales que se gana como dependiente en una tienda de legumbres.
En mayo de 2012, Pinto llegó a la capital antioqueña tras no aguantar más las fuertes extorsiones que las bandas criminales herederas del paramilitarismo impusieron a todo el comercio de Caucasia, sin importar si eran los grandes negocios de compra-venta de oro o pequeños locales de abarrotes como el suyo.
Era la segunda vez en su vida que debía abandonarlo todo para huirle a la violencia. A Caucasia, considerada la “capital del Bajo Cauca”, llegó en agosto de 2003 procedente del corregimiento Piamonte de Cáceres, luego de verse obligado a vender la finca que trabajó, cultivó y le permitió vivir dignamente allí por más de dos décadas.
Eran los años en que, según recuerda Pinto, cientos de parceleros y finqueros que poblaban veredas de este corregimiento como La Unión, Las Mojosas, Los Conchos, Pueblo Pando, Corrales, entre otras, debían abandonar sus propiedades por cuenta de la presión ejercida por miembros del frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por el extraditado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, para quedarse, a las buenas o a las malas, con unas tierras estratégicas para la guerra.
Este corregimiento terminó convertido en la despensa cocalera del Bcb, actividad que se convertiría en la base sustancial de sus robustas finanzas. En este vasto territorio, al que solo se puede llegar atravesando las caudalosas aguas del río Cauca en un planchón, se cultivó, se procesó y se exportó el alcaloide a través de los corredores naturales que ofrece Piamonte que a su vez, fueron usados para incursionar en otras localidades como Caucasia, El Bagre y Zaragoza.
Fue en la finca La Esmeralda, en la vereda Las Mojosas en Piamonte, a donde ‘Macaco’ instaló la principal base militar del frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Allí, de acuerdo con Pinto, eran citados parceleros y hacendados para “negociar sus predios”. En su caso, fue para finales del año 2002 cuando hombres al servicio de Vinicio Virgues Mahecha, más conocido en la región como ‘Jota Jota’, segundo comandante de este frente, le manifestaron el interés que tenía ‘el patrón’ por su finca, de 620 hectáreas.
“Yo no la tenía en venta, pero la gente de ‘Jota Jota’ me retacaba que cuando iba a vender, que qué hubo pues. Incluso un día, eso fue para finales de 2002, me citaron a La Esmeralda”, relata este hombre, quien aún tiene muy vivo el recuerdo de lo que pasó aquel día. “Yo esperaba hablar con ‘Macaco’ para ver qué era lo que pasaba conmigo, con mi finca. Pero cuando llegó, todos sus hombres lo rodearon como en un círculo. Me tocó hablar con ‘Jota Jota’, y me dijo que siguiera tranquilo en mi finca, que no había problema”.
Las palabras del comandante paramilitar fueron más un formalismo, pues las presiones para que vendiera continuaron. “Me seguían preguntando que si iba a vender. Como yo no quería, comenzaron a matarme ganado, a robármelo, a tumbarme las cercas. A veces salía a recorrer la finca y veía a los ‘paracos’ con motosierras tumbándome madera. Yo les decía: ‘Háganme el favor y se van’. Y se iban. Pero al otro día volvían más. Entonces, ya desesperado, intenté negociar con ellos”, recuerda.
Al final, Pinto pidió un millón de pesos por hectárea. Se trataba de un negocio de 620 millones de pesos que se concretó en agosto de 2003 y, además, le pidieron que abandonara el corregimiento. Además de no firmar ningún tipo de escritura, solo recibió unos 200 millones de pesos, pero a cuenta gotas. “Ellos me buscaban y me daban 10 millones, al otro mes me daban 15 millones y así como por un año, hasta que no me siguieron pagando, no volví a ver a esa gente y a mí me daba mucho miedo preguntar por ellos”, dice.
Compras forzadas
En 1998, Pinto compró el predio, que queda a pocos kilómetros del caso urbano del corregimiento, y es tierra propicia para ganadería, explotación maderera y siembra de cacao, caucho, yuca y plátano. Pero desde su adquisición tuvo que lidiar con la presencia de la guerrilla del Eln. “Ellos casi nunca se metían con uno. Ellos sí pasaban, todos los días, de vez en cuando le decían a uno: ‘Vecino, regálenos una gallina’ o ‘regálenos un novillo’ y pues ¿qué más hacía uno?”.
La llegada de ‘Macaco’ a Piamonte, en 1994, le metió más presión a la región. Bajo el ropaje de un próspero ganadero, se instaló en la finca La Esmeralda, al tiempo que comenzó a colaborar con el Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, que para esos años ya había comenzado su ofensiva desde el municipio vecino de Tarazá.
En 1996, la ‘Compañía Compañero Tomás’ del Eln atacó a ‘Macaco’ en un sitio conocido como las Agüitas de Piamonte, donde murieron dos personas que se movilizaban con él. Entonces decidió crear un grupo propio al que llamó ‘Los Caparrapos’, el cual, cuatro años después se convirtió en el frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (Bcb). La influencia de este bloque fue tan larga como su nombre, pues su brazo armado llegó a dominar la vida de la gente común tanto en Cáceres como en varias zonas de Segovia y Remedios, Nordeste de Antioquia, y Simití y San Pablo, Sur de Bolívar.
La confrontación armada por Piamonte entre paramilitares de ‘Macaco’ y la guerrilla, se libró, sobre todo, contra la población civil. El desplazamiento forzado de los campesinos fue bárbaro. Cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República señalan que este corregimiento pasó de 3.500 habitantes en 1995 a menos de 400 en 2002. Pinto fue testigo y víctima de este éxodo. “Ellos montaron un retén en la única entrada que tiene Piamonte, para saber quién entraba y quién salía. Controlaron el planchón. La cosa comenzó a ponerse muy maluca, muertos todos los días, una violencia muy impresionante. Al final, los ‘paracos’ le ganaron la guerra a la guerrilla”.
Erigidos como los amos y señores de Piamonte, los hombres de ‘Macaco’ comenzaron con las presiones para hacerse con las tierras de los campesinos.
Otro de los finqueros del corregimiento, Gómez*, por ejemplo, recuerda cómo para mediados de 2004 recibió varias llamadas amenazantes de parte de alias ‘El Ruso’, un agrónomo que trabajaba para la estructura paramilitar. Le decía en sus mensajes que le tenía que vender su finca, un predio de 200 hectáreas que Gómez había adquirido a principios de la década de los 80 en un trueque que realizó por dos casas que tenía en Montelíbano, Córdoba.
“Y ahí viví un tiempo, hasta que la cosa comenzó a ponerse muy maluca, por allá para finales de los 90. Me fui para Córdoba y dejé un mayordomo. Iba a la finca una vez cada mes, a dar vuelta. Un día, como a principios de junio de 2004, fui a Piamonte. Y ahí donde lo deja a uno el planchón había un muchacho pescando o haciéndose el que pescaba:
-¿Usted para dónde va?- me preguntó.
-Voy para donde don Fernando, el dueño de “La Linda”- le respondí.
-Ese señor ya no vive ahí, el vendió la finca, ¿y usted quién es?
-Pues yo soy el dueño de la finca vecina.
-¿No la vende? ¿Cuánto pide?, mejor dicho, regáleme su número de teléfono.
“Yo le di el número del teléfono y me devolví para Córdoba. A los dos días me llamó un tipo, disque ‘El Ruso’, que me dijo que cuánto pedía por la finca.
-Un millón de pesos por hectárea- le dije.
-No vecino, esto está muy caro. Nosotros pagamos 375 mil pesos por hectárea, usted verá – me respondió el hombre.
-No, eso está muy barato. Yo a eso no la vendo- y dejé la cosa así.
“A los tres día volvió y me llamó el tipo, en un tono maluco, y me dijo: ‘Qué hubo pues, ¿ya lo pensó? Yo había averiguado quién era esa gente y a mí, la verdad, me dio miedo. Le dije que hiciéramos negocio pues. Eso era un trato como por 98 millones de pesos”, cuenta Gómez.
Fue citado en un hotel en el centro de Caucasia. Llegó y lo esperaban una mujer y dos hombres, uno de ellos era el mismo que lo había visto bajarse del planchón y el otro se identificó como ‘El Ruso’. “De ahí nos fuimos para la notaría de Caucasia –agrega el campesino- a donde hicimos una compraventa y me entregaron 20 millones de pesos. Les dije que el resto qué, y me respondieron: ‘No se preocupe que nosotros lo buscamos’. Y ya ve, se desmovilizó esa gente, al tal ‘Ruso’ ese lo mataron, al jefe de ellos que era ‘Macaco’ lo mandaron para los Estados Unidos y ni plata, ni finca ni nada”.
Las historias de Gómez y Pinto reposan hoy en la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Caucasia, junto a las de otras 86 personas más, quienes piden les sean restituidas los predios que, según ellos, les fueron usurpados en el corregimiento Piamonte. El mayor número de solicitudes de restitución en el Bajo Cauca provienen precisamente de Cáceres y son en total 366; le siguen Caucasia, con 232; El Bagre, con 252; y Nechí, con 76.
¿Qué pasó en Piamonte?
En la mayoría de los casos de Piamonte, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, es señalado como el mayor despojador del territorio. Tal es la historia del predio Villa Yomara, cuyos antiguos propietarios alegan que hombres al servicio del jefe paramilitar les arrebataron violentamente su propiedad. “Unos miembros de las Autodefensas llegaron a la finca, me pidieron las escrituras de la finca y me dijeron que si no vendía, vendía mi viuda. Fuimos a una notaría en Cáceres con alias ‘El Mugre’, se hizo el traspaso y apenas me dieron para los pasajes de regreso”, cuenta la denuncia documentada por la Fiscalía de Justicia y Paz.
La petición de restitución de Villa Yomara deberá ser documentada por la Unida de Restitución de Tierras y llevada ante un juez especializado de tierras. Esta finca hace parte de la gran Hacienda La Uno, juntos con los predios La Esperanza, Las Cabañitas y Las Flores. Este inmueble figura en los registros del Fondo para la Reparación de las Víctimas como entregado por ‘Macaco’ para cumplir su compromiso de resarcir a sus víctimas, según consta en el acta N. 18 de Recepción de Bienes de la antigua Acción Social, fechada el 1 de diciembre de 2007.
El ex paramilitar también entregó para reparación de las víctimas la finca El Cairo –integrada por los lotes Las Brisas, El Contento, Nueva Esperanza y Los Pilores –, y la Hacienda La Esmeralda, donde tuvo su campamento madre y la cual fue reclamada por su antiguo propietario ante los tribunales de Justicia y Paz de Medellín.
Pese a la versión del reclamante, la justicia le dio la razón a alias ‘Macaco’. En decisión del pasado 21 de marzo, la Corte Suprema de Justicia negó en segunda y definitiva instancia la petición de restitución sobre la Hacienda La Esmeralda. El anterior propietario había instauradola solicitud el 22 de septiembre de 2011 ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín y en su argumentación señaló que fue presionado por lugartenientes del exjefe paramilitar para que vendiera este predio, con una extensión de 602 hectáreas donde, incluso, le fue impuesto el valor de 400 mil pesos por hectárea cuando para 1996, año en que se finiquitó el negocio, el precio por hectárea oscilaba entre tres y cinco millones de pesos.
Sin embargo, en su fallo, la Alta Corte ratificó lo dicho por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, esto es, que la persona que alegó haber sido despojada “no logró acreditar su condición de víctima del accionar delictivo de Carlos Mario Jiménez o del grupo de Autodefensas que él dirigió ni tampoco se demostró el nexo causal entre el supuesto despojo de la finca La Esmeralda y cualquier clase de amenaza o constreñimiento ilegal por parte del postulado”.
Para los abogados de Jiménez, este caso constituye la prueba fundamental para demostrar que, contrario a lo que se viene denunciando, Carlos Mario Jiménez no despojó, sino que se dio a conocer en la región como un próspero ganadero, con dinero para comprar tierras y que no fueron pocos los campesinos que se le acercaron para ofrecerles sus predios.
“Hay unos avivatos que quieren posar de víctimas. Y esta sentencia de La Esmeralda es un ejemplo de ello. Sin embargo, estamos dispuestos a enfrentar las acciones a que haya lugar”, le dijo a VerdadAbierta.com uno de los abogados del extraditado jefe paramilitar, quien solicitó la reserva del nombre.
Sin embargo, otra cosa sostienen los campesinos, entre ellos, Pinto. “’Macaco’ siempre mandaba gente a que comprara las fincas que a él le gustaban. No se firmaban escrituras, como en mi caso y otros vecinos míos que también les pasó lo mismo. Y las repartía entre sus compinches. La mía, me dicen, la repartió entre su primo (Jesús María Sánchez, extraditado en 2010 a los Estados Unidos) y su mano derecha (alias) ‘Monoteto’ (Héctor Edilson Duque, asesinado en Buenos Aires, Argentina, en junio de 2008)”.
El imperio de las Bacrim
La población pasó de la presión de las Auc a las de las Bacrim.Hasta marzo de 2014, se habían presentado 1.357 solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, sede Caucasia, de personas que alegan que perdieron sus fincas a manos de los violentos, bien porque los obligaron a abandonarlas y las ocuparon, o, en la mayoría de los casos, porque los obligaron a venderlas a muy bajos precios y bajo presión. La entidad tiene planeado terminar de sustentar los casos de 19 campesinos despojados en la vereda Luis Cano, en El Bagre, hacia fines de abril, para presentarlas luego ante los jueces de tierras.
Ellos hacen parte del medio centenar de familias que en 2012 tuvieron que desplazarse a la fuerza y dejar sus tierras debido a las constantes amenazas de muerte y las órdenes de reclutamiento de sus hijos que impartían los jefes militares de ‘Los Urabeños’. En ese momento, esa banda criminal estaba enfrentada en una sanguinaria batalla por el control de la región con otra banda conocida como ‘Los Rastrojos’.
Algunas de estas personas ya han podido regresar a sus predios y la Unidad, según explicaron sus funcionarios, busca respaldar su retorno, dándoles títulos de propiedad formales de las tierras que siempre trabajaron aunque no tuvieran documentos que certificaran que eran de ellos. Una vez presentado el caso de Luis Cano, la Unidad continuará con el caso de La Victoria, una vereda de Caucasia donde se presentó un hecho similar: un desplazamiento masivo perpetrado en 2011 por miembros de bandas criminales.
Pese a estos esfuerzos institucionales, las noticias para quienes alegan haber sido despojados en los municipios de Tarazá, Zaragoza, Nechí y Cáceres, no son nada alentadoras. Algunas zonas de estos municipios no son nada seguras pues, a diferencia de otras regiones del país, la desmovilización de los bloques paramilitares trajo consigo una ola de violencia protagonizada por los herederos de los jefes ‘paras’ que parece no tener fin.
Mención especial merece Piamonte. Actualmente, este corregimiento de Cáceres continúa siendo un fortín inexpugnable, ahora controlado por la banda criminal de ‘Los Urabeños’, conformada en buena parte por antiguos lugartenientes y subalternos del propio ‘Macaco’ y que luego de varios años de una cruenta guerra, logró arrebatarle el dominio territorial a la banda criminal de ‘Los Rastrojos’.
Según líderes sociales del Bajo Cauca antioqueño consultados por VerdadAbierta.com, desde allí los nuevos jefes de las bandas de la región imponen las extorsiones que deben pagar mineros, comerciantes y ganaderos; ordenan asesinatos y controlan la producción y el tráfico de alcaloides. Fue precisamente en Piamonte donde las autoridades de Policía hallaron el cadáver de Ángel de Jesús Pacheco Chancy, alias ‘Sebastián’, uno de los primeros cabecillas que tuvo la banda criminal de ‘Los Rastrojos’ y quien fue asesinado por sus propios escoltas en junio de 2011. También fue en este mismo corregimiento donde un comando especial de la Dijin capturó, en agosto de 2013, a Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, heredero del imperio criminal que lideró en su momento alias ‘Cuco Vanoy.
Es por esta situación que la fuerza pública no ha querido otorgar un concepto favorable de seguridad que permita a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras hacer las visitas indispensables al territorio que les permitan tomar las fotografías y realizar las mediciones topográficas, según lo exige la Ley 1448 para la documentación de los casos.
“Hemos solicitado concepto sobre el municipio de Cáceres en todos los Centros Integrados de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) y los Comités Operativos Locales para la Restitución de Tierras (Colrt) y de manera reiterada la respuesta de la fuerza pública señala que el corregimiento Piamonte es el principal foco de riesgo que impide rendir un concepto favorable. Esto da cuenta de la complejidad que manifiestan las autoridades militares y policiales sobre este corregimiento”, le dijo un funcionario de la Unidad a VerdadAbierta.com.
“El pasado 14 de marzo –continúa el funcionario-, personal de la Unidad de Restitución con sede en Caucasia fueron invitados a una jornada de Casas de Justicia en Piamonte, acompañada por el Ejército Nacional. Se consultó sobre nuestra intención de participar con toda la institucionalidad convocada a esta jornada, se le solicito al comando de Distrito de Policía Caucasia y al batallón Rifles del Ejército Nacional sendos conceptos y se nos indicó que no era conveniente nuestra presencia, pues los riesgos eran muy altos”.
“Y si no tenemos conceptos favorables de seguridad, pues simplemente estamos maniatados, no podemos hacer nada”, dijo.
Esa sensación de impotencia también la sienten Pinto y Gómez, quienes no se atreven a indagar por la suerte de sus tierras. “La última vez que yo fui a Piamonte fue como en 2009. Y fui a buscar a (alias) ‘Sebastian’, a decirle que yo era el dueño de una finca por allá, que quería volver y que yo no tenía problemas con nadie. Lo que me dijo fue que le diera 300 millones y que no había problema. Hasta ahí. Lo último que me dijeron, hace como dos años, es que mi finca la están explotando en oro”, dice Pinto, mientras que para Gómez, Piamonte es territorio prohibido. “eso por allá está tan peligroso que mejor no preguntar mucho”.
* Nombres y apellidos de las fuentes consultadas fueron cambiados y algunos detalles de sus casos omitidos para preservar su seguridad.
