Cuatro congresistas de ese departamento podrían ser llamados por la Corte Suprema. La crisis sale de la Costa y se dirige hacia la tierra de los paisas.
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| ‘Don Berna’, ‘Ernesto Baez’, y el ‘Alemán’ son algunos de los jefes paramilitares que han incidido en la política de Antioquia. El primero, en Medellín y el Área Metropolitana; el segundo, en la zona minera, y el tercero, en Urabá |
Por estos días, los políticos antioqueños desearían estar en otra profesión. En La Alpujarra de Medellín, donde se concentran la Alcaldía, el Concejo, la Gobernación y la Asamblea Departamental, no se habla de otra cosa que de la para-política. ¿Quiénes serán los próximos salpicados?, se preguntan por los pasillos. “No vaya a resultar una foto de uno por ahí con algún para”, dice un diputado. Pocos nombres se salvan de ser mencionados en la llamada para-política, que en Antioquia afecta a casi todas las regiones. O por lo menos así lo ha querido demostrar el senador Gustavo Petro, quien este martes comienza a dar el debate sobre el tema. Y la Corte Suprema de Justicia, que ya inició indagaciones previas a cuatro congresistas antioqueños: a los senadores Óscar Suárez y Antonio Valencia, quien heredó la curul de Álvaro Araújo (Alas Equipo Colombia), Rubén Darío Quintero (Cambio Radical) y al representante Mauricio Parodi (Partido Liberal).
Desde finales del año pasado, cuando estalló el escándalo de la para-política, la justicia se concentró en investigar los nexos de los congresistas costeños con los jefes paramilitares ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso. Pero el tema no es ni ha sido nunca exclusivamente de la Costa. De hecho, dirigentes antioqueños de mucha trayectoria han sido investigados por vínculos con el paramilitarismo. El dirigente cafetero y ex senador conservador Ernesto Garcés Soto fue vinculado en 1995 a la investigación por la conformación del grupo paramilitar La Escopeta, al que se le atribuyeron decenas de crímenes en la zona cafetera de Antioquia. Aunque estuvo detenido durante 13 meses, la investigación en su contra precluyó. Ahora ha vuelto a salir a la palestra porque maneja los hilos de la política en Sabaneta y porque en octubre pasado tuvo un sonado encuentro con ‘Ernesto Báez’. “Las AUC me nombraron acompañante en las negociaciones; el señor ‘Báez’ quería preguntarme cuál era mi concepto sobre lo que ocurre actualmente y yo le pedí prudencia y tolerancia”, dijo Garcés en su momento.
El otro viejo cacique paisa que enfrentó sindicaciones por vínculos con paramilitares es el liberal César Pérez García. Cinco veces representante a la Cámara y desde hace 12 años diputado con fuerte influencia en la zona minera del departamento. Fue investigado, y posteriormente absuelto, como presunto coautor de la masacre de Segovia, en la que paramilitares del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste asesinaron a 43 personas en 1988.
Pero mientras los casos de Garcés y Pérez se pueden considerar aislados, fue en Urabá donde se puso a prueba un verdadero experimento para-político. Allí, hasta mediados de los años 90, la Unión Patriótica mantenía las alcaldías del eje bananero bajo control. Y la presencia de las Farc era permanente. Después de la arremetida paramilitar, el panorama político cambió completamente. Las AUC, primero con Carlos Castaño y después con ‘El Alemán’, empezaron a incidir en la elección de los alcaldes de la región. El alcalde de Apartadó para el período 1997-2000, Teodoro Díaz, terminó investigado por vínculos con los paramilitares, muy a pesar de que era un guerrillero del EPL que se había desmovilizado años atrás.
A medida que esta influencia crecía, decaía la de políticos tradicionales como Bernardo Guerra Serna o Piedad Córdoba. Esta última denunció, por ejemplo, en 2002, que no la dejaron hacer campaña en la zona bananera y que las autodefensas habían ordenado votar por Carlos Arturo Clavijo, un novato en política que había liderado el Movimiento No al Despeje en el sur de Bolívar. Clavijo resultó elegido senador.
También emergieron nombres como el de Rubén Darío Quintero, quien en las elecciones para el Congreso de 1998 sacó en la zona 37.611 votos y cuatro años después llegó a 65.850. Algo que sorprendió, pues Quintero no tiene lazos con la zona y su caudal político está en el oriente antioqueño, especialmente en Rionegro, de donde fue alcalde en varias oportunidades.
Mientras estas votaciones crecían, otras se iban a pique. “La misma gente de Urabá, que sabíamos que votaba por nosotros, nos decía que era mejor no aparecernos por allá”, dice un político liberal. La gente, bajo presión, ya sabía cuáles eran los candidatos para Cámara y Senado. Situación que no difiere mucho de lo vivido en la costa caribe.
Según un investigador político de la Universidad Nacional, “Urabá es un caso aparte en el mundo para-político de Antioquia. La relación entre paramilitares y políticos en esta zona es muyparecida a la de la Costa”. Explica que no sólo hay presión para que la gente vote por determinado candidato sino que una vez elegido, transan con él para lucrarse de los dineros públicos.
En la región del bajo Cauca y en el noreste, que es la zona de las minas de oro, la relación entre paras y políticos es diferente. “No hay duda de que en el Bajo Cauca hay alcaldes que les ha tocado transar con los paramilitares”, dice un funcionario de la Gobernación. Municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, San Roque, Zaragoza y Segovia han tenido una fuerte influencia de los bloques mineros, bajo el mando de ‘Cuco Vanoy’, y el Bloque Central Bolívar, que dirige Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ desde mediados de los 90.
Un importante dirigente político de la zona, quien pidió la reserva de su nombre, le contó a SEMANA que para hacer campaña en estos municipios había que pasar antes por el corregimiento de Cristales, en el municipio de San Roque, para pedir autorización de los jefes paramilitares. Habla de una famosa reunión en vísperas de las elecciones para el Congreso en 2002, en la que líderes políticos y paramilitares se pusieron de acuerdo sobre quiénes serían los candidatos. Justamente en esta región se cristalizó la cuantiosa votación de Rocío Arias para la Cámara de Representantes en 2002. La misma que como por arte de magia desapareció en 2006 y terminó favoreciendo a Guillermo León Gaviria Zapata, que cuenta con el apoyo de César Pérez.
En el suroeste de Antioquia las suspicacias no son menores. La presencia de los paramilitares no ha cesado ni con la desmovilización. De hecho, en esta región fue capturado la semana pasada Hernán Hernández, el jefe paramilitar del Bloque Bananero que se había declarado disidente junto a Vicente Castaño. Uno de los congresistas de la región que han estado en la mira de la oposición del gobierno es el senador Mario Uribe. Hace varios meses se supo que el primo del Presidente le vendió unas tierras al narcoparamilitar el ‘Tuso’ Sierra. La pregunta por resolver es si el senador actuó de buena fe y sin conocer los antecedentes de Sierra o si hacían negocios recurrentemente.
Pero ha sido Medellín y el área metropolitana el sitio donde más recientemente se ha notado el interés de los paramilitares, en particular de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ por conquistar los votos para los candidatos de su preferencia. Desde antes de la desmovilización, sus hombres del Bloque Cacique Nutibara habían hecho un trabajo de infiltración en las juntas de acción comunal de la ciudad. Después de que entregaron las armas, esta presencia se hizo más evidente. La influencia que ganaron se reflejó en votos a favor de Rocío Arias en las elecciones de marzo de 2006.
Las otras dos ciudades donde ‘Don Berna’ mueve sin dificultad su influencia son Envigado y Bello. Envigado fue durante años la población predilecta de los narcotraficantes. De allí eran Pablo Escobar y los Ochoa. Después de que desapareció el cartel de Medellín, quedó funcionando un grupo de sicarios conocido como La Oficina de Envigado. Muchos de ellos hoy se desmovilizaron como paramilitares. Hace tres años, las autoridades hicieron una operación contra esta temida banda y en su momento anunciaron que La Oficina, que dirigía el dirigente deportivo Gustavo Upegui, operaba desde la Alcaldía.
Durante años ese municipio ha sido manejado por la familia Mesa, de estirpe liberal, que mantuvo hasta hace poco, representación parlamentaria. Jorge Mesa, quien falleció, fue representante a la Cámara del 90 al 91, cuando fue revocado por la Constituyente. Su hijo, Jorge Ignacio Mesa, fue senador entre el 1998 y 2002 y repitió entre 2002 y 2006. Los votos de Envigado se fueron el año pasado para Óscar Suárez, de Bello. El otro gran elector de ese municipio es William Vélez, quien en el pasado estuvo en medio del huracán por las fotos en las que aparece con Pablo Escobar.
Así como Envigadose convirtió en la ciudad donde vivían los grandes capos, Bello corrió con la pésima suerte de ser el lugar donde reclutaban a jóvenes sicarios. La violencia llegó a extremos insospechados. Fue ‘Don Berna’ quien doblegó las bandas, por las buenas o por las malas, y ejerce una fuerte influencia en este municipio industrial.
Dos congresistas del área metropolitana, Óscar Suárez y Mauricio Parodi, están en la mira de la Corte Suprema. El primero empezó como conductor de la alcaldía, Alcalde, representante a la Cámara y ahora senador. Parodi, por su parte, es un odontólogo y dirigente deportivo. A ambos se les liga con Hugo Albeiro Quintero, el dueño de Bellanita de Transporte, hombre conocido porque financia a varios políticos y mantiene lazos estrechos con varios de ellos. Su flota, con 397 autobuses, ha estado disponible en todas las campañas en los últimos años para transportar no sólo a los candidatos, sino a los mismos votantes. Incluso, su helicóptero fue utilizado en las pasadas elecciones por Óscar Suárez en su campaña para el Senado.
Por su oficina han pasado desde Horacio Serpa hasta Álvaro Leyva, según afirma el propio Quintero.
No es difícil adivinar que en todo Medellín se habla sobre el tema. Que unos tiemblan y otros sienten, como los costeños, que es un ataque contra su región.
Ernesto Garcés fue el primero que salió al paso. Según le dijo a SEMANA: “Por el camino que vamos, el 70 por ciento de los colombianos va a parar a la cárcel. Por eso le dije al presidente Uribe que la única salida era la de revocar el Congreso y llamar a Asamblea Constituyente”, dice. Garcés lideró la semana pasada una reunión a la que asistieron 15 políticos de Antioquia.
Este lunes se anuncia una nueva reunión de los paisas que, seguramente, están preparando una defensa memorable para cuando el martes el senador del Polo Democrático Gustavo Petro saque su artillería pesada.
Publicado en SEMANA Fecha 14/04/2007 – Edición 1303
