Muchos de los que están gestionando las ayudas de los desplazados ante el gobierno se están quedando con una buena tajada.
En varios lugares del país se viene denunciando la presencia de personas que están abusando de las ayudas que se les entrega a los desplazados.
Cuando un hogar se desplaza, tiene derecho a reclamar alimentación, un kit básico de subsistencia (aseo, ropa, cobijas, ollas, etc.), atención médica y psicológica, alojamiento y transporte. El monto de la ayuda depende del número de integrantes de la familia desplazada
No ha sido fácil para el Estado, a através de Acción Social, atender a la enorme cantidad población desplazada. Sin embargo, desde un fallo histórico de la Corte Constitucional, la sentencia T-025 de 2004, que exigió una efectiva atención de esta población afectada por el conflicto armado, el gobierno ha venido respondiendo. Con limitaciones, atendió a 96.535 hogares en 2007 y en lo que va de 2008, a casi 120 mil.
La Corte Constitucional, preocupada porque haya una atención eficiente de los desplazados, intervino de nuevo en 2007 con la sentencia C-278/07. En ella que ordena la asistencia que regularmente se les brinda durante tres meses, sea prorrogable hasta que puedan sostenerse económicamente por sí mismos.
Si bien la decisión de la Corte buscaba beneficiar a las víctimas, sirvió para que muchos hiciera un lucrativo negocio. ¿Cómo? Se han encargado de presentar una avalancha de acciones de tutela a nombre de varias personas pidiendo extender las ayudas a Acción Social y cobran un porcentaje por la diligencia. Esto lo hacen aprovechándose de la dificultad de los desplazados para acceder a la información sobre los trámites, que son gratis ante Acción Social y tienen asesoría gratuita en instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o las alcaldías.
Por cuenta de estas personas que hacen negocio a costillas de los desplazados, se han disparado las tutelas en algunos juzgados del país. El crecimiento en el último añi, sobre todo, ha sido exponencial. Así, mientras en 2005 fueron interpuestas 510 tutelas, en 2008 van 19.057.
Acción Social ha intentado ir al sitio donde viven los desplazados para verificar si en realidad aún no han superado sus condiciones de emergencia y requieren de la prórroga de la asistencia que solicitan. Pero no siempre ha sido posible constatarlo porque en las tutelas aparecen las direcciones de las oficinas de los promotores, node los sitios de alojamiento de los desplazados.
Lo grave no es que haya intermediarios que les ayuden a los desplazados a conseguir las ayudas, sino la manera como algunos lo han hecho. Semana.com conoció casos de personas que se hacen pasar como líderes o como abogados de Acción Social o que simplemente van a donde los desplazados, les piden copias de sus cédulas y les prometen que pronto llegarán con ayudas. En efecto, al tiempo vuelven, pero les piden un porcentaje por el trámite. Y a veces éste llega a ser exagerado, muy por encima de lo que serían los honorarios profesionales de un abogado.
Hay casos en todo el país. En Bogotá, una mujer denunció que el señor Edil Antonio Navia había cobrado 50 mil pesos a cada persona incluida dentro de una acción de tutela que contenía 80 firmas. Luego, le dijo a cada persona que si la tutela le salía por 1,5 millones de pesos, debían darle a él 150 mil. Si les otorgaban 900 mil pesos, debían darle 90 mil. O si les reconocían el derecho a una ayuda por 600 mil pesos, debían darle 60 mil. “Varias veces me ha ocurrido y estoy cansada del abuso”, dijo la afectada en la Unidad de Atención y Orientación de víctimas de Puente Aranda (Bogotá).
Navia ha sido señalado de organizar manifestaciones de desplazados en Bogotá y de movilizar masas con la idea de presionar a Acción Social a que autorice las prórrogas de la asistencia. Ante las acusaciones, Navia siempre ha dichoque sus motivos son altruistas. Incluso, el pasado agosto, cuando la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, lo señaló de ser el promotor de una protesta en el Parque de la 93, la funcionaria tuvo que rectificarse días después. No obstante, las autoridades están investigando para determinar si hay abusos de su parte.
Un hombre que reclamaba su ayuda puso otra denuncia en Bogotá. Según dijo, no asistió a una jornada en que se las entregaron a varias personas porque “no soy partidario de darles un porcentaje a los señores José Gómez y Lida Martín”. Y explicó que el porcentaje se lo cobrarían por hacer parte de una acción de tutela masiva que habían interpuesto estas dos personas y donde aparecía él.
También en Bogotá ha sido cuestionado Ricardo Jiménez. Él fue la persona que la Policía detuvo el pasado 8 de septiembre por haber promovido la toma del Parque de la 93 ese día. Originar una manifestación no tiene nada de malo cuando hay razones. Y tal vez los desplazados tengan bastantes. Pero muchos no ven en Jiménez a un líder.
Hay evidencias de que desde julio su liderazgo venía perdiéndose. Así lo expresó él mismo cuando le envió una carta a la asociación de desplazados Colombia uno, colombianos todos y en la que les hacía reclamos por no haberse movilizado cuando él los convocó.
“Recuerdo que en la marcha inicialmente solo llegaron 32 personas cuando solicité permisos, escolta de la Policía Nacional para que no fueran infiltrados, es decir, fue grande el propósito debido a que yo imaginaba que se estaba haciendo muy en serio la vía de hecho, pero no fue así”, escribió en su carta.
Después, el 5 de agosto pasado, la Asociación le envió una carta a la Secretaria de Gobierno de Bogotá diciéndole que Jiménez estaba “inhabilitado para cualquier proceso que tenga que ver con el grupo”.
Crear asociaciones entre desplazados no es cuestionable. Al contrario, facilita el diálogo con el gobierno y puede ayudar a agilizar las acciones. Pero de ahí a sacar provecho de las pocas ayudas que reciben, hay mucha diferencia. Y eso es lo que viene ocurriendo con algunos que se hacen llamar líderes o se hacen pasar por abogados que tienen derecho a cobrar honorarios aún cuando las víctimas no son quienes los buscan, como es el caso de Sincelejo.
En otras partes del país también
Semana.com conoció denuncias que dicen que el abogado Hernán Torres y su asesor Fidel Anaya han recogido documentos de desplazados para redactar acciones de tutela sin que ellos los autorizaran. “Luego dice que él tramitó una ayuda y uno le tiene que pagar 100 mil pesos y nos hacen firmar documentos para que cuando llegue la prórroga (de la ayuda que entrega Acción Social), le demos 100 mil pesos más”, dice el testimonio de un expediente. Se sabe que Torres ha estado detrás de cinco tutelas masivas.
A veces, los textos de las acciones de tutela son idénticos y hay indicios de que son provistos por personas que venden los formatos estandarizados. Esa situación preocupa al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare. Cerca de 300 tutelas presentadas allí reclaman que no les están cumpliendo con ayuda permanente, que en vez de ayudas de 1,5 millones, han recibido mercados por 40 mil pesos, que no tienen proyectos productivos ni de vivienda, que se encuentran en una grave crisis humanitaria y que les están violando el derecho a la dignidad, a la vida y al trabajo.
Todo eso podría ser cierto y habría que reclamarlo en caso de que así fuese. Pero es muy sospechoso que se haga por medio de tutelas con redacciones y formatos muy similares. Y más sospechoso aún es que en los textos, en vez de aparecer la dirección de los afectados, figura la dirección de la oficina donde funciona la asociación de desplazados del Guaviare. Así, no se pueden verificar si en realidad quienes reclaman las ayudas las necesitan.
Ese es el producto de las asesorías que ha prestado Genón Emilio Delgado, que está cobrando entre 20 y 30 mil pesos por cada uno de quienes aparecen en las tutelas, según averiguó el juzgado.
Muy parecido a lo que ocurre en Guaviare se ha detectado en Bolívar, más específicamente en los municipios de Marialabaja, Carmen de Bolívar, Magangué y Turbaco. Entre julio y agosto se presentaron 611 acciones de tutela redactados en tres formatos idénticos. Según han denunciado algunos desplazados, un señor que se llama Erlin Zader Medina vende formatos de derechos de petición a 10 mil pesos y de tutela a 30 mil. Fuera de eso, les cobra el 30 por ciento de la ayuda que reciban por concepto de honorarios.
Negocios parecidos tienen los abogados Everlides León, Yurlays Montero, Yaritza Fontalvo, Giovanni Manjarrés y Emiro Pimienta (ex personero de San Jacinto), según denuncias de desplazados.
A veces, los promotores de las tutelas hacen recorridos invitando a las víctimas a que entreguen sus documentos y las firmen, como ocurre en Magdalena. Así, entre julio y agosto se presentaron 1.835 tutelas, de las cuales el 90 por ciento estaban redactadas con base en cuatro formatos diferentes presentados por Manuel Calderón y Maritza Navas a nombre de varios desplazados. Ellos deben pagar entre el 20 y el 30 por ciento de las ayudas recibidas. Navas y Calderón tienen una fundación llamada Amor por los Ángeles y eso, tal vez, ha inspirado confianza en los desplazados.
Un líder de Valledupar le contó a Semana.com que está preocupado porque allá también hay algunas fundaciones operando igual. “Ofrecen reclamar la ayuda humanitaria por medio de tutelas sin siquiera explicarles la ruta que deben seguir”, explica el líder. La ruta es que la ayuda se pide en las oficinas de Acción Social y si no cumplen, hay que recurrir a la tutela.
Según el líder, las fundaciones cobran entre 5 y 10 mil pesos por redactar derechos de petición y entre 50 y 60 mil pesos por las tutelas. Cuando llegan las ayudas humanitarias, cobran entre el 7 y el 30 por ciento.
Semana.com habló con un desplazado que tiene una fundación en Bogotá. Según dijo, es normal cobrar por hacer las diligencias porque no tienen cómo más sostener la organización. “Muchas veces hay que viajar y hacer trámites y hay que cobrarles a los beneficiarios para llevar esos gastos”, explicó. Y dijo que si las ayudas fueran entregadas de manera eficiente, no habría necesidad de crear asociaciones que ayuden a agilizar las ayudas.
Es cierto que a veces la atención no es eficiente. Pero hay que evitar que terceros se queden con recursos de los desplazados. Por eso, Acción Social y líderes se vienen reuniendo para ponerle freno al problema. Una de las decisiones que se han tomado es cambiar la ayuda para alimentos en efectivo, por bonos canjeables en los supermercados o tiendas.
Y fue revelador que muchos desplazados se movilizaran para reclamar. cuando superon que les cambiarían el efectivo por los bonos. Si la ayuda se las daban en bonos, ya no podráan darle una parte al tramitador. Lo lógico es pensar que el alboroto lo armaron más los gestores que los desplazados, que por el contrario, han recibido con gusto los bonos.
“A la gente le ha gustado porque en esos lugares hay alimento de buena calidad y en buena cantidad. Uno encuentra lo que necesita”, comentó el líder de Valledupar.
Hasta ahora están apareciendo las soluciones. Lo paradójico es además de tener que soportar la tragedia de la violencia, los desplazados tengan que buscar maneras de defender las ayudas que merecen para que no se las quiten. Así mismo, que estos “aviones” le hagan la vida aún más difícil a Acción Social para cumplir con una tarea que de por sí ya es ardua. En últimas los que salen perdiendo son los desplazados que nunca reciben ayuda porque esta se está desviando a otros bolsillos menos necesitados.
Publicado en Semana.com 09/11/2008
