Aunque el caso de los 12 diputados del Valle estremeció al suroccidente del país, otras voces de víctimas de la región alzaron su voz en audiencia de la JEP sobre secuestro. Redes de milicianos o bandas criminales que trabajaron a la sombra de estructuras de las Farc jugaron un papel determinante.
Como responsables de cientos de secuestros, los comparecientes del Bloque Occidente fueron citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 24 y 25 de noviembre en Cali a reconocer su responsabilidad por ordenar privar de la libertad y no haber controlado a sus subordinados frente al trato que les dieron a las víctimas durante el cautiverio. Los comparecientes debían aceptar su responsabilidad de mando en los casos ocurridos en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur de Chocó.
Aunque había una orden generalizada de buen trato, en la práctica, las decisiones quedaron a disposición de los comandantes regionales, quienes, por acción u omisión, tienen responsabilidad en lo padecido por las víctimas y sus familiares. “Teníamos la obligación de exigir que hubiera un buen trato, como se establecía, sabiendo las limitaciones que una persona secuestrada va a tener”, expresó durante la audiencia Édgar López Gómez, conocido como ‘Francisco González’ o ‘Pacho Chino’, quien desde 1993 fue el segundo al mando del Bloque Occidente.
Pero fallaron: las largas caminatas, la vulneración de la intimidad, las torturas, la violencia sexual y el asesinato de cautivos demostraron la peor cara de un crimen no amnistiable y por el cual tendrán que pagar sanciones alternativas. “Estamos dispuestos a enmendar ese daño que hicimos. No queremos que nos sigan mirando con los ojos del pasado. No somos los mismos hombres de guerra”, señaló Gustavo Arbeláez Cardona, conocido dentro de las filas como ‘Santiago Naya’ o ‘Santiago Cepeda’, miembro del Estado Mayor de Frente Urbano ‘Manuel Cepeda Vargas’. Arbeláez estuvo cerca de 9 años preso y obtuvo su libertad con el Acuerdo de Paz.
Desde que el tribunal de justicia transicional imputó a los miembros del último Secretariado de las Farc y reconocieron su responsabilidad en junio de 2022, este tribunal ha venido bajando dentro de la cadena de mando de la estructura guerrillera, en parte por las demandas de las víctimas por conocer detalles de la responsabilidad dentro de los plagios que sufrieron. (Leer más en: La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)
Desde entonces, los máximos representantes de tres de las siete estructuras que conformaban las extintas Farc han sido imputados por la JEP dentro del Caso 01, en hechos que se relacionan con los tres patrones macrocriminales determinados por la magistratura: para financiarse, para forzar al Estado colombiano a intercambiar guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaban. (Leer más en: Caso 01: la verdad que sigue cautiva)
Los comparecientes del Bloque Occidente son los segundos en reconocer su responsabilidad en esta práctica, los primeros fueron los del Comando Conjunto Central —que operaba en Quindío, Tolima y norte de Huila—, quienes el pasado mes de abril se encontraron públicamente con las víctimas y asumieron su responsabilidad en los casos del centro del país. (Leer más en A pesar de riesgos de seguridad, se realizó la primera audiencia territorial de reconocimiento sobre secuestro)
Además de Édgar López y Gustavo Arbeláez, del Bloque Occidental, se determinó como máximos responsables a Jesucristo Jiménez Cuellar, alias ‘Juvenal Rodríguez’; Héctor Julio Villarraga, alias ‘Gilberto Arroyave’ o ‘El Grillo’; Carlos Mario Cardona León, alias ‘William’ o ‘El Paisa’; Diego Ardila Merchán, alias ‘Leonel Páez’, y Oswaldo Miguel Mendoza, alias ‘Pacho Quinto’.
Juan Carlos Ramírez, conocido como ‘Miguel Pascuas’ o ‘Sargento Pascuas’, también fue imputado por estas conductas, pero a raíz del deterioro en su salud por alzheimer, no participó de la diligencia y fue remitido a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
“La investigación desarrollada por la Sala indica que 227 de las 4.056 víctimas acreditadas en el Caso 01 señalan como presunto responsable de su secuestro al Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental”, señaló la JEP en un comunicado.
Entre 1993 a 2011, las Farc se desplegaron en la región para generar las condiciones políticas y militares necesarias que le permitieran tomarse a Cali y las vías hacia Pasto, Popayán y Pereira; además de buscar controlar los puertos de Tumaco y Buenaventura.
La estructura estuvo bajo el mando de Luis Édgar Devia Silva, conocido en la guerra como ‘Raúl Reyes’, durante 1993 a 1999; de Guillermo León Sáenz o ‘Alfonso Cano’, entre 1999 a 2011; y de Pablo Catatumbo, quien lo comandó hasta la dejación de armas del grupo guerrillero en 2016. Este bloque fue conformado por varias unidades, dentro de las cuales destacan los Frentes 6, 8, 29, 30 y 60; las columnas del Bloque Móvil Arturo Ruiz; y la Columna Móvil Jacobo Arena.
Dos de los casos más representativos de esta región son el plagio de los trabajadores de la represa de Anchicayá en 1999 y el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en 2002. La ausencia de las familias de los diputados, así como el único de los sobrevivientes, hizo ruido en el evento.
“Las FARC han dicho y siguen diciendo verdades a medias y no cumplieron con lo único que se obligaron: la verdad plena, detallada y exhaustiva; y cuando en plena audiencia les preguntamos para conocer la verdad, la propia JEP a través de la propia magistratura del Caso 01 nos calló y nos impidió ejercer nuestro derecho a la verdad plena”, señaló el exdiputado Sigifredo López a través de un comunicado público de siete puntos en el que reprocha los avances de la JEP y lamenta el recrudecimiento del conflicto en el país como un obstáculo para seguir en esta apuesta.
A la audiencia pública asistieron cerca de 40 víctimas y ocho de ellas le pidieron a las comparecientes respuestas e hicieron peticiones a la JEP. “La Farc no investigaban absolutamente nada de las informaciones que les entregaban los milicianos, simplemente procedían”, expresó durante su intervención Eneifi Cecilia Martínez, víctima de secuestro y violencia sexual.
En su investigación, la magistratura ha encontrado que particularmente en el suroccidente del país había “redes de milicianos que estaban empoderados, armados, que cometían crímenes con el auspicio de la organización o ante la indiferencia de la organización para beneficio propio pero también sin control”, precisó la magistrada relatora del caso.
“El secuestro no debía de haberse dado en la Farc-Ep por el dolor tan grande que sufre el secuestrado al encadenarlo, al amarrarlo, al privarlo de su libertad, al aislarlo de su familia, de sus amigos, de su comunidad”, expresó Jesucristo Jiménez Cuéllar o ‘Juvenal Rodríguez’, comandante de la Columna Miller Perdomo. “No tuve la capacidad para orientar mejor a las unidades para que no se cometieran los malos tratos a los secuestrados y no se cometieran tantos errores que se cometieron con la gente que secuestramos”, agregó.
En otros casos, la magistratura tuvo que recordarle a los comparecientes que no sólo fueron errores. “¡Crímenes!”, le recordó contundentemente la magistrada Catalina Díaz a Diego Ardila Merchán o ‘Leonel Páez’, que en su intervención se refirió a algunos hechos del secuestro como ‘errores’, expresión que podían malinterpretar su compromiso de responsabilidad.
“Para sanarme yo, para sanar mi cuerpo y mi alma me tocó perdonarlos”, expresó Eneifi. “Yo sí los perdono por todo el enorme daño que me hicieron y aquí estoy hoy representando a todas esas mujeres que hemos sufrido estos crímenes tan atroces. (…) Años después he logrado remendarme, convirtiendo mi dolor en fuerza. Hoy mi voz es un grito de esperanza”, concluyó la víctima.
Financiar a la organización
Los secuestros con fines financieros empezaron en la década de los setenta, poco después de la constitución de las Farc. Según la magistratura, por este patrón los primeros dos casos sobre los que se tiene registro tuvieron lugar en 1965 y 1974. Sin embargo, sólo fue hasta 1997 que el grupo guerrillero avaló la política de secuestro y extorsión, lo que después se conoció como el ‘Impuesto a la Paz’ o Ley 002, expedida en marzo del 2000.
“La pregunta que más recibimos es ‘¿por qué a mí’”, señala la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del macrocaso. La respuesta que ha llegado a encontrar la JEP está relacionada con la orden general de los altos mandos de conseguir grandes sumas de dinero para financiar la guerra. Por diferentes vías, llegaron información de terceros que les decían a los guerrilleros a quién secuestrar, así como las conocidas ‘pescas milagrosas’, que fortuitamente afectaron a las familias que transitaban por las vías del país.
En su mayoría, las víctimas del patrón de financiamiento fueron transportadores, comerciantes y empresarios, y según los estatutos guerrilleros los plagios debían ser contra aquellos que tuvieran un patrimonio superior al millón de dólares, pero en la práctica este flagelo lo padecieron víctimas que no tenían cómo pagar las exigencias del grupo guerrillero, viéndose obligadas a perderlo todo o endeudarse por recuperar a sus seres queridos o, en algunos casos, el cuerpo sin vida. Algunas de las víctimas, aún siguen esperando el regreso de sus seres queridos.
Henry Sánchez Zúñiga contó el primer día de audiencia sobre la ausencia de su padre, Silvio Alberto Sánchez Murgueitio. Sánchez habla, de paso, por otros ganaderos y hacendados de la región, también secuestrados o desaparecidos. Antes del accionar de las Farc, estas familias vivían en comunidad, pero con la llegada de los hechos violentos a la región todo esto se perdió.
“A mi padre lo encontré casi a los cuatro años de su secuestro enterrado en unas montañas”, señaló la víctima. La familia tenía una finca en El Tambo, Cauca, y según relató Henry, un día de 1991, un escuadrón militar acampó cerca de la casa de la finca familiar y por eso los comandantes de las Farc fijaron como objetivo a la familia. Las primeras acciones violentas vendrían en febrero de 1992, cuando hombres de las Farc se llevaron al mayordomo de la finca, cercano a la familia, y lo asesinaron.
Por estos hechos, la finca quedó en crisis y fue saqueada. En marzo de ese año, su padre regresó, pero días después no se tuvo noticias de él. Por el llamado de una vecina la familia supo que algo había pasado. Cuando sus hijos llegaron, la casa estaba deshecha y no había rastro de su padre. En una pared encontraron el mensaje: ‘Por sapo Farc-EP’.
A pesar de perder sus sustento en la finca y quedar endeudados por los créditos para las labores ganaderas que habían sacado, los hijos de Silvio dejaron sus trabajos para continuar con la investigación del paradero de su padre. Henry se adentró en la región, su hermana se propuso hablar con la guerrilla y su otro hermano intentó salvar la finca. Las pesquisas de Henry lo llevaron a hablar con el guerrillero conocido como ‘Pecho de Rata’ y confrontarlo por el secuestro de su papá.
Según reconstruyó la familia, mientras lo tenían retenido, su padre reconoció a algunos guerrilleros y, según cuentan, por eso lo asesinaron con un tiro de gracia en la cien. Con el tiempo, la familia logró encontrar el lugar en el que estaba el cuerpo de Silvio.
“Me da mucha tristeza, mucha pena con el señor Henry, la tragedia que él cuenta, de toda su familia, el tiempo que le tocó emplear para buscar la verdad”; expresó Édgar López Gómez o ‘Pacho Chino’. “Esos territorios que usted menciona yo los conozco. Conozco los nombres de los guerrilleros que mencionó, todos los conozco. Sí eran guerrilleros de las Farc”, agregó.
Además se refirió a los casos de otras víctimas, empresarios y hacendados de la región, que Henry relacionó en su intervención. “Me queda mucho en la mente las personas que usted menciona, que fueron secuestradas antes y que no han podido llegar aquí. Yo creo que como ellos deben haber muchos otros que por miedo, por omisión, por todos los problemas que han habido en los compromisos de la JEP y en nosotros mismos, no han podido comparecer aquí”, concluyó.
Violencia sexual durante el cautiverio
“Una de las características del 30 Frente es que eran secuestros económicos, pero eran cortos: ‘usted paga o no vuelve a ver a su familiar’”, resalta Luz Mélida Ocampo en representación de las víctimas de secuestro extorsivo de su región. Según cuenta, después de varios casos, este era el conocimiento general que tenían las comunidades de zona rural de Valle del Cauca sobre el actuar de las extintas Farc.
Ocampo y su familia fueron secuestrados el 6 de abril de 2002, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, en lo que se conoció como ‘pescas milagrosas’. Ese día, mientras la familia transitaba por la carretera que va de Cali a Buenaventura, hombres armados del Frente 30 de las Farc los pararon en un retén instalado sobre la carretera. En un intento de huida de la familia, los guerrilleros abrieron fuego contra el vehículo.
Como su esposo y su hija de 12 años fueron heridos durante el plagio, los armados se llevaron a Luz Mélida, quien para entonces tenía 42 años. Con su familia, Olga manejaba una empresa de transporte que prestaba servicios por el Valle. Contó que la guerrilla se ensañó contra la familia por algunos bienes que con esfuerzo habían construido a través de los años y las ganancias de su empresa familiar.
Durante su cautiverio fue torturada, sometida a tratos crueles e inhumanos y violentada sexualmente. “Ahí comienza la historia más horrible para una mujer: estar desnuda, llegar un hombre, manosearte, tirarte al piso y violarte. Y luego llega otro y también hace lo mismo. Ustedes daban cultura, pero no sé qué cultura les daban”. Dejarla sin comida, encadenada a un árbol o obligarla a recorrer largas caminatas fueron algunos de los tratos crueles e inhumanos que padeció.
Por su liberación pidieron un millón de dólares. “Yo me desmayé porque ¿de dónde íbamos a sacar un millón de dólares?”. Cuando la guerrilla vio lista el canje del dinero por su liberación, esa noche volvieron a accederla sexualmente. Incluso, el día de su liberación intentaron volverla a violentar, “me tocó comenzar a gritar, les dije ‘ustedes prometieron que no iban a volver a hacer eso’”. Tras su liberación, la familia continuó siendo víctima del conflicto, despojo de predios y afectada en su empresa familiar; cargando, además, las cicatrices de la violencia sexual en cautiverio.
“Hay miles de mujeres con historias como la mía. Las Farc niega que estos actos de violencia sexual ocurrieron bajo su conocimiento, alegan que estas conductas iban en contra de sus estatutos y eran castigados con fusilamiento, pero la realidad que estamos viviendo demuestra todo lo contrario. Mi caso, al igual que el de muchas otras víctimas, refleja que no sólo hubo conocimiento de estas prácticas, sino también que hubo una complicidad y una permisividad”, expresó la víctima durante la audiencia.
“Eso a usted no debió haberle ocurrido. A usted ni a nadie”, señaló Gustavo Arbeláez. “(Yo) hacía parte de estructuras que en el desarrollo de la guerra se crearon y que quedaron sueltas y que no tuvimos el talento suficiente de ajustarlas o de tomar la decisión de que dejaran de hacer”, agregó. “De corazón acepto la responsabilidad que como organización tuvimos en este hecho”, concluyó.
La voz de los desaparecidos
Olga Yaneth Gonzalez Mosquera alzó su voz para contar el secuestro y desaparición de su padre, Gilberto González Hernández, de 62 años. El 28 de mayo de 2012 en Rosas, Cauca, fue plagiado y desde entonces la familia ha atravesado un calvario para determinar su paradero.
En su momento, hombres que se identificaron como miembros del Frente 8 de las Farc le pidieron 20 millones de pesos por la liberación de su familiar, pero luego se enteraron que Gilberto había sido asesinado a los pocos días del secuestro. Por la liberación de su cuerpo les pidieron la misma cantidad de dinero para ser liberado.
Dentro de una investigación en la justicia ordinaria que duró cuatro años, la familia González Mosquera logró llevar a algunos de los responsables del secuestro de su familiar a la cárcel con una condena de 560 meses por extorsión agravada y desaparición forzosa, pero luego, con el Acuerdo de Paz recibieron el beneficio de libertad, para iniciar su proceso de reincorporación, entre ellos, Raúl Javier López Garzón, Jorge Eliecer Gómez Chanchí y Eduardo Santos Pipicano.
Durante el proceso, un campesino vecino de la región que presenció cómo los hombres armados llegaron a Gilberto, aceptó, por petición de la familia, comparecer como testigo principal contra los guerrilleros dentro del proceso. “Coincidencialmente, a los 10 días de que ellos salen libres aparece el testigo presencial muerto con ocho disparos en su cuerpo”, asegura Olga Yaneth.
“Ellos salen libres acogidos ante la Justicia Especial para la Paz, pero salen sin aportar ningún detalle de qué pasó con mi papá. Nosotros seguimos nuevamente siendo amenazados, siendo intimidados”, agregó.
La familia pidió el reconocimiento de los comparecientes sobre su responsabilidad en este caso y pido que la JEP actúe y evalúe el cumplimiento del régimen de condicionalidad con el cual se le otorgó a estos exguerrilleros el beneficio de la excarcelación. Además aprovechó el espacio para llamar la atención sobre la importancia de la búsqueda humanitaria, que como ella padecen decenas de víctimas de la región acreditadas en el caso.
Édgar López Gómez, en representación de la extinta guerrilla, le aseguró a la familia que están recopilando información para dar con el paradero del cuerpo de Gilberto. “No debemos guardarnos expectativas porque no podemos confirmar si sean ciertas o solamente nos van a aproximar, pero hay una información que es importante”. Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre precisó que la situación de los tres exguerrilleros fue remitida a la Sala de Amnistía e Indulto para revisar la posible pérdida por incumplimientos.
Sigifredo y el perdón que le debe la sociedad
A nivel nacional, gran parte de los secuestros con fines de canje estaban fijados miembros de la Policía y el Ejército, muchos en acciones armadas, otros cuando no estaban en funciones. Durante el proceso de paz con el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), las Farc liberaron a miembros de la fuerza pública que no tenían mandos y se quedaron con las cabezas. Es el caso de Guillermo Javier Solorzano, comandante de la Policía, liberado el 16 de febrero de 2011, tras 1.336 días de cautiverio. Después de todo lo que sufrió, los malos tratos y torturas que le provocaron los guerrilleros, le afectaron su buen nombre y acabaron con su carrera en la Policía. (Leer más en: Uniformados rasos secuestrados, víctimas de las Farc y del Estado)
El ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’ posterior al año 2001, determinó que para presionar al Estado Colombiano también se debía privar de la libertad a civiles que tuvieran notoriedad política y a sus familiares. Dentro de esta dirección se encuentra el caso de los diputados del Valle.
La justicia colombiana había proferido diferentes sentencias en contra de miembros rasos de la guerrilla, sin embargo, esta es la primera vez que altos mandos asumen responsabilidad por los daños sufridos por el secuestro de los diputados Asamblea Departamental del Valle, plagiados para presionar al gobierno en miras de un canje por guerrilleros.
El 11 de abril de 2002, disfrazados de militares del Ejército y bajo una falsa amenaza de bomba, milicianos de las Farc se los llevaron de la sede donde sesionaban, ubicada en pleno centro de Cali. Según ha determinado la JEP, dos hombres que habían hecho parte del M-19 colaboraron con las Farc aportándoles información. Estos conocían personas dentro de la Asamblea que les dio detalles a la guerrilla del funcionamiento desde dentro. Pablo Catatumbo ya había reconocido en la audiencia pública que Milton Sierra, conocido como ‘JJ’; Obdulio Peña o ‘Franco Benavides’; y ‘Alfonso Cano’ planearon esta acción.
Una vez en poder de las Farc, Oswaldo Miguel Mendoza o ‘Pacho Quinto’, joven comandante del Bloque Móvil Arturo Ruiz, se le asignó la tarea de conducir a los disputados por la selva para que quedara en manos del Frente 60. Esa extensa travesía, desde los Farallones de Cali hasta el río Naya, sería el inicio de las largas caminatas a las que fueron sometidos y que las víctimas nombraron como ‘las marchas de la muerte’. Sin víveres, sin equipos, sin medicamentos y sin descanso.
“Todos esos recorridos fue sufrimiento, fue frustración (…), no sólo lo de las marchas forzadas, sino también perder sus pertenencias. No lo menciono por el objeto, sino por el significado que tenían”, expresó Mendoza. “Hoy que en mí ha parado el ruido de la guerra me puedo dar cuenta cuánto era el significado que tenían esas prendas de los diputados”, agregó el compareciente y “pienso mucho en todo el sufrimiento que provocamos, pienso que fue una política equivocada. Eso no debía pasar”.
Después de cinco años de secuestro, 11 de los diputados fueron asesinados por las Farc: Juan Carlos Narváez, Ramiro Echeverry, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Rufino Varela, Nacianceno Orozco, Héctor Fabio Arismendi, Edison Pérez, Francisco Giraldo, Carlos Alberto Barragán y Carlos Alberto Charry. El único sobreviviente, Sigifredo López, fue liberado en 2009, pero fue encarcelado en mayo de 2012 por falsas acusaciones de haber colaborado con la guerrilla en el plagio de sus compañeros.
Inicialmente, las Farc argumentaron que los diputados murieron en un combate en un grupo armado sin identificar, pero años después se supo la verdad: una guerrillera de 15 años que hacía vigilia vio a hombres armados acercarse. En el momento, pensaron que se trataba de tropas del Ejército que habían llegado a rescatar a los diputados, pero en realidad se trataba de hombres del Frente 29 de la misma guerrilla. En la confusión, los carceleros de los diputados los masacraron en tres minutos.
Héctor Julio Villarraga, ‘Gilberto Arroyave’ era el comandante del Frente 60 y estaba a cargo de los hombres que masacraron a los diputados. Explicó que esa decisión se dio en el marco de una directriz nacional de las extintas Farc. Según recuerda, desde finales del 2006 se había impartido la instrucción de que no se podría permitir el rescate de los secuestrados, a raíz de unos hechos ocurrido en Cundinamarca donde, tras la llegada del Ejército y la huida de los guerrilleros, habían sido liberados unos cautivos. “A raíz de eso el comandante ‘Alfonso Cano’ me escribe y me da instrucciones que esa situación no puede repetirse, que eso no se puede permitir, que había que tomar medidas y establecer un plan de emergencia en esa circunstancia”, relató el compareciente.
“Nosotros nos reunimos con quienes me apoyaban en el ejercicio de mando y determinamos que en caso de caer en una circunstancia, ya sea en desplazamiento o en un campamento, teníamos que optar por el fusilamiento de los secuestrados”, agregó Villarraga.
“Usted está aquí por cumplir una orden inhumana”, le aclaró la magistrada Lemaitre. “En el Derecho Internacional, el que la orden sea inhumana no excusa a quien la cumple”, agregó.
Sigifredo se salvó porque estaba castigado, amarrado del cuello a un árbol, a 10 minutos del campamento, pero durante años recayó contra él estigmas de haber colaborado en el secuestro de sus compañeros. Incluso, estuvo preso por un video y unos testigos que malintencionadamente lo incriminaron. Gustavo Arbeláez Cardona, uno de los comparecientes presentes en la audiencia, para entonces estaba en la cárcel y desde su detención aclaró que la persona del video no era el exdiputado, sino un miembro de la organización guerrillera.
“Quisiera reivindicar públicamente el nombre del exdiputado Sigifredo López, quien no solamente tuvo que vivir los horrores del cautiverio, sino que luego fue victimizado y revictimizado por un accionar completamente errático de la justicia colombiana”, expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, tan pronto se instaló la diligencia.
La magistrada Lemaitre retomó esta postura y resaltó que su despacho ha encontrado que aún persiste la estigmatización por parte de la sociedad del suroccidente contra él y su familia. “No hay nada, en años de investigación de la justicia ordinaria, en una cantidad de expedientes, en lo que dicen hoy los comparecientes que lleve a pensar de ninguna forma que Sigifredo fue algo distinto a una víctima”, señaló y agregó que “la sociedad debe acogerlo con compasión”, agregó.
Huérfanos por control territorial
Bajo el patrón de control territorial, la extinta guerrilla llegó a privar a niños y jóvenes de crecer con sus padres, arrebatándoles el derecho a crecer en un ambiente sano y frustrando su proyecto de vida. Así lo relató Angie y Margarita Barón, dos de cuatro hermanos a las que les secuestraron a su madre en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. “Nunca necesitamos el
amor de un padre que nunca tuvimos, pues ella nos brindó el amor más tierno y caluroso que lo hizo sentir a uno como un hogar. (…) Con lo poco que teníamos económicamente éramos una familia muy feliz”, expresó su hija Angie.
En enero de 1986, hombres de las Farc irrumpieron en el hogar de esta familia campesina y se llevaron a Isabel Varón Gutiérrez, madre soltera y cabeza de hogar de cuatro menores de edad, que sostenía su hogar con mucho esfuerzo. “A ella la llamaba ‘La Gitana’, por su belleza, por ser una persona muy bondadosa con las personas que no tenían un plato de comida”, recuerda Angie. La víctima fue asesinada en un intento de fuga y la enterraron en el cementerio de Santa Lucía como un cuerpo no identificado junto a las víctimas de una masacre. A sus hijas les negaron la posibilidad de recuperar el cuerpo de su madre.
Después de 37 años de estar buscando los restos de su madre, se hicieron presentes en la audiencia para compartir su dolor. “Las acciones del Bloque Occidental nos dejaron solos en este mundo sin un hogar, sin un apoyo para crecer y salir adelante. No se imaginan los horrores que se viven sin saber que íbamos a hacer para tener una comida en el día, con quién íbamos a vivir. A esos cuatro niños de 14, 12, 10 y 2 nos tocó dejar de lado la infancia y salir adelante solos, aguantando humillaciones, malos tratos, hambre, frío”, expresó Angie.
A su hermana mayor, Patricia, le tocó tomar el rol de nuestra madre. “A mi hermana Margarita, quien estaba aquí a mi lado, y a mí, nos tocó irnos a casa de familias a realizar labores de casa, sin pago alguno, sólo por un plato de comida y un techo para vivir. Eso nos hizo vivir muchos malos tratos, humillaciones, durante muchos años de nuestras vidas”, agregó.
Su dolor se ha prolongado al no tener certeza de dónde está el cuerpo de su madre. “Lo más triste de todo es que son víctimas que ni siquiera tienen culpa de lo que pasó, que ni siquiera se sabe qué fue lo que ocurrió, por qué hicieron eso”, complementó Margarita, hija de la víctima.
La familia, además de pedir respuestas a los exguerrilleros, hicieron un llamado por las acciones humanitarias. “También queremos pedir al gobierno nacional que se firme un acuerdo humanitario con los grupos armados que tienen control de la zona del Cauca, del Valle y de Nariño para que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puedan entrar en el territorio y buscar a nuestros familiares y desaparecidos”, concluyó.
La resolución de conclusiones evaluará el reconocimiento rendido por los siete exguerrilleros imputados durante la audiencia pública, teniendo en cuenta los criterios de satisfacción de aporte a la verdad y reconocimiento establecidos por la JEP. Además, revisará las propuestas de sanciones que han presentado o van a formular los comparecientes y será el Tribunal para la Paz el que impondrá las sanciones a través de la sentencia.
