De la “Autodefensa” al Control de la Administración Cordobesa
El pretexto de la Autodefensa
El departamento de Córdoba ha sido y sigue siendo el escenario por predilección para la influencia del paramilitarismo en el ámbito público. Como estrategia contrainsurgente, logró controlar sectores vitales de la economía y la política, desde ganaderos, terratenientes, grandes comerciantes y gamonales políticos regionales, hasta campesinos y trabajadores con bajo nivel de ingreso.
En la década de los ochenta el ingreso del fenómeno paramilitar marchó de la mano de dos visiones vinculadas al problema de la tierra; estas unificaron fuerzas esgrimiendo la necesidad de autodefenderse de los frentes guerrilleros de las FARC y el EPL que operaban en ese territorio.
Por un lado, se encontraban los propietarios de grandes extensiones de tierra, que se desplazaron al departamento a inicios del siglo XX provenientes de Antioquia y veían obstaculizada la pretensión de acumular más posesiones o mantener las que ya tenían, debido a que la conformación de movimientos campesinos, promovida en gran medida por los grupos guerrilleros en la década de los setenta, ponía en peligro la acumulación de baldíos.
La segunda visión la encabezaban los narco-paramilitares, que llegaron a inicios de la década de los ochenta con el fin combatir la guerrilla y consolidar su negocio ilegal. Este grupo de personas veían a la guerrilla como una competencia en la intención de de posicionarse en el territorio y cultivar la cantidad de hoja de coca que quisieran, pues tenían muy claro que los grupos subversivos asentados en el departamento habían ingresado en el negocio del narcotráfico.
Junto al hecho mencionado, sucede también que individuos vinculados al Cartel de Medellín deciden comprar grandes extensiones de tierra y exterminar el monopolio que en los ochentas tenían las FARC y el EPL en el Alto Sinú. El caso más diciente es el de Fidel Castaño, quien logrando amasar una gran fortuna como narcotraficante del Cartel de Medellín en la década de los ochentas, decide comprar con ese dinero la hacienda “Las Tangas”[1], en el municipio de Valencia, Córdoba. Al mismo tiempo estaba vinculado al proyecto paramilitar en el Magdalena Medio acompañado de su hermano Carlos. Sin embargo, es con el inicio de la década de los noventa cuando estas dos personas consolidan la idea de armar sus propios ejércitos, recibiendo un fuerte apoyo de las elites ganaderas-terratenientes de Tierralta, Montelibano, Valencia y Montería que veían con buenos ojos la estrategia montada por los castaño[2].
Carlos Castaño y Salvatore Mancuso: Impulsores del paramilitarismo y la parapolítica en Córdoba
En Córdoba, los castaño conocen entre otros a Salvatore Mancuso, a Hernán Gómez y a Rodrigo García, terratenientes, arroceros (el caso de Mancuso), y ganaderos tradicionales de la región que impedían los ataque extorsivos de la guerrilla entregando armas artesanales a sus peones, añadido a una significativa colaboración del Ejército.
Luego de la desaparición de Fidel Castaño, el mayor triunfo militar que lograron consagrar Carlos Castaño y Salvare Mancuso, además de la derrota de la guerrilla en Córdoba y Urabá, fue agrupar en un solo ejército privado a todas estas estructuras armadas que actuaban dispersamente, mientras que su mayor logro político fue fusionar la estructura política y electoral en Córdoba, con su estructura militar, teniendo presente que los que daban las órdenes eran los paramilitares. Entretanto, los políticos quedaban rezagados a obedecer para no perder sus votos y mantenerse en el poder.
Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1994, y su posterior desarrollo en las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997, es la concreción de esa empresa criminal que Castaño logra instaurar en el espacio militar[3]. Mientras que el “Pacto de Ralito”, firmado en el 2001, es la concreción en la intención de capturar los espacios políticos, logro de Salvatore Mancuso.
¿Cómo triunfa la Parapolítica?
La reunión del 2001 permitió establecer la fuerza política y el poder de convocatoria que Salvatore Mancuso (cabecilla de la estrategia política de castaño), tenía en el departamento. Sin embargo, el interés vital de esta tertulia era la distribución del mapa político regional para las elecciones de 2002 y los candidatos que las AUC apoyarían a la representación a la Cámara y al Senado.
Con el interés de mantener “amigos políticos” cercanos a la intención del grupo paramilitar de “refundación de la patria”, la orden de Mancuso a los congresistas del departamento es reorganizar el mapa político y de partidos en el departamento.
Miguel de la Espriella, elegido representante a la Cámara por el partido liberal en 1998 y fórmula política del ex senador Juan Manuel López Cabrales en ese momento, se separa del liberalismo, y se lanza en el 2002 para el senado por el Movimiento Popular Unido (MPU), designio que el otrora representante cumple al pie de la letra junto a Eleodora Pineda, quien para ese entonces era Concejal del municipio de Tierralta y estilista de profesión, siendo la figura novedosa que Mancuso mostró en el ámbito nacional y el experimento de prueba que evidenció que el paramilitarismo cordobés podía colocar un representante a la cámara de su entera confianza.
El caso de Reginaldo Montes al pasar de MIPOL (Movimiento de Integración Popular) y conformar lo que sería en el 2006 Cambio Radical en Córdoba, muestra el interés de Mancuso de mantener todo el cacicazgo político regional, en tres círculos dependiendo de su cercanía: en el primer círculo está Eleonora Pineda; el segundo circulo compuesto por de la Espriella y Montes, políticos que son apoyados por Mancuso sin depositarles total grado de confianza; finalmente, el tercer circulo está compuesto por Zulema Jattín, Julio Manzur y Juan Manuel López Cabrales, que independiente de su asistencia o no al Pacto de Ralito, se vieron en la necesidad de negociar con el paramilitarismo al ver en disputa su poder territorial.
El “Pacto de Ralito”, aunque es la reunión de mayor trascendencia política conocida por la ciudadanía y la justicia entre políticos de la costa y paramilitares, no es el único ni el primer encuentro que ha tenido lugar en Córdoba como lo asegura Libardo Duarte[4], “los políticos que asistieron a Santa fe de Ralito, previamente se habían reunido en diferentes ocasiones con comandantes de las autodefensas”[5]. Mancuso adelantó reuniones antes y después del 2001 configurando el mapa político de Córdoba y redistribuyendo las cuotas burocráticas en la región.
Entre los congresistas y sus respectivas estructuras partidistas involucrados tanto por la Fiscalía como por la Corte Suprema de Justicia en el tema de la parapolítica de Córdoba, se encuentran los siguientes: De la estructura liberal, Juan Manuel López Cabrales (Senador 2006), condenado a 6 años 2 meses de cárcel[6]; Musa Besaile, representante a la cámara, investigado por la Corte Suprema de Justicia[7].
En cuanto a la estructura política del partido de la “U”, la senadora Zulema Jattín se encuentra en investigaciones preliminares por la Corte Suprema de Justicia, además de la ex representante Rocio Arias, en la investigación existen testigos que también señalan a Jatttin de tener supuestos vínculos con el ex jefe paramilitar ‘Jorge 40’[8]. Zulema Jattin, que se lanza por AperturaLiberal en el 2002, formaba parte de la familia liberal del departamento aunque apartada de la influencia política de Juan Manuel López Cabrales. Para las elecciones del 2006 se lanza al senado por el partido de la “U” , con Bernardo Elias como fórmula política a la cámara de representantes a Bernardo Elías Vidal, quien fue mencionado por Rocío Arias en una de sus versiones pero que en la actualidad no tiene vinculación judicial al tema del paramilitarismo.
La estructura política cordobés de Cambio Radical, liderada por el ex senador Reginaldo Montes, se encuentra sepultada por la condena de la Corte Suprema de Justicia a Montes, a 72 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Este era el único político de Cambio Radical con representación en el congreso en Córdoba
Reginaldo Montes en el 2002 se lanzó por el Movimiento Integración Popular (MIPOL) a la Cámara de Representantes. Para ese entonces integraba la estructura de Salomón Nader, coordinador de MIPOL.
De la estructura “Colombia Democrática”, se ha visto involucrado el senador Miguel Alfonso de la Espriella; este senador, se había lanzado por el partido liberal en 1998 como cuota política de Juan Manuel López. Para las elecciones de 2002, luego del Pacto de Ralito, Mancuso decide que este político se lance al senado por el Movimiento Popular Unido (MPU), y con eleodora Pineda como formula a la cámara. Para las elecciones del 2006, configura su estructura bajo el manto del partido Colombia Democrática.
Finalmente, la estructura conservadora que contaba con un representante (José de los Santos Negrete) y un senador (Julio Manzur Abdalá), entra en crisis por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. José de los Santos Negrete fue absuelto por la Corte Suprema luego de un proceso de investigación, sin embargo, este político fue expulsado por Julio Manzur del Conservatismo por la firma del “Pacto de Ralito”[10].
Julio Manzur, ex director del partido conservador, quien hace parte de la élite política de Montería, se encuentra en investigación preliminar en la Corte Suprema, por concierto para delinquir y apoyo al paramilitarismo.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía han arrojado los siguientes resultados: de los 11 congresistas electos del departamento de Córdoba en 2006, 3 han sido condenados por concierto para delinquir, otros 3 tienen investigación en la Corte Suprema, 1 fue absuelto, hecho que demuestra la penetración del paramilitarismo en Córdoba, al estar el 56% de su representación en el congreso vinculado judicialmente en este asunto. Entretanto, de los 10 congresistas elegidos para las elecciones del 2002, en la actualidad 9, (lo que equivaldría al 90%), se encuentran investigados o fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia.
Lo local y lo institucional
La estrategia paramilitar de infiltrar las instituciones de Córdoba tomó la siguiente secuencia: En primer lugar, se dieron a la tarea de penetrar instituciones vitales para el pensamiento, la controversia yel debate. En un segundo momento, incursionaron en el escenario político nombrando y planificando el control del espacio público local en las alcaldías, los concejos municipales y las secretarias de despacho. Finalmente, acogieron una propuesta planteada por Mancuso, de incidir en la representación en el congreso de los caudales electorales que tenían los “barones Políticos del departamento”, por esto la estrategia del paramilitarismo logró concretarse en el “Pacto de Ralito”.
La Universidad de Córdoba fue un escenario importante para capturar; allí se estaba gestando, para mediados de la década del noventa, un pensamiento distinto al que los paramilitares imponían; el temor de Mancuso se expresaba en que el claustro académico estaba infiltrado por grupos guerrilleros, lo mismo que en los colegios públicos del departamento. En los testimonios de versión libre narrados por el ex líder paramilitar, sostiene que entre 1990 y 2000 los asesinatos selectivos realizados contra profesores, líderes sindicales y estudiantes de la Universidad de Córdoba, habían apoyos de la fuerza pública del departamento, especialmente de la policía.
Varios rectores de la universidad han estado relacionados con el paramilitarismo. Claudio Sánchez Parra es el único capturado, luego de que Mancuso en sus versiones libres, lo relacionara como colaborador de las autodefensas y como responsable del homicidio de Hugo Cote, candidato a la rectoría de la universidad por ese entonces.
Luego de amenazar, asesinar y elegir académicos cordobeses en cuerpos colegiados de la Universidad de Córdoba, el paramilitarismo (cumpliendo su estrategia de cooptar el escenario político regional), influenció e hizo elegir alcaldes, concejales, diputados y gobernadores; para la fecha, según la información de los medios de comunicación, los políticos locales investigados suman 7, entre los que se cuentan: el ex alcalde de San Antero, Wilmer Perez, el Ex gobernador José María López, el ex diputado Álvaro Cabrales.
El “Pacto de Granada” es una de las muestras de vinculación del paramilitarismo con políticos locales; además de hacer elegir a un candidato a la alcaldía del municipio de Tierralta (Sigifredo Senior), Mancuso planificó la elección de los dos alcaldes siguientes, Humberto Santos Negrete y Aníbal Ortiz Naranjo, para los comicios de 2003 y 2007 respectivamente, según lo sostuvo el propio Mancuso en la última de sus versiones libres.
El control local que los paramilitares realizaron fue estratégico. Entregaban dinero a los alcaldes para su campaña o presionaban a la población para que votara por algún candidato, esto con el fin de colocar directamente a hombres de su entera confianza en las diferentes secretarías de despacho. Con esto lograron administrar los dineros de la salud, la educación y el saneamiento básico que llegaban al departamento por vía de regalías, adjudicando los contratos a particulares que tuvieran a bien los paramilitares, beneficiando en muchas ocasiones a sus lugartenientes.
Uno de los casos más sonados es la administración, en el municipio de Puerto Libertador, de Julio Cesar Sánchez Moreno, condenado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; este ex alcalde adjudicó aproximadamente 120 contratos, por la suma de $2.600.000.000 de pesos de manera indebida, utilizando firmas que no correspondían a los contratistas, pólizas falsas, ausencia de documentos en cada contrato, duplicidad en la contratación, entre otras artimañas para desviar ciertas cantidades de dinero en cada contrato y entregarlo a jefes paramilitares que hacían presencia en el municipio. Entre los funcionarios vinculados a estas irregularidades se encuentra la secretaria de educación del municipio, Luz Stella Pareja, el tesorero municipal Whilmer Sanchez, entre otros funcionarios de su administración.
EDER MAYLOR CAICEDO FRAIDE
Investigador
Corporación Nuevo Arco Iris.
[1] En el texto A Las Puertas del Uberrimo, escrito por Jorge Rojas e Iván Cepeda, por medio de testimonios se describe la finca Las Tangas como un Bunker de 6.000 hectareas, rodeado de cercas electrificadas y con construcciones en concreto que servían como espacios destinados a la diversión, al mismo tiempo centros de tortura y para el entrenamiento y formación de nuevos sicarios.
[2] Al respecto consultar a Duncan, Gustavo. Los Señores de la Guerra. De Paramilitares, Mafiosos y Autodefensas en Colombia. Editorial Planeta, Tercera Edición, Bogotá, 2007. Págs. 299-301
[3] Aunque la desmovilización de los Bloques Córdoba, Montes de María y Tolová (que operaban en el departamento) haya finalizado, las bandas emergentes de Don Mario aún hacen presencia en el Alto Sinú y en el Nudo de Paramillo. Por otro lado,
[4] Duarte es un testigo de la reunión de Ralito y una persona que ha colaborado con la corte suprema y la fiscalía en las investigaciones contra los parapolíticos. Este paramilitar conocido como “El Paisa” es uno de los desmovilizados que ha aportado pruebas contra congresistas vinculados con el tema de la parapolítica en todo el país. Al respecto consultar: “Libardo Duarte, uno de los testigos clave en nuevas investigaciones de Corte y Fiscalía”. Publicación eltiempo.com. Sección Justicia. Fecha de publicación: 12 de mayo de 2007.
[6] Seis años de cárcel para los senadores Juan Manuel López y Reginaldo Montes por parapolítica. eltiempo.com. Nación. 26 de noviembre de 2008.
[7] Investigan a otro congresista de Córdoba. En Noticias breves de Justicia. Publicación eltiempo.com Sección Justicia. Fecha de publicación 10 de junio de 2007.
[8] Senadora Zulema Jattin rindió declaración libre en la Corte Suprema. Publicación eltiempo.com Sección Nación Fecha de publicación 28 de octubre de 2008
[9] Seis años de cárcel para los senadores Juan Manuel López y Reginaldo Montes por parapolítica. eltiempo.com. Nación. 26 de noviembre de 2008.
[10] Retiran A Conservadores Por Firmar ‘Pacto De Ralito’. Publicación eltiempo.com Sección Nación Fecha de publicación 15 de febrero de 2007