Después de dos años de pandemia generada por el Covid-19, las migrantes del vecino país son de los grupos poblacionales más afectados en Colombia: dificultades laborales, poca asistencia alimentaria por parte del gobierno nacional y local, y problemas de salud son los desafíos a los que han resistido.
Para engañar el hambre durante el primer año de pandemia, Johana Pinto Castillo, su esposo y sus dos hijos dormían la mayor cantidad de horas que podían en un colchón de espuma dura tendido sobre el piso de una pequeña habitación que alquilaban en la ciudad de Popayán.
Comían sólo una vez al día. Por eso su jornada comenzaba cerca de las doce o una de la tarde. Johana se ponía de pie y preparaba los alimentos donados por alguna familia que había conocido fugazmente desde la distancia, a través de la abertura que se generaba en una puerta o ventana para expulsar cualquier producto que calmara su hambre. Era la época de la cuarentena preventiva, decretada por la administración de Iván Duque el 25 de marzo de 2020 para mitigar el contagio del Covid-19.
Preparar algo de arroz, picar tomate, cocinar caraotas o fríjol negro. Eso era todo. No había más. La mayor cantidad de comida iba para el plato de sus hijos, luego para ella que estaba en embarazo, y finalmente, para su esposo. Después de comer, Johana y su pareja calculaban para cuántos días más alcanzaría los alimentos en su alacena, luego, nuevamente, buscaban el colchón viejo para volver a dormir y repetir la rutina al día siguiente.
Pero el hambre no lograba ser engañada por completo y Johana sentía que las tripas le picaban una y otra vez, y ante el desespero se levantaba a tomar un vaso con agua, para luego tumbarse nuevamente en el colchón y dar un par de vueltas más para tranquilizarse. De repente abría sus ojos y creía estar otra vez en su casa en el municipio de San Felipe, capital del Estado de Aracuy, Venezuela, donde el último recurso que tuvo antes de que llegara el hambre absoluta, fue cocinar cáscara de plátano maduro, rayarla en ligeras tiras, sazonarlas y luego fritarlas para tener un bocado e imaginar que era carne. Fue esa misma sensación la que vivió en Colombia en los momentos más críticos de la pandemia.
La casa de Johana en Venezuela se encontraba en una zona rural. Era pequeña: una sala breve, cocina, un cuarto para ella y su esposo y otro más para sus dos hijos Jefrey y Dilan. La casa estaba pintada toda de verde y apenas un par de cortinas de color no recordado que tapaban las ventanas y contrastaban con la tonalidad del lugar. Por momentos era invadida por un sonido intermitente: “¡toc, toc, toc, toc, toc!”. Su segundo hijo, Dilan, provocaba que un pocillo que sostenía en una mano, y un plato que cargaba con la otra, se chocaran entre ellos y generaran una melodía aturdidora e incómoda que acompañaba con dos palabras: “Tengo hambre, tengo hambre”, repetía Dilan.
̶ Eso me partió mucho el alma. Él lloraba traumatizado. No tenía qué comer ¿qué les podía dar si no había nada? ̶ dice Johana.
Fue entonces cuando ella, sus hijos y su esposo decidieron salir de Venezuela hacia Colombia en 2016, como lo han hecho aproximadamente 1.842.390 venezolanos hasta la fecha, según el último reporte de Migración Colombia del mes de agosto de 2021. Desde San Felipe se trasladaron hasta Maracaibo, en Venezuela; subieron más al norte para atravesar uno de los 216 pasos ilegales que existen en toda la frontera con La Guajira colombiana, según la Fundación Pares, y llegaron a Maicao; luego bajaron hasta el pequeño poblado de Luruaco, en el Atlántico, y arribaron a Cartagena de Indias. Casi todo el trayecto lo realizaron caminando o a lomo de tractomula.
La vida en Cartagena, dice Johana, fue difícil. Nunca tuvieron un trabajo estable, pero lograron sobrevivir durante tres años en la ciudad amurallada: ella vendiendo caramelos en las calles y su esposo como cotero o mototaxista. Las ganancias que lograban alcanzaban para hacer algo que en Venezuela a veces parecía imposible: comer.
Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 que el planeta se enfrentaría a una crisis sanitaria global debido a la aparición del Covid-19, las dificultades aparecieron nuevamente para Johana y su familia:
̶ Con la pandemia nos tocaba una sola comida al día como adulto. A los niños a veces dos ̶ dice.
Algunos conocidos venezolanos le dijeron que en Popayán, en el suroccidente del país, había mejores opciones de empleo, no obstante la pandemia, las restricciones de movilidad, la cuarentena, y que la ciudad tuviera uno de los mayores índices de desempleo en el país: 33.5 por ciento, según un reporte de mercado laboral de la época realizado por la Cámara de Comercio del Cauca.
Jhoana llegó con su familia a Popayán el 20 de julio de 2020, donde residen, según Migración Colombia, 5.237 venezolanos.
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Un informe del Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) publicado en enero de 2021, durante la pandemia del Covid-19 en Colombia, dice que la generación de ingresos y medios de vida de la población venezolana se vio gravemente afectada: “La mayoría de las personas refugiadas y migrantes se encuentran en situación de irregularidad, por lo que sus sustentos diarios provienen del ejercicio de actividades informales, como las ventas ambulantes”.
Un mes antes, en diciembre de 2020, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado diciendo que, según una evaluación de necesidades de la población venezolana en el marco del Covid-19, realizada por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos a más de 700 hogares, los principales requerimientos fueron: alimentación (95 por ciento), el apoyo a vivienda para el pago del arriendo (53 por ciento) y el acceso a empleo (45 por ciento).
En Popayán y el departamento de Cauca, las opciones de empleo para las mujeres migrantes se encuentran por lo general en restaurantes, donde trabajan entre ocho y doce horas. Así lo asegura Eddiesky Rivas, nacida en Valencia, Estado de Carabobo, en Venezuela, y quien apoya voluntariamente la coordinación de Colvenz en Cauca, una corporación sin ánimo de lucro que ayuda a los migrantes de ese país.
Ella llegó a Popayán en el año 2017, y desde entonces, ha trabajado en restaurantes para tener ingresos y apoyar al sostenimiento de su familia. Después de su jornada laboral dedica su tiempo libre a ayudar a sus paisanos a través de Colvenz. Rivas es Contadora de profesión, pero hasta la fecha no ha podido ejercerla en Colombia. Asegura que esa misma situación sucede con otras mujeres venezolanas: “Todas las profesionales estamos en la misma. Toca trabajar en otras cosas porque no podemos ejercerla”.
Durante los primeros meses de la pandemia en la capital caucana, dice Rivas, las mujeres migrantes fueron las primeras en perder el empleo, y si bien ella contó con la fortuna de mantenerlo, otras quedaron a la deriva y sin mayores beneficios que ayudaran a solventar la crisis económica generada por el Covid-19.
“Cuando comenzaron a reabrir los establecimientos donde muchas trabajaban, ya no las empleaban por la reducción de personal. Las mujeres venezolanas eran las primeras que sacaban”, asegura Rivas.
En una publicación académica de noviembre de 2021 titulada “Habitar en tierra ajena: estudio sobre las condiciones de vida de mujeres migrantes venezolanas en Colombia”, realizada por Solange Bonilla y Sergio Hernández, investigadores de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior y la Corporación Universitaria Para El Desarrollo Social y Empresarial, respectivamente, se asegura que las mujeres migrantes enfrentan varios obstáculos para integrarse socio-económicamente al país de destino por motivos de género, pero también por características étnico-raciales, clase social, estatus migratorio “y/o falta de redes de apoyo, dando lugar a situaciones de alta vulnerabilidad que pueden afectar gravemente su calidad de vida”.
La más reciente encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “Pulso de la Migración”, publicada el 12 de abril de 2022, estableció que entre enero y febrero de 2022, el 85 por ciento de la población venezolana en Colombia ha tenido dificultades para tener un trabajo pago. La situación se agudiza principalmente para las mujeres con 89,2 por ciento.
Mujeres como Johana, desde su llegada a Popayán hasta la fecha, no han logrado tener un trabajo estable. Y tanto en los momentos más críticos de la pandemia, como en la actualidad, la única forma para obtener dinero o ayudas es salir a los semáforos, a las calles o realizar algún oficio a cambio de algún incentivo económico.
̶ Eso es fatal, porque no estás acostumbrada a esa vida, pero si la situación te obliga buscas o buscas. Y si no hay trabajo siempre he tenido claro es mejor pedir que robar ̶ dice Johana.
En pandemia, cuando las cosas en el semáforo se complicaron, ella y otras cuatro mujeres venezolanas tomaron la decisión de caminar hasta los barrios del norte de la ciudad y pedir alimentos para evitar que el hambre llegara a sus familias. Fueron cinco mujeres que cargaban con 10 hijos, con los cuales caminaron las calles varias calles de Popayán.
̶ Salíamos un batallón. La Policía nos llamaba la atención, pero decíamos que veníamos muleando, que éramos caminantes, porque aquí la Policía es ruda ̶ relata Sthepanie Caraballo, nacida en el Estado de Miranda, Venezuela, quien llegó el 25 diciembre de 2020 a Popayán.
A las siete de la mañana iniciaban la jornada y terminaban a las cinco de la tarde. Recorrían cerca de 30 kilómetros. Si en una salida recogían una buena cantidad de alimentos, se repartían el mercado entre las cinco mujeres y regresaban a sus casas para salir a la semana siguiente. Cuando contaban con poco apoyo, programaban una nueva salida.
̶ Siempre conseguíamos algo. A veces nos tocaba sólo bienestarina. La hacíamos sin azúcar, porque no teníamos. Compraba canela y se las daba en la noche de cena a mis hijas ̶ dice Sthepanie.
̶ Sí, prácticamente comíamos sólo una vez al día. Por eso nos levantábamos tarde ̶ complementa Johana.
Rivas dice que desde organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se regalaron 350 kits de cocina y otros de aseo y bioseguridad; y el Banco Mundial de Alimentos, desde el año pasado, otorga durante seis meses una ayuda monetaria de 270 mil pesos para algunas familias.
Andrea Velasco Landazabal, coordinadora del programa Popayán Solidaria, de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Popayán, asegura que durante el primer año de pandemia su función fue ayudar a los habitantes de calle, y en medio de esa tarea, se encontró con algunos migrantes venezolanos a quienes se les prestaba la respectiva asistencia: alimentación, atención médica y algunos elementos de bioseguridad. Agrega además que ese mismo año realizó, junto con la Secretaría de Salud, una base de datos de venezolanos para caracterizar la población y de esta manera realizar una ruta de atención.
Desde la parte asistencial, Velasco, junto a una organización, repartieron 150 mercados para la población migrante. En algunos barrios periféricos del occidente de la Comuna Siete, como el barrio Los Campos, salían muchas venezolanas para recibir ayudas. “La mayoría eran mujeres con niños”, dijo la funcionaria. Pero toda esta asistencia, desde su dependencia, se realizó solo en el año 2020.
Después de más de un año y medio de pandemia la situación para miles de mujeres migrantes irregulares y sus familias es alarmante, mencionan Bonilla y Hernández en su publicación: “Se encuentran desprotegidas y con insuficientes o inexistentes subsidios económicos estatales o de Organizaciones No-gubernamentales (ONG) para subsanar los efectos sociales y económicos negativos de la pandemia”.
Para conocer en detalle los planes o programas de atención a la población migrante durante pandemia en la ciudad de Popayán, Co.marca Digital extendió la consulta hasta la oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía, encargada de atender los temas de población migrante, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Varias de las mujeres entrevistadas para este reportaje aseguraron no haber recibido ayudas por parte de las instituciones gubernamentales.
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Stephani cambió el sueño por el llanto en las noches. Muchas veces se encontró en la penumbra con un sentimiento de impotencia porque no podía ocuparse en algún oficio para ganarse la vida. Se sentía inútil y atada al cuidado de sus dos hijos.
̶ Mi mamá está enferma y no puedo ayudarla; quisiera aportar en la casa, pero es difícil. Aquí hay muchas mujeres, como yo, que no pueden trabajar ̶ dice Stephanie.
̶ A veces llega el momento en que uno quiere explotar. Tantas cosas nos pasan que no sé qué hacer. Yo pedí hablar con una sicóloga, porque uno se guarda muchas cosas y es dañino ̶ dice Johana.
Según la investigación de Bonilla y Hernández, emociones como el miedo, la angustia y la sensación de incertidumbre se han instalado en el cuerpo y las mentes de las mujeres migrantes tanto desempleadas como empleadas en el contexto de la pandemia.
Para Rivas, la salud mental de las mujeres en Popayán y Cauca se vio afectada, ya que muchas llegaron a una ciudad donde no conocen a nadie “y enfrentar eso es difícil. Además, tienes que convivir por necesidad con otras familias y eso influye mucho. A esto se le suma la xenofobia, yo la padecí y eso también lastima”.
Otra de las afectaciones de las mujeres migrantes ha sido la salud física y las dificultades para ser atendidas en centros asistenciales. Scarleth Dubraska, oriunda de la ciudad de La Guaria, Venezuela, llegó a Popayán el 7 de septiembre de 2018. Hace 8 meses le detectaron un mioma que ha generado que su vientre se inflame.
̶ Tengo cálculos en los riñones, tengo ovarios poliquísticos. Me mandaron unos medicamentos y no tengo cómo comprarlos. El medicamento es para disolver el mioma a través de la orina. El periodo me llega muy fuerte y quedo mareada y tirada en un colchón duro. No me he hecho una ecografía que me mandaron porque al hospital donde fui no me atendieron porque no tengo cédula, pero ya hice los trámites para ver si me la entregan en abril ̶ cuenta Scarleth.
Velasco, del programa Popayán Solidaria, menciona que, en materia de salud, a finales de 2020 se abrió la ESE Popayán para atender a los migrantes. En las mujeres, por ejemplo, se enfatizó la prevención y salud sexual reproductiva, vacunación, primera infancia, así como medicina general.
Frente a este aspecto Bonilla y Hernández mencionan que, si bien durante la pandemia aumentó el número de migrantes afiliados al sistema de salud, aún existe una gran brecha. Por ejemplo, para el 2021 la tasa de afiliación de los empleados venezolanos en el país fue del 27,7 por ciento, mientras que para los desempleados fue del 22,4 por ciento: “en este sentido, se puede inferir que el estatus migratorio es una condición de precariedad y negación del derecho a la salud para las venezolanas”.
Sin embargo, la encuesta “Pulso de la Migración”, del DANE, estableció que el 57,1 por ciento de los migrantes reportó que no todos los miembros de su familia tienen acceso a salud en Colombia y el 42,9 por ciento respondió que sí la tienen.
Co.marca Digital consultó a la oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Popayán sobre el tipo de ayudas que han brindado en materia de salud mental y apoyo médico a las mujeres venezolanas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sin embargo, obtuvo un informe denominado “Plan de Intervenciones Colectivas”, realizado entre la Alcaldía y la Empresa Social del Estado de Popayán, entre octubre y diciembre de 2020. Uno de los objetivos fue establecer el número de migrantes afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Después de evaluar 78 núcleos familiares (184 personas) se concluyó que para ese entonces el 98% de las personas migrantes no contaban con ningún tipo de afiliación.
Después de casi dos horas de entrevista, Johana mueve sus ojos de izquierda a derecha. Sigue a otra mujer migrante que ha pasado varias veces entre la cocina y la puerta de la calle. Durante todo este tiempo estuvo pelando papas. De un momento a otro se miran y hablan entre murmullos.
̶ ¿Ya tienes que trabajar? ̶ le pregunto a Johana.
̶ No, tranquilo, en un momentico hago eso. Empecé el fin de semana pasado ayudando a una muchacha colombiana con varias cosas que necesita para comida rápida. Ella me da el algo, entre cinco mil o siete mil pesos ̶ .
Jhoana trabaja por ahora los días sábado y domingo, y la mayoría del dinero que gana se va en comprar pañales para su bebé. También hace peinados y promociona sus estilos en redes sociales como Facebook, y a veces, logra uno a la semana: 10 mil pesos más. Dice que ha buscado trabajo como auxiliar de cocina, pero le reprochan ser venezolana y que aún no tenga el permiso migratorio. En otros lugares le han ofrecido mil pesos por hora por todo un día de trabajo, y otros, la acosaron sexualmente a cambio de darle el empleo.
Por su parte, Stephanie gana 20 mil pesos a la semana por prepararle el almuerzo a una chica con la cual comparten casa. Y ha ahorrado poco a poco para montarse un puesto de fritos de comida venezolana.
̶ Mira que aquí vive mucho venezolano. Y como yo cocino rico, me gustaría poner algún puesto. Si logro montarlo, sería la mujer más feliz, porque ya no me voy a sentir inútil y puedo aportar en mi casa ̶ dice Stephanie, quien compró una vitrina para fritos de segunda mano por 30 mil pesos para iniciar su negocio.
La familia de Johana por estos días aún trata de engañar el hambre durmiendo hasta tarde, aunque ya no tan tarde porque sus hijos estudian y hay que enviarlos a la escuela. Comen una o dos veces al día. A veces, el desayuno para los hijos que van a estudiar es una galleta con un poco de jugo del día anterior.
Por la cabeza de Johana ha pasado la idea regresar a Venezuela, pero saben que no es posible y que su vida por ahora estará en Popayán. Devolverse, dice, sería como volver a empezar, llegar como una migrante a su propio país, sin trabajo, sin nada.
̶ Es un trauma, es algo fatal, o sea, uno lo piensa y dice: “cónchale, qué hago” ¿me quedo guerreando o me voy? Por ahora me quedo. Aguanto ̶ dice Johana.
*Recursos gráficos y audiovisuales: Jineth Córdoba
Esta producción fue realizada gracias al apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y del Caribe, coordinado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, y a la alianza periodística entre VerdadAbierta.com, Co.marca Digital, Radio Campesina de Inzá y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao.
