La salida de la Canciller sería sólo el primer coletazo del escándalo de los para-políticos detenidos.
Con la captura del senador Álvaro Araújo, hermano de la Canciller, el escándalo de la para-política pasa del ámbito regional a la alta política nacional.
Desde los tiempos del proceso 8.000 no había habido un terremoto político como el que sacudió al país la semana pasada. Las entrevistas de Fernando Botero, que resucitaron al elefante, y la decisión de la justicia de meter presos a seis congresistas, demuestran que los tentáculos de la mafia no sólo acorralaron al gobierno de Ernesto Samper, sino que, hoy por hoy, no se sabe hasta qué punto se tomaron el poder político regional.
Este país parece condenado a reeditar su propia tragedia. Virginia Vallejo, ayer diva y hoy acusadora, decidió revelar cómo Pablo Escobar se tomó la política a punta de plata y plomo. Fernando Botero quiso mostrar hasta qué punto el cartel de Cali logró coronar la Presidencia. Y ahora la Corte Suprema tiene en sus manos la tarea de determinar hasta dónde llegó la alianza entre el narcotráfico y el paramilitarismo para doblegar el Estado de Derecho en varias de las regiones del país.
Los hechos de esta semana en cualquier país significarían una crisis de proporciones históricas. La Corte ordenó la captura de seis congresistas por presuntos vínculos con grupos paramilitares al mando de ‘Jorge 40’: los senadores Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof y Luis Ignacio Vives, y los representantes Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero. La Fiscalía llamó a indagatoria al gobernador de Cesar, Hernando Molina. Nombres que se suman a los de otros tres congresistas detenidos desde diciembre y dos gobernadores -Salvador Arana, de Sucre, y Trino Luna, de Magdalena- a quienes les han abierto procesos judiciales. Y como si lo anterior fuera poco, falta ver qué pasa con los congresistas y los ex congresistas que firmaron en la clandestinidad el Pacto de Ralito con los jefes paramilitares.
Lo más grave de todo este episodio no es sólo el poder corruptor del dinero, sino el trasfondo macabro de la alianza entre paramilitares y políticos. Todo lo que se está destapando hoy no es sino el trágico epílogo de una estrategia política de las autodefensas que se montó sobre la sangre de miles de muertos y desplazados por las masacres.
Hasta ahora el escándalo de la para-política le ha dado una patada al ajedrez político de la Costa Atlántica. Cesar se quedó sin senadores. La representación del Caribe en el Congreso cayó de 28 a 22 senadores. Sin embargo, este proceso no se limita ni a ‘Jorge 40’ ni a la Costa. La Corte tiene en la mira el departamento de Antioquia, donde el país no conoce hasta dónde ‘Don Berna’ controla los hilos del poder. Y, si son ciertos los indicios sobre la influencia de ‘Macaco’ en el Eje Cafetero, lo que ‘Jorge 40’ es a la política, ‘Macaco’ lo es a los negocios.
En otras regiones el cáncer también hizo metástasis: en los Santanderes los estertores de un narcotráfico vestido de camuflado retumban con fuerza -sólo en Cúcuta han asesinado alcaldes, fiscales y ex directores del DAS, y la prensa está amenazada- y en los Llanos, las mafias locales de políticos, narcos y paras están en una batalla a muerte por el control del poder, cuyo botín son las millonarias regalías. Pero no sólo en la provincia se está recomponiendo la política y la gente está consternada. En el brumoso altiplano sabanero el coletazo ya ha alcanzado las puertas del Palacio presidencial y de la Cancillería.
La para-política constituye el mayor desafío que enfrenta el presidente Álvaro Uribe. La detención del senador Álvaro Araújo y las investigaciones contra otros miembros del clan familiar lo obligaron a considerar la salida de la canciller María Consuelo Araújo, una de sus más apreciadas colaboradoras. Hasta ahora la decisión es mantenerla en el cargo. Sin embargo, hay muchas cosas en juego y los riesgos son altos. La permanencia de la ‘Conchi’ en forma paralela a la tenaza de investigaciones judiciales contra sus parientes cercanos se podría convertir en un riesgo para la ya frágil imagen externa del país, y en efectiva munición para la oposición en la política interna. Todo un enredo para la agenda de trabajo del Presidente.
El uribismo en el Congreso también está sufriendo los embates del escándalo. La totalidad de los congresistas afectados forma parte de las toldas gobiernistas, lo cual debilita los seudopartidos que se crearon para apoyar la reelección y que ahora, con la erosión de sus bancadas, tienen aun menos posibilidades de supervivencia. En el Congreso hay un clima de tensión y nerviosismo que no es propiamente el adecuado para sacar adelante iniciativas como el TLC, el Plan de Desarrollo y otras leyes económicas. Y hay señales claras de que la oposición, tanto del Polo Democrático como del Partido Liberal, está dispuesta a aprovechar las oportunidades que se le abren para fustigar al gobierno.
¿Qué hará el presidente Uribe para evitar que la crisis política detenga su larga y productiva luna de miel? ¿Podrá mantener su popularidad, su iniciativa y su autoridad? En su impredecible manera de pensar y en su heterodoxo estilo de gobierno podría estar la clave del rumbo que finalmente adopte el escándalo. Hasta el momento, su posición ha sido clara: es el primer interesado en que el país conozca toda la verdad y, desde el gobierno, facilitó la financiación del grupo elite de apoyo a los magistrados de la Corte.
Hasta ahora, el escándalo de la para-política encierra una gran paradoja. Mientras el país atraviesa la peor crisis política de la década, por la que parte del Estado quedó arrodillado ante el fusil paramilitar, la crisis ha logrado salir a flote gracias a la fortaleza de las propias instituciones. En primer lugar, gracias a que algunos medios se encargaron de abrir la caja de Pandora. Y ahora, gracias a que la justicia está asumiendo su responsabilidad histórica de encontrar la verdad y castigar a los responsables. En este difícil proceso, combatir la impunidad es la mejor receta para evitar que parte del régimen político siga atrapado en las garras de la mafia.
Precisamente ahora, cuando coincidieron las declaraciones de Botero sobre el 8.000 y la detención de nuevos congresistas en la para-política, hay que prevenir sobre los peligros de volver a cometer errores del pasado. Por ejemplo, evitar la justicia-espectáculo, cuyos fallos buscan más los aplausos de la galería que el respeto al buen nombre y al debido proceso. O la justicia como trampolín político, que hace 12 años sólo produjo candidatos efímeros. O la presión de los medios que, aunque legítima, no le puede imponer su ritmo frenético y su afán por la primicia a una dinámica judicial que debe ser prudente y actuar con cabeza fría. Hasta ahora, la Corte Suprema no ha caído en esos cantos de sirena y su labor ha sido seria, discreta y efectiva.
El país se está jugando buena parte de su destino en este proceso. Y por eso la justicia necesita todo el respaldo de la sociedad. Porque realmente Colombia está en sus manos.
Publicado en SEMANA Fecha: 02/17/2007 -1294
