Reuniones secretas con paramilitares para pactar arreglos en las votaciones, posible manipulación de testigos y una sociedad familiar con una presunta integrante de una banda criminal en una mina de oro, son las pruebas de la acusación del Alto Tribunal contra la ex senadora sincelejana.
Esta es una de las pruebas que tiene la Corte contra Piedad Zuccardi. La ex congresista está en el lanzamiento de la campaña de Alfonso López, junto con el hijo de ‘la Gata’ Héctor Julio Alfonso López en 2007. Foto: Periódico La Verdad – Archivo Semana.En días pasados la Corte Suprema de Justicia dejó en firme su resolución de acusación, por concierto para delinquir por promover grupos armados ilegales contra la ex senadora Piedad Zuccardi de 61 años, quien ha ejercido la política sobre todo en Bolívar y su natal Sucre. El tribunal encontró que la ex senadora del Partido de la U, que permanece detenida desde el 26 de febrero pasado luego de entregarse de manera voluntaria a las autoridades, se reunió en varias ocasiones con paramilitares, junto con Alfonso Hilsaca, apodado ‘el Turco’, gran contratista del Estado en obras públicas, y hoy investigado por asesinato, además de Enilse López, conocida como ‘La Gata’, empresaria del chance en la Costa condenada por sus vínculos con los paramilitares.
A algunas de esas citas, dicen los magistrados, también fue el esposo deZuccardi, el ex congresista Juan José García Romero, quien fuera condenado por peculado por apropiación en 2002 y hoy es también investigado por sospechas de que ha tenido vínculos con el paramilitarismo.
En dichos encuentros en los que coincidieron Zuccardi e Hilsaca se cuentan Casaloma (convocada por Diego Vecino), Barranco de Loba (por ‘Ernesto Báez’) y el Caramelo (por Salvatore Mancuso) entre los años 2001 y 2003. Según los hallazgos de la Corte, allí definieron el apoyo de los paramilitares para las campañas electorales de los García-Zuccardi y el apoyo económico que les daría para estas gestas políticas, el empresario Hilsaca.
Además encontró que, en este y otros procesos, varios testigos del paramilitarismo se han retractado y cambiado sus versiones, según el Alto Tribunal, para favorecer a la ex senadora, a su esposo y a sus aliados políticos. (Ver: Pactos que vinculan a piedad Zuccardi)
Los investigadores de la Corte encontraron además que García, el esposo de Zuccardi y sus hijos son socios de Promotora El Campín, dueña del 50 por ciento de las acciones de una concesión de una mina de oro (la número KAN-09261). Esta concesión tuvo de socia a Betty Castro, política de los movimientos creados junto con el paramilitarismo, Colombia Viva y del MIP y abogada de varios ex paramilitares. Castro fue capturada en 2012 por su presunta pertenencia a una banda criminal, meses después su parte de la sociedad fue traspasada a una firma de un hijo del empresario Hilsaca.
En su resolución de acusación, la Corte aseguró que en este caso “política, paramilitarismo y negocios parecen ser el común denominador del ejercicio del poder en el departamento de Bolívar y todo parece indicar que los vínculos entre Piedad Zuccardi, La ‘Gata’ y ‘el Turco’ Hilsaca, no son circunstanciales, ni están ligados por un Acuerdo Programático, una Concesión Minera o unas convergentes reuniones con paramilitares, sino a un proyecto para conservar el poder que en grado sumo cada uno de ellos detenta, convenientemente ligado a los grupos armados ilegales”.
Estas relaciones entre Zuccardi, los paramilitares, ‘La Gata’ e Hilsaca son para la Corte “un monolítico entramado que bien pudo potenciar el accionar de los grupos armados al margen de la Ley” y que podría seguir vigente “considerando las alarmantes coincidencias que se observaron entre Betty Castro, Piedad Zuccardi y Juancho Dique”.
La Sala Penal además encontró suficiente evidencia para exigir que se investiguen los posibles vínculos de otras personalidades con los paramilitares. Así, ordenó el trasladode pruebas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el ex fiscal general, Luis Camilo Osorio. También ordenó a la Fiscalía investigar al abogado Abelardo de la Espriella y al Fiscal 26 delegado ante La Unidad Nacional contra el Terrorismo. (Ver: Ex fiscal Luis Camilo Osorio, de nuevo bajo la lupa)
La concesión Minera
Según los magistrados todo comienza a través de Betty Castro Espinosa, la persona que al parecer se convierte en el vínculo con los paramilitares en este negocio. Castro fue detenida el 17 febrero de 2012, señalada de pertenecer a la banda criminal ‘Los Paisas’. Esta mujer, encontró el Alto Tribunal, fue abogada de Úber Banquez, alias ‘Juancho Dique’ y de otros desmovilizados pertenecientes al Bloque Montes de María, e influyó en los testimonios entregados por sus clientes contra ‘parapolíticos’.
En tres oportunidades (años 2000, 2003 y 2007) Castro fue candidata por el Partido Liberal, el Movimiento de Integración Popular y el Movimiento Colombia Viva al Concejo de Santa Catalina, Bolívar, municipio con fuerte influencia de las autodefensas y donde, según la Corte, Piedad Zuccardi alcanzó altas votaciones.
La Corte demostró que Francisco Javier Vélez, alias Pocho Vélez, un presunto miembro de las autodefensas y compañero sentimental de Betty Castro, suscribió el 21 de abril de 2009 el contrato de Concesión Minera número KAN-09261 con el ex gobernador de Bolívar Joaco Berrío y firmado por la Secretaria de minas y Energía, Lester C. Romero Mercado. Vélez terminó luego en la cárcel acusado por homicidio y señalado de ser integrante de las autodefensas.
‘Pocho Vélez’ fue asesinado el 13 de octubre de 2009, y dos años después, el 18 de octubre de 2011, se firmó un contrato de cesión entre Marlene Vélez -hija de Vélez-, Betty Castro y una firma llamada, Promotora El Campín. El 50 por ciento de los derechos pasaron a nombre de esta última, el 20 por ciento para Castro, y el 30 por ciento para la hija de Vélez. De la Promotora El Campín son “socios los hijos y el esposo de la senadora Piedad Zuccardi”.
La Corte halló también que el 24 de mayo de 2013, cuando Betty Castro estaba en la cárcel, se transfieren sus derechos y los de Marlene Vélez “a la firma A.G.M. Desarrollo Ltda., del hijo del empresario Alfonso Hilsaca”.
Así, dice la Corte, “a través de estas sucesivas cesiones que en tan corto tiempo se realizan, las familias del empresario Hilsaca y de la ex senadora Piedad Zuccardi adquieren el control de una concesión minera por intermedio de dos personas muy posiblemente ligadas a estructuras paramilitares que delinquieron y muy probablemente lo sigan haciendo en el departamento de Bolívar…”.
La defensa de Zuccardi respondió a esto que “la Promotora El Campín, de la cual son accionistas compañías de familiares de la Senadora, no ha tenido nunca vínculos con grupos armados al margen de la ley, por el contrario, ha sido víctima de los mismos, y en su momento se procedió a instaurar las denuncias del caso, informando que la empresa Agrecar fue objeto de extorsiones por parte de las llamadas Bacrim”.
Pagos y votos en el Sur de Bolívar
En las interceptaciones telefónicas que hizo la justicia al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, la ex congresista Eleonora Pineda y al abogado Abelardo de la Espriella, los tres hablan de un pago de 500 millones de pesos que la ex senadora Zuccardi supuestamente hizo a ‘Ernesto Báez’, jefe político del Bloque Central Bolívar, para obtener su apoyo para el candidato Alfonso López Cossio en el sur de Bolívar en las elecciones a la Gobernación para el 2003. Mencionan que ‘Báez’ les incumplió porque Mancuso había apoyado finalmente la candidatura de Libardo Simancas.
Este hecho fue narrado en medio del recuento que hacen los tres de la reunión del ‘Caramelo’, según ellos el encuentro se llevó a cabo en septiembre de 2003 en la casa de Eleonora Pineda entre Simancas, José Maria Imbet, William Montes, el ‘Turco Hilsaca’, ‘la Gata’ y Mancuso. (Ver: Fiscalia y Procuraduria piden condenar a Vicente Blel)
De ese pago también habló el ex jefe político del bloque paramilitar de Montes de María, Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, quien aseguró ante la Corte que ‘Báez’ utilizó esos recursos para pagar publicidad política en los municipios de El Guamo, Calamar, Carmen de Bolívar y María La Baja.
De igual forma ‘Juancho Dique’, había asegurado en una versión de Justicia y Paz que también habían recibido ese pago, pensando en las próximas elecciones, pues para ese entonces no tenían planeado la desmovilización en el 2005 y por lo tanto el proyecto de las autodefensas en el norte de Bolívar era asegurar la elección de Zuccardi al Congreso para el año 2006.
Una de las conclusiones a las que llega la Corte es que la reunión del Caramelo sirvió para que Enilse Lopez (‘La Gata’) apoyara a Libardo Simancas en su candidatura a la Gobernación, pero que “su pupilo”, Fernando Tafur se aliara con Alfonso López Cossio, cercano a Zuccardi.
Los magistrados sostienen que los lazos entre ambas se fortalecieron posteriormente durante el Pacto de las Lobas y “se cristaliza para las elecciones al Congreso 2006-2010”, a través de un ‘Acuerdo Programático’ firmado entre el Partido de la U (liderado por Zuccardi) y el movimiento Apertura Liberal (vinculado a Enilse Lopez). Una de las pruebas de esta alianza es una foto tomada en el lanzamiento de la candidatura de López Cossio, donde aparece la ex congresista con los hijos de los empresarios del chance: el senador Héctor Julio Alfonso López (hijo de ‘La Gata’) y alias ‘Mandrake’ (hijo de Jesús María Villalobos, apodado ‘El Perro’). (Ver artículo López Cossio, candidato a la Gobernación de Bolívar, se ufana de recibir el apoyo de ‘El Gato con votos’)
Por otra parte la Corte se detiene a analizar las votaciones que se llevaron a cabo en el Sur de Bolívar. Para las elecciones al Congreso del 2002 y 2006 el Alto Tribunal asegura que hubo irregularidades que les permitieron cosechar un alto número de votos en esa región a Zuccardi y a otros políticos de su familia como su cuñado Álvaro García Romero, su esposo Juan José García y Miguel Ángel Rangel. Añade que el dominio violento de los integrantes del Frente La Mojana en esa zona fue clave para que triunfaran electoralmente allí.
Las retractaciones
La Corte señala que en la investigación que ha realizado sobre los presuntos vínculos entre Zuccardi y los paramilitares ha salido a la luz la manera en que acusados, paramilitares, políticos, empresarios y sus abogados han conformado un plan para que los declarantes se retracten. Esos cambios en las versiones han generado dificultades a la Corte para determinar si Zuccardi, o apoderados suyos, efectivamente estuvieron en cerca de diez reuniones o pactos que hicieron políticos con las autodefensas.
En el texto de la acusación se pone como ejemplo al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. El Alto Tribunal revela las conversaciones que fueron interceptadas el 6 de mayo de 2007 entre Mancuso y los políticos Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella. En la llamada Mancuso planea a quiénes nombrará y a quiénes no en las reuniones que sostuvo con políticos y empresarios de la Costa desde finales del 90 hasta su desmovilización. Entre las personas a las que no se refiere finalmente en su versión está Enilce López, ‘La Gata’, a quien llama en la conversación como su “comadre”.
La acusación encuentra evidente que Mancuso sigue cambiando sus primeras versiones en el caso de Zuccardi y que él mismo niega ahora que haya sido un testigo presencial en esas reuniones.
La Corte asegura que también otros jefes paramilitares han manipulado sus versiones de los hechos para encubrir parte de la historia del poder y el paramilitarismo en Bolívar. Ellos son: Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y ‘Juancho Dique’. Este último es acusado por los magistrados como una de las cabezas de una estrategia en la que se amenaza, asesina y soborna a testigos o a sus familiares.
El abogado de Piedad Zuccardi, William Adán Rodríguez, le dijo a VerdadAbierta.com que “nosotros hemos partido, siempre hemos sido muy claros de que los testigos no se han retractado de nada. Lo que pasa es que los testigos principales (Mancuso, Juacho Dique, Báez) nunca han mencionado a Piedad Zuccardi, entonces nunca se han retractado de nada. Son cuestiones de interpretación jurídica”.
La Corte asegura que estos ex jefes paramilitares “han alardeado de su poder electoral y “control” territorial para posicionarse como actores políticos del conflicto, dando a conocer selectivamente “uno que otro vínculo con alcaldes, concejales, comerciantes o aún congresistas sin mayor peso político como Eleonora Pineda, Carlos Clavijo o Loher Díaz, por dar sólo unos ejemplos”, para no poner en riesgo intereses estratégicos con otros políticos de mayor calado.
Algo similar había encontrado la Corte en el proceso por el que condenó al ex congresista sucreño, Álvaro García Romero por sus vínculos con los paramilitares: “a los comandantes de las AUC les resultaba más provechoso proteger a los políticos tradicionales con los que hicieron acuerdos burocráticos, que a los que fueron sus más directos representantes, porque aquellos podrían brindarles beneficios aunque estuvieran tras las rejas.”
A diferencia de las informaciones que se habían hecho públicas hasta el momento, que dan cuenta que la ex senadora empezó presuntamente a vincularse con los paramilitares para las elecciones al Congreso del 2002, el documento muestra pruebas que datan del año 1998. Para esa fecha, según la Corte, Zuccardi y su marido Juan José García apoyaron al movimiento la Nueva Fuerza Liberal para que hiciera parte de la “poderosa familia que de tiempo atrás viene dominando el espectro político de los departamentos de Sucre y Bolívar”, los García Romero.
El Movimiento Nueva Fuerza Liberal había sido dirigido por el ex representante a la Cámara Miguel Ángel Rangel Sosa, condenado por ‘parapolítica’. Según la Corte, Sosa y otros dirigentes locales del Sur de Bolívar habían sido citados por Carlos Castaño, Mancuso y Rodrigo Tiva, alias ‘Jorge 40’, entonces jefe paramilitar en Cesar y Magdalena, a unas reuniones en el Nudo de Paramillo en 1998. Los temas que trataron allí eran el ingreso de las autodefensas a esa región y según la Corte los políticos asistían a esos encuentros en calidad de miembros “de la familia política de Piedad Zuccardi”. Otras pruebas también señalan que la ex congresista se reunió de manera “no institucional” en el año 2000 con Castaño en Valencia, Córdoba, para evitar el despeje del sur de ese departamento para los posibles diálogos con el ELN.
La defensa de la ex congresista sostuvo que esa reunión con Carlos Castaño en Valencia, “se hizo en el marco de unos discretos acercamientos que por aquella época adelantaba el gobierno de Pastrana con el grupo armado ilegal y que de allí la Senadora no derivó ningún rédito electoral”.
Sobre el movimiento la Nueva Fuerza Liberal, los abogados sostienen que “no fue un movimiento de uso exclusivo de Piedad Zuccardi o JuanJosé García”.
La opinión del Alto Tribunal es que la ex congresista se convirtió “en la piedra angular” de las autodefensas, específicamente del Bloque Norte en el Sur de Bolívar, junto con sus dos supuestos aliados en la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Rangel Sosa y Alfonso López Cossio, ya condenados por esa misma instancia. (Ver: Alfonso Lopez Cossio y el pacto de Barranco de Loba)
En ese supuesto proyecto parapolítico, la Corte también vincula a Zuccardi con los empresarios Enilse López, alias ‘La Gata’ y Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, a quienes describe como protegidos por Mancuso, ‘Diego Vecino’, ‘Ernesto Báez’ y ‘Juancho Dique’.
“Confabulación”
A raíz de varias interceptaciones a llamadas telefónicas realizadas entre agosto de 2011 y junio de 2013, la Corte halló que Piedad Zuccardi “confabuló” con sus abogados para crear “una estrategia defensiva”, aprovechando que diferentes testigos habían perdido credibilidad en otros procesos. En las conversaciones, Zuccardi habla con sus abogados y cita las supuestas presiones por parte de investigadoras del CTI contra dos testigos para que la relacionaran con paramilitares. A partir de estos supuestos acosos, la ex congresista planteaba reabrir las investigaciones por los aparentes falsos testimonios, declarándose como víctima.
Una de las retractaciones es la del testigo y líder comunal del municipio de Tiquisio (Bolívar), Alberto Antonio Carvajal Díaz. La Corte sostiene que el cambio de sus confesiones se había dado en el 2009, luego de que recibiera sobornos y amenazas durante el proceso que llevó a la condena del aliado de Zuccardi y ex representante a la Cámara, Miguel Ángel Rangel Sosa.
Carvajal fue llamado de nuevo en el proceso contra Zuccardi, y allí aseguró que en el juicio contra Rangel, las investigadoras del CTI que lo habían entrevistado para ese entonces también lo habían presionado para declarar en contra de Miguel Ángel, Alfonso López Cossio, Fernando Tafur y Javier Cáceres, todos ellos congresistas condenados por ‘parapolítica’ y según la Corte cercanos a la ex congresista.
Otro testigo, el postulado Óscar David Villadiego Tordecillas, alias Never, denunció que otras investigadoras del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía le mostraron fotografías de varios “señores Senadores” entre los que se encontraba “la doctora Piedad Zuccardi”. Esta investigación contras las funcionarias de la Fiscalía fue archivada.
El Alto Tribunal desestimó estos señalamientos contra las funcionarias y, en cambio, vincula esas retractaciones con los comentarios que aparecen en interceptaciones telefónicas a Zuccardi y sus abogados mientras planeaban la estrategia para su defensa reabriendo el caso.
En uno de los apartes de la llamada, los magistrados subrayan la siguiente frase de Zuccardi: “Aaaah porque lo de estas señoras hay que articularlo completo creo yo… eeh y definitivamente presentar la denuncia, metiendo inclusive lo de los señores anteriores”. Más adelante la ex congresista aclara que en la planeación de su estrategia “Le metemos Carvajal y compañía, todo eso”.
Sobre las presiones de las que supuestamente fue víctima el postulado alias Never, quien según la Corte también fue amenazado por alias ‘Juancho Dique’ y sobornado durante otros procesos, los magistrados citan la conversación entre Zuccardi y su abogado en la cual planean reabrir el caso de la denuncia que había hecho el ex paramilitar. El abogado explica que ese proceso se podría hacer en una audiencia ante un Juez de Garantías y luego la ex congresista responde:
-Piedad Zuccardi: Hmjm, hmjm, hmjm… además que son avezadas porque la una tiene dieciocho años y la otra tiene veinte años, o sea, no son ningunas aprendices.
-Abogado: Claro… ese es el siguiente paso que quiero dar, doctora.
El abogado William Adán Rodríguez, que aparece en una de las interceptaciones, le dijo a VerdadAbierta.com que “esas comunicaciones entre la defensa y cliente han sido utilizadas por la Corte para efectuar el juicio de reproche y responsabilidad de mi cliente. La ley procesal dice que la interferencia de las comunicaciones entre cliente y defensor no pueden hacerse”.
Añade el jurista que “la Corte se equivoca en el sentido en el que a través de un memorial le informamos que íbamos a tomar decisiones sobre las investigadoras del caso, porque consideramos que ellas habían incidido sobre algunos de los testigos y que habían influenciado testigos y habían realizado labores de policía judicial cuestionables que merecían una investigación. Y de hecho había una investigación penal en contra de las investigadoras. Tal vez ellos no vieron ese memorial que yo presenté y ya una vez establecido que íbamos a iniciar esas labores contra las investigadoras empezamos a trabajar en esa dirección. Pero como ellos nos tenían interceptados, ellos cogieron y malinterpretaron esas interceptaciones y dieron por hecho que lo que yo estaba haciendo era acometer injustamente contra las investigadoras. Entonces lo que hizo la Corte fue abrigar a las investigadoras y decir que lo que yo estaba creando con mi cliente era un complot. Lo grave allí es que en primer lugar se interceptan las comunicaciones de mi cliente y la comunicación mía con ella”.
Rodríguez agregó que frente a las interceptaciones no se tomará ninguna acción y “vamos a respetar las decisiones de la Corte hasta último momento”. Cuando la Sala Penal de la Corte anunció que la ex senadora había sido acusada, el 21 de octubre de 2013, sin revelar los detalles de las grabaciones, el abogado manifestó que “he tenido dificultades para el ejercicio de mi labor principalmente, porque se han interceptado comunicaciones de la defensa, situación que legal, constitucional e internacionalmente, a través de los tratados de Derechos Humanos acogidos por Colombia está prohibido”.
Sobre estas mismas manifestaciones del abogado, la Corte respondió el 9 de diciembre pasado, en su providencia de no reponer la acusación contra la ex senadora, que el “blanco al que apuntó la intervención” telefónica no era la línea del defensor si no la de su defendida, y que el hecho de poner al descubierto esas conversaciones no era una violación a la ley.
Otra prueba citada por los magistrados fue el hecho de que el ex representante Germán Viana le confesara a una fiscal que una persona cercana a los esposos García Zuccardi le dijo que García le mandaba a decir que “tratara de plantear que López Cossio no tiene nada que ver con Piedad”.
La Corte también relaciona las retractaciones del testigo Eugenio Reyes Regino, alias Geño, quien ha sido amenazado durante la investigación que se lleva contra Alfonso Hilsaca como presunto autor de los homicidios de unas trabajadoras sexuales en la Torre del Reloj en Cartagena.
Según el Alto Tribunal, ‘Juancho Dique’ ha recibido y dado sobornos para cambiar sus versiones diciendo que Hilsaca no tuvo que ver con su organización. Los magistrados señalan que en ese plan se pueden incluir el cambio de los testimonios que ha hecho Geño, pues el postulado vinculó a los esposos García Zuccardi con las reuniones de Ñanguma y Casaloma, donde al parecer coincidió también el empresario. En estos encuentros se sospecha fue donde pactaron un acuerdo entre políticos y paramilitares para las elecciones de 2003 en Bolívar.
Estos presuntos sobornos han vinculado al abogado de Hilsaca, Abelardo de la Espriella, quien ha sido señalado como un supuesto emisario de sus clientes ante paramilitares presos
Las reunionescon el ex fiscal
Las interceptaciones telefónicas citadas por la Corte no sólo sirvieron como sustento para acusar a la ex senadora. El alto organismo también ordenó abrir investigación contra el ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio.
La Corte decidió enviar como prueba a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en un proceso que se sigue contra el ex fiscal, la conversación telefónica que sostienen Mancuso, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella el 6 de mayo de 2007.
Los tres plantean durante la llamada una estrategia para hacer ver en ese entonces la parapolítica “dentro de un contexto de esfuerzos mutuos de paz y la cooptación de las entidades públicas como un propósito para sanear los departamentos de la corrupción”.
Cuando Mancuso pregunta a Eleonora si se ha reunido con Osorio, la ex congresista se ríe y contesta que “varias veces”. También preguntan por reuniones con “Sabas”, el que “entró de Ministro”. (se refieren a Sabas Pretelt, ministro del Interior del gobierno Uribe). Mancuso les anuncia que en su versión libre dirá que Pineda y de la Espriella tuvieron siempre el contacto con “todo el mundo, Presidente, Fiscal, Congresistas”. Al final Eleonora y Mancuso terminan la conversación:
-Eleonora: Qué más, Mono cuando te ponga lo de Luis Camilo te pongo el pelo blanco
-Mancuso: No, no, podés poner (inaudible)te voy a dar un correo que nadie coja y te voy a enseñar cómo se maneja…”.
Cuando se conoció la orden de la Corte, donde se nombraba la existencia de las pruebas, el ex fiscal envió un comunicado asegurando que nunca tuvo relación con Mancuso y que mientras ocupó ese cargo “las autodefensas fueron perseguidas”.
Por otra parte los Magistrados ordenaron el envío a la Fiscalía de un audio con la conversación que sostiene el abogado de ‘Juancho Dique’, Hugo Atencia, el ex alcalde de Cartagena Nicolás Curi y el ex congresista Javier Cáceres (condenado por ‘parapolítica’), donde se habla de que Abelardo de la Espriella, había sido el encargado de llevarle a la cárcel un dinero a ‘Juancho Dique’, que “mandaron a ofrecer con La Gata e Hilsaca”.
Hablando de los comentarios de su cliente, Atencia dice en la grabación que “Usted se acuerda de que, que yo le dije que aquí me había visitado… Abelardo de la Espriella,
-porque ellos le mandaron a Abelardo de la Espriella, La Gata, El Turco– y él les mandó una razón conmigo, que no les aceptaba a Abelardo de la Espriella como interlocutor”.
De otro lado, la Corte también solicitó investigar al Fiscal 26 delegado ante la Unidad Nacional contra el Terrorismo por “adoptar la decisión preclusoria” a favor de Hilsaca por sus presuntos nexos con las autodefensas.
El Fiscal al parecer había “desatendido” lo dicho por los postulados, ‘Geño’ y Emiro José Correa Viveros, alias Convivir, quienes declararon que este último recibió la visita de un abogado de parte de Alfonso Hilsaca en febrero de 2009, “para ofrecerle dinero a cambio de que pidiera una ampliación de la versión libre en la Fiscalía 11 de Justica y Paz de Barranquilla, con el fin de retractarse de los señalamientos hechos contra su cliente Hilsaca y mencionara que el empresario estaba siendo víctima de unas extorsiones”.
