La llamada “Operación Temis”, destacada en el país porque terminó con la captura de decenas de personas señaladas de ser supuestos colaboradoras del Frente 9 de las Farc en ese corregimiento antioqueño está en entredicho porque los afectados intentan demostrar que fue un montaje judicial en su contra.
En el corregimiento Aquitania operaron las guerrillas de las Farc y el Eln, así como grupos paramilitares del Magdalena Medio. Foto: Diego González.Rodrigo Alberto Colorado Ramírez había acabado de salir de su casa en una vereda del corregimiento Aquitania, del municipio San Francisco (Antioquia), cuando fue interceptado por ocho hombres que se identificaron como miembros del CTI de la Fiscalía. En ese momento le informaron que tenía una orden de captura por ser “parte de la red de apoyo al terrorismo del Frente 9 de las Farc”, con presencia en el oriente antioqueño y el norte de Caldas.
Ese 30 de julio de 2014, integrantes del CTI Caldas y de los batallones Juan del Corral de Rionegro (Antioquia) y Ayacucho de Manizales capturaron a cuatro personas más de Aquitania, entre ellos su hermana Nancy del Carmen y los también campesinos Fidel Antonio Morales Giraldo, Genaro Elí Ciro Carvajal y Rodrigo Soto Soto. Los demás capturados eran oriundos de los municipios de Nariño, Carmen de Viboral y La Pintada, en Antioquia; y de los corregimientos Florencia y San Diego, de Samaná, Caldas.
De acuerdo con la Fiscalía 12 Seccional de Caldas, el operativo se presentó como “Operación Temis”, con amplia repercusión en los medios nacionales, a través de los cuales las autoridades sindicaron a los capturados de llevar remesas e información de posicionamiento de tropas del Ejército a los guerrilleros de las Farc.
“En el campo a uno le toca lo que el grupo diga. A veces uno sin desayunar, llegaban y que necesitaban el fogón. Había que obedecerles. Todos nos levantamos en el campo. Si había que vender gallinas, se vendían. En el camino nos daban boletas y 50 mil para entrar comida. Uno sí llevó cosas, pero obligado. El cuento es que uno viviendo en el campo le toca colaborar al grupo que llegue”, dice Rodrigo Colorado, quien después de cerca de tres años no ha sido condenado.
Pero las detenciones continuaron en los meses siguientes. En diciembre de 2014 fue capturado en Cartagena Guillermo Ceballos, quien fuera vecino de los hermanos Colorado. El 22 de abril de 2015 se entregó Abel Antonio Colorado, padre de Rodrigo y de Nancy, y luego lo hizo otro de sus hijos, John Fredy. El 21 de junio capturaron a Miguel Ceballos y el 1 de julio se entregó su hermano Rogelio en el Batallón Juan del Corral de Rionegro, pero en el expediente señalan que fue capturado.
En poco más de un año fueron capturadas diez personas de Aquitania, de las cuales no aceptaron los cargos los hermanos Colorado –Rodrigo, Nancy y John Fredy- ni Guillermo Ceballos. Los demás sí aceptaron y por eso en la actualidad tienen detención domiciliaria en los municipios de San Francisco y San Luis, Antioquia. Ellos manifiestan que en algún momento sí le llevaron víveres a la guerrilla, pero por obligación, dado que eran el único actor armado y tenían que obedecerle.
“Colaboraba, sí, pero no porque quería. Me pedían cargarles comida. Ellos me salían y me decían: usted me tiene que traer esto. Les llevaba arroz, aceite, enlatados, café, condimentos. Me daban cien mil para comprar. La ley aquí era la guerrilla. Llegó un tiempo que los apretaron y los echaron al monte [en marzo de 2003 iniciaron las operaciones militares Marcial y Meteoro]. Se volvieron ariscos. Aparecían dos. Tocaban. Si uno se negaba le mataban la familia”, sostiene Miguel Ceballos.
Distante 170 kilómetros de Medellín, Aquitania es un corregimiento del municipio San Francisco, conformado por 17 veredas. Aunque la presencia de las Farc se remonta a 1981, se hizo más fuerte durante la década del noventa con el Frente 9; allí también operó el Frente Carlos Alirio Buitrago del Eln. La disputa por el territorio se agudizó a finales del siglo pasado con la entrada del Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.
La vida cotidiana no fue fácil para los campesinos en los primeros años de la década del dos mil. Se vieron sometidos a desplazamientos forzados, abandono de sus fincas, proliferación de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y sendas incursiones del Ejército ordenadas por el entonces presidente Uribe para acabar con la guerrilla en esa región agreste del Oriente antioqueño.
Testigos y pruebas
El proceso contra los pobladores de Aquitania se basa en los testimonios de los guerrilleros Orlando de Jesús López Quintero, John Fredy de Jesús Isaza Arango, alias ‘Resorte’, y Adolfo Herrera Londoño, alias ‘Diomedes’; y de los civiles Daladier Jiménez Gómez y Juan de Jesús Quintero Jiménez.
Todo empezó el 25 de marzo de 2013, cuando López Quintero afirmó, en entrevista con la Fiscalía en el Batallón Juan del Corral de Rionegro, que conocía a varios miembros de la red de la insurgencia, y señaló a las diez personas capturadas en el corregimiento, asegurando que cultivaban hoja de coca y que eran “colaboradores del Frente 9 de las Farc, ya que estos señores les entran remesa, ellos la compran en el pueblo y la guerrilla la recoge en la casa de ellos”. Cuando le preguntaron quién más sabía al respecto señaló a Daladier Jiménez Gómez, maderero, y a Juan de Jesús Quintero, quien fuera concejal de San Francisco.
En entrevista que le hizo la Fiscalía, Juan de Jesús Quintero Jiménez el 27 de marzo de 2014 señala con nombre propio a los que luego fueron capturados y agrega: “son colaboradores del Frente 9 de las Farc, quienes le colaboraban ingresando remesa, realizaban actividades de recolección de información de la ubicación del Ejército”.
Sin embargo, este supuesto testigo afirma ahora que las autoridades judiciales hicieron un montaje con la entrevista y todo fue un engaño para afectar a los campesinos de Aquitania.
“Es que allá me preguntaron [en el Batallón Juan del Corral] si los conocía, no si eran miembros de la red de apoyo. Eso sí son montajes que hacen allá. La Fiscalía me sacó un cuadro grande y un poco de personas. Es para que usted mire a cuáles de Aquitania conoce, me dijeron. Que yo distinga, esta, y así por el estilo, respondí. Pero para el cuento de que eran colaboradores no. Los distinguía como paisanos y como amigos”, explica Quintero, quien admite que nunca vio a los sindicados llevarles remesa o darle información a la guerrilla.
Al respecto, recuerda la conversación que tuvo con Orlando López antes de ser entrevistado por la Fiscalía en aquella época. “Cuando yo entré [al Batallón] Orlando ahí mismo me habló. Le dije: hombre, usted por qué me tiene en estas vueltas. Vea Juancito, usted no tiene ningún problema. La Fiscalía le va a preguntar si conoce a fulano y diga que sí. Ahí quedé como un informador”.
El 14 de octubre de 2014, cuando ya habían sido detenidas algunas de las personas de Aquitania, el testigo Orlando López dio su última entrevista a las autoridades. En ella explicó que en su casa vivió el papá de alias ‘Eladio’, el comandante del Frente 9 de las Farc, y que por medio de él y del comandante supo que los hermanos Ceballos procesaban la hoja de coca. Sin embargo, no dijo que los vio. Cuatro días después fue asesinado en Rionegro, Antioquia.
El 22 de octubre de ese año Daladier Jiménez le dijo a la Fiscalía que temía por su vida y que días antes había hablado con Orlando, quien le dijo que meses atrás se había salvado de ser asesinado por milicianos de la guerrilla en el municipio de Rionegro; añadió también a la Fiscalía que los hermanos Ceballos y Colorado habían reunido cinco millones de pesos para matar a Orlando López. Frente a esto los señalados indican que es falso.
Jiménez aseguró que los implicados sí eran guerrilleros porque se lo dijo su hermano Pedro Fabián Jiménez, “porque la verdad, yo no los he visto a ellos”. A pesar de que no los vio, insistió: “es que los rumores se escuchan y corren. Cuando el río suena es porque piedras lleva. Ellos habían colaborado de una forma u otra.”
De acuerdo con los testimonios de Orlando López, Daladier Jiménez y Juan de Jesús Quintero, en ningún momento vieron a los implicados llevándole remesa o dando información a las Farc sobre posicionamiento de tropas del Ejército. Coinciden, eso sí, en indicar que todos sembraban coca en sus veredas y con ello se intenta vincular a los procesados como miembros o colaboradores de la guerrilla, cuando la mayoría lo hacían en el corregimiento. Incluso, Daladier Jiménez fue cultivador en su vereda.
De otro lado, Juan de Jesús Quintero afirma que Orlando López fue colaborador e informante del Frente 9 de las Farc. “En el tiempo que fui concejal gracias a mi Dios no tuve problemas con ellos. Pero cuando fui candidato sí. Cuando eso la seguridad se la daban a uno. Yo aquí tenía, 10 o 15 soldados prestando seguridad. En un momento dado un miliciano que trabajaba con ellos me mandó razón del comandante: ‘dígale a Juan que se venga porque tenemos que hablar’. Me tocó ir hasta San Agustín. Casi no me le logro escapar a los soldados. Si yo no iba, después me podían hasta matar. Yo tenía que ir donde el comandante de la guerrilla, ‘Eladio’. A ese man lo mataron. Al miliciano que me trajo la razón, comenzaron a machacarle [insistirle] que se fuera con él, entonces ese man no se quiso ir y entonces se le torció con el Ejército. Se llama Orlando López, también lo mataron”.
Según varios testigos de Aquitania, a Orlando lo vieron durante meses uniformado y portando un fusil en el pueblo, luego de ser miembro de las Farc. “En el 2012 y 2013 andaba enfusilado y camuflado. Una vez fue a mi casa al Venado. Fue con un capitán de apellido Rivero o Rivera, iban de civil. Me salieron en el camino y yo iba con un ganado”, cuenta Guillermo Ceballos, uno de los afectados por los señalamientos.
Juan Quintero dice que por la información suministrada por Orlando López, el Ejército mató a Jorge Eliécer Fernández, alias ‘Eladio’, su compañera sentimental y dos de sus hombres en zona rural de Argelia, por lo que habría recibido una recompensa de tres millones de pesos. Asimismo, recuerda que López le pidió que hiciera la entrevista con la Fiscalía para identificar a los implicados porque así recibiría beneficios económicos por la informaciónsuministrada.
Por su parte, Daladier Jiménez señala que ahora teme por su vida, dado que ha recibido amenazas telefónicas en las que se le advierte de no ir a ninguna audiencia ni de aparecer en Aquitania, de donde se fue en el 2010. Sin embargo, dice que el CTI le incumplió.
“Jorge [Olmedo Ortiz, asistente de investigación criminalístico del CTI] me ofreció plata y me dijo que me colaboraba, que me daban los pasajes para ir a Rionegro, a Medellín. Inclusive una vez me dejaron sin los pasajes para venirme. Jorge me dijo que sí [me daba una recompensa], hasta una fotocopia de cédula me dijo que le mandara que me iban a mandar una plata. Él me dijo que de millón a millón y medio. Después me llamó y me dijo que habían negado la recompensa, hasta ahí supe de él. No volví a saber nada”, relata Jiménez.
La familia Colorado
En estas montañas, los grupos armados ilegales afectaron profundamente a las comunidades campesinas. Hoy tratan de destrabar los problemas con la justicia. Foto: Diego González.La familia Colorado creció en la vereda Venado Chumurro del corregimiento Aquitania. Rodrigo Colorado y su mamá Dora Ramírez coinciden en que la guerra los ha perseguido toda la vida. Uno de sus hijos fue reclutado por el Eln cuando era un niño, mientras que otro fue desaparecido por los paramilitares de Ramón Isaza en el corregimiento Doradal, de Puerto Triunfo, porque provenía de un pueblo con la marca de ser guerrillero. Y luego les llegó el proceso actual en el que están involucrados Abel Antonio Colorado, el papá de 71 años, y sus hijos Nancy, John Fredy y Rodrigo.
En su vereda la presencia de las guerrillas se acrecentó en los noventa, incluso las Farc instalaron un campamento cercano a sus casas. Rodrigo recuerda que en varias ocasiones se le acercaban los guerrilleros para que dejara de trabajar la tierra y la madera y se incorporara al grupo armado. En el 2013 recibió la visita de alias ‘Leonel’, comandante de un reducto del Frente 9 de las Farc, quien amenazó con matarlo.
Aparte de los señalamientos por llevar remesa o informar sobre posicionamiento de tropas, Rodrigo advierte que también lo señalan de haber realizado más de tres mil llamadas a la guerrilla, con extorsionar ganaderos y mineros. “En Aquitania saben que no es cierto. Dicen que nosotros extorsionamos a ganaderos, pero acá la finca más grande tiene 20 reses”.
Su padre, Abel Antonio, un hombre de 71 años, asmático, al que sindicaron de liderar las incursiones de las Farc en el norte de Caldas, se entregó a la Fiscalía. Ante los señalamientos de que coordinaba las operaciones en Samaná, Caldas, dice que “no conozco Samaná. Yo me mantenía trabajando, subiendo al pueblo [Aquitania] cada ocho días, con hijos, trayendo el mercadito, cómo iba a estar metido por allá. Por eso tengo la edad que tengo, porque no me he metido con nada. Cuando tenía 20 años trabajé en La Dorada, fue lo que más lejos que fui. A Medellín he ido tres veces; también he ido a San Luis y San Francisco [los dos pueblos más cercanos]. Es un pecado [cuando dicen que llevaba armamento]. Ni siquiera sé cómo se maneja eso”.
Abel describe cómo es vivir bajo la coerción de los actores armados: “va una persona armada y le dice tráigame esta cosita. Si uno dice que no puede le dicen que entonces no sirve olo matan. A uno le toca, es de obligado. Mi único pecado es que sembraba la mata, la coca…”
Daladier Jiménez, uno de los testigos de la Fiscalía, descarta cualquier culpabilidad del anciano: “Yo, la verdad, al hombre [Abel] lo distingo desde muy niño, desde que tenía 8 años y que yo sepa nunca estuvo en malos pasos, nunca lo vi con la guerrilla, a pesar de que él vivía cerca de los campamentos de la guerrilla”.
La familia Ceballos
Tres miembros de la familia Ceballos también fueron vinculados por los testigos Orlando López y Daladier Jiménez en el proceso penal. Miguel, Rogelio y Guillermo también eran habitantes de la vereda Venado Chumurro, la misma de la familia Colorado. A ellos los señalaban de recibir a los nuevos guerrilleros en la zona, de llevar remesa, de dar información sobre ubicación del Ejército y de cultivar hoja de coca.
Al respecto Rogelio cuenta que “decían que éramos cómplices del terrorismo. Yo nunca estaba dando información, yo no era sapo. La primera vez que me pidieron un favor me salió un muchacho en sudadera y camiseta negra y pañoleta. Llevaba revólver. Me intimidó y me dijo que los sapos no servían. Tres meses después aparecieron de nuevo y me pidieron llevar mercado, que les colaborara porque en el pueblo había mucho sapo. Si no, que me mataban la familia. Uno por ese lado se deja enredar. Me acusan de estar con la guerrilla desde el 2006, cuando tenía 17 años. En esa época no tenía esposa ni bestias, porque las Farc siempre buscaban personas con bestias”.
Por su parte su hermano Miguel dice que “me acusaban de rebelión, que llevaba remesas, para fortalecer el terrorismo, y que extorsionaba mineros y ganaderos. Yo le dije al abogado que no podía aceptar cargos. Él me dijo que si no aceptaba los cargos me iba a quedar por allá [Manizales]. Tiene que aceptar porque si no te tienes que quedar de 8 a 13 años. Uno es montañero, no tiene experiencia, uno aprende en la cárcel. Yo le decía que no aceptaba y él me decía que sí. Me hizo aceptar el abogado. Si hace eso se va para la casa y el problema se acaba. Aquí está Rodrigo [Colorado], que ya lleva un año y lo mismo le va a pasar a usted, me decían el fiscal y el abogado. Me dijeron que el problema se me iba a acabar si aceptaba.”
Entonces aceptaron cargos, estuvieron detenidos en Manizales y luego obtuvieron la detención domiciliaria, que ahora tienen en el casco urbano de Aquitania, dado que no pueden regresar a su vereda en donde tenían sus animales y sus cultivos.
Aparte de los problemas personales con los testigos, de vivir en una vereda que fue de dominio guerrillero y de haber cultivado hoja de coca, a esto se le suma el abogado cartagenero Rafael Nicolás Nieto Vergara, quien recibió alrededor de veinte millones de pesos de los afectados por sus honorarios, que salieron de la venta de sus animales y las pocas propiedades para ser defendidos.
La única recomendación de Nieto Vergara, advierten los sindicados, fue aceptar los cargos, por eso Rodrigo Colorado y Guillermo Ceballos renunciaron a seguir pagándole porque no querían aceptar, dado que hacerlo era reconocer que eran colaboradores de la guerrilla cuando las circunstancias eran distintas. Al respecto, el abogado se negó a dar su versión del asunto.
Proceso final y amnistía
Las personas que aceptaron cargos fueron Rodrigo Soto, Fidel Morales, Genaro Elí Ciro, Miguel y Rogelio Ceballos y Abel Antonio Colorado. Afirman que esa aceptación se produjo por miedo a ir a la cárcel, por la recomendación de la defensa y por la presión que ejerce la Fiscalía que lleva el caso.
Al cierre de esta nota se conoció que el próximo 17 de febrero se realizará una audiencia de preclusión del proceso penal a favor de los campesinos Guillermo Ceballos y los hermanos Nancy, Rodrigo y Fredy Colorado.
Pese a las grandes dudas que genera este caso, los tiempos o los términos del proceso penal hacen que ahora sea muy difícil volver sobre las irregularidades que determinaron las condenas y las acusaciones. Sin embargo, se abre una ventana para resolver su situación a través de la Ley 1820 de 2016, de Amnistía e Indulto, expedida bajo los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc.
William Fredy Pérez, docente e investigador delInstituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, opina que si los nombres de aquellas personas no figuran en la lista que las Farc dará a conocer antes de ir a las zonas de concentración, entonces estaría formalmente probada la no pertenencia de los aquitaneños a esa organización.
Con respecto a los acusados por “pertenencia o colaboración con las FARC-EP”, in juez habría de considerar no probado el cargo y absolver de responsabilidad a los acusados. Los condenados por su parte podrían solicitar el indulto dispuesto por la Ley 1820 de 2016 para “quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP”.
En el caso de los condenados es bastante curiosa la situación: en cuanto el grupo armado no pueda certificar que esas personas pertenecieron a la organización, lo que el indulto perdona es el hecho de que hayan aceptado el cargo y de que un juez haya visado ese consentimiento.
Este tipo de procesos por rebelión, afirma Pérez, puede ser una muestra de los errores que se cometieron contra personas señaladas de ser colaboradoras de las guerrillas o, en sus propias palabras, “un indicio serio de la manera como opera la jurisdicción en medio de la guerra. O para la guerra”.
No obstante, el abogado manizaleño Carlos Fernando Grisales, quien defendió a Virgilio de Jesús Montoya, un campesino de Florencia, Caldas, también detenido en la Operación Temis, dice que “desafortunadamente estamos en Caldas. Aquí parece que del Tribunal para abajo, tribunal y juzgados, tuvieran su propio código penal y de procedimiento penal. Esto es una isla en el país, porque la aplicación de la ley en Caldas es meramente objetiva, alguien dice que esto pasó ahí mismo lo condenan.”
Por lo pronto, los campesinos de Aquitania tendrán que esperar qué resuelve un juez sobre su situación, es decir, sobre el resultado de esa especie de guerra jurídica que se ha dado en el país durante el conflicto armado, o aguardar por las listas que entreguen las Farc, para que se confirme que ellos no fueron integrantes ni milicianos de ese grupo guerrillero y sus nombres queden limpios.
