Excombatientes de esa extinta guerrilla aportaron información a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) sobre víctimas de ese crimen. La Procuraduría les ha reclamado por 522 personas que estuvieron bajo su poder y de las que no se volvió a tener noticias.
“Hablar de estos temas es muy fuerte, muy doloroso. La guerra sólo beneficia a aquellos que la promueven para mantenerse en el poder político y económico. Los que participamos en esta confrontación sólo encontramos un balance de dolor, de muerte, de desolación”.
Con esas las palabras, Rodrigo Londoño, antiguo jefe de las Farc, a quien se le conocía en la guerra con los alias de ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, comenzó su intervención en un evento donde el extinto grupo alzado en armas formalizó la entrega a la UBPD de un documento sobre casos de desaparición forzada asociados a la práctica del secuestro.
“Las y los firmantes del Acuerdo de paz de las antiguas Farc-Ep hemos venido contribuyendo a la búsqueda de personas desaparecidas desde el inicio de la mesa de conversaciones con el Estado colombiano. Dicha contribución no está condicionada de manera exclusiva por nuestra comparecencia a la Jurisdicción Especial para la Paz. Para nosotros se trata de un compromiso ético, político y humanitario”, expresó, por su parte, el excombatiente Jaime Alberto Parra.
Londoño y Parra, junto a Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, habían sido previamente instados por la JEP, a través del Auto 019 de 2021, a facilitar información que conocieran podría ayudar a localizar a personas dadas por desaparecidas en el marco del Caso 01, el cual prioriza la toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad ocurridas en el marco del conflicto armado. (Leer más en: El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)
La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, también presente el encuentro, resaltó “el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de quienes suscribieron el Acuerdo de paz” para actuar a favor de la búsqueda de personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
Mencionó, además, que el trabajo desarrollado con los exjefes de la extinta guerrilla de las Farc está “orientado a poder determinar y avanzar, agilizar el proceso de búsqueda” y que es “sumamente importante para poder finalmente solidarizarse y atender una necesidad que no ha sido atendida durante muchos años de lucha, de búsqueda en soledad y con muchos riesgos para los familiares” de las víctimas.
Justamente, Monzón aprovechó la oportunidad para dirigirse a los afectados indirectamente por las desapariciones y decirles que la institución está abierta a apoyar y garantizar su participación en un proceso que tiene como objetivo no solamente precisar la ubicación de los desaparecidos, sino conocer qué fue lo que realmente les pasó y en qué condiciones estuvieron durante el tiempo que no se supo de ellos.
En el evento también resaltaron las alocuciones de miembros de la comunidad internacional, como Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quien aseguró que confía en que la entrega de información va a ser de gran importancia para las tareas desarrolladas por la UBDP y que representa la centralidad que tienen las víctimas en el Acuerdo de Paz.
De otro lado, Luis Gómez Negrete, delegado del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), expresó que es posible construir “un camino en diálogo y en acuerdo para que las personas desaparecidas puedan volver a casa”.
“Para la comunidad internacional, que ha guardado grandes expectativas del proceso de paz en Colombia y desde un principio se ofreció como garante de su cumplimiento, de seguro este es un acto muy importante, pues pueden ver que su esfuerzo y apoyo no están siendo defraudados”, indicó Adriana Pestana, coordinadora del área psicosocial de Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.
Pasos lentos
La Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para la Búsqueda de la UBPD, con base en la información entregada por la Sala de Reconocimiento, de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (RVR) de la JEP estableció que 192 personas fueron desaparecidas forzosamente en el contexto de secuestros. De ellas, 81 formaban parte de la Fuerza Pública y 111 de la sociedad civil. (Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP)
Esas víctimas fueron clasificadas en los bloques que conformaban las Farc: ocho hechos se le atribuyen al Bloque Caribe, tres al Bloque Central, seis al Bloque Magdalena Medio, 39 al Bloque Noroccidental, 14 al Bloque Occidental, 67 al Bloque Oriental, 47 al Bloque Sur y ocho no son atribuibles.
Los exmiembros del ya desmovilizado grupo armado ilegal proporcionaron información sobre 55 casos del total, pero se cree que sólo en ocho de ellos se podrían obtener resultados contundentes en la búsqueda, una cifra relativamente baja.
Se estima que dentro de los datos aportados hay directrices sobre los factores que inciden en los sucesos de desaparición; los posibles lugares de enterramiento de cuerpos, como cementerios, fosas y sepulturas; las personas que podrían disponer de información importante; y sobre otros elementos que permitan la localización de los desaparecidos y la recuperación, identificación y entrega digna de restos.
En todo caso, “la recolección y corroboración de información se ha realizado en diversos encuentros con antiguos exguerrilleros y no ha terminado (...) apenas está comenzando a ser trabajada”, afirmó Londoño.
El exjefe guerrillero detalló que los ocho casos más adelantados hacen parte de un proceso lento que se inició incluso desde antes de emitirse el Auto de la JEP y que no es posible avanzar de la misma manera en todos los hechos de desaparición. Incluso, dijo, puede ser necesario un proceso diferente en la búsqueda de información cuando esta no es clara o cuando los involucrados fallecen en el marco del conflicto armado.
No obstante, enfatizó que se seguirá trabajando en todos los sucesos que se conocen. “De las 192 víctimas de desaparición sólo se pasó un nombre o una fecha. Falta establecer si efectivamente la responsabilidad es nuestra, si esa persona fue secuestrada o murió como consecuencia del conflicto. Si conocemos la información la aportaremos, nuestro compromiso es que se sepa la verdad y ojalá todos los desaparecidos regresen a casa”.
Pero hay grandes retos que se enfrentaron y que vendrán en el futuro respecto al tratamiento de los casos de personas desaparecidas. El primero tiene que ver con la consolidación de información.
La SRVR, al hacer un análisis cuantitativo para el Caso 01, contrastó datos sobre secuestros presuntamente cometidos por las Farc aportados por la Fiscalía General de la Nación, el CNMH, miembros de la antigua Fundación País Libre, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal (CONASE).
Sin embargo, toda la información resultó ser diversa, por lo que el Grupo de Análisis de la Información de la JEP tuvo que consolidar un sólo registro que ,finalmente, arrojó 21.396 víctimas en el periodo comprendido entre 1990 y 2016. El hacer ese cruce de datos implicó dejar por fuera hechos victimizantes anteriores a la década de los noventa.
Ese no es el único vacío encontrado en las cifras, pues el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta 29.778 secuestrados para el mismo periodo de tiempo, pero en ningún caso se especifica el grupo armado responsable.
En realidad, sólo el CNMH ha podido crear bases de datos que incluyan variables específicas, en las que se expone incluso que para la liberación de personas usualmente se exige dinero, un despeje militar o un intercambio de personas. También se reportan las modalidades, motivos y desenlaces en los casos de secuestro, que muchas veces implica la muerte. Justamente, sobre las personas que fallecen durante el tiempo de cautiverio, la Procuraduría General de la Nación reportó ante la JEP en 2019 un total 522 víctimas secuestradas por las Farc.
Por otro lado, y propiamente sobre las desapariciones, la movilización por todo el territorio colombiano de quienes hacen labores de búsqueda y la confianza que se requiere construir con la población civil para esta comunique detalles sobre sucesos que conozca, también representan algunos desafíos.
Sin embargo, Londoño le contó a VerdadAbierta.com que “la población civil siempre ha sido respetuosa y algunas veces aliada de la antigua organización. Sin ella no habríamos superado 50 años de guerra contra un estado tan poderoso militarmente. En esta etapa nos hemos acercado a hablar con algunas comunidades para que nos ayuden a reconstruir la historia: quiénes estuvieron allí, si ellos recuerdan alguna muerte en combate, si conocen de algún lugar donde se enterraba a quienes morían en esa zona. Muchos de esos datos han sido definitivos”.
Y añadió que “a pesar de las dificultades, de las inseguridades, incluso hasta jurídicas y físicas, cada persona que logremos encontrar será un aliciente más para nosotros reiterar y mantener nuestro compromiso por encima de las situaciones que se nos presenten”.
Otros delitos convergen
Aunque el trabajo conjunto de la JEP, la UPBD y los exmiembros de las Farc son de resaltar y significan un aporte importante en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es indispensable tener presente que el fenómeno de la desaparición en Colombia es mucho más amplio, pues se entrelaza con otros delitos e involucra a más grupos armados.
Una historia que refleja esa situación es la de Indalecio, un joven a quien los paramilitares engañaron ofreciendo trabajo para luego asesinarlo en una finca, junto a un amigo suyo. Pestana, quien compartió esa información con VerdadAbierta.com, dijo que los cuerpos de ambos fueron desaparecidos, pero que en los documentos oficiales se registraron como guerrilleros muertos en combate.
En ese sentido, el informe Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) advierte que las conocidas ejecuciones extrajudiciales afectan especialmente a “jóvenes de zonas vulnerables del país, detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia por la acción de agentes corruptos del Estado que pretendieron sumarlos ignominiosamente a las estadísticas de guerrilleros dados de baja, con el fin de obtener privilegios dentro de la institución militar”.
Así, algunas personas han sido desaparecidas y asesinadas para incluirlas, de forma fraudulenta, en listas de logros. Pero con otras sucede al contrario, pues son primero asesinadas y luego desaparecidas para que no sean contadas dentro de las cifras de homicidios, lo que provoca una invisibilización de las acciones a las que fueron sometidas, según el CNMH.
Esa organización gubernamental denuncia que las desapariciones no se registran o se excluyen de los sistemas de información “cuando aparecen en concurso con otros delitos, dando prevalencia a uno a costa de la negación del otro”.
Al respecto, Pestana indica que “de acuerdo a las normas legales, el delito de desaparición prevalece sobre cualquier otro. Sin embargo, en muchas ocasiones se intenta dejar a un lado la desaparición, confundiendola con secuestro o, especialmente en los casos cuyos cuerpos son encontrados, los han subsumido en el delito de homicidio”
El RUV reporta desde 1984 hasta 2016, 1 '046.947 homicidios, 17.563 secuestros y 169.737 desapariciones. Pero es posible que muchas desapariciones estén todavía clasificadas dentro de otros crímenes.
De hecho, las desapariciones eran catalogadas como secuestros y homicidios antes de que se expidiera la Ley 589 del 2000, con la que se tipificó el delito de forma independiente, definiéndolo como una privación de la libertad, seguida de un ocultamiento y una negativa a admitir el hecho y a dar información sobre la ubicación de la víctima.
En ese ordenamiento jurídico, se establecieron agravantes punitivos relacionados con las actuaciones en contra de autoridades, personas en condición de discapacidad, menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, entre otros. Además, cuando se trata de situaciones en las que se somete a la víctima a tratos crueles o degradantes y a lesiones físicas o psicológicas.
Allí también se crearon mecanismos para ayudar a prevenir la desaparición como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos y la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas.
Todo lo anterior se dio, de acuerdo con el CNMH, gracias a las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, las cuales también desarrollaron “medidas destinadas a que el país intente conocer cuántos y quiénes son las personas desaparecidas”.
A la situación de registro erróneo se suma la falta de datos particulares en los casos. El CNMH, por ejemplo, entre 1970 y 2015, logró registrar 60.630 personas desaparecidas forzosamente, pero los perfiles de las víctimas para esos años no fueron fáciles de definir, pues resultaron afectados tanto sindicalistas y estudiantes como otro tipo de ciudadanos que hace parte de sectores vulnerables.
Los autores del delito también fueron desconocidos en el 51,4 por ciento de los casos, aunque el 49,6 por ciento restante permitió establecer que los paramilitares fueron responsables del 46,1 por ciento de los casos, las guerillas del 19,9 por ciento, los grupos posdesmovilización del 8,8 por ciento, agentes del Estado del 8 por ciento y otros grupos armados no identificados del 15,9 por ciento.
Es de resaltar que a través del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) se consiguió estudiar el periodo comprendido entre 1958 y 2020, abarcando 17 años más que en el expuesto anteriormente e incluyendo un tiempo posterior al Acuerdo de Paz.
Con datos recogidos hasta el 31 de marzo de 2021, se determinó que durante dichos años se reportaron 68.565 hechos y 80.653 víctimas de desaparición, de las cuales 8.287 fueron encontradas muertas, 1.793 fueron encontradas vivas y siete están en una situación desconocida. En los 70.587 casos restantes las personas siguen desaparecidas, pero existe información para al menos 11.643 de ellas.
De acuerdo con el 52,4 por ciento de los casos en los que se obtuvo información sobre presunto responsable, se determinó que el 62 por ciento de las víctimas lo fueron de grupos paramilitares, 24,8 por ciento de guerrillas, 6,1 por ciento de grupos posdesmovilización, 5,7 por ciento de agentes del Estado y 1,4 por ciento de otros actores o de agentes del Estado en conjunto con grupos paramilitares o posdesmovilización. No obstante, es indispensable tener en cuenta que para este periodo tampoco se supo sobre los perpetradores en la mayoría de los casos.
Así las cosas, el propio CNMH considera que todavía “las víctimas, la sociedad e incluso las propias instituciones estatales no han logrado contar con información veraz, consistente y oportuna” que ayude a determinar la magnitud de las desapariciones, ya que “aún persiste una alta fragmentación de la información que se refleja en la circulación de una pluralidad de cifras que generan más confusión que esclarecimiento”.
Eso deja el acceso a la información como uno de los principales limitantes para que se llegue a un reconocimiento adecuado de las personas afectadas por la desaparición forzada.
Primero, porque aunque las instituciones oficiales adelantan trabajos para encontrar desaparecidos, los casos sobre los que se tiene conocimiento para trabajar de forma efectiva aún son pocos. Y segundo, porque la fallas en la unificación, claridad y en ocasiones especificidad en las cifras de las desapariciones, y de los hechos del conflicto armado con los que podría estar relacionada, pueden provocar que estas no sean en su totalidad registradas o se camuflen erróneamente en otros crímenes.
