La decisión se tomó ayer en el Archivo General de la Nación y con ella se busca proteger la documentación en diversos formatos que reposa en esta entidad desde 2012, luego de la supresión de este cuestionado organismo de seguridad que estuvo al servicio de organizaciones criminales ligadas al paramilitarismo.
Por lo menos 60 mil cajas de diferentes tamaños, en las que reposan cientos y cientos de documentos, así como otro tipo de soportes, como cassettes, disketes y discos duros, integran el fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que será declarado como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico la semana entrante.
La medida, conocida por este portal, fue tomada ayer por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación (AGN) y con ella se pretende organizar, conservar y salvaguardar un archivo que contiene información desde 1953 hasta el 2014 y en el que hay dos clases de conjuntos documentales: los misionales, referidos a los procesos de inteligencia y contrainteligencia; y los administrativos, entre los que se incluyen los gastos reservados.
El Comité Evaluador de Documentos es una instancia colegiada del AGN del que también hacen parte el Ministerio de Cultura, la Academia Colombiana de Historia y el Colegio Colombiano de Archivistas.
La declaratoria de Bien de Interés Cultural está en consonancia con lo planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Auto OPV 182 del pasado 25 de abril, mediante el cual le pidió al Archivo General de la Nación, “como ente rector de la política archivística del país”, que realizara “el diagnóstico integral, clasificación, organización e inventario técnico de todos los archivos que tiene bajo su custodia”.
De esa manera, la JEP dejó en firme las medidas cautelares tomada en el Auto 001 del 12 de marzo de 2018 y a través de las cuales le ordenó al gobierno nacional “que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad sean puestos a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, permaneciendo bajo custodia del Archivo General de la Nación”.
En términos concretos, lo que permitió la decisión de la JEP de abril pasado es desatar el sello que pesa sobre los archivos del DAS y comenzar a trabajar en la recuperación, organización y clasificación de los documentos con la expectativa de sea de consulta pública cuando todo ese trabajo esté listo.
Desde el 2012, cuando recibió ese fondo documental, el AGN simplemente era un custodio de todo ese material, pues no se le había autorizado adelantar ningún proceso gestión, más allá de tenerlo guardado. Las autorizaciones de consulta dependían de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Una vez la JEP dejó en firme las medidas cautelares, un grupo de diez organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos radicaron a comienzos de este mes ante el AGN una solicitud para que se declara el Fondo del DAS como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico y se les reconocería de manera expresa su condición de Archivos de Derechos Humanos.
Las organizaciones argumentaron que los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS “conservan especial interés histórico por su potencial de contribución a la memoria histórica, la justicia transicional y la construcción de paz, así como por su utilidad jurídica y estrecha relación con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, que los constituye como bien integrante del patrimonio cultural de la Nación”.
Por su parte, el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, otra organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos, también presentó similar solicitud, sustentándola en el valor simbólico de los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados: “Pues representan el incumplimiento de varias de las obligaciones del Estado para con sus residentes, de modo tal, que si da a conocer al público en general, las acciones del DAS se podrá saber lo que sucedió y permitirá que hechos similares no se vuelvan a dar”.
Conocedores del tema archivístico le explicaron a este portal que esta declaratoria es una medida especial de protección que evita que sea fragmentado, que no vaya a ser objeto de expropiación, de enajenación o de cierre de su contenido por alguna decisión arbitraria de alguna autoridad, y se garantice el principio de integridad y su máxima divulgación.
Supresión del DAS
¿Qué factores rodearon la supresión del DAS y por qué cobran importancia sus archivos de 61 años de existencia? Su historia institucional está llena de agujeros negros en los cuales hay criminales alianzas con narcotraficantes y paramilitares que hicieron parte de una cruenta estrategia para combatir la insurgencia en el país y, de paso, atacar sectores alternativos asociados a la izquierda.
Este organismo de seguridad se creó mediante el Decreto 1717 del 18 de julio de 1960 y sustituyó al entonces Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que constituyó en 1953 el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).
Las tareas misionales de este organismo de seguridad se centraron tres actividades concretas: “Ejercer las funciones de Policía Judicial, como auxiliar de la rama Jurisdiccional, del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, cooperando en la investigación de los delitos; Cooperar al mantenimiento del orden público bajo la dirección del gobierno y en estrecha colaboración con la policía nacional; Llevar el registro de los extranjeros en el territorio nacional y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre extranjería”.
No obstante, con el paso de los años se fortaleció su carácter de inteligencia y contrainteligencia, y comenzó a hurgar en la vida de quienes no eran compatibles con los gobiernos de turno. Se convirtió en una especie de Policía Política ligada a la Presidencia de la República y desarrolló cuestionables líneas de espionaje para recabar información sobre los potenciales “enemigos”.
Tal como lo expuso este portal en su micrositio Guerra Sorda, de cuenta del extinto DAS, el país vivió por varias décadas “entre salto y salto de escándalos noticiosos sobre detectives, chuzadas, dispositivos de espionaje, seguimientos y operaciones encubiertas, legales e ilegales, información y contrainformación”.
Con el escalamiento del conflicto armado y la irrupción de la ‘solución’ paramilitar, este organismo se convirtió en parte fundamental de la estrategia contrainsurgente y se articuló con organizaciones armadas ilegales como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), participando de manera conjunta en la comisión de decenas de crímenes en diversas regiones del país. (Leer más en: Los ‘paras’ y el DAS)
Su punto más alto de corrupción lo marcaron dos circunstancias: la desmovilización colectiva de las estructuras paramilitares asociadas a las Auc, que comenzó en noviembre de 2003 y finalizó en agosto de 2006; y la entrada en comparecencia de los exparamilitares a los tribunales de Justicia y Paz para contar las verdades a su paso por la guerra.
En sus versiones comenzaron a saltar las clavijas de su memoria y a brotar las relaciones criminales que establecieron paramilitares y funcionarios del DAS, no sólo para garantizar altos niveles de impunidad, sino para avanzar en la derrota de la insurgencia armada, la izquierda civil y sectores políticos críticos. (Leer más en: El espía del DAS que persiguió a Alfredo Correa de Andréis)
En ese camino de verdades y de acciones de la justicia contra quienes apoyaron políticamente la causa paramilitar, el DAS apareció con fuerza como un aliado de la Presidencia de la República, bajo la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), para intervenir teléfonos, hacer seguimientos, perfilar y fraguar complots contra magistrados e investigadores de la Corte Suprema de Justicia para socavar sus tareas e impedir las investigaciones contra sectores de la clase política que respaldaron y se aliaron con las Auc.
Adicional a ello, en ese gobierno también se adelantaron seguimientos y se realizaron interceptaciones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición críticos con la administración de Uribe Vélez. (Leer más en: El DAS y la gran conspiración contra la justicia)
Este espionaje ilegal ocurrió entre 2005 y 2009, cuando estaban en su punto más alto las indagaciones y acciones judiciales contra congresistas vinculados a las Auc y que obtuvieron sus curules mediante procesos de coerción armada y compra de votos en regiones fuertemente paramilitarizadas.
Ante esos hechos y denuncias, que llevaron a varios de sus más altos funcionarios a la cárcel, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) decidió suprimir el DAS a través del Decreto 4057, fechado el 31 de octubre de 2011.
¿Cuánto de esa historia criminal y de espionaje contra todas aquellas personas que consideraban sus “enemigas está documentada en los documentos misionales y administrativos del extinto DAS?
Protección especial
La petición de la declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del fondo del DAS se sustentó en dos razones fundamentales: su valor histórico y su valor simbólico.
Así quedó plasmado en la solicitud: “[…] reviste interés simbólico e histórico para las víctimas y organizaciones sociales que actualmente reclaman el derecho a la verdad, justicia y búsqueda de garantías de no repetición, que hacen necesario e imperioso conservar esas huellas históricas mediante la protección del fondo documental considerando que, en él, se encuentra información y registros de evidencias de infracciones a los Derechos Humanos a las que fueron sometidas las víctimas por parte de la entidad”.
Adicional a ello, se resaltó su valor académico, por cuanto su organización y conservación, de cara a una futura apertura al público, lo convierte en un fondo de “especial interés para la academia en general y los procesos de producción académica e investigativa, dado su valor histórico que aporta datos relevantes sobre infracciones a los derechos humanos”.
Otra consideración expuesta es que también podría ser clave para contribuir al esclarecimiento de algunos hechos criminales en procesos judiciales ordinarios y transiciones, y ante instancias internacionales, lo que permitiría complementar el mapa de lo ocurrido e identificar quiénes fueron responsables, con lo que habría garantías en la lucha contra la impunidad y en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Valorados esos argumentos el Comité Evaluador de Documentos de la AGN aceptó la solicitud y determinó declarar el fondo del DAS como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico. La resolución será expedida la próxima semana.
Lo que se viene ahora es una mayor apropiación de recursos para iniciar la etapa de diagnóstico de los contenidos de este fondo documental con el fin de establecer cuántos profesionales se requieren y por cuánto tiempo, qué equipos se necesitan y cuáles serán los procesos técnicos prioritarios para abrir cada caja y proceder a limpiar, clasificar y describir los documentos con el fin de ponerlos al servicio del público.
En un trabajo de prediagnóstico adelantado hace varias semanas, el AGN invirtió cerca de 100 millones de pesos. El resultado fue que el conjunto de documentos administrativos tiene algunos listados e inventarios, pero de lo misional no se tiene ninguna información, lo que exigirá empezar de cero.
Este portal pudo establecer que el proceso que se inicia con la Declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico no será a puerta cerrada y se invitará a organizaciones de la sociedad civil para que sean veedoras de los pasos técnicos que se darán, con lo que se garantizará mayor transparencia y máxima divulgación.
Actualización: El Archivo General de la Nación, a través de la Resolución N. 545, fechada el 11 de julio de 2023, declaró los archivos del DAS como “Bien de interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del ámbito nacional público”.
