No son tiempos fáciles para los educadores en este departamento. El enfrentamiento entre combos delincuenciales en áreas urbanas; la expansión de estructuras criminales hacía regiones anteriormente dominadas por la guerrilla de las Farc; así como la extorsión y el avance de las redes de microtráfico dentro y fuerade los colegios tienen en máxima alerta a la comunidad educativa.
Foto: Juan Diego Restrepo E.
El rector de la Institución Educativa Pedro Octavio Amado, del barrio Belén Buenavista, en el occidente de Medellín, que alberga poco más de 1.200 estudiantes, no volverá a su despacho. En los primeros días de agosto, el grupo armado conocido como ‘Los Pájaros’, que delinque en el sector y que actualmente sostiene una dura confrontación armada con la banda ‘Los Chivos’ del vecino corregimiento Altavista, lanzó duras amenazas de muerte en su contra, lo que obligó a la Secretaría de Educación de Medellín a ordenar su traslado.
Desafortunadamente no es el único caso. Hace pocos días, la rectora del colegio Ramón Giraldo Ceballos, situado en la parte baja del corregimiento Altavista,también fue amenazada de muerte por los grupos armados que imperan en la zona. La compleja situación de orden público que se vive en este sector de la capital antioqueña ha impactado profundamente en toda la comunidad educativa.
“Hay muchos jóvenes que no puede ir a estudiar por las fronteras que han impuesto los grupos armados. Ahora tenemos el caso de los dos rectores. La situación sigue muy difícil”, señaló Julio Rengifo, líder comunitario de este corregimiento e integrante de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 16. (Leer más en: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos)
Los estimativos de los activistas de la Comuna 16 señalan que por lo menos unos 200 jóvenes de Altavista no han regresado a las aulas de clase debido a las restricciones a la movilidad impuestas por cada uno de los bandos armados en disputa. La situación fue verificada por el propio Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en recorrido realizado el pasado 16 agosto por las principales calles de este corregimiento.
“Se tiene conocimiento de núcleos familiares que están confinados. Y el confinamiento es una violación a los derechos humanos. Consiste en que en zonas rurales no dejan salir a las personas a cultivar y no los dejar salir a trabajar. Aquí es lo mismo, no dejan a los niños que salgan a estudiar y a los padres a trabajar, lo que genera una violación a los derechos humanos supremamente grave”, declaró Negret al concluir una visita a las comunidades.
Pero los riesgos para la actividad docente no se limitan solo a lo que sucede en el occidente de Medellín. El pasado 9 de julio, dos sujetos que se identificaron como miembros de las ‘Águilas Negras’ abordaron en pleno vía pública a un educador vinculado al Centro Formativo de Antioquia (Cefa), cuya sede se encuentra en pleno centro de la ciudad. Lo tildaron de ‘guerrillero’ y lo conminaron a abandonar la ciudad.
A ello se suma el asesinato de Manuel Jaime Arango Maya, rector de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, hecho perpetrado el 27 de julio pasado en el barrio Campo Valdés, nororiente de Medellín. Si bien las autoridades de Policía han señalado que su muerte fue producto de un robo, organizaciones defensoras de derechos humanos argumentan que el directivo venía denunciando presencia de plazas de vicio al interior del centro educativo, lo que podría explicar su muerte.
La situación de los docentes en Antioquia se conoce justo cuando la organización no gubernamental Somos Defensores difundió su informe semestral de asesinatos de líderes sociales, lo que evidencia un enrarecimiento del clima de acción pública de aquellos que trabajan y se destacan en sus comunidades. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales se agravan con implementación de acuerdo de paz)
En la mira
Foto: archivo Semana.Históricamente, el gremio docente ha sido uno de los más victimizados en Antioquia. Estudios realizados por la Escuela Nacional Sindical (ENS), organización no gubernamental que realiza seguimiento a la violencia antisindical en Colombia, señalan que entre 1985 y 2017 fueron amenazados 1.391 educadores en el departamento mientras que unos 350 fueron asesinados, convirtiéndose en la agremiación sindical más perseguida del país.
A ello se le suma que los maestros también han sido víctimas de desapariciones forzadas (32 casos); desplazamientos forzados (782 casos); secuestros (19 casos) y detenciones arbitrarias (14 casos). Aunque, tal como lo advierte la ENS, existe un subregistro en los datos correspondientes a los cinco últimos años, ya que se sabe de casos de docentes que no pertenecen a la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y por ello, no exponen sus casos ante el sindicato, ni ante autoridad alguna.
Con relación a la situación del último año, según estadísticas de la Secretaría de Educación de Medellín, entre el 6 de diciembre de 2016 y el 17 de julio del presente año, han sido amenazados unos 34 profesores, un número importante de ellos en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, la Comuna 1 (Popular), el corregimiento San Cristóbal y la Comuna 13 (San Javier).
Por su parte, Adida cuenta en sus registros con 35 profesores víctimas de intimidaciones. A diferencia de lo consignado por la administración municipal, el principal sindicato que agrupa a los docentes en el departamento destaca las comunas 16 (Belén); 3 (Manrique); 5 (Castilla); y 8 (Villa Hermosa), como las más peligrosas para el ejercicio docente.
Pese a lo anterior, para los miembros de esta agremiación el registro es preocupante si se tiene en cuenta que en todo 2016, la cifra de profesores amenazados llegó a 52; es decir, en seis meses ya se alcanzó el 65 por ciento del total de intimidaciones registradas el año pasado.
“Es preocupante lo que está ocurriendo con los ‘profes’, no sólo en Medellín sino en todo el departamento. Nosotros somos gestores de paz. Y cuando se amenaza un docente, el afectado no es él solo: es toda la comunidad educativa: padres de familia, comunidad, educandos”, señaló Parmenio Córdoba, integrante del Comité de Derechos Humanos de Adida.
De acuerdo con Córdoba, para el caso de la capital antioqueña, un número importante de hechos obedecen a la situación de orden público que viven sectores como Altavista, Belén, Manrique y (recientemente) Robledo mientras que otro tanto responden a problemas de convivencia e intolerancia al interior de los colegios.
Si se revisa la situación de los profesores en Antioquia, el panorama no es muy alentador. Mientras Adida registra un total de 58 docentes amenazados en lo que va del año en el departamento, la Secretaría de Educación departamental consigna un total de 52 hechos. En lo que no difiere una y otra estadística es en las razones esgrimidas por los educadores: amenazas proferidas por grupos armados.
“En el caso de Antioquia, la mayor parte de los casos documentados obedecen a problemas de orden público. En aquellas regiones donde anteriormente estaban las Farc ahora se presenta el hecho de unos grupos que quieren copar ese territorio. Y eso ha traído problemas serios a los profes”, agregó Córdoba, quien señaló además que “en otros municipios es el problema de las redes de microtráfico”.
En Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, dos docentes fueron amenazados mediante panfletos. Ambos fueron acusados de ser “guerrilleros” y les exigieron abandonar el pueblo. En Amaga, suroeste del departamento, otro educador fue amenazado al denunciar la presencia de redes de microtráfico en cercanías a la institución educativa en la que laboraba.
El municipio de Segovia es uno de los más peligrosos para la actividad docente en Antioquia: en lo que va corrido del año han sido intimidados siete profesores. Desde hace varias semanas se vive una tensa situación por cuenta del paro que llevan a cabo los mineros de la región, quienes han chocado violentamente en varias ocasiones con los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. También se han registrado intimidaciones en pueblos vecinos como Cisneros, Remedios y Amalfi. Esta región del Nordeste registra, en total, 14 educadores amenazados.
“Hay otra situación preocupante y es que en algunos municipios del Norte y Bajo Cauca a los ‘profes’ los han llamado, les han enviado panfletos o les dejan mensajes en el celular exigiéndoles el pago de una vacuna para poder trabajar. Incluso, a los directivos de algunos colegios, los grupos armados les han pedido la lista de los profesores y la relación de cuánto ganan para poder extorsionarlos”, declaró el integrante del Comité de Derechos Humanos de Adida.
Microtráfico impacta
Foto: archivo Semana.Otra de las regiones donde el trabajo de los docentes se ha visto en alto riesgo es el Norte del departamento. Y allí, la localidad de Ituango es la que concentra todas las preocupaciones. Según los registros del Comité de Derechos Humanos de Adida, unos tres profesores han sido amenazados a lo largo del año, “aunque la cifra podría ser de cuatro. Nos enteramos por los medios de una ‘profe’ que recibió una amenaza, pero ella no se ha comunicado ni con nosotros ni con la Secretaría de Educación (del departamento). Por eso no la incluimos en este registro”, agregó Córdoba.
Se trata del caso de una educadora de la institución educativa Pedro Nel Gómez, en pleno casco urbano de Ituango, quien recibió un panfleto amenazante finalizando el mes de julio, justo después de denunciar la existencia de una red de microtráfico tanto en las afueras como dentro del colegio. “En estos momentos la Unidad Nacional de Protección analiza su caso. Ella sigue en el municipio, porque además es una reconocida líder y defensora de derechos humanos. Ella dice que del municipio no se va”, aseveraron voceros de la Asociación Campesina de Ituango.
El avance y fortalecimiento de las redes de microtráfico en este pueblo, anterior fortín de la guerrilla de las Farc, está generando serias afectaciones a los jóvenes escolarizados. “Estamos constatando y verificando muy bien todo. Pero lo que sabemos es que están en inminente riesgo de desplazamiento forzado unos 70 estudiantes: 64 del Pedro Nel Ospina y los otros seis del Colegio PIO X, que queda en un barrio que es una zona semiurbana del pueblo. Al parecer se tienen que ir del pueblo por problemas de microtráfico”, manifestaron líderes campesinos.
No es la primera vez que los educadores deben cumplir con sus funciones bajo amenazas de actores armados. Según consignó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Informe de Riesgo 037-17 de agosto de 2017, entre 2014 y junio de 2016, la guerrilla de las Farc empleó la amenaza y el desplazamiento forzado como estrategia de control territorial para frenar el avance de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Esta práctica, según constató el SAT, “afectó a los docentes que llegaban a Ituango con el fin de ocupar las plazas a las que habían accedido al ganar el concurso del Ministerio de Educación y que provenían de otros municipios de Antioquia o de departamentos como Chocó y Córdoba. Esta situación en su momento afectó a los niños y niñas habitantes de las veredas El Quindío, Bajo Inglés, Tinajas, la Lomita, Mandarino, Monte Alto, San Isidro, la Honda, Reventón, las Arañas, Santa Ana, la Paloma y de los corregimientos Santa Rita y La Granja”.
“Eso ya no está pasando. Pero sí estamos muy preocupados con lo que está pasando en el casco urbano con el microtráfico”, advirtieron los voceros de la Asociación de Campesinos de Ituango, quienes esperan que los gobiernos nacional y regional tomen cartas en el asunto.
