Es alta la expectativa que generan las conversaciones entre el grupo guerrillero y el gobierno nacional en las regiones. Ahora se avanza en el compromiso de adelantar una amplia discusión social a través del Comité Nacional de Participación a la par de un cese al fuego bilateral por seis meses.
“Es muy importante que la sociedad participe en un modelo de construcción de paz”, dice Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá perpetrada por las extintas Farc en mayo de 2002, y uno de los 81 integrantes del Comité Nacional de Participación (CNP), instalado en Bogotá en días pasados.
Su voz es referente no sólo por su activismo a favor de las víctimas, sino por la profundización que logró sobre las raíces y los impactos del conflicto armado en las comunidades más pobres del país luego de cumplir con sus funciones de comisionado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que concluyó su trabajo en junio de 2022. (Leer más en: En las manos del país la Comisión de la Verdad dejó su Informe Final)
El CNP es una instancia de diálogo a múltiples voces que fue acordado entre el gobierno nacional y la guerrilla del Eln como parte del proceso de conversaciones que adelantan desde el 2 de octubre de 2022, cuando se reanudaron formalmente los acercamientos, luego de casi cuatro años de parálisis tras el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)
“Este es un Comité que va a darle mucho impulso a la participación territorial, a la participación local”, plantea Palacios, quien guarda la esperanza de que esta instancia “contribuya a exigirle más a las partes para que, precisamente, se hagan más acuerdos en la línea de disminución del cese al fuego, de las confrontaciones en los territorios y por supuesto de la de la posibilidad de que se restauren los derechos para las comunidades”.
El CNP está conformado por 81 personas, que representan a 30 organizaciones con amplias trayectorias en lo social, lo económico, lo cultural y lo político, y que tienen la responsabilidad, para los próximos seis meses, de promover un diálogo social sobre el país para nutrir la mesa de conversaciones con el Eln y, con ello, construir un acuerdo de paz sólido que le ponga fin a un alzamiento en armas que ya sobrepasa los 59 años.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), “el plan de trabajo del CNP tendrá 4 fases: el diseño de la participación, el diagnóstico y diálogo sobre la democracia para la paz, la construcción de una agenda sobre democracia y transformaciones y, finalmente, la sistematización de los resultados”.
Las funciones puntuales del CNP –precisa la OACP– pasan “por la habilitación de espacios de diálogo con enfoque diferencial, la construcción de metodologías para el diseño de la participación, la consulta con expertos, organizaciones, sectores y procesos sociales y, finalmente la sistematización de estos aportes en un modelo de participación que será presentado a la Mesa de Diálogos en el Plan Nacional de Participación”.
Para lograr esos objetivos se han planteado 15 encuentros nacionales y 9 más regionales (Amazonas, Antioquia, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Nororiente, Orinoquía y Suroccidente), que deberán realizarse entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de este año. Una tarea exigente si se tiene en cuenta el corto tiempo que hay para ello y la cantidad de personas que esperan convocar, que se calcula en cinco mil personas en total, que deberán representar por lo menos 17 sectores sociales.
A la par de estas labores, están corriendo los tiempos del cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado con este grupo alzado en armas, que comenzó a la media noche del pasado 3 de agosto, y que, a pesar del corto tiempo transcurrido, se han presentado situaciones que están siendo revisadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, creado para este fin.
Alivios humanitarios
El departamento de Chocó ha sido uno de los más golpeados por la confrontación armada. Allí, el Eln ha sido protagonista en la generación de una fuerte crisis humanitaria que golpea a comunidades negras, indígenas y campesinas, especialmente del centro y el sur del departamento. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Palacios corrobora esa situación: “Es muy triste y lamentable la situación que están pasando las comunidades en esta crisis humanitaria. Yo creo que en el caso particular de Chocó no podía estar peor. Estamos en un nivel de postración inimaginable: niños reclutados, mujeres con violaciones, jóvenes sufriendo, los bombarderos, los hostigamientos, los enfrentamientos. Es una situación muy triste”.
Frente a ello, este defensor de derechos humanos espera que uno de los primeros desafíos del CNP es, justamente, abordar esas crisis humanitarias e intentar buscarles soluciones. “Ojalá este comité pueda plantearle a la mesa, con mucha contundencia, un diagnóstico de esa crisis humanitaria que están viviendo los territorios, para que las partes que están ahí se comprometan”, dice Palacios. “Y sin duda creo que también es una oportunidad para plantear un diseño de cómo pueden vincularse otros procesos y otras salidas negociadas al conflicto armado que necesitan esa gente en esos territorios”.
El senador Robert Daza, quien hace parte del CNP, comparte con Palacios las expectativas generadas por la creación y puesta en marcha de este mecanismo de interlocución social. A su juicio, este espacio “es el comienzo de una nueva forma de construir acuerdos de paz”. Y argumenta: “Siempre los acuerdos de paz se habían construido entre las guerrillas y el gobierno en representación del Estado. Eso en parte ha funcionado y en otra parte no. Por eso seguimos todavía con actores armados en los territorios, causando emergencias humanitarias, por ejemplo, como la que hay hoy en el departamento de Nariño”.
Bajo esa perspectiva, Daza considera que es fundamental que la comunidad haga parte de los diálogos con el Eln: “La comunidad es la que tiene que poner las necesidades, las propuestas, y eso le da legitimidad al proceso de paz y esto que la comunidad menciona tiene que ser tenido en cuenta en el acuerdo de paz que se firme entre el gobierno y el Eln”.
El senador Daza tiene un amplio liderazgo campesino en el departamento de Nariño y ha padecido la persecución estatal por sus actividades ligadas a la defensa de los derechos humanos. Llegó al Congreso de la República a través de las circunscripciones especiales de paz creadas con el acuerdo alcanzado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. (Leer más en: Líderes sociales judicializados: ¿quiénes son Teófilo, Adelso y Robert?)
Desde su experiencia, reconoce en este proceso que se ha iniciado con el CNP gestos de interés y de esperanza que contribuirán a “construir un buen proceso de paz”, y que le atribuye no sólo al gobierno nacional, sino al grupo guerrillero, a los empresarios y a los ganaderos.
“Esperamos que todas esas expresiones sean sinceras y que se pueda de manera objetiva y real construir esas condiciones de paz para nuestras comunidades. Paz no es únicamente el silenciamiento de los fusiles, sino inversión en infraestructura, inversión en educación, apoyo para generar trabajo y empleo. Todo eso se puede dar si es que se llega a un acuerdo de paz”, reitera.
Con respecto al cese bilateral de fuego pactado con el Eln y actualmente en vigencia, Daza hizo un llamado especial a otros grupos armados ilegales para alivianar la crisis humanitaria que se padece en varias regiones del país: “Paren la muerte, no se metan a los territorios donde está el Eln a causar conflictos, porque la guerra se va a escalar”.
Esa petición se basó en información que recibió justo el día de la instalación pública del CNP de los municipios nariñenses de Samaniego y La Llanada: “Nos informan que como el Eln ya entró en cese bilateral, se ha venido todos estos grupos de las disidencias de las Farc y obviamente, pues, no encuentran respuesta por parte de la guerrilla del Eln que está asentada allí. Y en este momento hay desplazamientos, ya han empezado a minar las carreteras, hay confinamiento de la población, hay falta de entrada de comida y esto genera una situación de incredulidad a nivel de la opinión pública”.
Y a raíz de esa situación, Daza plantea lo que en muchas comunidades del país se ha vuelto un clamor: “Necesitamos que los grupos armados se comprometan con la paz”.
Nuevo modelo de participación
La creación del CNP es interpretada por Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), como “una señal esperanzadora porque, de alguna manera, es poner la voz de la sociedad frente a la mesa de negociaciones”.
Para este activista y defensor de derechos humanos, en el proceso de conversaciones con el Eln se está ensayando un nuevo modelo de participación de la sociedad que le imprime una singularidad no vista antes en otros procesos de búsqueda de la paz en el país: “Muy diversos sectores de la sociedad colombiana están representados en ese Comité, desde el mundo empresarial hasta el mundo campesino”.
Del CNP hacen parte sectores que, tradicionalmente han sido muy críticos con los anteriores procesos de paz, entre ellos, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore). Este detalle le da pie a Romero para reforzar su sensación esperanzadora, por cuanto la pluralidad de quienes conforman este Comité puede contribuir a que “los acuerdos vayan mucho más rápido que los tiempos de las mesas”.
Y agregó: “Los tiempos de las mesas son los tiempos de las negociaciones milimétricas entre las partes y son siempre complejos, pero cuando la sociedad está demandando el proceso creo que hay más esperanza y más oportunidad”.
Romero admite que con el Eln las negociaciones en el pasado siempre han sido difíciles. Son 59 años de alzamiento en armas y sendos procesos de conversaciones para buscarle una salida negociada que han fracasado. No obstante, este defensor de derechos humanos plantea que, en esta ocasión, “el proceso empieza a mostrar que es capaz de acercar a sectores que eran muy escépticos. Y esto tiene que ser un motor, una fuerza, para buscar un respaldo más universal, más general de la sociedad”.
Creo que no va a ser fácil, hay que hablar de paciencia sin duda, pero creo que vinculando a fondo la sociedad se crea una fuerza importante para tener un éxito al final del día. En este momento no estamos en tiempos de un referendo negativo contra la paz, sino de un Presidente elegido para avanzar.
Sobre la crisis humanitaria de la que hablaron Palacios y Daza, con respecto a Chocó ya Nariño, respectivamente, en Codhes le han puesto cifras y el panorama a nivel nacional es bastante complejo: más de un millón de desplazados después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc (suscrito en noviembre de 2016); más de 800 casos de desplazamiento masivo; a lo que se suman decenas de masacres, confinamientos y asesinatos.
Y es que la confrontación entre el Estado colombiano y el Eln no es la única que genera esos estragos humanitarios. Ese grupo alzado en armas choca cruentamente con las disidencias de las antiguas Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’. (Leer más en: Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego)
Al respecto, la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió en su informe sobre el 2022 de la existencia, bajo sus criterios jurídicos, de siete conflictos armados de carácter no internacional, distribuidos de la siguiente manera: “Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz”.
Y los otros cuatro conflictos son entre grupos armados: “Uno es entre el ELN y las AGC, y los tres restantes entre las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano, y el ELN, respectivamente”.
Ante ese panorama, Romero reconoce que un cese al fuego con un grupo no resuelve todo. Lo deseable, agrega, “es que haya ceses al fuego con todos, pero, con sentido práctico. Lo importante es que se vayan consolidando estos procesos. El escenario más adverso era durante el gobierno anterior, donde no había ni acuerdos humanitarios ni cese el fuego ni intentos de nuevos acuerdos de paz ni cumplimiento del acuerdo que se había firmado, ese el peor escenario”. (Leer más en: Duque, el presidente que saboteó la ilusión de la paz)
A juicio del director de Codhes, el país está en momentos muy distintos a los del pasado; no obstante, sugiere que “hay que estar preparadas y preparados para afrontar grandes dificultades en estas negociaciones, pero creo que el futuro del país va en esa línea de cerrar las guerras y hay un llamado fuerte desde la sociedad, justamente contra esas guerras”.
Olimpo Cárdenas, otro activista y defensor de derechos humanos, quien representa en el CNP a la organización Congreso de los Pueblos, plantea que ese Comité abre una oportunidad para fortalecer los movimientos sociales y populares, especialmente en los mecanismos propios y autónomos, y, a través de la participación, la construcción de propuestas con un alto nivel de exigencia.
Este dirigente, que cuenta con una experiencia de varias décadas en la lucha social y popular, así como en procesos organizativos de base, plantea que esa participación de amplios sectores sociales en las negociaciones con el Eln a través del Comité, “debería servirnos también para tratar de construir una mirada y una visión un poco más común de lo que significa la solución política al conflicto, que no es sólo armado, sino económico, social, político, ambiental y cultural”.
La participación de la mujer será clave en este proceso de diálogo con la sociedad. Así lo resaltó Yolanda Perea, integrante del CNP: “Hay una esperanza de construir una paz que tenga el rostro de mujer, donde nuestros jóvenes, niños y niñas, no sigan siendo asesinados; una paz que nos permita entender que es necesario poder construir en medio de la diferencia una igualdad social”.
Perea resalta que, con este proceso, llegó el momento de “colocarse en el zapato del otro y de la otra para entender que Colombia es diversa, que Colombia es el país más feliz del mundo; pero, sin embargo, es el país donde muchas veces nos negamos a entender que, en medio de esa diversidad, podemos ser una Colombia igualitaria”.
Por su parte Annye Páez, quien hace parte de la Convención Nacional Campesina y ahora del CNP, propone que, aprovechando la oportunidad que abre el diálogo con el Eln, es importante “crecer como país, para hacerlo, tenemos claro que debemos avanzar en la ampliación de la democracia, involucrar a otras y a otros en la construcción de un modelo de sociedad que se comprometa a cumplir la palabra empeñada”.
Según Páez, este ejercicio de participación de la sociedad debe ser complementario a todos los acuerdos de paz suscritos con anterioridad y “su cumplimiento permite allanar el camino de la confianza. De esa manera podemos mejorar lo que ya se ha avanzado en el país”. Y para consolidar esa vía, le pidió tanto al gobierno nacional como al grupo alzado en armas “que no se levanten de la mesa sin lograr la solución política al conflicto en lo que le toca a cada quien, teniendo como fundamento el respeto a los derechos humanos y al DIH. Es urgente que se pongan en marcha unos mínimos humanitarios para aclimatar el ambiente de paz en nuestro país”.
Cese al fuego, ¿a medias?
El pasado 9 de junio, el gobierno nacional y la guerrilla del Eln acordaron que, a partir de la media noche del 3 de agosto, entraría en vigencia un cese al fuego bilateral durante seis meses. Para ello, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, y el jefe guerrillero Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, firmaron en La Habana, Cuba, el documento que le dio piso al Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT).
Al día siguiente, ambas delegaciones acordaron los protocolos que rigen al CFBNT. Entre ellos, destacan dos: el Protocolo del Mandato del Mecanismos de Monitoreo y Verificación; y el Protocolo de Acciones Específicas. El primero define la estructura que se encargará de monitorear el cumplimiento del cese al fuego a nivel local, regional y nacional; y el segundo tiene 12 puntos sobre lo que pueden y no pueden hacer la Fuerza Pública y el Eln durante la duración del tratado de no agresión.
Los objetivos principales de estas medidas son “bajar la intensidad del conflicto, desarrollar acciones y dinámicas humanitarias, propiciar la participación de la sociedad en el proceso de paz y concretar acuerdos humanitarios para las zonas con mayor crisis humanitaria definidos por la Mesa de Diálogos para la Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional”.
Sin embargo, en los primeros cuatro días, el cese al fuego habría sido violado por el Eln en algunos departamentos del país. Así lo indicó el pasado lunes el comandante de las Fuerza Militares, general Helder Giraldo, durante la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá: “Hasta el momento tenemos seis presuntas infracciones por parte del grupo armado Ejército de Liberación Nacional, las cuales serán verificadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación”.
Los hechos en contrastación reportados por el alto oficial, homicidios y ataques a la Fuerza Pública, ocurrieron en los departamentos Arauca, Cauca y Nariño. A esos casos hay que sumarle un ataque en la misma noche en la que inició el cese al fuego, a un destacamento de la Brigada 15 del Ejército Nacional en el municipio de Tadó, Chocó, que patrullaba en la carretera que conduce hacia Risaralda.
Además, a mitad de esta semana se conoció la denuncia del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre un posible atentado en su contra, al parecer organizado y financiado por el grupo guerrillero, acusación que fue desmentida por los altos mandos del Eln y que más allá de las versiones de unos y otros, generó una fuerte tensión que aún no se aligera.
En la tarde de este viernes, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (integrado por el gobierno nacional, el Eln, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia) explicó a través de un comunicado que desde el pasado 4 de agosto, cuando se instaló, hasta la fecha, “ha realizado labores técnicas fundamentales para su funcionamiento y la efectiva verificación del Cese al Fuego, incluyendo acciones de pedagogía para las diferentes instancias que lo conforman”.
Dijo, además, que “con el propósito de prevenir, resolver y verificar, el Mecanismo está monitoreando y realizando análisis técnicos sobre informaciones que ha recibido desde diferentes zonas del territorio nacional, contribuyendo a la construcción de confianza para el avance del proceso de paz”.
Y agregó que “toda la información es analizada de forma rigurosa, de acuerdo con los protocolos establecidos para el cumplimiento del cese al fuego; desde aquella que afecta el día a día de las comunidades, hasta denuncias públicas, como la presentada por el Fiscal General de la Nación”.
Incidentes como los anteriores y otras dinámicas de orden público, que incluyen disputas territoriales con otros actores armados, como las disidencias de las Farc y las Agc, marcarán el rumbo de los próximos seis meses, en los que las comunidades más azotadas por las acciones bélicas del Eln, esperan encontrar un alivio para tomar una bocanada de aire en medio de las crisis humanitarias que padecen.
Análisis y recomendaciones
Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicó la semana pasada el informe Lecciones de los Ceses al Fuego: la Distancia Entre Decretar y Cumplir, en el que analiza los intentos de cese al fuego que el actual gobierno nacional le planteó a todos los grupos armados ilegales, da pistas sobre el devenir del actual pacto de no agresión con el Eln y plantea recomendaciones para que llegue a buen puerto.
De entrada, el documento hace una clara distinción del cese al fuego que existió con la guerrilla de las Farc, que es la experiencia más reciente y exitosa en Colombia sobre la materia, porque ese grupo guerrillero no tenía disputas abiertas con otros grupos armados y ocurrió cuando su proceso de negociación de paz estaba cerca de ser finalizado.
Acto seguido, valora los cinco intentos de cese al fuego que se plantearon en el primer semestre del año en curso: con el Estado Mayor Central (disidencia de las Farc); con la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pacífico (disidencias de las Farc); con las Agc; con Los Pachenca y con el Eln.
Los ceses al fuego con las disidencias de las Farc y Los Pachenca finalizaron sin haber suscrito protocolos ni mecanismos de verificación. En el caso del Estado Mayor Central, el cese de acciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública fue suspendido en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, a raíz del asesinato de indígenas menores de edad que fueron reclutados ilegalmente e intentaron desertar de las filas de ese grupo ilegal.
El cese al fuego con Agc, grupo surgido tras la desmovilización de los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue cancelado por el gobierno nacional por hechos ocurridos durante el paro armado minero que realizaron en el Bajo Cauca antioqueño hace varios meses.
Y, a diferencia de los anteriores, el pacto de no agresión con el Eln no inició en enero como con los otros cuatro grupos armados ilegales, porque esa guerrilla se opuso, toda vez que la medida fue anunciada unilateralmente por el presidente Petro en su cuenta de Twitter en la noche del 31 de diciembre del año pasado. Ese proceso se fue cocinando a fuego lento y se concretó en la mesa de negociaciones que tienen ambas partes, que se reúne periódicamente, logrando el acuerdo anunciado el 9 de junio y que entró en vigencia el 3 de agosto.
Al valorar esos escenarios, la FIP establece que la Fuerza Pública se encontró con un complejo contexto operacional, porque estando en medio de ceses al fuego, se enfrentó a escenarios de disputas entre grupos armados ilegales y con grupos que mantenían operaciones ofensivas. En esos casos, establecer los límites de sus acciones fue complicado.
A ello, se sumó la falta de claridad para los actores territoriales sobre los ceses al fuego, la cual generó “una percepción de pasividad respecto al accionar de la Fuerza Pública y de permisividad frente a las acciones de los grupos armados”.
Por otro lado, en cuanto a resultados, la valoración de la FIP no es muy positiva, a pesar de la reducción de acciones contra la Fuerza Pública, ataques a la infraestructura, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos y masacres, al comparar los indicadores del primer semestre de 2022 con los de 2023, porque esos “descensos tienen múltiples causas y no pueden ser atribuidos exclusivamente a los ceses al fuego por varias razones”.
Debido a ello, la investigación comparó esos indicadores en los diez primeros meses del gobierno de Gustavo Petro, separándolos en dos periodos de tiempo: agosto-diciembre y enero-mayo (los meses del cese al fuego). Esos periodos de análisis muestran una situación distinta, pues las anteriores variables aumentan, excepto la de asesinatos de líderes sociales, que se mantienen en una cantidad similar.
Al respecto, el informe indica que “este aumento sugiere que los anuncios de la Paz Total, las expectativas de los grupos frente a esta estrategia y los acercamientos iniciales con el Gobierno, tuvieron mayor impacto en las dinámicas de la confrontación y la violencia que los propios ceses al fuego”.
Y prosigue: “Lo que muestran las cifras es que los ceses al fuego no lograron poner fin a los enfrentamientos y disputas territoriales. Entre enero y mayo, el 2023 es el segundo año con más enfrentamientos entre grupos armados ilegales, después del 2019, cuando se presentó el proceso más importante de reconfiguración armada en los últimos años. A diferencia de las otras variables, se observa un aumento con respecto a 2022”.
Lo anterior es producto de que, a pesar de los ceses al fuego en curso, sólo se redujo la confrontación en Putumayo, “donde regían los ceses al fuego con las disidencias, y en Arauca, donde había un cese parcial con el Estado Mayor Central, pero ningún acuerdo con el ELN. Este último caso estaría más relacionado con decisiones entre los actores en conflicto que con las lógicas del cese al fuego”.
El valorar los cinco primeros meses de este año deja un aprendizaje: la necesidad de medir las acciones de regulación social y gobernanza criminal de los grupos armados ilegales. “Mientras que existía claridad sobre el hecho de que la ofensiva militar de cada parte era violatoria del cese, acciones como las amenazas a líderes sociales, las extorsiones y las restricciones de la movilidad fueron pasadas por alto”, advierte la FIP.
Al respecto, cuando se anunció el cese al fuego con el Eln y esa guerrilla declaró que no desistiría de sus “operaciones financieras”, refiriéndose al secuestro y la extorsión, en regiones donde tienen control territorial saltaron las alarmas por parte de analistas y defensores de derechos humanos. (Leer más en: Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego)
Y no es una situación que deba pasar desapercibida, pues como indica el documento de la FIP, los ceses al fuego del primer semestre de este año fueron aprovechados por quienes los suscribieron para consolidar su influencia territorial y control social: “Varias comunidades vienen denunciando el incremento de los reclutamientos forzados, las restricciones a la movilidad, las amenazas y presiones sobre las organizaciones y liderazgos sociales en zonas como Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Cauca y Nariño, donde las disidencias tienen una alta influencia”.
El informe concluye con una serie de preguntas y recomendaciones para futuros ceses al fuego, las cuales son pertinentes con el incipiente proceso de no agresión con el Eln. La principal de ellas es sobre la claridad de los protocolos de funcionamiento y la difusión de los mismos con las comunidades en donde se ejercen.
“Los protocolos son esenciales para poner en marcha un cese al fuego. Los decretos son una parte, pero no garantizan la existencia del cese y los protocolos deben ser firmados lo más cerca posible al anuncio o decreto. El Gobierno debe evitar establecer nuevos ceses al fuego sin lineamientos y protocolos claros. En estos debe incluirse cuál es el objetivo, los actores involucrados, la secuencia de implementación, los mecanismos de monitoreo y quiénes lo integran, los actos prohibidos (acciones ofensivas y defensivas) y permitidos, y los mecanismos de resolución de diferencias”.
Y agrega: “Los protocolos son la columna vertebral para la sostenibilidad de un cese al fuego en la medida en que garantizan el primer paso de la implementación y, además, sientan una serie de compromisos y una base para el diálogo. Garantizar que las partes tengan una interpretación conjunta de los protocolos y anticipar los posibles vacíos que no fueron discutidos entre las partes, son dos elementos claves de cara a su implementación, que deberá ser flexible y con opciones de modificación permanente para atender las emergencias y disputas”.
Nuevamente Colombia y, especialmente las comunidades de Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia, Arauca y Norte de Santander, asisten a un nuevo esfuerzo de paz, que permita aliviar las trágicas situaciones humanitarias que padecen algunas comunidades.
El tiempo dirá si las partes cumplen y están a la altura de las expectativas, a pesar de las complejidades que existen en el camino, pues el Estado y el Eln también se encuentran en guerra con otros grupos armados ilegales. Y, en medio, la población civil, que espera librarse de todas las guerras que le son ajenas, pero que les afecta.
Por lo pronto, para el próximo lunes está programado el inicio del cuarto ciclo de conversaciones, esta vez en la ciudad de Caracas, Venezuela, y que está previsto que acabe el 4 de septiembre. Sobre la mesa estarán las denuncias del fiscal Barbosa y los avances y retrocesos en los primeros días del cese al fuego, así como las perspectivas que ofrece la puesta en marcha del CNP, un espacio para hablar del país a múltiples voces.
