Desplazamientos forzados y confinamientos padecen las comunidades por cuenta de disputas territoriales entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ en esa región de Chocó. Es por ello que le reclaman al Estado asistencia humanitaria efectiva; además, cuestionan una presunta connivencia de agentes de la Fuerza Pública con grupos paramilitares y lanzan, nuevamente, una voz de alerta para que no se consuman “genocidios que podemos evitar”.
La libre movilidad por los ríos de la región del San Juan, después de las seis de la tarde, está condicionada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que mantienen combates a sangre y fuego en medio de la población. Las comunidades son presas del temor y, al unísono, advierten que “en menos de un mes se nos volvió un infierno el San Juan”. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
“A mí alguien de esta zona me decía: ‘vea, doña Eliza, cuídense mucho en las comunidades porque esto se va a ‘formar’, porque esto está muy minado de personas que no hacen parte de la estructura que permanecen acá, porque va entrando mucha gente y bien armados’”, sostuvo Elizabeth Moreno Barco, representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), al referirse a los rumores que corren en las zonas ribereñas.
Las comunidades negras llaman la atención sobre dos hechos que vienen evidenciando en el último mes: por un lado, denuncian que los desplazados del municipio de Medio San Juan (o Andagoya) no están siendo atendidos humanitariamente; y de otro, que un grupo de familias, en las mismas condiciones, permanecen atestadas en la sede de Acadesan en el casco urbano de Istmina, a donde llegaron hace varios días en busca de refugio ante la intensidad de la guerra en las selvas del sur de Chocó.
Sólo cinco días después de desplazarse de manera forzada, la comunidad de Dipurdú del Guasimo, que emprendió la huída el 15 de agosto, recibió algunos mercados familiares por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Con peor suerte han contado en Istmina, pues no han recibido ningún tipo de ayuda. Esa clase de hechos son denunciados frecuentemente por la representante legal de Acadesan y voceros de la Iglesia católica chocoana, sin que tengan mucho eco.
Frente a esa situación, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), emitió una alerta humanitaria por el confinamiento de 2.783 personas y el desplazamiento de 935 más, luego de tres días de continuos enfrentamientos entre el Eln y las Agc, aunque no los refiere con sus nombres propios, sino que recurre a las siglas empleadas por el gobierno nacional y las autoridades militares y de policia: GAO (Grupos Armados Ilegales) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados).
En esa alerta, OCHA expresó su preocupación por las dificultades locales para atender esta crisis social: “Dada la magnitud de la emergencia, la administración municipal de Medio San Juan ha declarado que no tiene capacidad presupuestal para dar una atención humanitaria rápida a las comunidades afectadas. Situación que estaría dando paso al retorno sin condiciones de seguridad de algunas familias desplazadas”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
En entrevista con este portal, el sacerdote Jesús Albeiro Parra, una de las personas que más conoce la situación de la región, dijo que en el San Juan hace falta de todo: “Necesitamos albergues, necesitamos elementos de salud, necesitamos alimentación; es decir, todo lo que implica un atención humanitaria integral”.
Para paliar la crisis humanitaria, desde las arquidiócesis de Cali, Medellín y Bogotá, a través de sus bancos de alimentos, han empezado a enviar suministros hacia la región del San Juan, pero el padre Parra advirtió que hasta ahora vienen en camino y, de todos modos, no serán suficientes. “Quien debe responder es el Estado… el gobierno”, se quejó.
Según le contaron líderes de la región a VerdadAbierta.com, las administraciones locales están instando a los desplazados a que retornen a sus territorios. Hacen ese llamado muy a pesar de no tener garantías de retorno. La justificación de los funcionarios públicos es que no hay recursos para atenderlos.
“Lo que menos le conviene al gobierno es que se vea que hay desplazamientos”, sostiene el sacerdote Parra. “Como han negado los confinamientos, porque como los confinamientos no los ven, a ellos les duele mucho cuando las comunidades se desplazan. Lo que hacen rápidamente es decir que hay garantías, lo primero que hace la Fuerza Pública es decir, ‘no, ya pueden retornar’ y uno de los principios para un retorno es el tema de seguridad”.
Por otro lado, las comunidades le han expuesto a sus líderes que sienten que la Fuerza Pública sólo está enfrentando a la guerrilla del Eln y que su actuar no es el mismo con los grupos sucesores del paramilitarismo que deambulan por la región. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
“¿Por dónde ha entrado tanto paramilitar? ¿Por dónde han entrado las Agc? ¿Será que la selva chocoana produce paramilitares allá por montón?”, se preguntó el sacerdote Parra y cuestionó las afirmaciones que se han divulgado desde el Ministerio de Defensa, que afirman que las vías y territorios están controlados. “Uno no entiende cómo con tantos controles entraron los paramilitares, porque ellos vienen de afuera”, resaltó.
Voceros de las comunidades alertan sobre los graves riesgos que enfrentan las comunidades que tienen su vida arraigada en el municipio de Sipí. Según ellos, unidades paramilitares fuertemente armadas y organizadas se movilizan en San Miguel (Medio San Juan), la primera vereda que se encuentra al salir de Sipí con rumbo al vecino municipio de Istmina.
El padre Parra se preguntó qué hay detrás de toda la militarización que atraviesa esta región, qué intereses se mueven: “En el San Juan nos preocupa esa pretensión que hay de una empresa canadiense de adueñarse de más de 30 mil hectáreas, también la coca, la minería y hay otros temas ahí que, sabe uno, lo que quieren es despojar estos territorios y el Estado, el gobierno no dice nada… va uno a ver la implementación de los Acuerdos y es malísima”.
Esa alusión al despojo de tierras está relacionada con una disputa por la posesión de un extenso predio de 32.450 hectáreas en jurisdicción del municipio de Sipí que enfrenta a las comunidades negras con un empresario canadiense de dudosa reputación. Esa tensión fue objeto de una investigación que le tomó a este portal cinco meses de trabajo y sus resultados pueden leerse en la publicación bajo el título de Despojo invisible de una selva chocoana.
Comunidades indígenas confinadas
El Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko) también lanzó una alerta sobre lo que ocurre en las comunidades de San Cristóbal, Puerto Olave y Unión Chocó, afectadas por la confrontación entre las Agc y el Eln.
Tras la salida de un amplio contingente de guerrilleros de las antiguas Farc de ese territorio, en su camino a la dejación de armas y reincorporación como parte del Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano en noviembre de 2016, la guerrilla del Eln copó la zona, afectando a las comunidades indígenas.
Pero con la llegada de las Agc, la calma que sentían los Wounaan se acabó. Desde el pasado 19 de septiembre, la comunidad de Puerto Olarte, que hace parte del Resguardo Puadó, La Lerma, Mataré y Terdó; y las comunidades de la Unión Chocó y San Cristóbal, del Resguardo Unión Chocó – San Cristóbal, se encuentran confinadas.
De acuerdo con un comunicado divulgado por Woundeko, ese día “llegaron más de 100 hombres fuertemente armados de las AGC y rodearon la comunidad de unión Chocó (sic), lo que ha generado miedo y zozobra sometiéndolos automáticamente a confinamiento total de esta comunidad, pese a que las autoridades trataron de desplazarse, les fue impedida su salida, en tanto que la comunidad de San Cristóbal alcanzo (sic) a desplazarse hacia la comunidad de Puerto Olave, situada sobre el río San Juan”.
Esa situación de confinamiento afecta a por lo menos 249 familias, distribuidas así: comunidad de Unión Chocó, 125 familias y 584 habitantes; comunidad de San Cristóbal, 63 familias y 387 personas; y Puerto Olave, 61 familias y 301 personas.
El pasado fin de semana, el presbítero Jaime Zapata, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Istmina, Tadó, lideró una misión humanitaria junto con autoridades de la comunidad Wounaan que consiguió sacar de la zona de conflicto a 118 familias, compuestas por 584 comuneros indígenas.
“Si el Estado no había podido llevar la ayuda humanitaria para las comunidades negras que ya estaban desplazadas hace 20 días o más en toda esa zona de San Miguel, Dipurdú; que algunos estaban en Istmina, otros estaban en el municipio de Medio San Juan, ahora con la llegada de los indígenas a estos sitios que le indico, pues eso agrava más la situación”, alerta el sacerdote Parra.
Organizaciones no gubernamentales y la Diócesis de Istmina reclaman con urgencia atención integral del Estado en el cuidado de las comunidades negras e indígenas de esa región chocoana. Y para hablar de ello con más detalle, aún en medio de la tensión generada por la guerra entre guerrilleros y paramilitares, convocaron a participar del Pacto por la Vida y por la Paz, que se llevará a cabo en las comunidades más afectadas de Istmina y Medio San Juan entre el 11 al 15 de octubre. La crítica situación no da espera y por ello se requiere la superación de la paquidermia institucional.
