A pesar de que el año pasado esa agencia del Ministerio Público emitió una alerta temprana describiendo las amenazas que se ciernen sobre la Sierra Nevada y dos municipios de ese departamento, 2019 inició con una fatal racha de violencia. Esta semana, cuatro personas fueron asesinadas en menos de 24 horas y en diferentes circunstancias, situación que encendió las alarmas de nuevo.
“Aun cuando el escenario ha sido advertido, se han presentado hechos de gravedad”. Ese es uno de los apartes iniciales de la nota de seguimiento que la Defensoría del Pueblo le remitió este viernes a Fabio Parra Beltrán, Subdirector para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, reiterando, como lo hizo el 7 de mayo del año pasado en su Alerta Temprana 045-18, la necesidad de adoptar “medidas urgentes de prevención y protección para población civil de los municipios de Santa Marta y Ciénaga”.
Y es que lo ocurrido en las primeras seis semanas de 2019 no admite otro tono, máxime cuando entre lunes y martes de esta semana fueron asesinadas cuatro personas en regiones donde ya se habían advertido situaciones de riesgo.
En esta ocasión las balas acabaron con la vida de Juan Carlos Pedroso, director de Recursos Humanos del Grupo Daabón, en el corregimiento de Guachaca; de Richard Martínez Varela, en el barrio Nueva Colombia; de Camilo Escobar, en el barrio La Lucha; de y José Benito Villarreal, alias ‘Echeverry’, excabecilla de la llamada ‘Oficina de Envigado’, en el sector de Don Jaca.
Al respecto, en esta ocasión, la Defensoría del Pueblo señala que “la situación que se presenta en los corregimientos de Siberia, San Pedro, San Javier y Palmor, donde grupos armados al margen de la Ley, conformados principalmente por exparamilitares, han realizado reuniones comunitarias en las que se autoproclaman gestores de autoridad y orden, cobran vacunas a establecimientos comerciales bajo la figura de vigilancia”.
Pero las de esta semana no son las únicas muertes que han causado temor en Magdalena. Arrancando este año, las víctimas del conflicto armado sufrieron la pérdida de Maritza Isabel Quiroz Leiva, líder social con amplia trayectoria en la lucha por los derechos de los desplazados que fue asesinada el 5 de enero por desconocidos que llegaron a su casa en altas horas de la noche y le propinaron dos disparos. (Leer más en: Maritza, la tejedora social que la violencia silenció)
Nueve días después, esa ola de violencia acabó con la vida de Wilton Fauder Orrego León, operario del Parque Nacional Natural (PNN) Sierra Nevada de Santa Marta, quien fue acribillado en el corregimiento de Guachaca. Tras ese crimen, también fue amenazado de muerte el jefe de ese parque, Tito Rodríguez.
Por esos homicidios y recientes denuncias de las comunidades por la aparición de panfletos amenazantes a líderes de las comunidades, además de los recorridos que realizan actores armados, entre los que también se presume esté la guerrilla del Eln, la Defensoría del Pueblo emitió una nota de seguimiento de su alerta temprana.
En ella le solicita a Parra Beltrán y a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), “ordenar a quienes corresponda, redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones consignadas en la Advertencia, con el fin de superar los escenarios de riesgo citados”.
Contexto regional
El pasado 30 de enero, a raíz del asesinato de Wilton Fauder Orrego León, el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia realizó una velatón en siete ciudades capitales, denominada Guarda Parques por la Vida, para rechazar la violencia que padecen sus trabajadores por cumplir con su mandato de protección medioambiental.
Y es que la paradoja que azota a los líderes sociales a lo largo y ancho del país, de que tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc mermaron los índices de violencia, pero aumentaron las amenazas y los asesinatos en su contra, también está golpeando a los encargados de proteger áreas de conservación natural. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Así explica el actual panorama Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales: “Lo que ocurre es que tenemos que enfrentar delitos ambientales muy graves, en territorios donde todavía hay presencia de actores armados ilegales. La tala de áreas protegidas, la minería ilegal, la ocupación de fincas con ganadería ilegal, el tráfico de fauna y los cultivos ilícitos, están en varios Parques Nacionales, en donde a pesar de que la situación de seguridad después del acuerdo de paz mejoró sustancialmente, en algunos sitios hay grupos armados ilegales, y para enfrentar estos delitos la situación de seguridad de los funcionarios es vulnerable”.
Aunque la directora Miranda señala que se desconoce quiénes son los responsables del asesinato del contratista y de las amenazas al jefe del parque natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo el 7 de mayo de 2018 pone de presente que en esa región ejercen control Los Pachencas, estructura de origen paramilitar ligada con el antiguo grupo de Hernán Giraldo, el Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
“En las zonas situadas entre los ríos Don Diego y Palomino, así como en Ciudad Perdida, en los últimos años los funcionarios de PNN han recibido mayores presiones por parte de grupos armados ilegales y/o estructuras criminales. En algunos momentos estas presiones se incrementan obligando a retirar a los funcionarios temporalmente”, indica el informe de esa agencia del Ministerio Público.
Además, un investigador que conoce las dinámicas de la región, señala que la muerte de Orrego no está relacionada con rentas ilícitas, sino con la ocupación ilegal de unos predios por parte de terratenientes quienes, en el pasado, habrían tenido vínculos con grupos paramilitares y cuyas tierras son reclamadas por indígenas del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco.
Lo peor de esta situación es que, explícitamente, la Defensoría del Pueblo había advertido que los funcionarios de Parques Nacionales Naturales se encuentran en peligro por el accionar de los sucesores de Hernán Giraldo. Y un hecho que apunta hacia esa dirección es la captura de Luis Fernando Bazante Gutiérrez, alias ‘Plancha’ o ‘Planchita’, señalado de ser jefe de sicarios de Los Pachencas, ocurrida en Guachaca, dos días después del asesinato de Orrego.
.@PoliciaColombia capturó en #Guachaca, #SantaMarta, a alias ‘Plancha’, jefe de sicarios de la Banda Delincuencial ‘Los Pachenca’. Este sujeto es requerido por la justicia acusado de múltiples homicidios en la ciudad.
— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) 16 de enero de 2019
¿Quiénes son Los Pachencas?
En mayo del año pasado, la Alerta Temprana 045-18 de la Defensoría del Pueblo describió que, a raíz de la presencia de varios grupos armados, pero en especial de Los Pachencas, además de líderes sociales y víctimas del conflicto armado de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, también están en riesgo funcionarios y contratistas de entidades como Parques Nacionales Naturales, Unidad de Restitución de Tierras, alcaldías municipales, Defensoría del Pueblo, Agencia para la Renovación del Territorio, profesores rurales y profesionales de la salud y agropecuarios. (Leer más en: Maritza, la tejedora social que la violencia silenció)
Ese grupo es calificado como una organización posdesmovilización y brazo armado del Clan Giraldo o la Oficina Caribe, que ha perdurado hasta la fecha por mutaciones y alianzas: “Desde la desmovilización del Frente Tayrona (2006), la herencia de este grupo armado posdesmovilización no ha pedido ser desmantelada del todo ni tampoco se han desvertebrado sus alianzas con otras organizaciones criminales del interior y exterior del país”.
El informe de la Defensoría concreta que sus actividades están relacionadas con el narcotráfico, la extorsión, la sumisión de la población civil y la oposición a los procesos de restitución de tierras, ejerciendo un control absoluto en la Troncal del Caribe y en las poblaciones aledañas a ese importante eje vial. Por tal motivo, “las personas, agentes comerciales y/o turísticos que desobedezcan las imposiciones de Los Pachencas, son afectados a través de amenazas de muerte, despojos de predios, desplazamientos forzados, atentados contra su vida y su patrimonio, homicidios, secuestros y desapariciones forzadas”.
¿Pero cómo se convirtieron en la fuerza hegemónica que controla la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores? Los hechos se remontan a mayo 2008, cuando Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, fue extraditado a Estados Unidos para que respondiera ante la justicia de ese país por cargos asociados al narcotráfico, en donde fue condenado a 16 años de prisión. (Leer más en: Los años de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta)
La salida de Giraldo de la escena desencadenó un efecto dominó en las dinámicas de los grupos armados ilegales, los cuales han estado relacionados con su extensa familia, compuesta por más de 30 hijos. Una vez extraditado, sus herederos y familiares se disputaron su fortuna, “ocasionando vendettas y conflictos”. (Leer más en: Hernán Giraldo, máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)
Según la alerta temprana, uno de los enfrentamientos más graves se desencadenó hacia 2011, cuando el Clan Giraldo se dividió en dos facciones: “Una que buscó mantener su independencia y autonomía alrededor de la llamada Oficina Caribe -estructura que ‘El Patrón’ creó entre 2002 y 2004 con el asesoramiento de alias ‘Don Berna’, jefe de la Oficina de Envigado- y otra que terminó articulada a las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”.
Además, señala que durante esa “segregación se propiciaron violentas disputas entre los Giraldo, en donde un sector, unido a Los Paisas, se enfrenta a la otra parte vinculada con las AGC. Las violentas disputas entre estas facciones cesaron cuando Los Paisas fueron expulsados de la región y ‘Chucho Pachenca’ se unió a las AGC”.
Sin embargo, hacia finales de 2012 y tras una cruenta guerra, los ‘gaitanistas’ perdieron el control dominante que habían adquirido: “Ese grupo armado posdesmovilización se mantuvo con solidez hasta finales de 2012 cuando es reactivada la Oficina Caribe y se desata una nueva disputa con las AGC que dejó más de 150 muertos en tres meses. La guerra termina con la neutralización de las AGC en Santa Marta, la captura de Rubén Giraldo Giraldo en 2013, la muerte de varios familiares cercanos, entre los que se encuentran tres primos hermanos, un suegro y un yerno de Hernán Giraldo”.
Posteriormente, luego de que Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, actual jefe de Los Pachencas, recuperara la libertad en junio de 2013 por medio de un recurso de habeas corpus, ese grupo aumentó su control en Santa Marta y estableció alianzas con la llamada ‘Oficina de Envigado’ y bandas locales.
“Es a partir de esta mutación y reacomodamiento que emerge la figura de Los Pachencas, que terminan heredando todo el acumulado de ilegalidad que ha construido Hernán Giraldo en la región, y configurando en la práctica el brazo armado de la Oficina Caribe; desde entonces funge como la estructura criminal que hasta hoy mantiene una importante incidencia en la criminalidad que afecta a toda ésta región costanera”, concluye la alerta temprana.
Sin embargo, también refiere que Los Pachencas existen desde 2007, después de la desarticulación de un grupo conocido como Los Nevados, banda criminal que los narcotraficantes Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera, quienes se desmovilizaron como jefes del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc, crearon para ocupar los espacios recientemente habían quedado libre en la Sierra Nevada de Santa Marta tras la desmovilización de Hernán Giraldo. (Leer más en: La puja por los negocios que dejó ‘40’)
“’Chucho Pachenca’ hace parte de este proyecto desde el 2007, un año después de la desmovilización formal del Frente Resistencia Tayrona, conjuntamente con la familia de Hernán Giraldo Serna y la Oficina Caribe. Vincularon en sus filas a desmovilizados del Frente Resistencia Tayrona, entre los que se encontraban comandantes militares, financieros y sicarios. Fungen como el brazo armado de la Oficina Caribe, salvaguardan los bienes y tierras de los Giraldo y administran sus negocios y centros de extorsión. Controlan el narcotráfico y las salidas de las lanchas rápidas”, señala al respecto.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo advierte que Los Pachencas, tras décadas de presencia en la región y a partir del reciclaje de distintos grupos armados ilegales, “han logrado establecer un sólido orden social y establecido un rentable status quo, del cual no sólo se lucran sus integrantes y quienes hacen parte de su abigarrada y extensa red clientelar, sino también los lugareños, que teniendo como común denominador una larga historia de miedo, han terminado por adaptarse y acomodarse a esa suerte de ‘zona de confort’ que se ha consolidado”.
Por otro lado, los enfrentamientos entre Los Pachencas y los ‘gaitanistas’ no han cesado. Lerber Dimas, investigador y docente de Antropología de la Universidad de Magdalena, señala que en el casco urbano de Santa Marta las Agc han ofrecido hasta diez millones de pesos por las cabezas visibles de Los Pachencas y que en enero ocurrieron varios atentados que dejaron tres muertos y varios heridos; donde además motorizados realizan patrullajes y algunos establecimientos comerciales se han visto obligados a cerrar.
Además, cuestiona que la Alcaldía niegue la existencia de grupos paramilitares y a esas disputas le atribuye el aumento de homicidios en la capital de Magdalena, pues en 2017 ocurrieron 96, y 2018 terminó con 103.
Al respecto, la alerta de la Defensoría del Pueblo indica que “las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pretenden disputar el control territorial al Clan Giralda o Los Pachencas, bien por la vía violenta o promoviendo alianzas o presionando una probable cooptación. Son una amenaza potencial para la población, en la medida en que se desate una disputa con Los Pachencas o bien porque logren establecer un nuevo orden violento en la región”.
Y ahora, si las autoridades nacionales y locales no le prestan atención, una vez más, a las alertas de la Defensoría del Pueblo, la situación podría empeorar, porque en su llamado de atención de este viernes advierte sobre el posible arribo del Eln al departamento, lo que le sumaría un ingrediente más al de por sí ya explosivo coctel en el que viven los habitantes de la Sierra Nevada, de Santa Marta y de Ciénaga.
