En una providencia la Corte recomendó establecer una comisión de la verdad para los crímenes de los paramilitares al decretar la nulidad de los cargos formulados en contra de un paramilitar desmovilizado.
 {youtube}SF47N04OrJY|220|25|true{/youtube} Escuche al presidente de la Corte Suprema de Justicia explicar la providencia con la que se pide al Gobierno convocar a una Comisión de la Verdad. |
Aunque la recomendación de la Corte no es de obligatorio cumplimiento, el mecanismo actuaría de manera paralela a ley de Justicia y Paz y se recomienda para establecer una verdad histórica sobre los crímenes de los paramilitares. Según el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, de esta manera Colombia se ceñiría a los pactos internacionales que ha firmado para el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, en casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Las comisiones de la verdad se han establecido en Chile, Argentina, Perú o Guatemala y han sido constituidas por organizaciones de víctimas, representantes del Estado e investigadores sociales. (Descargar Hechos del Callejón sobre Comisiones de la Verdad en el mundo)
Según el alto tribunal es necesario convocar a los tres poderes y a las organizaciones civiles que han hecho parte en el proceso de Justicia y Paz.
La providencia de la Corte surgió al decretar la nulidad de los cargos formulados en contra del paramilitar desmovilizado del Bloque Calima, Gian Carlos Gutiérrez Suárez. Para la Corte, si bien el proceso de Justicia y Paz puede servir para establecer una verdad judicial y determinar quién fue el culpable de asesinatos, desplazamientos y desapariciones, las versiones libres no han logrado hasta el momento establecer una verdad histórica.
El caso que sirvió para sentar esta nueva jurisprudencia es el de un desmovilizado de las Auc que delinquió en los municipios de El Tambo y El Bordo en el Cauca, cuyo proceso de imputación parcialde cargos había sido demandado ante un Tribunal de Justicia y Paz después de confesar sus crímenes en versión libre.
Según los defensores de las víctimas de Gian Carlos Gutiérrez, que asesinó la sindicalista Carmen Opungo en septiembre de 2001, el paramilitar no estaba realmente comprometido con esclarecer los crímenes en los que había participado.“La versión de Gutiérrez era que sólo seguía órdenes. Aceptaba su participación en los crímenes pero no añadía mucho más y así no se puede establecer la verdad” declararon los abogados de las víctimas.
Para Luis González, coordinador de Justicia y Paz de la Fiscalía, convocar a una Comisión de la Verdad para los crímenes de paramilitares es compatible con el proceso judicial. “Debe contemplarse una comisión, no es incompatible, está dentro de los instrumentos para lograr la paz del país”, a lo que agregó que ésta ayudaría a resolver los crímenes de los paramilitares. “En otros países no se ha exigido lo que se ha hecho en Colombia, vincular a todos los actores para aplicar justicia.”
Parapolíticos podrán ser juzgados por delitos de lesa humanidad
La providencia de la Corte también establece que los congresistas vinculados con grupos paramilitares serán juzgados como coautores de delitos de lesa humanidad y, eventualmente, de narcotráfico.
Según declaró el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, se decidió “aplicar al proceso de Justicia y Paz un estándar internacional a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. También hay que adoptar una postura sobre los aparatos de guerra siguiendo estos estándares. La postura además insta el gobierno para que en el concepto sociológico e histórico se convoque una comisión de la verdad”.
El concepto de “aparato militar” de las autodefensas incluye, según la Corte, paramilitares desmovilizados pero también todo aquel que por acción, complicidad o omisión colaboró con los paramilitares.
Así los parapolíticos y los empresarios que colaboraron con los ‘paras’ ya no sólo serían juzgados por concierto para delinquir sino que podrían ser acusados de homicidio, desplazamiento, desaparición forzada e incluso narcotráfico. Ibáñez admitió que los congresistas que establecieron alianzas con grupos armados ilegales se harían responsables de varios de los delitos cometidos por tales organizaciones en el marco de la consolidación de su aparato delictivo.
“Si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito”, sostuvo Ibañez.
Ibañez añadió que “esta providencia se va aplicar a toda persona que se encuentre dentro del marco específico del aparato de guerra. Es decir la aquiescencia, la determinación, la conveniencia y toda persona que tuvo relación con el aparato de guerra”.
