Un ex alcaldedel Magdalena cuenta que el representante Rodrigo Roncallo Fandiño es hombre de cábalas y agüeros, y que cree que el hecho de que haya firmado en la casilla número 13 del famoso Pacto de Chivolo -un acuerdo electoral entre políticos y paramilitares- marcó su destino y hoy lo tiene en alto riesgo de ir a la cárcel.
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| El Representante a la Cámara Rodrigo Roncallo Fandiño fue uno de los firmantes del pacto de Ralito. Foto: Semana |
Ajena al esoterismo, la Corte Suprema de Justicia tuvo serias razones para abrir una investigación contra Roncallo, elegido por las listas de Apertura Liberal y subalterno político del representante Jorge Luis Caballero, el único prófugo del proceso de la parapolítica. El alto tribunal evaluó primero siete testimonios, entre ellos los de los dos ex integrantes del bloque Norte de las Auc, según los cuales Roncallo, gracias al apoyo del jefe paramilitar ‘Jorge 40’ fue elegido primero como alcalde de Tenerife y luego como representante. Posteriormente, la Corte conoció el documento original del Pacto de Chivolo, firmado por 410 dirigentes políticos y aspirantes a alcaldías y corporaciones públicas.
Sin embargo, a favor del congresista existe un informe de un perito, según el cual los rasgos caligráficos de la firma que aparece en la casilla número 13 no corresponden a los de Roncallo. “Yo espero que esa sea una prueba contundente a mi favor”, le dijo el representante a CAMBIO.
No a la impunidad
El Pacto de Chivolo fue firmado el 28 de septiembre de 2000 durante una reunión en una hacienda en las afueras de la población. Allí, ‘Jorge 40’ les explicó a los asistentes los objetivos de ‘Provincia Unida por una mejor opción de vida’, el brazo político de su organización, y les propuso crear una especie de distrito electoral que les permitiría asumir el control de la Asamblea departamental y de los Concejos y Alcaldías de Tenerife, Plato, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón.
Algunos firmantes advirtieron un error en el documento porque entonces Zapayán no tenía rango de municipio y por eso no elegía alcalde, pero según un testigo, ‘Jorge 40’ les dijo que firmaran porque la Asamblea iba a aprobar la ordenanza que creaba el nuevo municipio. Así ocurrió un mes después.
Roncallo ganó la Alcaldía de Tenerife y durante su gestión proliferaron las denuncias en el sentido de que los contratos favorecían a los paramilitares y no faltaron los opositores que afirmaran que la administración estaba comprometida en las muertes de Orlando Sandoval y Ramiro Hernández, dirigentes y veedores cívicos de la población. Sin embargo, Roncallo no tiene investigaciones en su contra por estas causas y será la Corte la que señale los límites del proceso que lo vincula con los paramilitares.
La Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar el pasado 18 de mayo, pero las nuevas evidencias permiten ahora procesarlo formalmente. Pero antes de hacerlo, el alto tribunal oirá la declaración de una mujer que hizo historia entre los paramilitares del Magdalena: Neila Soto, conocida como ‘Doña Sonia’, una de las pocas personas que le hablaba al oído a ‘Jorge 40’, y quien fue capturada en octubre pasado. Funcionarios del CTI sostienen que ella es depositaria de algunos de los secretos mejor guardados del ex jefe del bloque Norte de las Auc.
El propósito de la Justicia de evitar que el Pacto de Chivolo, una de las pruebas más grandes del maridaje entre políticos y paramilitares, quede en la impunidad, se vio fortalecido este lunes con la captura del ex congresista y ex gobernador del Magdalena José Domingo Dávila Armenta.
En diciembre de 2006, CAMBIO reveló que durante la reunión en la que fue firmado el famoso pacto con ‘Jorge 40’, fue acordado el apoyo paramilitar a la candidatura de Dávila a la Gobernación, que ganó para el período 2001-2003.
Dentro del mismo expediente, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al alcalde de Concordia, Miguel Antonio Aragón Escorcia, y a sus antecesores en el cargo Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco, lo mismo que a los ex diputados del Magdalena Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios.
El despertar del proceso, que parecía sumido en un prolongado letargo, confirma una vez más el viejo aforismo: “La Justicia cojea, pero llega”.
EL CAMPANAZO
Hasta julio pasado, las investigaciones sobre la firma de los pactos de Chivolo y Pivijay parecían dormir el sueño de los justos en la Fiscalía. Pero entonces la senadora de La U Gina Parody dio un campanazo de alerta sobre el hecho de que los políticos del Magdalena que se habían beneficiado electoralmente por acuerdos con los paramilitares seguían ejerciendo el poder.
La senadora envió una carta al fiscal Mario Iguarán en la que llamaba la atención sobre la inoperancia de la Fiscalía en la materia, y aunque en principio generó una fuerte controversia con el Fiscal, poco después ordenó la recomposición de los equipos investigadores y activó los expeexpedientes que estaban paralizados
Publicado en Revista Cambio 
