La afirmación de autoridades civiles y de Policía sobre que “no existen espacios vedados para la Fuerza Pública” queda en entredicho en esa convulsionada región por cuenta de la guerra que libran estructuras sucesoras del paramilitarismo. Las afectaciones llegan a las víctimas de despojo, cuyos procesos están suspendidos en el municipio de Cáceres.
Los choques que sostienen desde finales del año pasado los ‘Caparrapos’, conocidos también como ‘Frente Virgilio Peralta’, y las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)’, incrementaron los homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y demás conductas violatorias de los derechos humanos en municipios como Tarazá, Cáceres y Caucasia, en Antioquia, y San José de Uré, Córdoba.
La inseguridad que genera esa disputa armada en la región está impactando los procesos de restitución de tierras despojadas en razón de conflicto armado por cuanto los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no pueden llegar a los predios reclamados por las víctimas para adelantar los procedimientos requeridos.
Tras una visita a la región, VerdadAbierta.com estableció que por cuenta de esa fuerte alteración de orden público se suspendieron las labores de documentación de por lo menos 200 solicitudes de restitución de tierras en Cáceres; y en Caucasia, Tarazá y San José de Uré, las labores avanzan según lo permitan las condiciones de seguridad.
“A esos municipios la Unidad va como a explorar qué tal está la situación, si se puede avanzar o no. Porque las condiciones de seguridad son así: unos días está calmado, otros días está prendido, es muy impredecible. En Cáceres sí pararon los procesos por cuenta de la guerra entre Caparrapos, ‘gaitanistas’ y Fuerza Pública. Si la URT seguía con sus labores ponía en riesgo a sus funcionarios, a las comunidades y a los reclamantes”, declaró a este portal un conocedor de la situación que por razones de seguridad pidió la reserva del nombre.
De acuerdo con los procedimientos establecidos en diversas normas, el trabajo de los funcionarios de la URT está supeditado a los conceptos de seguridad que emita la Fuerza Pública. “Y para esos municipios, especialmente Cáceres, los conceptos de seguridad siempre son desfavorables o a veces son favorables para unas veredas y para otras no, o sucedía que iba la comisión de la URT y en medio camino le tocaba devolverse por recomendaciones de la Fuerza Pública”, señaló la fuente consultada.
La compleja situación amenaza con frenar los avances que la URT ha tenido en la documentación, análisis y recepción de casos de despojo de tierras en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Pero no solo ello, también se encuentran en riesgo los procesos de retorno de campesinos desplazados por la violencia que habían regresado a sus parcelas bien fuera por proyectos de acompañamiento liderados por entidades estatales como la URT o bien por cuenta de decisiones proferidas por los jueces de tierras.
Muestra de ello fue el desplazamiento forzado masivo ocurrido el 28 de febrero de este año, donde 1.500 personas de las veredas San Francisco, Bejuquillo, El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario, El Calvario y Anará de Cáceres tuvieron que refugiarse en el casco urbano de este municipio. Muchos de ellos aún no regresan a sus parcelas por la persistencia de las confrontaciones. (Leer más en: Cáceres, bajo fuego cruzado)
Entre quienes debieron salir de sus fincas se encontraba una familia a la que el Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Montería le restituyó su tierra mediante sentencia proferida en noviembre de 2017 y que hacía parte de un grupo de 65 familias que retornaron a la vereda Anará con el acompañamiento de la URT, la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, y la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Despojo y guerra
Cifras de la URT detallan que hasta el 14 de agosto de este año había recibido 2.637 solicitudes de restitución de los seis municipios que integran la región del Bajo Cauca (Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre, Tarazá Zaragoza). De ellas, por lo menos 1.148 habían finalizado trámite administrativo y unas 251 están en manos de los jueces especializados, a la espera de fallo.
Una de las poblaciones con mayor número de solicitudes es Cáceres, con 544 casos. Allí el despojo de tierras tuvo dos caras: el cometido durante los años de ocupación paramilitar, silencioso, sistemático y violento, y otro, agresivo y estratégico, donde los máximos responsables son terratenientes y ganaderos que se aliaron con antiguos subalternos de los exjefes paramilitares que decidieron continuar en armas.
Uno de los casos más emblemáticos de despojo en este municipio se dio en la vereda Anará, que registra 113 solicitudes de restitución. Un día de junio de 2006 llegó al lugar Albeiro Acevedo, acompañado un reconocido exintegrante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conocido en la región como ‘La Zorra’. Reunió a los labriegos y les dijo que la tierra que habían trabajado y habitado por más de 35 años no era de ellos, que él tenía escrituras que lo acreditaban como propietario y que se tenía que ir, a las buenas o a las malas.
El éxodo forzado no se hizo esperar. Más de 63 familias que colonizaron la zona durante las décadas del sesenta y setenta salieron despavoridos hacia el casco urbano de Cáceres y otros municipios aledaños. Según registros de la URT, unas 78 familias de esta vereda presentaron solicitud de restitución ante esta entidad. A finales del año pasado se presentó ante los jueces de tierra una demanda para restituir 400 hectáreas de tierra que beneficiarían a 18 familias.
El corregimiento Piamonte fue otro escenario de despojo violento, silencioso y masivo, que se traduce en 129 solicitudes de restitución. En la mayoría de casos se señala a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y sus lugartenientes del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como los autores materiales e intelectuales de las usurpaciones de predios rurales.
El método se repite en la mayoría de los casos que reposan en la URT: los paramilitares se interesaban en una tierra y forzaban al dueño a venderla. El negocio se perfeccionaba en notarías y, luego, los despojadores vendían nuevamente el predio, que quedaba a nombre de una red de testaferros. Desde el 2014, este portal viene reportando que Piamonte es un fortín inexpugnable, actualmente dominado por los ‘Caparrapos’, pero en el pasado por diversos grupos armados ilegales, que se suceden unos a otros a sangre y fuego. (Leer más en: En Piamonte, Cáceres, bandas criminales no dejan restituir las tierras)
La vereda La Porcelana es uno de los casos más complejos de restitución que tiene en sus manos la URT en Cáceres. Allí se enfrentan por la posesión de un predio del mismo nombre campesinos que colonizaron predios en esta vereda finalizando los años noventa y la empresa Sociedad Agropecuaria La Porcelana Ltda., representada por Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, que alega ser la propietaria de los terrenos.
Los labriegos fueron desplazados a la fuerza por paramilitares bajo el mando de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’ en el año 2003. Aunque la Corte Suprema de Justicia tuteló los derechos de las víctimas, entre ellos el de la propiedad de la tierra, aún está pendiente una decisión del Consejo de Estado pues existen decisiones contradictorias del desaparecido Incoder, no exentas de suspicacia, que le otorga la titularidad de la tierra, en diferentes momentos, tanto a campesinos como a la sociedad empresarial. (Leer más en: Tensión en La Porcelana)
VerdadAbierta.com quiso conocer la opinión de la dirección nacional de la URT al respecto de lo que ocurre en el Bajo Cauca antioqueño, pero desde la oficina central en Bogotá se informó que por el momento no están dando declaraciones a la prensa, entre otras razones porque en Casa de Nariño no se ha nombrado un director o directora en propiedad.
Más impactos
Otra de las iniciativas estatales que está siendo impactada por la confrontación armada es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado con la extinta guerrilla de las Farc en el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá en noviembre de 2016.
“Lo que está en disputa es el territorio. Ellos necesitan el territorio para las actividades ilegales”, explicó Juan Fernando Pineda, coordinador en Antioquia del Pnis. “En Tarazá, por ejemplo, tenemos dos zonas Pnis, por decirlo así: una que la conforman (corregimientos) El Guaimaro, La Caucana y Puerto Antioquia, que viene a ser la zona norte del municipio; y otra zona que son (corregimientos) Barro Blanco y El Doce. Comenzamos inscripciones en Tarazá a finales del año pasado y cuando llegamos a Barro Blanco y El Doce nos hicieron sacar el equipo de trabajo. Hubo una amenaza sobre ellos y tuvimos que salir”.
Pese a ello, los funcionarios volvieron tiempo después a estos dos corregimientos taraceños a realizar inscripciones de familias que quisieran participar en el Pnis. La mayoría de campesinos que subsisten de la hoja de coca manifestaron su intención de participar. “Sin embargo, UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) no ha podido entrar a certificar si las familias ya arrancaron la coca. En Cáceres ya se hizo el proceso de certificación en todo el municipio, excepto en (corregimiento) Bejuquillo, que no quiso entrar en el programa”, añadió Pineda.
El miedo en la región es grande. El trabajo comunitario se encuentra reducido a su mínima expresión; el desarrollo de políticas públicas como la restitución de tierras avanza a tropezones por cuenta de los ciclos de violencia que envuelven al Bajo Cauca; y la incertidumbre es alta entre las comunidades campesinas que esperan la implementación de programas derivados del Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc, como el Pnis, por ejemplo, y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Y es que la guerra entre los ‘Caparrapos’ y los frentes ‘Rubén Darío Ávila’ y ‘Julio César Vargas’ de las Agc no parece ceder en intensidad. De acuerdo con la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), fuertes combates entre estas estructuras registrados en los límites de los municipios de Tarazá, Antioquia; y San José de Uré, Córdoba, generaron el desplazamiento forzado de unas 269 familias (739 personas) durante la primera quincena de septiembre. La mayoría de las víctimas se encuentran albergados en el casco urbano del corregimiento La Caucana, de Tarazá. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
Alimenta esta alteración del orden público el negocio del narcotráfico. De acuerdo con el último reporte del monitoreo de territorios afectados por cultivos de hoja de coca para uso ilícito presentado por UNODC con corte al 31 de diciembre de 2017, Antioquia y Córdoba concentran un área sembrada total de 18.461 hectáreas, lo que indica un incremento de 6.938 hectáreas con relación a diciembre de 2016. En mayor porcentaje, los cultivos se concentran en el Norte y Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés, donde la guerra aún no le deja espacio a la paz.
