La Corte le impuso al exmandatario una pena de 90 meses de prisión por haber firmado el ‘Pacto de Chivolo’con paramilitares para ser elegido en 2001.
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En audiencia el ex gobernador del Magdalena aseguró que no se benefició del llamado ‘Pacto de Chivolo’. Foto Semana 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador José Domingo Dávila Armenta a siete años y seis meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado (Descargar la sentencia).
De igual forma, la Corte ordenó abrir investigación contra el político por su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar con el cual se alió. Además, deberá pagar 6.500 salarios mínimos, es decir, más de 3.400 millones de pesos.
La Corte comprobó que el ex Gobernador estableció una alianza política con el Bloque Norte de las Aucal mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para acceder a la Gobernación del Magdalena en el año 2001.
Tal alianza hizo parte del acuerdo conocido como ‘El Pacto de Chivolo’, suscrito en septiembre de 2000 por grupos paramilitares del Bloque Norte de las Auc con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento. Gracias a ese pacto, José Domingo Dávila, conocido como ‘Chelo’, fue elegido Gobernador, derrotando al otro aspirante, el ex diputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber establecido alianzas políticas con el paramilitarismo.
En diciembre del año pasado, Fiscalía y Procuraduría solicitaron al Alto Tribunal condenar a Dávila Armenta tras considerar que el político promovió la expansión del paramilitarismo en el departamento del Magdalena luego de haber sellado la alianza con ‘Jorge 40’.
Dávila Armenta, ex gobernador de Magdalena para el periodo 2001-2003 y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
Por los mismos hechos, la justicia ya procesó y condenó a los ex senadores Miguel Pinedo Vidal, Jorge Castro y Luis Vives Lacouture; los ex representantes a la Cámara Alfonso Campo Escobar, José Gamarra Sierra, Jorge Luis Caballero Caballero, Karely Lara Vence y Alonso Ramírez Torres. El ex gobernador Trino Luna Correa, quien se acogió a sentencia anticipada y cooperó con la justicia, fue condenado a 37 meses, pero por buena conducta y otros beneficios recuperó la libertad sin cumplir la totalidad de la pena impuesta.
En un primer momento y de acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, se estableció que Dávila Armenta habría sido el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo, sellado el 28 de septiembre del 2000 y el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con ellos, se consolidaría la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por alias ‘Jorge 40’.
Consecuencias del Pacto de Chivolo
En el Pacto de Chivolo se escogieron candidatos a la Asamblea del Magdalena, a concejos y alcaldías de 13 municipios. La mayoría de los asistentes firmaron el pacto y se comprometieron a respaldar la candidatura de José ‘Chelo’ Dávila a la Gobernación del Magdalena.
Entre los nombres que aparecen en el documento están los del entonces diputado Fernando Mozo Ortiz, ex miembro del Tribunal de Garantías del Partido Liberal en ese departamento; Ramón Prieto, entonces alcalde de Pivijay; y Franklin Lozano, alcalde de Zapayán.
También firmó el pacto Rodrigo Roncallo, Representante a la Cámara, actualmente investigado por parapolítica y quien resultara elegido en las elecciones de 2001 como alcalde de Tenerife. En 2006, Roncallo llegó a la Cámara de Representantes apoyado por el senador Jorge Luis Caballero, quien también es investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares del Magdalena.
En noviembre de 2008, la Fiscalía llamó a indagatoria por la firma del pacto a los ex alcaldes de Concordia, Pablo José Salas, Aníbal Castro Martínez y José Ignacio Mercado Colón, investigados por los presuntos delitos de peculado, interés indebido en celebración de contratos relacionados con los vínculos de Mujeres de la Provincia; también a los diputados a la Asamblea del Magdalena, Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, y al ex diputado Fernando Mozo, quien se encuentra prófugo, a quienes investiga por los cargos de concierto para delinquir.
