Un juez de Barranquilla condenó a Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ a 26 años de cárcel por 21 homicidios ocurridos en Atlántico entre 2004 y 2005.
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| El paramilitar fue extraditado a Estados Unidos en 2008. Foto Semana |
Eljuzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla impuso 26 años y medio de prisión al ex jefe paramilitar del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40’, como autor intelectual de veintiún homicidios. El ex jefe de las Auc, extraditado a EE.UU desde 2008, ya se había acogido a sentencia anticipada por estos crímenes.
Los asesinados son Adán Pacheco – sindicalista de la Electrificadora del Atlántico-, Juan Carlos Miranda Páez -tendero-, Orlando Londoño Palacio – sindicalista del Tránsito de Barranquilla, Aníbal José Salas, Roberto Daniel Rivera García, Isacio Palacio Correa – mayorista del mercado y socio de una empresa transportadora de banano-, Luis Carlos Torres Güete, Darío Ravelo Parra, Carlos Andrés Camargo García, Kelly Johana Leones Herrera, María Angélica Chávez Muñoz, Jesús Manuel Caballero Escorcia, Faustino Altahona Altahona, Walter Púa Blanco, Sergio Cuesta Parra -mototaxista-, David Antonio Aleán Revolledo, Fredy Torres García, Jhon Mejía Batista, Ricardo Soto Mendoza, Jesús Antonio Cardona Alzate, Manuel Esteban Patiño Cafarzuza y Dairo Mendoza Arrieta.
Según información de la Fiscalía, los asesinatos fueron ejecutados por miembros del frente José Pablo Díaz comandado por Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio‘, quien fue capturado el 11 de marzo de 2006 en uno de sus inmuebles en el Magdalena, donde las autoridades confiscaron varias memorias USB en las que se halló un listado de estas muertes.
Esta condena se suma a la pena de 26 años y ocho meses de prisión que fue interpuesta por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá por el asesinato del profesor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez, ocurrido el 14 de septiembre de 2004 en Barranquilla. Este homicidio también había sido ejecutado por alias ‘Don Antonio’ quien hoy se encuentra detenido en la cárcel judicial La Modelo de Barranquilla.
La cuentas pendientes del paso de las Auc por el Atlantico
Entre 2003 y 2006, el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento del Atlántico como parte de una estrategia de expansión que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el objetivo de ampliar su control sobre las rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.
En medio de esta sombra del terror que había impuesto las estructuras de ‘Jorge 40’ y de alias ‘Don Antonio’, líderes sociales, sindicalistas, políticos, estudiantes, profesores y comerciantes se convirtieron en las principales víctimas de persecusiones y asesinatos sistemáticos.
Entre las víctimas de casos más sonados están el ex presidente del sindicato de Electricaribe Adán Pacheco, el ex secretario de gobierno del Distrito de Barranquilla y defensor de derechos humanos Pedro Pérez Orozco; Eislen Escalante Pérez, quien había llegado de Cúcuta once años atrás perseguido por el ELN y asesoraba a un grupo de desplazados que habían tomado posesión de una isla en el Río Magdalena apetecida por ganaderos, empresarios y políticos; también fue asesinado el sindicalista del tránsito José Mendivil y el también líder de desplazados Miguel Espinosa Rangel, que se había dedicado a luchar por la legalización de predios ocupados por personas en situación de desplazamiento.
Durante estos tres años de dominio paramilitar en el Atlántico, también fueron acribillados el presidente del Consejo de Administración de Coolechera Gustavo de Silvestri y varios miembros del sindicato de esa cooperativa fueron perseguidos en un intento del Bloque Norte por apoderarse de la principal empresa de lácteos en la región Caribe.
Se acusa al Bloque Norte de haber asesinado al secretario de salud de Sabanalarga, Antonio José Muñoz Vizcaino, porque se opuso a entregar la contratación en salud a empresas señaladas por el grupo paramilitar y porque, de acuerdo con informes de policía judicial, iba a viajar a Bogotá a denunciar la complicidad entre ese grupo y la administradora del régimen subsidiado Barrios Unidos de Quibdó.
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