La inquietud fue planteada por la Procuraduría General de la Nación en reacción a lo pactado con organizaciones campesinas en el departamento de Caquetá para desactivar protesta contra empresa petrolera. Presencia de ganado en áreas protegidas, el punto de la discordia. Situación se agrava con la presión que ejercen disidencias de las extintas Farc sobre las comunidades.
El Acuerdo de Los Pozos aún genera eco en el país. Más allá de la discusión sobre la manera cómo el alto gobierno resolvió la protesta campesina contra la multinacional china Emerald Energy PLC, que dejó un labriego y un agente de Policía muertos, existe la inquietud de que uno de los puntos pactados con los manifestantes provenientes de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta para frenar la manifestación podría incrementar la deforestación en la Amazonía.
Se trata del punto 4.1. en el que se acordó suspender “los efectos de la Resolución 7067 de 2022, hasta el 31 de marzo de 2024”. Y será uno de los temas a tratar en las llamadas Asambleas Populares, pactadas también en Los Pozos, mediante las cuales se buscará “una solución integral a la situación de la deforestación y la ganadería en Parques Nacionales Naturales, a partir de la búsqueda de un cambio estructural que cese los efectos de la Resolución de manera diferencial”. (Descargar Acuerdo de Los Pozos)
La discusión al respecto es profunda por cuanto ese acuerdo, firmado el pasado 5 de marzo en la inspección de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá, podría significar una eventual desatención de las órdenes impartidas a varias entidades estatales del orden nacional y regional por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sentencia STC-4360, fechada el 5 de abril de 2018, para que tomaran medidas, de corto, mediano y largo plazo, con el fin de frenar la deforestación en la Amazonía. (Descargar Sentencia)
Asimismo, estaría contrariando a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que sentó su posición el año pasado a través de la Directiva 006 del 7 de abril y del Memorando 35 del 5 de julio. En ambos documentos, el Ministerio Público exhortó al ICA a cancelar el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) de predios ganaderos constituidos en áreas protegidas como mecanismo para contrarrestar la deforestación.
“A la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, le preocupa inmensamente que, como presupuesto para la solución de conflictos sociales en todo el territorio nacional, la renuncia a medidas de protección sobre las áreas de especial importancia ecológica empiece a convertirse en un patrón”, aseveró Gustavo Guerrero, Procurador Delegado de esa dependencia del Ministerio Público, en respuesta a un cuestionario enviado por este portal.
A su juicio, “el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC-4360 de 2018 se ve seriamente comprometido con la progresiva renuncia del Estado a las medidas de protección de la Amazonía que han venido siendo adoptadas”.
Por tale motivos, Guerrero le dijo a este portal que la PGN le solicitó al Tribunal Superior Bogotá, instancia encargada de la verificación del cumplimiento de la sentencia, “la adopción de las medidas que garanticen la realización de las órdenes impartidas puntualmente frente a la posible extensión del plazo de entrada en aplicación de las medidas a que se refiere la Resolución 7067 del ICA”.
Ahora la expectativa no sólo está puesta en las llamadas Asambleas Populares y en lo que de allí pueda resultar, sino de lo que ordenen los estrados judiciales desde Bogotá. Mientras tanto, se acerca la temporada seca en la región de la Amazonía colombiana, periodo en el cual se incrementan los incendios forestales con fines de ampliación de la frontera ganadera.
A todo ello se suma una compleja situación de orden público en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta ante el avance y posicionamiento de las disidencias de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 y que controlan buena parte de las áreas protegidas en esos departamentos. (Leer más en: Estallido social en Los Pozos: expresión de años de reclamos desatendidos)
Resolución en contexto
Para atender las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) expidió el 2 de mayo de 2022 la Resolución 00007067, mediante la cual estableció medidas dirigidas a cancelar el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) “de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales [y] Parques Naturales Regionales del país”.
Ese documento contiene cuatro decisiones fundamentales para el control de la ganadería extensiva en áreas protegidas: identificación precisa de las veredas y los predios que se encuentran en parques nacionales y regionales dedicados a la explotación ganadera; registro de la cantidad de animales que pastan en esas zonas; bloqueo permanente de esas veredas y de los predios en el Sistema de Información Oficial para el Control de la Movilización; y exclusión de esas áreas de los ciclos de vacunación obligatoria contra fiebre aftosa y brucelosis.
Para no causar excesivos traumatismos, se estableció un periodo de 90 días, a partir del 6 de mayo, para que las personas dedicadas a actividades ganaderas afectadas con esas medidas retiraran los animales de las áreas protegidas y los llevaran a plantas de beneficio autorizadas o a predios que estuvieran por fuera de los parques naturales y contaran con el RSPP.
Las comunidades campesinas y las organizaciones sociales que tienen presencia en los parques naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de Los Picachos, reaccionaron y con el apoyo de la PGN, se reunieron con funcionarios del ICA y Parques Nacionales Naturales (PNN) para revisar la resolución y encontrar alternativas a las medidas adoptadas.
Fruto de esas conversaciones y de revisar los términos de las decisiones, la PGN aclaró el ámbito de aplicación de la Resolución 00007067 mediante el Memorando 35. En ese documento, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales precisó que la Directiva 006 se refería “a las actividades ganaderas localizadas en Puntos Activos de Deforestación en el país” y no a toda a toda la zona de parques naturales, nacionales y regionales.
Hecha esa aclaración, el ICA modificó, en parte, su decisión y mediante la Resolución 00014444, fechada el 5 de agosto del año pasado, determinó que la cancelación del RSSP y la exclusión de futuros ciclos de vacunación aplicarían para aquellos que desarrollaran actividades ganaderas en los llamados Puntos Activos de Deforestación y, además, amplió el plazo para sacar los animales hasta el 31 de diciembre de 2022.
Bajo un nuevo gobierno
El 7 de agosto del año pasado se posesionó Gustavo Petro como Presidente de la República. La llegada a la Casa de Nariño del primer mandatario de izquierda en la vida republicana del país y de origen guerrillero, con un discurso del cambio, generó esperanzas entre el campesinado que habita en los parques naturales del país, pues veían en él la posibilidad de resolver las dificultades que les genera vivir en esas áreas de especial protección, sobre todo en la Amazonía.
Una vez instalado el nuevo equipo de gobierno comenzaron los acercamientos con las comunidades campesinas y las organizaciones sociales que las agrupan para buscarle alternativas a las decisiones del ICA. Fue así cómo después de varios encuentros realizados entre noviembre y diciembre del año pasado, se planteó la posibilidad de extender la suspensión de los efectos de las resoluciones 00007067 y 00014444 a través de una nueva resolución.
En respuesta a un breve cuestionario enviado por este portal, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó una reunión celebrada el 14 de diciembre sin que se precisara el lugar. De acuerdo con esta cartera de gobierno, “ministros y viceministros de las diferentes carteras involucradas nos reunimos con campesinos de Meta, Guaviare y Caquetá. Agricultura estuvo representado por el viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo. Como resultado de ese trabajo con las comunidades, el Ministerio de Ambiente solicitó que se revisara la ampliación del plazo mencionado en las resoluciones”.
Fue así como surgió el borrador de una nueva resolución, que fue puesto a consulta pública en la plataforma SUCOP, que administra el Departamento Nacional de Planeación, entre el 23 y el 31 de diciembre del año pasado. En sus considerandos, el ICA argumentó que “con el fin de garantizar los derechos de las personas, en especial los de la población campesina en condición de vulnerabilidad y precaver la observancia de los deberes del Estado y demás principios a cargo de la administración pública, se encuentra procedente otorgar una nueva ampliación” hasta el 31 de diciembre de 2023. (Descargar borrador de resolución)
La PGN cuestionó la posibilidad de una nueva ampliación del plazo para la entrada en vigencia de las resoluciones del ICA a través del oficio 685-2022, fechado el 29 de diciembre del año pasado. En este documento, el Ministerio Público, a través de su Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, fue especialmente crítico: “Esta ampliación sobre la que no existe consideración técnica en el proyecto normativo para su justificación resulta, a juicio de esta agencia del ministerio público delegada para los asuntos ambientales y agrarios, excesiva”.
Cifras reportadas por la PGN, basadas en información entregada por el ICA, indican que en Caquetá habría 66 predios pecuarios asentados en núcleos activos de deforestación, con por lo menos 11.570 cabezas de ganado, y en Meta 78 predios con 7.801 cabezas de ganado.
En respuesta escrita dada a este portal, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dijo estar de acuerdo con las inquietudes de la Procuraduría sobre la prórroga de la suspensión de las resoluciones del ICA y agregó que le habían pedido al Ministerio de Ambiente “un plan de trabajo para llegar a acuerdos que permitan parar la deforestación en esas áreas” y “los lineamientos sobre la forma cómo se debe abordar esta situación dentro de los parques”.
Y como colofón a esas discusiones, irrumpió el 24 de enero de este año la protesta campesina en la inspección de Los Pozos, liderada por la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS), que logró incluir en el acuerdo que le puso fin a esa movilización “la suspensión de la resolución 7067” hasta marzo de 2024.
Este portal quiso conocer la opinión de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pero en su oficina de prensa no dieron respuestas claras a nuestra solicitud. Asimismo, se pretendió entrevistar al viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo, para profundizar en este tema, pero a pesar de leer los mensajes enviados a través del sistema WhatsApp, no los respondió.
Asimismo, se quiso conversar con los líderes de COSCOPAAS, pero tampoco respondieron los mensajes.
Acuerdos de conservación
Uno de los asuntos sobre los cuales hizo hincapié la PGN en sus comentarios al borrador de resolución divulgado a finales de diciembre del pasado por el ICA es el de los acuerdos de conservación. Teniendo en cuenta el número de predios pecuarios en áreas protegidas de los departamentos de Caquetá y Meta, el Ministerio Público aseveró que “a esta procuraduría no se ha informado sobre las actuaciones administrativas dirigidas a identificar los sujetos campesinos con los que se suscribirán acuerdos”.
Y agregó: “La ampliación del periodo de transitoriedad sin que este se justifique en una ruta precisa para avanzar en la suscripción de acuerdos con comunidad campesinas, instrumento previsto por la ley para garantizar los derechos de las comunidades campesinas en condición de vulnerabilidad, deriva en mantener un situación irregular en las áreas protegidas que de forma creciente socava los valores de conservación de tan importante patrimonio ecológico, que sin medidas efectivas, conlleva a la extensión de la actividad ganadera proscrita por la ley al interior de estas áreas y a la generación de daños que pueden ser irreversibles”.
Y es que una de las salidas a la crítica situación que se vive en las áreas especialmente protegidas es la de hacer acuerdos de conservación con las comunidades campesinas asentadas en ellas. En respuesta a una consulta de este portal, la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) explicó que esos acuerdos se realizan con población campesina vulnerable y “forman parte de las medidas de manejo participativo para la implementación de estrategias de conservación activas y no solo policivas o sancionatorias”.
Además, se caracterizan por “estar circunscritos en áreas delimitadas (predios, terrenos), concertar reglas y procedimientos, así como por tener monitoreo constante de la protección y recuperación de las coberturas vegetales degradadas por la actividad humana”.
En una respuesta de PNN a este portal remitida el 5 de octubre del año pasado, la entidad precisó que, para esa fecha, se habían suscrito 250 acuerdos con campesinos en tres áreas protegidas: Parque Serranía de La Macarena (116), Cordillera de Los Picachos (108) y Tinigua (26).
Al parecer, estos acuerdos no cubren a personas que están asentadas en los núcleos activos de deforestación porque tanto en el oficio 685-2022 de la PGN de diciembre del año pasado, como en una de las respuestas dadas por el procurador Guerrero, queda la sensación de que falta información detallada sobre esos acuerdos.
A este portal, el funcionario le dijo que “postergar las medidas de este acto administrativo sin contar con un censo de campesinos en condiciones de vulnerabilidad y, por ende, sujetos de especial protección constitucional, solo aplaza la solución de un problema estructural, lo que bien podría conducir al incremento de las cifras de deforestación”.
El tema ha sido abordado en diversas instancias interinstitucionales y en por lo menos una de ellas, realizada el 31 de enero de este año, no fue invitada la PGN, según consta en la carta de invitación dirigida cinco días atrás por el ICA a por lo menos 12 entidades del orden nacional y regional.
En esa ocasión, la autoridad agropecuaria convocó a la reunión con el objetivo de “concertar el plan de trabajo conjunto para la suscripción de los acuerdos de conservación con la población campesina en situación de vulnerabilidad, así como la salida efectiva de animales en las áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales y Parques Regionales Naturales y demás aspectos asociados”. (Descargar invitación)
Un experto consultado al respecto, que conoce de estos temas y que pidió la reserva del nombre, le explicó a este portal que a lo mejor no invitaron a la PGN a esa reunión de trabajo por sus posturas críticas ante el tema. “Supongo que no la invitaron porque la modificación de la resolución propuesta por el ICA no está dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva 006, que no es nada diferente a las obligaciones contenidas en la Sentencia STC-4360 de la Corte Suprema de Justicia”.
¿Por qué son importantes los acuerdos de conservación? Porque si los campesinos en situación de vulnerabilidad y que poseen ganado en núcleos activos de deforestación los firman, no se cancelará el registro sanitario de predio pecuario como lo ordena el ICA en sus resoluciones.
“Se deben firmar los acuerdos para empezar a trabajar con esa población vulnerable y de manera progresiva disminuir la ganadería ofreciendo otras alternativas de producción, pero eso no ha pasado”, reiteró el experto, quien lanzó una alerta: “Prolongar la transitoriedad es permitir un año más de no tomar medidas para el control de la ganadería cómo motor de deforestación”.
Para el procurador Guerrero, “el conflicto social no puede seguir siendo mecanismo de presión para que el Estado desista progresivamente de la aplicación de medidas de protección de las áreas de especial importancia ecológica del país cuando están han sido resultado del consenso con los actores sociales”.
Orden Público
“Aquí nadie ha cambiado”, afirmó un campesino que acompañó en agosto pasado a un equipo periodístico de VerdadAbierta.com en un viaje por diversas zonas de los municipios de Vistahermosa y La Macarena que, gracias a una subvención otorgada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), investigó el impacto de las resoluciones 00007067 y 00014444 expedidas por el ICA en los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Cordillera de Los Picachos y Tinigua. (Leer más en: Confusión en La Macarena por exigencia de sacar ganado de parques nacionales)
En esa ocasión se constató el control armado que ejercen tres estructuras armadas bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’. Se trata del Frente 7, que cubre una amplia zona que va del municipio de La Macarena (Meta) a San José del Guaviare (Guaviare); el Frente 23, que abarca buena parte del parque natural Sierra de La Macarena y que comprende un corredor vial entre Vistahermosa y La Macarena conocido como “la trocha ganadera”; y el Frente 40, que se mueve entre la población de La Macarena y San Vicente del Caguán (Caquetá).
Además, se conoció un documento difundido por esa organización armada en el que se consignaban las directrices de convivencia que debían cumplir las comunidades de los departamentos de Meta y Guaviare, y las respectivas sanciones para quienes se atrevieran a violarlas. Ese tipo de instrucciones son similares a las que impusieron en su momento las extintas Farc cuando dominaban aquellas regiones. (Descargar comunicado)
“Las cosas siguen iguales”, reiteró el campesino consultado, quien hace parte de las personas que han sido carnetizadas por las disidencias, una práctica que impusieron para tener un mayor control de la población.
Un funcionario local consultado por este portal, y que por razones de seguridad pidió reserva de su nombre y de su cargo, alertó sobre el empoderamiento de las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’: “Midieron casi todas las fincas de la región para cobrar ‘vacuna’ por hectárea’. Están ampliando su cobertura para mejorar los cobros. Montaron su propio IGAC”.
La persona consultada hace alusión al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que tiene entre sus funciones “desarrollar y administrar el Sistema de Información Catastral, con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales, para la promoción del desarrollo y el ordenamiento territorial, con fines tributarios […]”.
“Ellos son la autoridad aquí, nadie les discute nada y la preocupación es que están ampliando sus áreas de influencia”, explicó un conocedor de la situación, quien teme que ese modelo de control social se expanda a zonas como el sur de Caquetá.
La situación de inseguridad la reconoce en PNN. En respuesta del 5 de octubre del año pasado a este portal, la entidad admitió que la alteración del orden público, especialmente en los parques nacionales Sierra de La Macarena, Cordillera de Los Picachos y Tinigua, “incide directamente en el relacionamiento y suscripción de acuerdos de conservación y bienestar con la comunidad campesina”.
Desde mediados del año pasado, las disidencias de las extintas Farc prohibieron el ingreso de funcionarias y funcionarios de entidades nacionales como PNN y el ICA, así como de quienes trabajan para las autoridades ambientales regionales.
Las comunidades campesinas esperan que la publicitada iniciativa conocida como Paz Total y promovida por el gobierno nacional a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pueda remediar en parte la presión que ejercen sobre ellas las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, que se hacen llamar ‘Estado Mayor Central’ y con quienes el gobierno nacional ha iniciado una serie de conversaciones para acordar su desarme y el regreso de sus miembros a la vida legal.
En juego está no sólo la calidad de vida de las comunidades campesinas, sino el acceso a los mercados internacionales, entre ellos el de la Unión Europea, que a finales del año pasado impuso nuevos mecanismos a los exportadores de ganado vacuno, quienes tendrán que garantizar que sus productos no provienen de áreas afectadas por la deforestación.
Responde el ICA
En entrevista con este portal, Juan Fernando Roa, gerente encarga
do del ICA, el segundo en menos de tres meses, aclaró algunos de los puntos cuestionados por el Ministerio Público y expuso los criterios bajo los cuales se proyecta una nueva resolución para darle respaldo a lo acordado en Los Pozos.
“El proyecto de resolución que se puso a consulta pública lo que pretendía era ampliar la transitoriedad establecida en la resolución 7067, que luego fue modificada por la 14444, que delimitó su campo de acción a los núcleos activos de deforestación, con el único propósito de que se tuviera un año más para garantizar que la salida efectiva de los animales no se diera sino hasta el próximo año”, explicó Roa.
Y se pretendió prolongar la suspensión de las medidas contenidas en esas resoluciones porque hasta el 31 de diciembre del año pasado no se habían recibido acuerdos de conservación suscritos con campesinos bajo condición vulnerable. Si bien el funcionario aclaró que tanto PNN como las autoridades ambientales han celebrado acuerdos de conservación, hasta el momento no se tiene claro si involucran a población vulnerable asentada en núcleos activos de deforestación ni los que existen se han enviado al ICA para su verificación.
Roa indicó que el nuevo abordaje sobre esta situación, que impulsa el gobierno nacional, se centra en la concertación: “Es sentarse con las comunidades y mirar las variables porque no puede entenderse al campesino vulnerable bajo un solo criterio, sino con aspectos multidimensionales. Es una labor institucional a varias manos”.
Bajo ese modelo de intervención se pretenden construir los criterios base que permitan la suscripción de acuerdos de conservación con las comunidades campesinas en áreas protegidas.
En consonancia con ese abordaje, funcionarios del ICA estuvieron en Los Pozos atendiendo parte de los reclamos de las organizaciones campesinas: “Tuvimos la oportunidad de hablar con las comunidades, de recibir las pretensiones que tenían de que las caracterizaciones y los criterios para la construcción de los acuerdos se trabajar con ellos y no se hicieran desde Bogotá”.
Desde el 1 de enero de este año las resoluciones están vigentes y, por tanto, se deberían estar cancelando los registros sanitarios de predios pecuarios a quienes no cumplan con los requisitos y carezcan de acuerdos de conservación. Al respecto, Roa dijo que entre enero y marzo han debido adelantarse algunas acciones al respecto, entre ellas algunas consultas a las autoridades ambientales regionales y a PNN para verificar si tienen suscritos acuerdos de conservación y si no, adelantar las actuaciones administrativas correspondientes.
Por el momento no hay cancelaciones en firme de RSPP, admitió el funcionario, pero sí se han adelantado, según dijo, acciones preventivas y de control, sobre todo en actividades de movilización de cabezas de ganado.
Con base en las conversaciones interinstitucionales y los diálogos en Los Pozos, el ICA espera emitir una nueva resolución en los próximos días que permita generar la ampliación en el plazo acordada con los campesinos. De acuerdo con el gerente encargado de la entidad, se está buscando “la figura concreta bajo cual lo vamos a hacer, que puede ser entendida como una suspensión o como un aplazamiento en el tiempo de la entrada en vigencia para que al final de ese periodo la norma sea aplicada a aquellos que se alejen de campesino vulnerable y contra los reales motores de deforestación o acaparadores de tierras”.
Y con relación a la situación de riesgo que enfrentan los funcionarios para ingresar a zonas de parques nacionales y regionales, condición necesaria para hacer los acuerdos de conservación, Roa volvió sobre el tema del abordaje de concertación que plantea el actual gobierno nacional para este tipo de situaciones.
“En la medida que los funcionarios que tienen que hacer estas labores de caracterización no puedan ingresar, nunca se va a poder definir cuál es el concepto de campesino vulnerable y nunca se van a poder suscribir acuerdos. Se espera que con ese abordaje de concertación se pueda ingresar a la zona y suscribir los acuerdos de conservación, para luego nosotros podremos entrar a cancelar los registros. Es una cadena de pasos”, indicó.
Y mientras esos pasos se logran dar, las disidencias de las antiguas Farc seguirán siendo ‘Estado’ en una amplia región del suroriente del país donde no tienen oposición alguna, ni siquiera del mismo Estado, y todo lo que se haga en la Amazonía deberá pasará por sus cribas.
