Víctimas de distintos actores armados y voceros de diversos sectores sociales expresaron su apoyo al trabajo de la entidad tras iniciar el periodo de tres años de labores que la llevará a producir su informe de esclarecimiento sobre los más de 50 años de guerra que padeció el país. El presidente de la República, Iván Duque, no asistió a la ceremonia, realizada en Bogotá.
Terminado el periodo de seis meses con que contó para adelantar las tareas de alistamiento, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), creada bajo el Acuerdo de Paz con las Farc, empezó este jueves la fase de elaboración del documento sobre el conflicto armado colombiano. El sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien la preside, declaró que buscará “una verdad que responda a todas las víctimas (…), sin subordinaciones, sin intereses de poder político, ni de prestigios, ni de dineros”.
Pese a que estaba invitado a la ceremonia y a que la CEV es una de las instituciones más relevantes para la reparación de las víctimas, el presidente de la República, Iván Duque, no asistió y delegó la representación del gobierno en el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila. Mientras transcurría el evento, el mandatario recibía la visita oficial del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y lanzaba unos “bonos naranja” para atraer inversión privada al sector de las llamadas “industrias creativas y culturales”.
Aun así, el consejero Archila declaró que el gobierno tiene “el compromiso de dedicarles a las víctimas toda la atención y todo el esfuerzo” y dijo que el Plan Nacional de Desarrollo incluirá acciones “enfocadas en llegar con equidad y justicia a los territorios que fueron testigo de tantas injusticias, violaciones de los derechos humanos y resquebrajamiento de los valores más profundos de esta, que es nuestra sociedad”.
El acto de inicio de mandato de la CEV estuvo centrado en las intervenciones de víctimas de distintos sectores sociales y políticos, que expresaron su deseo de conocer una verdad completa y reparadora ante los cientos de asistentes, entre los que se encontraban el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez; el hasta ayer jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault; el coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares; la directora de la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, Luz Marina Monzón; y el presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño. (Lea más: Jean Arnault deja la Misión de Verificación de la ONU en Colombia)
Las voces de las víctimas
La primera en intervenir fue Aída Quilcué, dirigente del pueblo Nasa, en el departamento de Cauca. Quilcué es víctima de seis integrantes del Ejército Nacional, condenados en 2010 a 40 años de prisión por el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, muerto a tiros cuando se desplazaba en una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En abril pasado, el entonces viceministro de Defensa, Aníbal Fernández, le pidió perdón al pueblo Nasa por ese crimen en nombre del Estado, en cumplimiento de una sentencia proferida en 2015 por el Tribunal Administrativo de Cauca. (Lea más: “Lo que nos ha movido a nosotros de manera milenaria es resistir”: Aida Quilcué)
En su intervención, Quilcué recalcó que los pueblos indígenas son “víctimas milenarias”. Además, expresó que la verdad debe contribuir a eliminar la discriminación contra los pueblos y develar no solamente lo ocurrido en la ejecución de los hechos victimizantes contra las personas, sino también contra la “madre tierra”. Asimismo, valoró positivamente el proceso de consulta que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición adelanta con las comunidades étnicas.
También víctima de militares, intervino en el evento el sargento del Ejército Carlos Mora, quien desde 2007 empezó a alertar sobre la comisión de ejecuciones extrajudiciales, llamados también ‘falsos positivos’, en Ocaña, Norte de Santander. Sus denuncias, que encontraron eco en la Fiscalía General de la Nación, le ocasionaron amenazas, seguimientos y hostigamientos por parte de integrantes del Ejército. En junio de 2016, la institución reconoció sus esfuerzos por defender los derechos humanos en un evento cerrado, en el que participó el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. (Lea más: Con dudas de las víctimas, empieza proceso por ‘falsos positivos’ en la JEP)
Tras referirse a la importancia de construir instituciones sólidas, el sargento le pidió a los comisionados fortalecer la CEV y dijo que las víctimas “deben estar en el centro de todo esto”, por lo que manifestó la necesidad de que otros militares cuenten la verdad. También le dijo al auditorio: “Les pido desde lo más profundo de mi corazón y mi alma que cambiemos el país para que honremos a las víctimas y a los inocentes, por nuestros hijos, por nosotros mismos”.
Como víctima de las Farc asistió el empresario Henry Eder, presidente del Grupo Manuelita, organización dedicada a la agroindustria del azúcar y de la palma aceitera en Colombia, Perú, Chile y Brasil. Su padre, el hacendado, político y empresario Harold Eder, fue secuestrado y asesinado por las Farc en 1965, uno de los primeros crímenes de esa naturaleza ejecutado por la desaparecida organización insurgente.
Tras recordar las afectaciones sufridas por el secuestro y las amenazas que posteriormente recibieron los ejecutivos de su grupo empresarial, Eder dijo que es necesario “llegar a un punto de tranquilidad y de entendimiento de todos los colombianos, para lo cual se requiere el esclarecimiento de la verdad y que quienes la poseen no la utilicen con sentimiento de venganza”.
Otras dos víctimas de las Farc intervinieron en la ceremonia. El expolicía Édgar Bermúdez, quien perdió la visión por cuenta de una mina antipersonal instalada por la guerrilla tras un combate en Nariño, manifestó que él y otros integrantes de la Fuerza Pública esperan que la CEV ayude a entender qué ocurrió con los soldados y policías “que salieron al campo de combate y no regresaron a casa”.
Por su parte, Darla González, mujer transgénero, defensora de los derechos de las personas LGBTI y víctima de reclutamiento forzado en su natal San Luis, Antioquia, indicó que la verdad debe contribuir a “erradicar las violencias sociales y políticas”, así como a “reconstruir el tejido social”.
En el acto de inicio de mandato de la CEV también fueron escuchadas las víctimas de grupos paramilitares, quienes vienen participando en procesos de justicia transicional desde 2005, cuando el Congreso de la República expidió la Ley 905, llamadas de Justicia y Paz, para juzgar a los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y otras estructuras paramilitares.
Una de las intervenciones más vehementes fue la de Miguel Ricardo Serna, presidente de la Asamblea Campesina del Departamento del Cesar. Desplazado y despojado de sus tierras por paramilitares en la vereda El Toco, municipio de San Diego, Cesar, reclamó por las demoras del Estado para restituir los predios de otros campesinos de esa vereda y para reparar integralmente a la comunidad: “La restitución se ha convertido en papel y lápiz (…) Siguen prevaleciendo la mentira, la corrupción y los segundos y terceros ocupantes del territorio, en donde fuimos desplazados y hubo muertes selectivas”. (Lea más: Restitución en El Toco no pasa del papel y la desatención estatal)
Por eso, Serna le pidió a la CEV que no sólo indague sobre las responsabilidades de las organizaciones armadas, sino también de los funcionarios de diversas entidades públicas que han contribuido a mantener a las víctimas en un estado permanente de vulneración de sus derechos.
Igualmente víctima de los paramilitares, se dirigió a los comisionados Luis Eduardo Betancur, exdirigente del Partido Comunista Colombiano (PCC), fundador de la Unión Patriótica (UP) en Guaviare y sobreviviente del genocidio contra ese movimiento político. Betancur se refirió a la necesidad de esclarecer “la política genocida contra la UP, el PCC y el movimiento sindical, obrero y campesino”. (Lea más: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
Además, pidió conocer la verdad sobre los asesinados dirigentes de la UP en Guaviare Críspulo Hilario Muñoz (concejal de San José del Guaviare), Octavio Vargas Cuéllar (representante a la Cámara) y Rafael Antonio Duarte Cepeda (presidente del Consejo Comisarial). Esa verdad, declaró Betancur, debe ser construida “con la concurrencia de todos nosotros y nosotras”.
También le habló al auditorio la concejala de San Carlos, Antioquia, Pastora Mira, a quien los paramilitares le asesinaron dos hijos. Mira aseguró que “la verdad es la labor y la misión más importante y reparadora para todas las víctimas”, que el difícil camino de la construcción de paz “jamás será peor que el monstruo que nos tocó enfrentar en la guerra” y que la verdad debe servir “para inspirar grandes cambios en la estructura social”. (Lea más: Procesos de memoria histórica: aliados para esclarecer la verdad)
Por último, expresaron su respaldo a la CEV Solany Loango, integrante de la Consultiva Departamental Caucana, espacio de representación de las comunidades afro; Deisy Aparicio, responsable nacional de la Asociación de Estudiantes de Secundaria (Andes) e integrante del Consejo Nacional de Paz; y el obispo Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica y también integrante del Consejo Nacional.
Por mandato, la CEV deberá entregar su informe de esclarecimiento a finales de 2021, trabajo para el que ya elaboró una propuesta de lineamientos metodológicos y definió una división territorial. (Lea más: Implementación del Acuerdo de Paz aún tiene oxígeno)
