El próximo inquilino de la Casa de Nariño encontrará un adverso panorama en esta materia, en cuyo centro está una sistemática ola de violencia contra líderes sociales y defensores de comunidades. La implementación del Acuerdo Final pactado con las Farc y la ineficiente respuesta estatal agitaron ese coctel explosivo que está destruyendo los liderazgos comunitarios.
La magnitud del desangre de líderes, lideresas y autoridades étnicas por el que atraviesa el país es tan dramático que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) convocó a los cinco aspirantes a presidir la República a firmar un Pacto Social por los Derechos Humanos. En una página de cuatro párrafos, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Iván Duque y Germán Vargas Lleras, estamparon su firma y se comprometieron a incluir en sus programas de gobierno un énfasis especial en proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.
Al firmar ese Pacto, acordaron impulsar “en todo el país, y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan en estas zonas, haciendo efectivos de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales”.
El anuncio de la firma de los aspirantes a la Presidencia de la República lo hizo esta mañana en rueda de prensa Alberto Brunori, nuevo representante en Colombia de la OACNUDH: “Me complace poder decir que todos los candidatos han firmado este Pacto ratificando así su compromiso con los derechos humanos. Es evidente que el próximo Gobierno, cualquiera que sea, enfrentará múltiples retos al llevar ese compromiso a la práctica; pero esto no debe desalentarlos, más bien lo contrario”.
El alto funcionario de Naciones Unidas aseguró, además, que “este Pacto por los Derechos Humanos se traduce en una ratificación de valores sociales fundamentales para la coexistencia pacífica y brinda un marco común que arropa a todo el espectro político que rechaza y condena todos los actos contrarios a los derechos humanos”, y consideró que el compromiso adquirido “debe materializarse en acciones concretas en campos que son prioritarios para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia”.
Dos días después y desde Suiza, el titular de esa dependencia, Zeid Ra’ad Al Hussein, calificó la firma del Pacto como un hecho sin precedentes, impresionante y alentador: “Esto viene como un soplo de aire fresco en un mundo donde algunos líderes políticos han estado minimizando, o activamente desacatando, sus obligaciones de respetar el derecho internacional de los humanos humanos. Agradezco a los líderes políticos por tomar este paso positivo y los urjo a que hagan todos los esfuerzos posibles por llevar a la práctica este Pacto”. (Ver comunicado)
Informe crítico
Ese llamado a la acción concreta y eficiente está sustentado en el informe anual que OACNUDH emitió en marzo pasado y que registra hechos ocurridos el año pasado. Dicho documento se centró en dos temas principales: las agresiones contra líderes sociales y la implementación del Acuerdo Final de Paz pactado con la guerrilla de las Farc tras cuatro años de negociaciones en La Habana y cuyo documento final fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
La Oficina del Alto Comisionado se declaró extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques: “En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales”. Y también registró “41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista”.
En medio de su análisis, señala varios puntos que deberá tener muy presentes el próximo jefe de Estado para frenar esa ola de violencia: “El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia. Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del Acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral”.
Para sustentar lo anterior, el informe señala que el 64 por ciento de los asesinatos de defensores de derechos humanos del año pasado, ocurrieron en “las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y en zonas con una presencia histórica de las FARC-EP”. Y acto seguido, indica que varios de esos asesinatos, especialmente aquellos en antiguas zonas de control de las Farc, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población.
“La débil presencia estatal en estas zonas genera la falta de acceso de las comunidades a derechos y oportunidades para vincularse a esquemas económicos legales. Por lo tanto, aumenta la pobreza y contribuye al desarrollo o persistencia de economías ilícitas, lo cual facilita la formación o entrada de organizaciones delictivas y de grupos armados ilegales que compiten por el control de éstas, generando corrupción y niveles endémicos de violencia. En el último trimestre de 2017, la OACNUDH registró cuatro masacres en el contexto de disputas por el control de economías ilícitas en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP (en Nariño y Cauca)”, registra el informe.
Por otro lado, el Alto Comisionado resalta algunas acciones que ha tomado el Estado el estado para hacerle frente a esa tragedia. Entre ellas se encuentran la decisión de la Fiscalía General de la Nación para priorizar las investigaciones de asesinatos de líderes sociales y destaca las 15 sentencias que se han emitido desde 2015 al respecto; la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación para combatir la estigmatización de los defensores de derechos humanos y la inacción de las autoridades de todo nivel para protegerlos; los esfuerzos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por proteger a los defensores de derechos humanos; y la creación del Cuerpo de Elite de la Policía Nacional para combatir las organizaciones criminales, y de la Unidad Especial de investigación de la Fiscalía para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales.
Sin embargo, también señala varias falencias que deberán ser tenidas en cuentas por el nuevo Presidente de la República para tomar acciones en sus planes de gobierno y construir una política pública con los demás estamentos estatales que garantice la protección de los defensores de derechos humanos. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
A pesar de reconocer los avances del Ente Acusador, el Alto Comisionado cuestiona que en la mayoría de los casos no han sido identificados los autores intelectuales de los asesinatos. “La OACNUDH considera que la plena identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos es crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición”, indica. (Leer más en: Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales)
Sobre el papel de la UNP señala que cuatro defensores de derechos humanos que estaban bajo su protección fueron asesinados el año pasado: “Las víctimas con escoltas fueron asesinadas cuando los escoltas no estaban presentes, lo que indica que el uso de escoltas sí evita los atentados. También parece que los recortes presupuestales que ha sufrido la Unidad han tenido un impacto negativo en los esquemas de protección”.
Además, recomienda que se modifiquen las medidas de protección en zonas rurales y que se fortalezcan las medidas de protección colectiva, como las guardias indígenas y afrocolombianas, como medio de protección individual y territorial. “Las medidas de protección tienen limitaciones, puesto que los defensores de derechos humanos seguirán corriendo riesgos si no se abordan los factores estructurales de la pobreza multidimensional, las economías ilícitas, los vacíos de poder y la falta de presencia estatal”, concluye al respecto. (Leer más en: Indígenas y afros, excluidos del nuevo programa de protección para comunidades)
Sobre el Acuerdo Final
El informe de la OACNUDH también se refiere sobre el proceso de reincorporación a la sociedad civil de los excombatientes de las Farc que dejaron las armas, haciendo un llamado de atención para que se acelere la implementación de los programas de reintegración previstos en el Acuerdo Final, incluyendo una implementación desde la perspectiva étnica y con enfoque de género, teniendo en cuenta las condiciones específicas de los habitantes de las zonas rurales.
Respecto a lo anterior, señala que “se observaron serias deficiencias, como la falta de agua potable, saneamiento y viviendas habitables en las Zonas veredales transitorias de normalización donde se concentraron los combatientes para iniciar el proceso de desmovilización. Esta situación puede haber llevado a que algunos exmiembros de las FARC-EP abandonaran estos lugares. OACNUDH observó sobrecostos de alimentos y demoras en la construcción de infraestructura en algunas de las Zonas. Dada la centralización de los contratos, las Zonas no generaron el impacto económico positivo esperado para las comunidades rurales a través de la contratación local, como está previsto en el Acuerdo”. (Leer más en: “Demoras en proceso de reintegración de las Farc las aprovecharon grupos armados ilegales”)
Asimismo, se refiere nuevamente a los actores que ingresaron a las zonas que antiguamente controlaron las Farc cuando estaban alzadas en armas: “Los grupos armados ilegales y grupos criminales que han ingresado a las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP han generado violencia en las comunidades rurales y constituyen una potencial amenaza para los exmiembros de las FARC-EP que participarán en los próximos comicios electorales. Algunos sectores de la sociedad se rehúsan a aceptar a los desmovilizados de las FARC-EP, especialmente aquellos que están en el ámbito”. Y recalca que 36 exmiembros de la otrora guerrilla más grande del país fueron asesinados en 2017.
Y en cuanto a desvinculación del conflicto, les dedica un capítulo aparte a los menores de edad, de quienes, señala, no se ha respetado en su totalidad el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación del grupo armado. Al 31 de diciembre del año pasado, “sólo” 135 se habían desvinculado de las Farc.
“Aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción más recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia. Por lo tanto, es necesario garantizar la plena implementación del Acuerdo para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos de los niños cuando regresan a sus familias. Aquellos que permanecieron en los centros de separación-desvinculación tienen mejor acceso a la salud y la educación, pero a menudo se encuentran lejos de sus familias y comunidades”, indica.
El Comisionado también plantea desafíos para el próximo mandatario en otras áreas relacionadas con el Acuerdo Final y la protección de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado.
Sobre el desarrollo rural, señala que los problemas de las comunidades rurales son multidimensionales y están interconectados, por lo que abordarlos es un asunto complejo. “La solución a un problema concreto requiere que se solucionen otros problemas. Por ejemplo, en varias de las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP, la OACNUDH observó que para que funcione adecuadamente la justicia local, sin amenazas de grupos criminales, es necesaria la sustitución de cultivos ilícitos.
No obstante, la sustitución implica el saneamiento de los títulos de propiedad de tierras, lo que requiere la compra y distribución de tierra: “Estos pasos tienen implicaciones presupuestales, necesitándose que una mayoría política a nivel municipal, departamental y nacional apruebe los presupuestos. Puesto que la solución al problema es distinta en cada comunidad, las metas nacionales de transformación hacen que cada actor tome acción sin tener en cuenta la secuencia necesaria o la capacidad de producir un impacto en los derechos humanos. Se requieren metas más realistas con indicadores que reflejen la situación de derechos humanos a nivel incluso veredal”, se plantea en el informe
Lo anterior está relacionado con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que acordaron en La Habana, como herramienta para la realización de los derechos humanos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto. El nuevo mandatario deberá tener en cuenta que éstos “deben ser implementados de manera estratégica, coordinada y oportuna, con un conjunto de objetivos alcanzables. Si bien es necesario implementarlos en todas las comunidades afectadas por el conflicto, se sugiere orientar su implementación de manera gradual y focalizada, con el fin de producir cambios tangibles en una zona antes de pasar a la siguiente. De esta manera se generaría más confianza en el proceso de paz”.
Y cuestiona que aún no están disponibles los recursos anunciados por el gobierno en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida para generar impactos inmediatos en las antiguas zonas de influencia de las Farc. “Por lo tanto, es necesario acelerar el proceso de implementación, asegurar su financiamiento y garantizar que las demoras no se repitan durante la implementación de los PDET”, recomienda el informe. (Leer más en: “No nos dejen solos, Policarpa es una bomba de tiempo”)
Por otro lado, en el informe se alude a la administración de recursos públicos y su corrupción circundante, como graves problemas para los derechos humanos. Sobre el primer punto indica que “uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales es la tentación del uso del gasto público en centros poblacionales con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos de las zonas rurales marginadas y menos pobladas”.
En cuanto al segundo recalca que “la corrupción priva a muchas comunidades de inversión social y socava los esfuerzos del Estado por garantizar todos los derechos humanos. Por lo tanto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al Gobierno de Colombia abordar las causas de la corrupción”, cuyos costos, según cálculos de la Contraloría General de la Nación, el costo de la corrupción asciende a 17 mil millones de dólares cada año aproximadamente.
Uno de los puntos del informe que más claro deberá tener quien asuma el mando de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, es el de llevar presencia efectiva e integral del Estado a las zonas rurales “para garantizar la seguridad, la justicia, el empoderamiento de líderes y autoridades y para estimular el desarrollo económico”. La razón es sencilla: “Si bien se han formulado planes y adoptado leyes para garantizar una mayor presencia estatal, el despliegue de servicios estatales apenas se ha iniciado”, advierte el informe.
Y, en consecuencia, advierte la OACNUDH que, tal como lo han denunciado numerosas comunidades en diversas regiones del país, “la presencia del Estado únicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a través de la fuerza, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.
Retos propuestos
Pero no sólo el informe de la OACNUDH sirvió como base para comprometer a los candidatos presidenciales. De acuerdo con Brunori, el Pacto recoge también las recomendaciones de los Órganos de Tratados y del Ejercicio Periódico Universal (EPU), que se llevó a cabo el pasado 10 de mayo en Ginebra, Suiza. (Leer más en: Tragedia de líderes sociales en Colombia toca las puertas en Europa)
En ese sentido, el representante de la OACNUDH en Colombia propuso cuatro retos como puntos de partida “ineludibles para el mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país”.
El primer reto es combatir la impunidad porque, a su juicio, “la impunidad frente a violaciones de derechos humanos del pasado y del presente es contraria a las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, y genera un ambiente de tolerancia o connivencia con actos atroces que acarrean graves repercusiones”.
Esa impunidad en el país, de acuerdo con Brunori, tiene varias consecuencias: “Los responsables de las violaciones ven favorecida su conducta al no recibir sanciones; la impunidad profundiza la desconfianza entre las víctimas y las instituciones estatales; y envía un mensaje a la sociedad de debilidad del Estado o de complicidad con el crimen, en la medida en que las autoridades no sancionan hechos atroces”.
Además, esa impunidad, agregó el alto funcionario de Naciones Unidas, “ya sea por incapacidad o por falta de voluntad de las autoridades, refuerza los intereses de quienes usan la violencia como método de control social, y amplifica e irradia el mensaje amedrentador y paralizante de cualquier ataque”.
El segundo reto se centra en brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, una actividad que, a su juicio, está condicionado por múltiples factores: “La falta de garantías para el ejercicio de derechos y libertades; los ataques recurrentes en contra de personas que se dedican a la defensa de los derechos; la operación de regímenes de violencia coercitiva que se instalan para controlar territorios y actividades sociales, económicas y políticas; y el miedo paralizante que ha sido interiorizado por un gran segmento de la ciudadanía colombiana como resultado de la violencia impune”.
Al respecto, Brunori aseveró que, ante ese crítico panorama “se impone redoblar los esfuerzos para garantizar la protección oportuna y efectiva de líderes y lideresas defensores de derechos humanos y miembros de movimientos sociales y políticos, así como fortalecer la participación de las mujeres en todos los niveles de la vida nacional: político, económico, social y cultural”.
En el tercer reto hizo un llamado a “no perder las oportunidades que ofrece la construcción de la paz en Colombia para consolidar un poder estatal respetuoso de los derechos humanos”. De acuerdo con el titular de la OACNUDH, “la consolidación del Estado de derecho requiere la presencia y el fortalecimiento de las instituciones públicas en el nivel local”, asunto que además de “garantizar la presencia en todo el territorio, debe hacer frente a aquellas zonas en las que el poder público está condicionado por la violencia y la corrupción; especial atención merecen las regiones en las cuales la corrupción ha llevado a la desviación del poder estatal para favorecer intereses particulares”.
En ese sentido, Brunori dijo que la construcción de legitimidad por parte del Estado implica fortalecer las instituciones para servir a la ciudadanía y al interés general: “La presencia estatal en los territorios no puede limitarse al ejercicio formal del poder, o a la presencia armada, sino que debe traducirse en la mejora de la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Por tal razón sugirió que le corresponde al Estado “garantizar la implementación de la Reforma Rural Integral, tal y como comprometido en los Acuerdos de Paz; formalizar el empleo y garantizar a los trabajadores del sector agrícola condiciones laborales justas y dignas; asignar recursos suficientes al sector salud, garantizar accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad de la atención médica, considerando especialmente las necesidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos”.
Y el cuarto reto propuesto es el de brindar seguridad y proteger derechos de los ciudadanos. “Indudablemente, se trata de un anhelo compartido por pobladores en todo el territorio nacional, tanto en contextos urbanos como rurales”. A juicio de Brunori, se debe responder a ese clamor, “pero sin instrumentalizar el miedo para buscar limitaciones inadecuadas a los derechos y a las libertades. La contraposición de seguridad y derechos humanos es un falso dilema: ‘más y mejor seguridad’ no implica aplastar el régimen de derechos”.
En su reflexión, hizo referencia a América Latina, donde, según él, se experimenta “una tendencia a sobreexplotar el miedo ciudadano para implantar medidas drásticas fácilmente publicitadas sin atender las causas de la criminalidad”. Por tal razón, expuso que “las respuestas en materia de seguridad deben partir de una comprensión técnica de las manifestaciones de criminalidad, que permita diseñar e implementar medidas racionales para su combate, de la mano de los estándares de derechos humanos”.
Al concluir la rueda de prensa, Brunori planteó que “quien sea elegido tendrá la responsabilidad de materializar ese compromiso y de llevar el pacto a la práctica, mediante sus planes de gobierno. Los cuatro ejes expuestos acarrean retos impostergables, y demandan capacidad técnica, recursos adecuados y, sobre todo, voluntad política”.
Finalmente, el titular de la OACNUDH se mostró esperanzado en que el pacto firmado por los aspirantes a la Presidencia de la República, que el próximo domingo tendrá su primera cita en las urnas, “sirva como un punto de encuentro para guiar el ejercicio del poder público en Colombia, y que permita demostrar avances concretos en aspectos de la situación de derechos humanos que no dan espera”.
