Tras evaluar la solicitud realizada por ese movimiento político y social que agrupa a 859 organizaciones en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado que les brinde garantías para proteger sus vidas e integridad. La solicitud se da de manera paralela a un nuevo informe sobre la persistencia del asesinato de líderes sociales en el país.
El pasado 22 de marzo Marcha Patriótica acudió a la CIDH en busca de protección para sus dirigentes y militantes. Cristian Delgado, su coordinador Nacional de Garantías y Derechos Humanos, entregó un vasto acopio documental en el que registró las diferentes agresiones que ha padecido esa organización desde sus orígenes en 2010. Y entre su expediente se encontraba un vergonzoso listado, que daba cuenta de los 156 -a la fecha son 161- miembros de esa colectividad que fueron asesinados a partir de 2011.
“Fundamentamos que en contra de Marcha Patriótica se han identificado unos patrones de persecución en los que se evidencia una violencia sistemática hacia nuestros integrantes desde el momento de nuestra fundación. En algunas ocasiones es ejercida por agentes estatales, en otras por funcionarios públicos y en otras por grupos paramilitares o sin identificar”, explicó Delgado en diálogo con este portal.
Entre esos patrones se encuentran ataques a la vida de sus integrantes; amenazas individuales y colectivas que han recibido parte de “grupos paramilitares”; además de atentados, robos de información y desapariciones forzadas. (Leer más en: “La paz nos está costando la vida”: Marcha Patriótica)
“Otro eje que planteamos ante la Comisión es la estigmatización a la que fuimos sometidos por parte de agentes del Estado, de la Fuerza Pública y de algunos medios de comunicación que se encargaban de difundir la teoría de que Marcha Patriótica tenía una relación con la insurgencia armada, y eso legitimaba la acción contra nuestros integrantes”, agregó.
En su resolución, la CIDH se refirió puntualmente a las amenazas: “El solicitante igualmente reportó cerca de quince eventos en los cuales los propuestos beneficiarios recibieron amenazas de muerte, mayoritariamente en el departamento del Cauca. Si bien las modalidades varían, todos los mensajes contenían menciones explícitas a la posibilidad de asesinarlos, desaparecerlos y advirtiendo que estaban todos siendo vigilados, incluyendo hasta imágenes con cadáveres, casquillos o personas blandiendo armas. Los propuestos beneficiarios también habrían recibido panfletos, tanto individuales como colectivos, por parte de grupos armados que prometían la eliminación de todo aquel que sea ‘guerrillero’ (o percibido como tal) o simpatizante de la ideología ‘castro-chavista’, incluyendo a los ‘guerrilleros que se hacen pasar por defensores de derechos humanos’”.
Por esa razón, luego de recibir la documentación de Marcha Patriótica y de las entidades estatales encargadas de la protección de derechos humanos, la Comisión consideró que “los dirigentes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica se encuentran en una situación de grave riesgo, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
Por consiguiente, le solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los dirigentes Marcha Patriótica; concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones empleadas para investigar los crímenes que dieron lugar a su resolución y evitar la repetición de más hechos violentos. (Ver resolución)
De esa resolución llama la atención su segundo punto, el cual conmina a las entidades estatales a “concertar” las medidas de protección con los miembros cobijados con las medidas cautelares. Al respecto, Delgado explicó que “seremos participes de la construcción de la medida, y no recibiremos un esquema determinado por la UNP (Unidad Nacional de Protección). Las medidas deben ser concertadas, idóneas y no sólo del resorte de la UNP; también el Ministerio del Interior tendrá que vincularse con las medidas inmateriales. El tema también se debe tratar con la Fiscalía para trabajar sobre los crímenes que están impunes”.
Por otro lado, la CIDH reconoció los esfuerzos del Estado para garantizar la protección de líderes sociales y, en este caso particular de integrantes de Marcha Patriótica, entre los que se encuentran 72 esquemas de seguridad para sus miembros por parte de la UNP, la creación de programa de protección colectivo y la no estigmatización de los defensores de derechos humanos. (Leer más en: Indígenas y afros, excluidos del nuevo programa de protección para comunidades y Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
“No obstante, la Comisión advierte acerca de la continuidad de las amenazas y asesinatos, no siendo posible apreciar una disminución en la situación de riesgo de los propuestos beneficiarios, así como la existencia de presuntas fallas en los esquemas de protección. Aunado a lo anterior, la Comisión nota que el Estado no presentó información sobre quienes serían las personas protegidas por este esquema de protección ni argumentó la efectividad e idoneidad de tales medidas, o bien, explicó las razones por las cuales los integrantes de la MAPA (Marcha Patriótica) en general estarían lo suficientemente protegidos. La Comisión tampoco obtuvo información sobre si los propuestos beneficiarios que habrían sido asesinados o amenazados ya contaban con algún esquema de protección, o bien, sobre la efectividad de las investigaciones que habrían sido seguidas en el sentido de mitigar la situación de riesgo alegada”, indicó en su resolución. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
Esta es la tercera vez en menos de una semana que el Estado colombiano pasa al tablero internacional por la violencia generalizada o sistemática que sufren líderes sociales y defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del país. En días pasados, los escenarios fueron la Corte Penal Internacional en Holanda y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza. (Leer más en: Tragedia de líderes sociales en Colombia toca las puertas en Europa)
Otra advertencia local, una más…
En la mañana de este viernes la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); y Marcha Patriótica publicaron su informe conjunto Todos los nombres, todos los rostros: Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios, que da cuenta de que entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de mayo del año en curso, fueron asesinados 385 líderes sociales.
La investigación enfatiza en el contraste que vive el país en materia de orden público tras la dejación de armas de la guerrilla de las Farc: la tasa de homicidios de 2017 fue la más baja en 42 años, pero en sus doce meses fueron asesinados 191 defensores de derechos humanos.
Esa contradicción, detalla el informe, es producto de tres factores: la recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las Farc; la persistencia de otros actores armados ilegales que en diferentes niveles usufructúan economías legales e ilegales, “y conculcan los derechos de la población civil”; y los avances en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Además, señala que en la gran mayoría de los asesinatos de defensores de derechos humanos hay común denominador: la presencia de economías ilícitas, una tasa de homicidio en el municipio que supera los niveles de violencia endémica según el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud y una tasa de pobreza multidimensional más alta que el promedio nacional.
Y enfatiza en que “la violencia sociopolítica se encuentra estrechamente vinculada con los conflictos por la tierra y el territorio, elementos que tienen profundas raíces históricas y que han configurado órdenes sociales excluyentes para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las que a su vez han desarrollado procesos organizativos para reivindicar el acceso a la tierra”. A lo que se suma la pretensión de los grupos armados de doblegar a las comunidades y sus procesos organizativos.
Al respecto, Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, indicó que a raíz del proceso de paz adelantado con la guerrilla de las Farc se despertó una ola de estigmatización que pone en riesgo a los líderes sociales y escala la violencia contra ellos: “No es sólo contra Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y organizaciones que promueven la paz, la implementación del Acuerdo Final y comunidades que están en procesos de resistencia. No son nuevos muertos ni nuevas luchas después del proceso de paz, son las mismas contra la megaminería, por restitución de tierras, por derechos de comunidades étnicas. Esos liderazgos son señalados porque tienen discursos sociales y los tildan de guerrilleros”. (Leer más en: “Violencia contra defensores de derechos territoriales es sistemática y generalizada”: Procuraduría)
Por otro lado, el informe llama la atención sobre los asesinatos de combatientes de las Farc que dejaron las armas para reincorporarse a la sociedad civil. Según sus cálculos, entre el 24 de noviembre de 2016, fecha en la que fue firmado el Acuerdo Final, y el 8 de mayo de este año, 63 exguerrilleros fueron asesinados, seis están desaparecidos y 17 de sus familiares también fueron asesinados.
“Ese es uno de los puntos más graves por el incumplimiento de la seguridad de los excombatientes, aunque se sabe que la transición de cualquier conflicto genera algunos problemas, especialmente de seguridad, no se esperaba que fueran tantos en tan poco tiempo. Hace dos días capturaron a dos miembros de ‘Los Urabeños’ (autodenominados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) por haber asesinado a dos exmiembros de las Farc”, precisó González.
Asimismo, la investigación también analiza los impactos del “fenómeno paramilitar”, de la guerrilla del Eln, del Epl, de las disidencias de las Farc y de la doctrina militar sobre el devenir de las comunidades y las agresiones de sus líderes; y al mismo tiempo califica la actuación de que han tenido la Fiscalía, la Procuraduría y la UNP en medio del desangre de líderes por el que atraviesa el país.
Por último, el documento plantea 30 recomendaciones, las principales destinadas a las entidades estatales para que pongan en marcha mecanismos efectivos de protección de líderes y comunidades, teniendo en cuenta las medidas colectivas, y dejar de lado la estigmatización de quienes promueven la defensa de derechos humanos; así como la implementación oportuna de la agenda acordada entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
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