Se estima que el equipo forense de la Fiscalía debe remover 23 mil metros cúbicos de tierra compactada en el primer polígono en el sector de La Escombrera, en la capital antioqueña.

La Escombrera en Medellín es un lugar cargado de significados para muchos familiares de desaparecidos. Según organizaciones de víctimas y las confesiones de algunos paramilitares desmovilizados, las Autodefensas Unidas de Colombia arrojaban allí los cuerpos de las personas que asesinaban en la Comuna 13.

Luz Helena Galeano no sabe nada de su esposo desde el 9 de diciembre de 2008 cuando unos paramilitares lo bajaron de un colectivo de servicio público. Galeano cree que el cuerpo de su esposo puede estar en este vertedero de basura ubicado en el extremo occidental de Medellín.

Cada año los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 se reúnen en inmediaciones a La Escombrera para conmemorar los sucesos. Los 21 de mayo rememoran el inicio de la Operación Mariscal y los 16 de octubre, el de la Operación Orión, dos operativos de la Fuerza Pública realizados en 2002 en contra de supuestos colaboradores de la guerrilla, en los que murieron decenas de personas de quienes no se volvió a saber nada.

La reunión en la Escombrera para recordar en esas fechas “es sagrada”, enfatiza Galeano. Ella es representante de Mujeres Caminando por la Verdad, una organización de familiares de desaparecidos de la Comuna 13. “Lo que hemos pensado es que debe ser un lugar de memoria, mas no un camposanto como lo han propuesto algunas personas”, dice la líder, pero advierte que antes de que esto ocurra se tiene que adelantar una búsqueda integral de sus familiares en ese lugar.

“A esos sitios, tanto fosas comunes como posibles sitios de inhumación, por ejemplo La Escombrera, es donde los familiares pueden acudir para recordar, para denunciar y para conmemorar a sus desaparecidos”, expresa Pedro David Torres, antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia que ha escrito varios artículos sobre los lugares de la memoria en Colombia.

Gisela Ortiz, directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf), habla de la importancia de “tener un lugar físico que haga más fácil contextualizar, explicar y recrear ayuda a la validez de esos testimonios”.

Otro de estos espacios que se convirtió en un lugar de memoria es la iglesia de Bojayá, en Chocó, donde murieron al menos 80 personas. El 2 de mayo de 2002, integrantes de las Farc, que libraban un combate contra los paramilitares, lanzaron una pipeta de gas que cayó en medio del templo en el que la comunidad se resguardaba del fuego.

Para conmemorar los aniversarios de la masacre, los familiares de las víctimas se reúnen en la iglesia. Los habitantes hacen una serie de actividades para recordar a sus seres queridos. Hay llanto, rezos, cantos y entre todos comparten las vivencias y las secuelas que en sus vidas dejó la pérdida de sus seres queridos. “Es un sitio de encuentro y de reconciliación con nosotros mismos. Hemos realizado ese acto de memoriay esos ejercicios todos los años”, cuenta Leiner Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

El líder de la organización explica que es tal la importancia que tiene este lugar para los familiares de las víctimas que el año pasado decidieron restaurarla con dinero que consiguieron de ayuda pública y de varias ONG. La pintaron, le pusieron puertas y ventanas, restauraron el techo e instalaron 200 sillas blancas.

Un lugar de memoria inaccesible y en peligro

Según el periodista Javier Osuna, que ha documentado el caso de los hornos crematorios, éstos están siendo demolidos a mazazos por gente que quiere borrar toda evidencia de lo que allí ocurrió. Foto: Javier Osuna.

Pero no todas los familiares de las víctimas del conflicto armado en el país pueden acceder a estos espacios para recordar a sus seres queridos. Inclusive varios de ellos están en peligro de desaparecer.

En 2016, los hornos crematorios que construyeron los paramilitares del Frente Fronteras, a escasos 10 minutos de Cúcuta, muestran señales de estar siendo derrumbados intencionalmente. El Frente Fronteras desapareció a más de 500 personas en los hornos crematorios.

Su construcción la ordenó el excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’. “Los interesados en que esta historia no se cuente se están encargando de desaparecer físicamente este espacio”, asegura Javier Osuna, periodista que recientemente publicó ‘Me hablarás del fuego’, un libro sobre dichos hornos.

“La mayoría de la gente en Cúcuta ha escuchado de los hornos crematorios de Juan Frío, pero creen que es un mito urbano”, afirma Gerly Corzo, integrante del Comité permanente por la defensa de los derechos humanos en Norte de Santander.

Los familiares de los desaparecidos tienen vetado el acceso a la zona porque sigue habiendo presencia de grupos ilegales que impiden el paso a cualquiera que quiera acercarse. “Quienes viven allí, tantos años después de lo que pasó, no pueden ni siquiera cerrar el duelo con un espacio físico que tienen a 10 minutos. Eso me parece un acto de crueldad infame que se da cerca de una las ciudades más importantes del país”, dice Osuna.

Al igual que en el caso de los hornos de Norte de Santander, recuerda otros escenarios de guerra en el continente, en los que lugares que fueron testigos de la violencia terminaron destruidos.

En 1978 integrantes de las Fuerzas Militares argentinas incendiaron la Mansión Seré, ubicada en el municipio de Morón. La Mansión Seré funcionaba como un centro clandestino de detención y tortura. La decisión de prenderle fuego se dio luego de que 4 jóvenes que estaban desaparecidos lograron escapar por una de las ventanas de la edificación. La Fuerza Aérea argentina decidió enviar a otros sitios de detención a las personas que estaban allí. “De manera deliberada y metódica intentaron borrar las huellas de ese pasaje”, afirma Silvina Fabri, investigadora que ha escrito varios artículos sobre los espacios de la memoria en Argentina.

Sin embargo, una vez terminó la dictadura, los gobiernos democráticos argentinos han hecho un esfuerzo por preservar estos lugares como símbolos para evitar repetir las equivocaciones del pasado y como espacios para recordad las víctimas.

Varios expertos en el tema señalan alcaso argentino como ejemplar debido a la clara apuesta estatal por hacer memoria. A pesar de ello, Fabri advierte que no se deben calcar los modelos sin antes dar un debate sobre las necesidades de cada caso específico. “La contextualidad de estos procesos debe tener un peso importante”, insiste la investigadora.

En cuanto al caso colombiano, el antropólogo Torres asegura que el llamado es a que el establecimiento de espacios de la memoria “se haga de la mano con las comunidades afectadas y que sea una decisión conjunta y consensuada”.

En el acuerdo de víctimas al que llegaron el gobierno y las Farc en La Habana se incluyó el término “arquitectura conmemorativa”, lo que da cuenta que la discusión sobre el futuro de estos espacios empieza a ganar terreno.

En todo el país existen lugares que quedaron marcados como sitios del horror por los hechos violentos que allí se perpetraron, su futuro dependerá de las reflexiones que el país haga sobre la memoria, según los expertos. “Muchas personas pueden pensar que es brutal hablar de esas violaciones de derechos humanos; sin embargo, es lo que hemos hecho y lo que hemos permitido que se haga”, concluye la investigadora peruana Gisela Ortiz.

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María Hurtado de Mendoza es una de las representantes de la firma española Estudio Entresitios. No es la primera vez que se une con la firma colombiana. En el pasado ocuparon el tercer lugar en el concurso para remodelar la Cinemateca Distrital. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

María Hurtado, de España y Felipe González, de Colombia representan las firmas (Estudio Entresitio y MGP Arquitectura y Urbanismo) que en los próximos meses tendrán como tarea construir el Museo Nacional de la Memoria. El jueves pasado fueron revelados sus nombres y hoy son el centro de atención no solo del mundo arquitectónico sino de las víctimas y la sociedad en general que se pregunta, ¿cómo hacer un museo de la memoria de un conflicto aún vigente?

Las imágenes que se conocieron del diseño del edificio no se llevaron los mejores elogios en las redes sociales o en los foros de debate: “otra mole de cemento para Bogotá”, “adefecio horrible”, “¿Por qué tan lúgubre?”, “de penúltima moda”, “qué falta de respeto con las víctimas”, y así hasta la saciedad. (Ver: Así será el Museo Nacional de la Memoria)

Sin embargo, los cinco jurados encargados de elegir al ganador no ahorraron en buenos comentarios: “el diseño ganador propone un viaje interior, atractivo, donde los visitantes encontrarán una gran variedad de caminos, entre las amplias salas de exposición hacia las terrazas: un microcosmos montañoso donde los visitantes podrán sentir la energía de la ciudad y disfrutar del paisaje andino de Bogotá”.

Pero más allá de las opiniones estéticas, el verdadero reto de estos dos arquitectos es construir un edificio que logre reunir los relatos de guerra y resistencia de un país que desea pasar la página de casi sesenta años de conflicto armado.

VerdadAbierta.com habló con María y Felipe momentos después de haber recibido la noticia del premio.

VerdadAbierta.com: ¿Qué significa para ustedes haber sido seleccionados para construir el Museo Nacional de la Memoria de Colombia?

María: Nos interesa construir la arquitectura, nos gusta la acción y este reto -con todas sus exigencias-, nos interesa más que cualquier otra cosa en estos momentos.

Felipe Gonzáles es uno de los representantes de MGP Arquitectura y Urbanismo y también es docente en la Universidad de los Andes en Bogotá. Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

VA: Pero, en parte, es un reto que va más allá de construir un edificio. Es el momento en el que se va a hacer y lo que entraría a significar en un país que está tratando de buscar el fin del conflicto.

Felipe: Por supuesto. Mire, yo tengo la misma edad de las Farc. Mi vida entera ha sido esta guerra. Estoy metido en el vaso de agua y si le digo la verdad, no sé cómo es Colombia en posconclicto. Creo que el edificio que diseñamos es el correcto para lo que vivimos hoy. Este edificio marca un momento histórico en Colombia.

VA: ¿Cómo hacer un museo de la memoria en un país con tantas memorias?

M: La arquitectura es el recipiente de las historias y ese punto que tocas lo resolvió muy bien el Centro Nacional de Memoria Histórica desde el plateamiento del concurso. Hay que entender que el edificio no será solo un museo de la memoria: habrá un centro de documentación, un archivo de las memorias, será un foro social, etcétera.

VA: La memoria del indígena del Putumayo tiene que verse reflejada al igual que la del campesino de Antioquia y el habitante del norte de Bogotá, ¿cómo hacerlo?

F: Lo discutimos internamente entre las dos empresas. La arquitectura tiene límites, tiene un punto hasta dónde puede llegar y debemos ser concientes de ello. Este edificio debe tener la suficiente integridad para satisfacer a todas esas memorias. Serán seis salas y cada una tiene una relación muy acertada con la persona y eso lo hará emocionante tanto para el indígena como para el yupi de Bogotá.

M: Es importante que quede claro lo de la neutralidad del espacio porque es ahí donde deben encontrarse todas las diferencias.

Render del diseño ganador incluido en el informe inicial del jurado.

VA: ¿Podrían explicar mejor un poco más el concepto de neutralidad porque lo que está esperando el huitoto del amazonas es ver en el museo reflejada su resistencia a las caucherías. Lo mismo que las mujeres tejedoras de Montes de María…?

F: No podemos caer en la trampa de satisfacer todos los intereses. El edificio no puede ser algo con lo que se identifique cada persona pero sí le aseguro que todos los colombianos tendrán una experiencia emocionante cuando entren al edificio.

M: Además, el museo se va ir comprendiendo con el tiempo. Hay que esperar a que se termine y emocionarse con el recorrido. Es imposible entender todo solo con una imagen.

VA: A propósito, la imagen que se conoce hasta ahora ha tenido bastante crítica en las redes sociales y en los foros de discución, ¿algo para decir al respecto?

M: La arquitectura no es fácil de comprender pero a nosotros nos emocionó el informe del jurado. La respuesta a esas críticas la puede dar el jurado, no nosotros.

F: La crítica es un insumo importante pero la recibimos con mucho cuidado. Lo que sí podemos asegurarle al país es que el diseño está intesamente procesado. Haremos el mejor edifico posible para esta sociedad. No se trata de un capricho o del ego de unos arquitectos. Vamos a responder al encargo que se nos hace. Yo no le paro bolas a eso de “otra mole de concreto para Bogotá”. El edificio será mucho más que eso. Será la memoria histórica de este país.

VA: ¿Por qué hacerlo en Bogotá?

F: Esa decisión no es nuestra. La Ley obliga al Centro de Memoria a hacerlo en la capital del país.

VA: ¿En qué se inspiraron para hacerlo?

M: La luz es la línea argumental del edificio. Pensamos en la luz que se filtra por las hojas de la selva amazónica, en los amanceres, la oscuridad, las sombras.

F: Pensamos también en la ciudad. Bogotá es una ciudad capaz de albergar a todo el mundo y por eso el museo debe ser lo más público posible. ¿Cómo hacer un edificio que se sienta para todos? Pues posándose poco. Es decir, tocando poco el suelo. Pensamos en hacer un edificio público con actitud democrática, tal cual sucede desde hace algunos años en Medellín.

VA: ¿Cuándo estará terminado?

F: Hacer un edifico toma mucho tiempo. Desde el momento que se tiene la idea hasta el momento en que la construcción está funcionando. Sin embargo, en este caso notamos que el CNMH tiene la disposición y el interés de hacerlo; y esperamos que esté listo en 2018. Hay lote y eso ya es un logro. Usted no se imagina la cantidad de proyectos que están solo en los planos pero eso no va a pasar con el Museo de la Memoria.

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Render del diseño ganador incluido en el informe inicial del jurado.

A simple vista parece un castillo con tres torres grises y un techo colorido. Por dentro, amplios corredores, espacios al aire libre y salas llenas de transparencias. Los cinco jurados del concurso arquitectónico, sin embargo, tienen una opinión más especializada y que ellos llaman, consideraciones destacadas: es un edificio compuesto de “una sencillísima combinación de cuadrados alternados que crea una riquísima y compleja relación de espacios de variadas escalas y condiciones lumínicas”.

En últimas, se trata del diseño final –elegido entre 72 propuestas nacionales e internacionales- de una tarea encomendada al Estado por la Ley de Víctimas: el Museo Nacional de la Memoria. Al igual que ocurre en Alemania, Ruanda, Chile o Argentina, Colombia tendrá un espacio que hable de lo que ha pasado en términos de conflicto armado. Y la tarea está en manos del Centro Nacional de Memoria Histórica que este jueves, 13 de agosto, dará a conocer el nombre de la firma de arquitectos ganadora del concurso.

Aunque el diseño trata de una construcción física, las víctimas, los académicos y los museólogos coinciden en que la parte más difícil es el guión museográfico: ¿cómo hacer un museo de la memoria en un país tan dividido y que aún vive en conflicto? Por eso, el informe presentado por el jurado habla de un propósito claro con este nuevo edificio: “El rescate de la memoria como antídoto efectivo frente a la negación, la deformación o la indolencia frente a la violencia”.

Calle 26 con Avenida Las Américas. Vista actual del lote donde se construirá el Museo.

Dentro del informe presentado (por los jurados Juan Pablo Ortiz, Clemencia Escallón, Mauricio Pinilla, Arturo Figueroa y Efraín Riaño) se destaca, además, el “diálogo” del edificio con el entorno pues el Museo quedará sobre la Calle 26 (Avenida El Dorado), muy cerca de la zona administrativa distrital, el Concejo de Bogotá y en plena Plaza de la Democracia.

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Las comunidades del norte de Cauca se han sentando en sus mesas interétnicas para solucionar sus problemas y defender sus territorios. La imagen corresponde a una audiencia pública que realizaron en mayo del año pasado sobre la minería ilegal en la región. Foto: VerdadAbierta.com.

El departamento de Cauca es históricamente una de las regiones del país más golpeadas por el conflicto armado y por sus senderos han marchado todos los grupos armados. La prolongación de esa violencia ha mantenido a la sombra numerosos problemas, tensiones y conflictos con los que a diario tienen que lidiar sus comunidades, tanto por actores externos, como por fricciones entre ellas mismas.

Hasta hace poco eranfrecuentes fuertes enfrentamientos entre las comunidades afro, campesinas e indígenas por tierras, minería, proyectos productivos o preservación de recursos naturales, los cuales han pasado de agache ante la opinión pública y los medios de comunicación, que suelen pensar que todos los problemas del departamento están relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, de un tiempo para atrás, las mismas comunidades llegaron a la conclusión de que debían dialogar para encontrar soluciones y puntos en común.

VerdadAbierta.com consultó a líderes de las tres comunidades del norte de Cauca, zona del departamento en donde más comparten territorio, y coinciden en que a pesar de las necesidades y de las diferentes maneras que tienen de ver el mundo, por medio de la palabra deben “construir confianza” para lograr una convivencia pacífica. Bajo esa premisa, representantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc, de las comunidades afro), de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro, de las comunidades campesinas), de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin, de la comunidad Nasa) y de otras organizaciones comunitarias de todo el departamento, desde mediados de 2002 se han sentado a dialogar en pro de una sana convivencia.

“Los tres sectores que cohabitamos aquí tenemos que ponernos de acuerdo para ser capaces, desde los consensos y del respeto a los pensamientos y formas culturales de cada uno, de establecer una especie de instrumento jurídico de carácter étnico e intercultural que nos permita convivir tal y como lo estamos haciendo. Una cosa son las apuestas y los intereses de carácter político en asuntos territoriales, y otra es la realidad que vivimos en la cotidianidad”, explica Feliciano Venecia, líder indígena y vocero de la Acin.

En el norte de Cauca cohabitan 18 resguardos indígenas, 42 consejos comunitarios y más de mil familias campesinas que buscan la creación de Zonas de Reserva Campesina. Las necesidades de tierra de cada una son particulares: los indígenas dicen que tienen un déficit de 142 mil hectáreas y le están pidiendo al gobierno que les entregué 20 mil para aliviar su situación; los afro buscan que les titulen colectivamente sus territorios, porque a pesar de sus pares en la Costa Pacífica, aún no gozan de ese derecho para blindar sus tierras jurídicamente; y los campesinos piden que se cumpla con la Ley 160 de 1994, la cual les concedería una organización territorial acorde a su estilo vida.  

Las comunidades diagnostican que los sitios con mayores tensiones y donde se podrían desencadenar conflictos son Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda -en estos tres últimos municipios los campesinos se están organizando para crear su zona de reserva-. El acceso a la tierra ha sido la principal fuente de enfrentamientos entre las tres comunidades, sumado a la falta de información y de organización sobre el estado de los predios. En la región se han dado fuertes enfrentamientos entre las comunidades porque alguna accedió a una porción de tierra que la otra pretendía o que considera herencia ancestral.

El caso más conocido es el de la finca San Rafael, en la zona rural de Santander de Quilichao, la cual fue entregada por el Ministerio de Agricultura a los indígenas Nasa como parte de la reparación por la masacre de El Nilo. Sin saberlo y sin consultar a las comunidades, el ministerio les dio la finca a los indígenas, pese a que hace parte del territorio de un consejo comunitario. Este incidente llevó a que afros e indígenas se enfrentaran violentamente en varias ocasiones, dejando cientos de heridos y dos indígenas muertos.

Roller Escobar, coordinador de Derechos Humanos de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uaofroc), considera que sin la interlocución que se dio en las mesas interculturales, no habría sido posible que las dos comunidades cesaran las agresiones y llegaran a unasolución dialogada. “Las relaciones que los líderes construyeron en los seis grandes encuentros que se realizaron antes de este conflicto sirvieron para para bajar la tensión y llegar al acuerdo de que los indígenas le cedían la finca al consejo comunitario a cambio de que el Estado los compensara con otra”. (Ver: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron)

Cristóbal Guamanga, representante de Fensuagro en Cauca, explica que los campesinos han tenido constantes problemas con las comunidades indígenas porque adquieren predios para sus resguardos que son de su interés. “Nosotros hemos empezado el proceso de organización y a entender que también tenemos un territorio que defender; cuando se viene la compra de tierras para la creación de resguardos, les decimos que así no es, que debemos hablar”, indica Guamanga.

Y ante ese gran problema, surgió el primer acuerdo entre las comunidades: el de consultar previamente cuando van adquirir nuevas tierras. “Hemos acordado que los campesinos, los negros y los indígenas debemos tener unos espacios de coordinación de información y de datos, que eviten los problemas, porque aquí ya ha habido peleas a machete, garrote, piedra y hasta con gasolina. Que hagamos algo en las mesas que baje la intensidad de los problemas entre los tres”, explica el líder campesino, quien aclara que su comunidad no habla de mesas interétnicas, sino de procesos interculturales, “porque venimos del movimiento campesino, que no es una etnia sino una cultura”.

Para Armando Caracas Carabalí, miembro de Aconc y del PCN (Proceso de Comunidades Negras), la importancia de estas mesas interétnicas e interculturales radica en que les ha permitido conocer las dinámicas organizativas de cada grupo étnico y las perspectivas de desarrollo que cada uno tiene. Este punto del entendimiento es clave para él, puesto que afros e indígenas tienen posiciones opuestas frente a la minería: su comunidad está a favor de la minería, pero de manera artesanal, en cambio los indígenas no.

“La Acin dice que ellos tienen población que hace minería, pero que la decisión rotunda de la comunidad es no a la minería. Nosotros no podemos decir lo mismo porque históricamente nuestros pueblos han vivido de la minería ancestral y artesanal, entonces decimos sí a la minería, pero desde nuestras prácticas ancestrales, no a la gran minería. En ese sentido hemos llegado a ese acuerdo: que las comunidades podrán continuar con nuestra minería artesanal y que eso no hará ningún daño, pero que donde haya minería en conjunto o donde hayan pueblos indígenas, eso tendrá que negociarse”, explica Caracas.

Al respecto, Valencia afirma que: “Nosotros hemos dicho que aunque tradicionalmente los indios no somos mineros, respaldamos a los hermanos afrocolombianos que sí han tenido esa vocación. Pero va a ser una minería de carácter ancestral y milenario, y no una minería como la que pretende hacer el gobierno nacional con un ejercicio de explotación y acumulación. La minería para nosotros es un asunto de sobrevivencia”.

La minería también ha tenido otro punto de encuentro entre las comunidades. El año pasado, cuando las comunidades negras de Caloto decidieron expulsar a los mineros ilegales, le pidieron ayuda a la Guardia Indígena. “Eso ocurrió entre febrero y junio, se sacaron a los foráneos y se quemaron unas retroexcavadoras; fueron acciones en conjunto para defender el territorio”, aclara Escobar.

La defensa del territorio es otro punto respaldado por los campesinos. “¿Nosotros en qué estamos de acuerdo? En que las riquezas naturales del país deben ser defendidas porque las generaciones que vienen necesitan un territorio donde vivir dignamente y no un desierto. Las riquezas no las podemos explotar los de hoy o darle paso a gente que no es de este país, para poner en peligro la vida, la libertad, la integridad y las riquezas naturales que tiene nuestro país. En eso van los acuerdos entre negros, indígenas y campesinos, y haciendo que el Estado cumpla con su papel constitucional”, concluye Guamanga.

Además de estos puntos, las comunidades también han concertado que si surgen “tensiones”, antes de hacer cualquier pronunciamiento público, deben sentarse a dialogar y tratar de solucionarlos entre ellas, porque antes había una guerra mediática y de comunicados. También han hecho acuerdos para la producción y cuidado de fuentes de agua; para la generación de confianza por medio del intercambio de semillas, de productos y de experiencias; y por último, que a la hora de negociar con el gobierno temas afines, deben actuar de manera conjunta, y para ello han definido que la máxima instancia en la que se encontrarán para discutir los temas con la Rama del Ejecutivo es la Cumbre Agraria y Popular. Con esto buscan evitar que ocurran nuevos casos como el de San Rafael.

En las memorias de estos encuentros, tituladas como Voces, caminos y pasos para tejer juntos y juntas, los tres grupos definen que estos encuentros les han dado las herramientas necesarias para trabajar juntas y  “transformar la desconfianza que ha existido entre comunidades en un proyecto de vida multiétnico, fortaleciendo estrategias de resistencia pacífica frente a la política neoliberal y de esta manera construir las bases para una paz duradera”. (Consulte las memorias en PDF)

El proceso de Cuba en el horizonte
El hermetismo de las negociaciones de paz y sus posibles efectos en los territorios, generan grandes inquietudes en las comunidades caucanas. Foto: archivo Semana.

Las comunidades del norte del Cauca están expectantes por las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de lasFarc. Coinciden en respaldar una salida negociada al conflicto armado porque en sus territorios es en donde se vive la guerra y son ellas quienes sufren las consecuencias, pero tienen varias incertidumbres ante lo que pueda desencadenar la eventual implementación del acuerdo de paz.

Es más, antes de que iniciaran los contactos de paz con las Farc, desde las mesas se abogaba para se buscara un posible diálogo. En su tercer encuentro, realizado el 10 de octubre de 2005 en Santander de Quilichao, reiteraron su “apoyo a la salida negociada como única alternativa de solución al Conflicto Armado Interno, por el intercambio humanitario y el establecimiento de acuerdos humanitarios para preservar la vida y derechos de las comunidades en medio del Conflicto Armado Interno y a favor del pleno derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Ahora, mientras los delegados del gobierno y las Farc negocian en Cuba, las comunidades del norte de Cauca han decidido asumir la construcción de paz desde sus espacios de diálogo y desde la región. “Como la paz no viene de allá (Cuba) para acá (Cauca), sino que sale de aquí para allá, las Farc y el gobierno se tienen que adaptar. Eso lo venimos empujando fuertemente y se han creado espacios para conversar en nuestros espacios naturales, pero no sabemos qué está pasando en La Habana”, acota el líder indígena Feliciano Valencia.

Armando Caracas Carabalí, uno de los líderes afro de la región, considera que su pueblo no está representado en las negociaciones de paz y que debería “darse la participación real y efectiva de nuestros pueblos en esos escenarios: participar no es mandar a una víctima o a un delegado, sino que se recojan las propuestas hechas directamente desde acá por nuestro pueblo negro”. 

Valencia coincide en que deben ser tenidas en cuenta todas las propuestas que la sociedad civil ha realizado por medio de diferentes mecanismos. “Nosotros les hemos hecho llegar nuestros puntos de vista a través de los foros realizados por la Universidad Nacional, pero independientemente de los acuerdos que firmen, somos gobierno propio, tenemos territorios propios, tenemos sistemas de convivencia propia y tenemos una noción de desarrollo que venimos construyendo. Luego todo lo que firmen allá, no puede venir a violentar, bajo ningún pretexto, lo que hemos construido”, agrega.

En las comunidades hay dos grandes interrogantes sobre un posible escenario de posconflicto: qué pasará con los desmovilizados que pertenecen a las comunidades y qué pasará el territorio si se implementan las Zonas de Reserva Campesina. Afros e indígenas aseguran que están dispuestos a recibir en sus territorios a sus hermanos que se fueron a la guerra, pero que estos deben seguir procesos de reinserción acordes a sus cosmovisiones y que deben respetar a sus autoridades y estilo vida.

Sobre las Zonas de Reserva Campesina estas comunidades étnicas tienen el temor de que se traslapen con sus territorios o que se hagan con tierras que necesitan. Dentro de un sector de los campesinos también hay preocupación de que el acuerdo de paz eche para atrás el proceso que las comunidades han realizado desde hace más de 15 años para la construcción de sus propias zonas de reserva y que les impongan un modelo con el que no están de acuerdo; en cambio, otro considera que los acuerdos deben estar ligados a los mandatos de la Ley 160 de 1994, por lo cual no deben sentir temor de ser excluidos. “El Estado tiene una deuda histórica con los campesinos; y así como yo cumplo la ley, le pido al Estado que cumpla con la Ley 160”, señala Nicolás Guamanga de Fensuagro.

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Fotos: archivo Semana.

Desde las regiones inicia con una red de colaboradores en los departamentos de Arauca, Putumayo, Meta y Norte de Santander. Su primera historia es sobre los cultivos de hoja de coca en el fronterizo departamento de Norte Santander, donde hay diferentes visiones sobre este problema por parte de las comunidades y el gobierno nacional. (Ver: La realidad de los cultivos de hoja de coca en Norte de Santander)

Esta sección no se limita a esos cuatro departamentos. También es una ventana que le ofrecemos a los medios comunitarios y locales del resto del país para que compartan, a través de nuestra iniciativa, sus historias sobre la guerra, la resistencia de las comunidades y los esfuerzos de construcción de paz.

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El municipio de Tarso está enclavado en las montañas del Suroeste antioqueño, región productora de café.

Desde la finca de Gabriel Jaime Gómez se puede apreciar toda la majestuosidad del llamado Suroeste antioqueño: una región dominada por imponentes montañas de las cordillera occidental que, al ingresar al departamento, son atravesadas por las caudalosas aguas del río Cauca formando así fértiles valles de climas templados.

150 años atrás, estas agrestes montañas fueron domadas a punta de hacha y machete por cientos de campesinos que se asentaron en ellas con la ilusión de tener tierras propias. Así fue como nacieron pueblos como Tarso, una pequeña localidad de poco más de siete mil habitantes que aún conserva ese aire típico de la colonización antioqueña.

Fue precisamente en Tarso donde se asentó la familia de Gabriel Jaime, hace tantos años que ya él ni recuerda. Aunque él nació en Medellín en medio de todas las comodidades citadinas, pudo más su amor por la tierra y hace 30 años decidió radicarse en este pueblo para dedicarse a la actividad económica de la región: el café. No tardó mucho tiempo para que su nombre fuera uno de los más respetados del municipio y su finca, bautizada como La Linda, una de las más admiradas.

Su prestigio como próspero empresario cafetero también lo convirtió en blanco de los grupos armados. “Estuve secuestrado como cuatro meses. Eso fue en el año 1991”, recuerda. La responsabilidad del plagio se la atribuyó una columna del Eln que para esa época se movía entre el Suroeste y el departamento del Chocó. Tras pagarles una gruesa suma de dinero a los subversivos, recuperó su libertad.

Pese a su traumática experiencia, nunca pensó abandonar la región. Quizás fue ese apego al pueblo el que lo llevó, varios años después, a trabajar “hombro por hombro” con un numeroso grupo de habitantes de Tarso empeñados en salvar al municipio de la quiebra financiera y la crisis social en que se encontraba sumido por cuenta de las malas prácticas políticas. Quién lo convenció de participar en este proceso, que terminó dándole la vuelta al mundo, fue el mismo que años atrás se lo llevó secuestrado al monte.

De la lucha armada a la movilización social
¿Qué cómo fue mi secuestro? Pregúntele a Alirio que fue él quien me llevó”, responde Gabriel Jaime en el tono jocoso propio de las anécdotas. Y es así como quiere recordar ese episodio de su vida. Y prefiere referirse a su carcelero, Alirio Arroyave, como el hombre que le dio vida a un movimiento de participación ciudadana sin precedentes en Antioquia que se conoció como Asamblea Municipal Constituyente de Tarso y que logró sacar al municipio del atolladero en que se encontraba.

Este tipo de asambleas centraban sus acciones en la deliberación pública de aquellos temas de interés púbico en el que todos los ciudadanos ofrecían soluciones a los problemas del municipio, en este escenario se hacían aportes a los destinos del presupuesto local de manera democrática y participativa.

William Zapata, sobrino y fiel escudero de Alirio, lo define como un hombre que desde muy joven soñó con una sociedad más equitativa, más justa, más democrática, aspiraciones que también él comparte. Claro que en su caso particular, podría decirse que es algo que lleva en la venas. Su abuelo y su padre participaron activamente, cada uno en su momento, en las movilizaciones que dieron origen a las organizaciones campesinas regionales que luego se aglutinaron en la conocida Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc).

“Yo soy hijo de todos esos procesos de movilización que viví en el Suroeste, que fueron muy fuertes además”, relata William. Al igual que sus predecesores, padeció la represión militar y la estigmatización social con la que el Estado combatió las luchas campesinas de finales de los años 70. Llegó un momento en que él y Alirio creyeron que la única forma de cambiar el orden de cosas en Colombia era por la vía de las armas. “Terminamos haciendo parte del Movimiento de Integración Revolucionario –MIR- y después terminamos como una unidad del Eln. Eso fue por allá en la década de los ochenta y parte de los años 90”, agrega.

Su experiencia en la guerrilla no fue la mejor. Para lograr “que las clases populares se tomaran el poder y así, iniciar una revolución agraria y social en el país”, los “elenos” iniciaron una serie de atentados contra la infraestructura minero-energética del país. La guerra se hace con plata y para obtenerla, este grupo recurrió a la extorsión y al secuestro de comerciantes y finqueros.

“Pero con estas acciones –añade- comenzamos a ver que el que ‘chupaba’ era el de ‘abajo’. Con la quema de un bus, con la tumbada de una torre, el pueblo es que el realmente se afecta. Empezamos a ver que por ahí no era el camino”. La caída del muro de Berlín, el fracaso del modelo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética y otros cambios geopolíticos precipitaron una división del Eln, dando origen a la denominada Corriente de Renovación Socialista (CRS). El 9 de abril de 1994, 650 guerrilleros de esa disidencia, entre ellos William y Alirio, se presentaron en la vereda Flor del Monte, municipio de Ovejas, Sucre, para hacer dejación de sus armas ante el Estado colombiano.

Muchos de los antiguos combatientes regresaron a sus lugares de origen a reanudar sus vidas. Para algunos, como William y Alirio, silenciar los fusiles no significó renunciar a sus sueños de justicia social. Fue así como en 1999, al ver cómo Tarso se hundía en una crisis fiscal que amenazaba con reducirlo a corregimiento del municipio vecino de Jericó y ante un fundado temor de la llegada de los paramilitares, Alirio decidió ejercer el principio consagrado en la recién aprobada Constitución del 91: la soberanía reside en el pueblo y de este emana su poder.

Su idea era que el pueblo se organizara, conociera sus derechos como comunidad, participara en la toma de las decisiones públicas y le reclamara a sus gobernantes, algo nunca antes visto en un pueblo donde “política” era sinónimo de prácticas clientelistas y corruptas. “Lo único que hicimos fue poner en práctica la Constitución. Nosotros no inventamos nada”, señala Alirio al recordar esas primeros momentos de convocatoria popular.

Para el campesino del común, todo parecería una estrategia más para conseguir votos. Los políticos tradicionales presentían el surgimiento de un extraño competidor. Para finqueros como Gabriel Jaime, que conocían su pasado guerrillero, no dejaba de despertar sospechas ese discurso. Pero Alirio, con su tono pausado, su claridad mental y su convicción inquebrantable terminó convenciéndolos a todos.

“La cosa era muy sencilla: aquí había mucho finquero que no venía a las fincas por miedo a que lo secuestraran, que le pasara algo. Pero terminamos convencidos de que si el pueblo está bien, si la gente está bien, si todos nos cuidamos, pues a nosotros también nos iría bien y decidimos apoyar la iniciativa de Alirio”, rememora Gabriel Jaime.

Quien también terminó convencida fue Oralia Botero, quien no duda en afirmar que luego de escucharlo, su vida no volvió a ser la misma: “yo pensaba en terminar de estudiar e irme del pueblo. Pero un día, cuando Alirio nos dijo que podíamos formar una Asamblea Constituyente, que podíamos salvar el municipio por la vía de la participación, entonces dije: ‘me tengo que quedar’”.

El proceso que salvó a Tarso

La Asamblea Municipal Constituyente de Tarzo dejó una herencia de participación ciudadana a las nuevas generaciones.

No son pocos los tarceños que aseguran que fue la Asamblea Constituyente la que sacó al municipio de una grave crisis fiscal y política. “Era una propuesta nueva: gobernar entre todos. Si nos equivocamos, nos equivocamos todos”, agrega William.

Gracias a la masiva participación de todos los sectores de la comunidad en la toma de decisiones públicas, se logró reducir el déficit fiscal y se impulsaron importantes obras de desarrollo comunitario. Los alcaldes electos para los periodos 2001-2003 y 2003-2007 planearon, ejecutaron y decidieron el futuro de Tarso junto a los ciudadanos. “El pueblo había tomado las riendas de su destino”, afirma Oralia al recordar esos años de auge de la Asamblea.

Así, las ideas que Alirio le transmitió a su pueblo en 1999, para el primer lustro de la década de 2000 ya se habían convertido en un movimiento sin precedentes en Antioquia gracias a su capacidad de convocatoria y el haber unido las mentes y los corazones de los tarceños en un torno a un objetivo común. Claro que ello tuvo su costo. Promediando el año 2000, hombres motorizados abordaron a William y Alirio en momentos en que caminaban por las calles de Tarso. Les dieron un plazo perentorio para abandonar el pueblo, de lo contrario, padecerían las consecuencias. La conmoción fue total.

“Lo que se dijo fue que los ‘paracos’ que se movían en el pueblo los amenazaron disque por ser guerrilleros. Hasta ese momento pocos sabíamos del pasado de ellos.Y no faltó quien dijera que no volvía a participar que porque eso era de ‘guerrilleros’”, recuerda Oralia, quien quedó con la responsabilidad de no dejar morir el naciente movimiento.

Para esos años, los paramilitares, bajo el mando de Aldides de Jesús Durango, alias ‘René’, tenían fuerte presencia en municipios del Suroeste como Venecia, Fredonia y Andes. Buscando extender sus dominios, los ‘paras’ instalaron un retén en la vía que comunica a las localidades de Pueblo Rico y Tarso, y mensualmente convocaban a reuniones de las veredas de estos dos pueblos pidiendo “aportes económicos” a la causa contrainsurgente.

“Pero los ‘paras’ nunca lograron meterse a Tarso. Por eso es las amenazas de Alirio siempre nos parecieron muy sospechosas”, añade la mujer. La explicación de ello es bastante singular. Tras las amenazas, Alirio y William se radicaron en Medellín y desde la capital antioqueña comenzaron a buscar el apoyo de la comunidad internacional, que vio con muy buenos ojos la iniciativa. Pronto el municipio se llenó de decenas de representantes de toda clase de organismos internacionales, que fungieron como garantes y protectores.

Con semejante respaldo, el pueblo tuvo la valentía de truncar los planes de alias ‘René’ de echar raíces en esta localidad. “Cuando empezaron a hacer reuniones en las veredas cada mes para cobrar una vacuna nos llenamos de valor y nos fuimos varios personas a hablar con ellos y les dijimos que no íbamos a pagar vacuna y que no queríamos tener grupos armados aquí en Tarso. Lo extraño es que ellos dijeron que no tenían nada que ver con lo de Alirio”.

Fueron varios años de efervescencia que motivaron otras iniciativas como la Asamblea Provincial del Oriente antioqueño, bajo la cual los alcaldes buscaban hacerle frente a la crisis humanitaria que generaba el conflicto armado, y a la Asamblea Constituyente de Antioquia, que pretendía crean un gran escenario de participación ciudadana.

No obstante, esas iniciativas fueron apagándose paulatinamente hasta llegar al punto muerto en que hoy está la Asamblea de Tarso. De acuerdo con Oralia, hace más de seis años que no se convoca a la Asamblea. Sus explicaciones apuntan a divisiones surgidas en la Asamblea cuando comenzaron a llegar recursos económicos provenientes de la cooperación internacional. Para William, la falta de apoyo de los dos últimos gobernadores regionales y de los últimos alcaldes, reacios a la participación ciudadana, podrían explicar la situación actual de esta iniciativa.

Para Alirio, su mentor, “el proceso avanzó mientras tuvo el apoyo de los gobiernos departamental de los Gaviria (Guillermo y Aníbal). Pero los dos últimos gobernadores no le han apostado al tema de la participación. Eso fue lo que pasó”.

Con todo y ello, personas como Oralia afirman, con total convicción, que la Asamblea transformó la mentalidad de los tarceños. Ella, por ejemplo, sueña con ver a su municipio mucho mejor y trabaja para ello. Gabriel Jaime Gómez, el cafetero, busca incursionar en el turismo de naturaleza, aprovechando la riqueza de los paisajes de la región y la paz que se respira desde hace tiempo.

William y Alirio siguen creyendo que para lograr un país mejor, es necesario practicar la inclusión y la participación de los ciudadanos. Y desde diferentes espacios, trabajan en ello. “Es la única forma de conseguir paz en este país. No veo otra forma”, dice Alirio, una persona con toda la autoridad moral en la materia.

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Este mural hace parte del East Side Gallery una porción de 1.316 metros del antiguo muro de Berlín que fue convertido en una galería de arte urbano en homenaje a la libertad. Foto: VerdadAbierta.com.

El posconflicto en Colombia no será tarea fácil. Son más de 50 años de conflicto armado que ha construido enormes muros que deberán ser derribados para lograr un país mejor. Y qué mejor ejemplo para aprender de ello que Alemania, un país que padeció un régimen nacionalsocialista que la llevó a dos guerras mundiales y luego tuvo que afrontar una fractura como nación al dividirse en dos, como resultado de los acuerdos tras las acciones bélicas.

Millones de víctimas, destrucción de ciudades, afectaciones sicológicas profundas, ruina económica y desconfianza entre sus ciudadanos dejó tras de sí la irracionalidad de la guerra y la mano dura para defender un sistema que se impuso a sangre y fuego. Pero todo eso comenzó a confrontarse socialmente con la caída del muro de Berlín, una extensa barrera de 155 kilómetros de extensión que dividió a la nación en dos, y la sociedad comenzó a reconstruirse. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de recuperación social de Alemania después de una dictadura nazi que exterminó a judíos, homosexuales, gitanos y personas con discapacidad y de un régimen socialista que encarceló a 200 mil personas por considerar que amenazaban el sistema?

No ha sido tarea fácil. Luego de profundos debates sociales, en el que participaron diversos sectores y se discutieron diversas alternativas, se alcanzaron diversos consensos, los cuales establecieron que para lograr esa recuperación social se requería un proceso de educación permanente sobre lo ocurrido a través de la preservación y difusión de documentos históricos, una información de calidad y el rescate de la memoria a través de museos y la conservación de sitios donde ocurrieron varias de las tragedias. Aunque Colombia da los primeros pasos para reconstruirse socialmente después de cincuenta años de guerra, la experiencia alemana puede ayudar a definir qué caminos transitar para alcanzar ese propósito.

VerdadAbierta.com visitó Berlín, habló con historiadores, periodistas, defensores de derechos humanos y congresistas, con el fin de entender cómo han sido el proceso de rescate de la memoria y cuál ha sido su injerencia en la reconstrucción social de un país que se unificó y comenzó a caminar hacia el futuro, sin olvidar el pasado.

Leyes, recursos e información
Monumento en memoria de los judíos asesinados de Europa. Está en el corazón de Berlín, cerca de la Puerta de Brandeburgo y al edificio del Reichtag. Foto: VerdadAbierta.com.

Michael Parak, director de la organización Contra el olvido – Por la democracia, explica que tras la caída del muro los alemanes se declararon en “bancarrota moral” y promovieron una revolución pacífica que comenzó por reconocer su historia. “Llegamos a un consenso y es que nadie quiere volver a la época del nacionalsocialismo, incluso, si alguien de la extrema derecha lo quiere”, dice.

El gobierno entonces aprobó leyes que destinaron recursos para crear sitios de la memoria, para que el pasado fuera documentado y enseñado en escuelas y universidades; para que la sociedad realizara debates y desarrollara políticas sociales que atendieran a las víctimas. “Lo decisivo en Alemania no fueron los juicios, porque estos llegaron muchos años después. Además, se han emitido muy pocas sentencias que reconocen a las víctimas. Para las víctimas se requieren fórmulas políticas”, precisa Parak.

El directivo se refiere a que la sociedad fue más allá de la cifra de 6 millones de judíos asesinados, conmemorando no solo a las víctimas de la dictadura nazi sino a los presos políticos de la República Democrática (RDA), donde se impuso un férreo estado socialista después de terminada la segunda guerra mundial que para protegerlo construyó un muro e impuso estrictos controles a sus ciudadanos. En este país entendieron que la memoria no debía ser elaborada solamente por las víctimas sino por todos los ciudadanos, y que ese reconocimiento no debía ser impuesto como un deber.

“La memoria del horror es la fuerza para construir una mejor sociedad”: Michael Parak, director de la ong Contra el olvido – por la democracia. Foto: VerdadAbierta.com.

Al respecto, Tom Koenigs, miembro del Parlamento alemán en representación del Partido Verde y expresidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, explica que los alemanes pagan de su salario mensual el 45 por ciento en impuestos, un rubro del que salen los recursos para financiar la educación y la salud, pero también para apoyar los proyectos de memoria.

Koenigs considera que la memoria depende de los procesos de la sociedad civil y que por eso en las últimas dos décadas Alemania desarrolló una red de museos y creó “una memoria de vida en lugar de un pasado histórico”, conociendo y contando historias individuales, reconociendo los migrantes como parte de su riqueza cultural y cooperando con la promoción de la democracia y el respeto por los derechos humanos en otras naciones. En este proceso los medios de comunicación han sido fundamentales. “No hay memoria sin sociedad civil ni periodismo vivo. La sociedad se articula en la prensa”, asegura.

Michael Sontheimer, historiador y periodista del semanario político alemán Der Spiegel, coincide con la afirmación del Koenigs: “Como alemanes no podemos escaparnos de la historia de Hitler. No hay una sola familia que no haya tenido experiencia con el nacional-socialismo… Es un error decir que los nacionalsocialistas fueron unos pocos monstruos. ¡Los hubo en varias familias!”.

“Tragar esto no ha sido fácil. Se ha discutido si se debe no poner punto final. Hemos trabajado en dignificar a las víctimas y salvar la memoria histórica”: Tom Koenigs, parlamentario. Foto: VerdadAbierta.com.

Sontheimer cuenta que los medios de comunicación tampoco escaparon de ese pasado. En Der Spiegel, incluso, trabajaron miembros de la SS, la organización militar de la Alemania nazi. En la revista, que se ha concentrado en documentar temas históricos porque “la coyuntura está en la memoria”, los reporteros acuden a libros, documentos y testimonios para lograr narrar historias con suficiente contexto.

El periodista considera que la experiencia les hay enseñado que “con moral no se logra entender nada”. A su juicio, el periodismo no debe quedarse en contar los monstruos sino en cómo sucedieron las cosas y asegura que su preocupación es buscar los datos exactos y contar de dónde proviene la información. “Los hechos tienen que ser precisos; la interpretación es libre”, agrega.

Sin embargo, reconoce que es más fácil escribir la historia cuanto más se está lejos de los hechos. “Se requiere de un tiempo para hablar”, dice y cree que esto lo han logrado porque a los niños les enseñan la historia de su país. Preguntarle a alguien en la calle sobre las dictaduras sigue siendo complejo, “pero creo que ya todos estamos dispuestos a hablar del pasado”, afirma este reportero.

Preservar documentos
Una de las investigaciones del semanario político alemán Der Spiegel, que investiga y documenta sobre las dictaduras nacional-socialistas. Foto: VerdadAbierta.com.

Caído el muro, muchos ciudadanos evitaron que fueran borrados los lugares y pruebas de la barbarie socialista. A principios de 1990 corrió la voz que los agentes de la Stasi, la policía secreta del régimen de la RDA, querían desaparecer los archivos que evidenciaban el espionaje contra quienes supuestamente se oponían al régimen. Escuchar a la banda de rock estadounidense The Rolling Stones o expresar desacuerdos con el gobierno eran causales para que un ciudadano fuera investigado y encarcelado.

Así le ocurrió a Jorge Luis García Vásquez, un cubano que trabajaba para el gobierno de Fidel Castro y que fue enviado como traductor a la RDA. Un día, cuando tomaba cerveza con un amigo, unos agentes lo sacaron del bar, le vendaron los ojos y lo subieron en una furgoneta. La dictadura lo encarceló durante un mes en 1987 en la prisión de Gedenkstatte, el lugar que ahora recorre como guía a quienes visitan el lugar. De no ser por los documentos que reposan en lo que fue la Agencia de Expedientes de la Stasi, García no hubiera sabido que la policía secreta le seguía los pasos, registró sus movimientos en más de 400 páginas y que fue ese amigo con el que tomaba cerveza quien le suministró la información a la policía. Se le acusó de tener relaciones con diplomáticos estadounidenses.

“Antes de la caída del muro este lugar era tierra desconocida”, explica Margret Steffen, directora del Departamento de Comunicación del Comisionado Federal para la Documentación de la Stasi de la antigua RDA, refiriéndose a la Agencia de Expedientes de la Stasi.

“No se trata de escribir historias de héroes. Si no algo como esto pudo suceder”: Michael Sontheimer, periodista de Der Spiegel. Foto: VerdadAbierta.com.

La antigua Agencia dependía del Ministerio de Seguridad y se extendía a lo largo de un complejo de 15 mil metros cuadrados sobre la calle Ruschestr, cuyos edificios ahora son recuperados por el gobierno pues una parte de ellos terminaron comprados por particulares después de la reunificación. El 15 de enero de 1990 varios ciudadanos evitaron que los agentes desaparecieran en máquinas trituradoras las fichas de espionaje, fotos, negativos y grabaciones.

En la Agencia encontraron lo equivalente a 111 kilómetros de estantes de documentos, 47 kilómetros de estantes de material fílmico, 39 millones fichas, 1.8 millones de fotos, negativos y diapositivas, 30 mil 300 archivos de películas y grabaciones de audio y video, y 15 mil 500 bolsas con material fragmentado.

Este espionaje comenzó en la RDA en 1953 y fue realizado por 180 mil agentes voluntarios que a cambio de su ‘trabajo’ recibieron acceso a educación y otros 90 mil que fueron pagados por el gobierno. La República Democrática Alemana tenía 17 millones de habitantes, de los cuales por lo menos 1.7 millones colaboraron con la Stasi.

Memorial a los miles de libros incinerados por los nazis el 10 de mayo de 1933. Ocurrió en la Plaza Bebel, rodeada por el edificio de la Ópera de Berlín, la Universidad de Humboldt y la catedral de Santa Eduvigis. Foto: VerdadAbierta.com.

Steffen explica que Alemania aprobó una Ley que garantiza la financiación para conservar y administrar el archivo, informar al público y permitirle el acceso. Mil profesionales trabajan en la preservación de los documentos y un escáner junta las piezas para descifrar los trozos de papel que fueron encontrados en bolsas ya triturados.

“Este archivo permite a la gente saber y saber si puede perdonar”, afirma la comunicadora, explicando que la Ley permite acceder a la información a quienes vivieron durante la dictadura o a sus hijos, si estos tienen el permiso de los padres. Según Steffen, la verdad ha permitido a muchas familias entender quiénes y por qué los espiaban pero también causó fracturas, pues supieron que eran señalados por amigos o familiares.

Jörg Drieselmann, defensor de derechos humanos, preso por la RDA y actual director del Museo Stasi, explica que el espionaje fue un mecanismo de la dictadura para asegurar el poder, lo que explica por qué se mantuvo por 40 años. “El sistema de poder se basa en el control de los individuos. No se exigía en creer en los ideales socialistas sino en cumplirlos, y el sistema de control verificaba si se tenía o no éxito en eso. Hubo verificaciones hasta de dos millones de personas por año”, dice.

En la antigua Agencia de Expedientes de la Stasi la dictadura socialista llevaba registros de los ciudadanos que consideraban enemigos del régimen. Los archivos fueron preservados tras la caída del muro de Berlín. Foto: VerdadAbierta.com.

Desde 1991, y hasta mitad de 2012, el Museo recibió cerca de 6,7 millones de solicitudes y peticiones para ver los registros de la antigua agencia de espionaje. De estas, 2,9 millones fueron de ciudadanos para ver o lograr copia de los archivos, que han servido para entablar procesos judiciales.

Los lugares hablan
El cubano Jorge Luis García Vázquez fue preso en 1987 por la antigua República Democrática Alemana. Ahora es guía en la cárcel donde estuvo recluido por la dictadura. Foto: VerdadAbierta.com.

Así como los alemanes preservaron lugares y archivos del régimen socialista, impulsan museos vivos de la dictadura nazi. En la capital hay 15 lugares conmemorativos, centros de documentación y museos relacionados con la historia de la dictadura nacionalsocialista.

Estos son el Centro de Ana Frank, el Museo Germano-Ruso de Berlín Karlshorst, los Centros de Documentación de Brandenburgo y sobre el trabajo forzado nazi, Memoriales de la Resistencia Alemana y de Plötzensee; el Memorial de los Héroes Silenciosos, el Museo de la marcha de la muerte en el bosque Below, la Casa de la Conferencia de Wannsee, el lugar de recuerdo y conmemoración de Ravensbrück; el Museo Taller de Ciegos de Otto Weidt, la nueva sinagoga de Berlín, el Monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa, la Topografía del Horror y el Museo de Sachsenhausen.

Para realizar el memorial de los judíos, el gobierno convocó a un concurso de arquitectos para que presentaran sus propuestas. En el país hubo debates sobre cómo honrar a los 6 millones de judíos hasta que el ParlamentoFederal confió en la idea del arquitecto de origen judío Peter Eisenman, que consta de una superficie de 2.711 columnas de diversas alturas que forman un laberinto mientras en el subterráneo hay un centro de información.

“Las instituciones que se encargan de la memoria no deben ser administradas por políticos porque los políticos tienen intereses”: Jörg Drieselmann, actual director del Museo Stasi. Foto: VerdadAbierta.com.

La exposición Topografía del Terror, otro lugar de la memoria, está sobre un terreno que en el pasado albergó a la Gestapo (la policía secreta de Hitler), la SS y más tarde la Oficina Central de Seguridad del Reich. Aunque está abierta al público desde 1987 en 2010 fue complementado con el Centro de Documentación, que cuenta con 27 mil volúmenes que registraron el régimen del terror nacional-socialista.

A 35 kilómetros al norte de Berlín está Oranienburg, en cuyas afueras la SS construyó en 1936 el primer campo de concentración llamado Sachsenhausen. Allí los nazis mantuvieron presos a 200 mil personas de toda Europa sometiéndolos a trabajos forzados y torturas, o los fusilaron o envenenaron en la cámara de gas. Entre 1936 y 1945 se calcula que fueron asesinadas 32 mil personas.

Andrea Heubach, guía del antiguo campo de concentración, explica que el lugar fue liberado en abril de 1945, pero después se convirtió en un campo soviético donde fueron detenidas otras 60 mil personas, de las cuales 12 mil murieron.

Horst Seferens y Martin Schellenberg, directores de los departamentos de Comunicación y Pedagogía, explican que el lugar conmemorativo se construyó a partir del relato de los sobrevivientes y en 2013 fue visitado por 520 mil personas. En abril de 2015, tras 70 años de la liberación del campo, planean realizar una exposición con los testimonios de quienes vivieron el holocausto.

El reflejo en Colombia
Este es el campo de concentración de Sachsenhausen. Fue el primer campo diseñado por la SS para exterminar judíos, homosexuales, Sinti y Roma, y personas con discapacidad. Foto: VerdadAbierta.com.

El conflicto armado de más de 50 años ha dejado más de 6 millones de víctimas, según datos oficiales. El gobierno, que dialoga con la guerrilla más antigua del continente, las Farc, para lograr un acuerdo de paz, que ponga fin a la confrontación armada. Sin embargo, reconoce que la violencia persiste en varias regiones por cuenta de las guerrillas y las bandas criminales, lo que supone dificultades para superar el conflicto.

Ahora que el gobierno proyecta crear un Ministerio del Posconflicto en caso de llegar a un acuerdo final con las Farc, el país tendrá que derribar sus propios ‘muros’: la ‘división’ entre los colombianos de ciudad que mayoritariamente se sienten ajenos a la violencia y los colombianos rurales que han soportado varias guerras; un sistema educativo de calidad que supere la violencia bipartidista y enseñe y discuta la historia más reciente: la del narcotráfico, guerrillas, paramilitarismo y bandas criminales.

Aunque la Ley de Víctimas es un primer paso, pues creando el Centro de Memoria Histórica la sociedad desarrolla espacios conmemorativos en varias ciudades, falta por ejemplo que exista un archivo que preserve y permita el acceso público a la información del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y que la prensa se preocupe más por trascender el registro y llegue a los tuétanos de la historia de la violencia.

“La memoria no es algo físico o racional. Son las posibilidades de participar, de preguntarse qué hemos aprendido de la historia. La memoria es esa fuerza para construir una mejor sociedad”, asegura el defensor de derechos humanos Michael Parak.

*El texto es producto del taller ‘Memoria histórica: ¿cómo confrontar el pasado?’ convocado por la DW Akademie entre el 7 y 13 de diciembre, en Berlín.

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* Si tiene dificultades para acceder al contenido, por favor actualice su navegador de internet o use otro. | Fotos: archivo Semana, Semana.com y VerdadAbierta.com.

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Según elcenso hecho por los integrantes de la Mesa de Memoria, en Pueblo Bello se estima que la violencia ejercida por todos los grupos armados dejó poco más de 550 víctimas, la mayoría desaparecidos forzosamente. Foto: VerdadAbierta.com.

Si alguien ha presenciado y padecido todas las violencias que han azotado al corregimiento Pueblo Bello, en Turbo, ha sido Oved Rojas. Su memoria aún retiene vívidamente los recuerdos de aquel 1984, año en que la guerrilla del Epl inició una serie de asesinatos selectivos; tampoco olvida una trágica tarde de 1990, cuando los paramilitares de Fidel Castaño se llevaron amarrados a 43 de sus paisanos; y aún le duele en el alma recordar cómo las Farc le asesinaron a un hermano en 1995.

“Todo mundo recuerda la desaparición de los 43 campesinos, pero antes de eso y después de eso pasaron cosas igual de graves, cosas que la gente no se imagina y que son poco conocidas”, señala este campesino, quien pese a tanta barbarie, nunca abandonó el lugar. Y precisamente el amor a ese terruño motivó a Oved a trabajar, junto a otras 27 personas, en la recuperación de la memoria sobre más de dos décadas de violencia.

La iniciativa comenzó en 2012, cuando un grupo de profesionales de la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia llegó a Pueblo Bello para iniciar allí un proceso de reparación colectiva. “Por una apuesta del gobernador, Sergio Fajardo, se escoge Pueblo Bello para iniciar este proyecto”, explica Adriana Carranza, una de las psicólogas encargadas del acompañamiento a la comunidad.

Luego de una serie de sesiones grupales orientadas por psicólogos, que terminaron sirviendo como espacio de catarsis colectiva para los pobladores de las ocho veredas de este corregimiento, varios de ellos sintieron la necesidad de asociarse para trabajar no solo en la dignificación de la memoria de los seres queridos que la violencia se llevó, sino también para comprender lo que les pasó.

Gracias a ello, los poco más de 1.200 habitantes que tiene este corregimiento saben que entre 1984 y 1998 la violencia ejercida por paramilitares, guerrillas, e incluso el Ejército, dejó cerca de 550 víctimas. De ellas, han sido plenamente identificadas y caracterizadas 164. Más de la mitad de ellas fueron desaparecidas forzosamente. Su memoria ahora es honrada en un espacio que hace parte del Centro Social y Comunitario“Remanso de Paz”, obra construida por la Gobernación de Antioquia a petición de la comunidad y que fue inaugurada recientemente.

“La comunidad no tenía un espacio para reunirse y sintió que, como medida de reparación colectiva, lo mejor era construir un centro social”, señala Carranza, quien añade que “desde un inicio se pensó que además de servir para reuniones, fuera un espacio para rendir tributo a las víctimas del conflicto armado en esta región”.

La edificación demandó una inversión de 1.200 millones de pesos, de los cuales la Gobernación de Antioquia destinó 1.100 millones y la Unidad de Reparación y Atención Integral a Víctimas dispuso de los 100 millones de pesos restantes.

Para personas como Oved, el ejercicio de recuperación de memoria ha servido para que la comunidad sane las múltiples heridas que la guerra les ha dejado. “Una cuarta parte de los habitantes de Pueblo Bello fueron desaparecidos. Hay familias a los que se les llevaron tres hijos y no se sabe nada de ellos hasta el día de hoy. Pero esto nos ha ayudado a recuperar la confianza, a que la gente por lo menos hable de estas cosas”, señala.

Reparaciones colectivas
La construcción del Centro Social y Comunitario Remanso de Paz inició a principios de 2013. En su diseño, la comunidad jugo un papel decisivo. Foto:Glemis Mogollón.

Y así como en el pasado el nombre de Pueblo Bello ocupó sendos titulares de prensa por cuenta de la barbarie cometida tanto por las guerrillas de las Farc y el Epl como por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), sus pobladores esperan que de ahora en adelante este corregimiento se convierta en modelo nacional de lo que pueden ser procesos efectivos de reparación colectiva.

Y en ello invierten sus esfuerzos no solo los habitantes de Pueblo Bello sino también los profesionales de la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, quienes desde hace tres años vienen ejecutando el programa Ruta Integral para Víctimas del Conflicto Armado, que busca brindar acompañamiento tanto a víctimas individuales (cerca de 2.000 familias de 11 municipios) como a “sujetos de reparación colectiva”.

En este último caso, el gobierno departamental, en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, han priorizado la atención para 30 “sujetos colectivos” de 23 municipios, es decir, comunidades que fueron azotadas por grupos armados ilegales y cuyas acciones armadas afectaron de manera sustancial la vida cotidiana de sus habitates.

En el plan de acompañamiento de la gobernación se destacan El Aro y La Granja, de Ituango; los cascos urbanos de Cocorná, Argelia y San Rafael; las veredas La Esperanza, de Carmen de Viboral, La Inmaculada, de Alejandría, y La Galleta, de Montebello, así como pueblos indígenas de El Pando, de Caucasia, y la comunidad afro del corregimiento Vegaez, en Vigía del Fuerte.

Para los habitantes de Pueblo Bello, la iniciativa de reconstruir memoria les ha permitido reconstruir lazos comunitarios que la violencia había destrozado.Foto: VerdadAbierta.com.

Para Juan Camilo Salazar, coordinador de la Ruta Integral para Víctimas del Conflicto, la experiencia de reparaciones colectivas, en la que el corregimiento Pueblo Bello se constituye un ejemplo a seguir, enseña que este modelo puede generar impactos mucho mayores a la hora de reconstruir tejido social y recuperara lazos comunitarios.

“El año pasado, por ejemplo, hubo una cifra muy alta de indemnizaciones individuales y muchas veces este recurso llega a familias que, si no están organizadas o vinculadas a otros procesos, pues el recurso económico termina perdiéndose. Con los sujetos colectivos pasa distinto porque se generan procesos que terminan vinculando a toda la comunidad”, precisa Salazar.

De hecho, la apuesta de la Unidad para la Reparación y Atención Integral de Víctimas para el año 2015 serán los procesos de reparación colectiva dado los impactos que esto genera y se espera que el departamento que mayor número de víctimas tiene registradas en el país marque la pauta sobre cómo llevar a cabo exitosamente este modelo.

“Creo que atender a los sujetos colectivos de reparación es entender lo que ha sido el abandono del Estado”, manifiesta el funcionario departamental, quien no duda de los impactos que puede generar esta vía de reparación: “en Antioquia, que tenemos un millón 300 mil víctimas, creo deberíamos empezar por reparar aquellas comunidades que tuvieron situaciones muy lamentables por cuenta del conflicto armado, como El Aro, Machuca, el mismo Pueblo Bello, y dejar allí comunidades restablecidas”.

Yarisnei De Arco, integrante de la Mesa de Memoria de Pueblo Bello y quien tuvo que dejarlo todo abandonado en varias ocasiones por cuenta de las amenazas de los violentos, siente que todo lo que viene ocurriendo en su pueblo está sirviendo para mejorar el clima de convivencia y generar optimismo.

“Hace rato que no tenemos problemas de violencia en el pueblo. Y la comunidad está comenzando a organizarse para salir adelante. Todavía anhelamos conocer la verdad de muchas cosas que pasaron y que todavía no sabemos por qué. Pero hoy, por lo menos, creemos que tenemos un mejor futuro”, asegura Yarisnei.

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Luego de una cruenta guerra civil de cinco años, la guerrilla maoísta de los Jemeres Rojos tomó el poder en Camboya, en 1975 y el país que pasó a llamarse Kampuchea Democrática. Durante los cuatro años siguientes los Jemeres Rojos, y su máximo jefe, Pol Pot, mantuvieron una dictadura brutal y se cometió uno de los peores genocidios del siglo XX. Cerca de 1.7 millones de camboyanos, es decir el 30% de la población del país fueron exterminados o desaparecidos por el régimen, la mayoría monjes budistas, minorías étnicas, intelectuales, profesionales y opositores políticos

En 1979, tropas vietnamitas invadieron a Kampuchea y derrocaron al gobierno. No obstante los Jemeres Rojos se mantuvieron como guerrilla activa hasta 1998 cuando murió su máximo líder. No fue sino muchos años después que el mundo conoció la magnitud de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en ese país, y que estaban en absoluta impunidad. Apenas en 2006, gracias a la presión internacional se pudo establecer un tribunal similar a los instaurados en Ruanda y Yugoslavia, para que se investigue y juzgue a los líderes de la dictadura que sobreviven. Se trata de las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya que funcionan conjuntamente entre el gobierno y la ONU.

El primer juicio comenzó en marzo de 2009 y en junio de 2010 se profirió la única sentencia que está en firme hasta ahora, en la que se condena a Kaing Guek Eav, alias ‘Duch’, a 35 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La mayoría de los altos mandos de la dictadura y los autores intelectuales de los crímenes han muerto, lo que ha limitado las acciones de las Salas.

Luego de que se conociera esta primera sentencia, el gobierno decidió llevar la historia de la Kampuchea Democrática y los Jemeres Rojos a las escuelas, que hasta ahora no había sido contada a las nuevas generaciones. Para ello editó un libro que se distribuyó gratuitamente en los institutos de Camboya y se creó una materia obligatoria para los estudiantes de bachillerato.

Youk Chhang, director del Centro de Documentación de Camboya (DC-Cam) y víctima del genocidio, jugó un papel crucial en la elaboración de este libro. Chhang estuvo en Colombia participando en la conferencia “Justicia en proceso de transición” organizada por el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).

A continuación presentamos apartes de la conversación que tuvo VerdadAbierta.com con el experto camboyano.

Verdad Abierta: ¿Cree que el proceso judicial que se ha adelantado en la Salas ha aportado a reconstrucción de verdad?

Youk Chhang: Yo diría que legitima la búsqueda de verdad. Les da a la personas la posibilidad de enfrentar su propia historia. Además, para darle legitimidad a la sentencia, el gobierno creó libros de textos donde se explica qué es un genocidio y qué fue lo que pasó Camboya. El hecho de que exista una sentencia dice que es cierto que ocurrió un genocidio y permite que esa verdad sea transmitida a través de la educación.

VA: ¿Cómo son estos textos y cómo ha sido el proceso para escribirlos?

YC: Esto ha tomado cerca de siete años, no fue de un día para otro, sobre todo porque el genocidio es un delito político y hay muchos intereses de por medio. Pero de entrada los libros tienen un enfoque en las víctimas. Por ejemplo, hay dosdefiniciones sobre el genocidio, una tiene que ver con la ley y los convenios internacionales, pero la otra es la que tienen las víctimas, ellas no reconocen el delito en la definición técnica, sino que esa palabra les recuerda cómo las autoridades mataron a sus hermanos o a sus padres. El libro recoge las dos visiones.

Se ha integrado pedagogía contemporánea, se hacen comparaciones con casos internacionales como lo que sucedió en Alemania, Yugoslavia y Ruanda, para que los camboyanos no sientan son las únicas víctimas en el mundo. También se incluye el arte, el teatro y la música. Aunque suene paradójico, debes embellecer el crimen para que la gente se interese, los libros son muy bellos aunque la realidad del genocidio sea espantosa.

VA: ¿A quién están dirigidos estos libros?

YC: Son libros escolares oficiales, son obligatorios para lo que acá sería equivalente de grado 7 al 11. A los alumnos les hacen exámenes y si no lo aprueba puede perder el curso. Los jóvenes de Camboya son como los jóvenes de todo el mundo, muchos prefieren ir a cine, salir con sus amigos en vez de estudiar, pero el gobierno es el que está en la obligación de enseñarles lo que pasó.

La idea es que cuando tengan 18 años ya sepan lo que pasó, porque si a esa edad no conoces tu propia historia ¿Cómo puedes construir una sociedad mejor?

VA: ¿Por qué es importante que las nuevas generaciones entiendan esto desde el colegio?

YC: Si no se hace así el crimen va a continuar, somos los humanos los que cometemos los crímenes y nosotros mismos tenemos que entenderlo y desarrollar estrategias para prevenirlo.

La información de una sentencia ratifica esa verdad, le da un respaldo legal, académico y podría decirse que científico a la historia. La gente no suele pasar la página hasta que una verdad oficial confirme lo que hicieron y quién lo hizo.

Yo no quiero que los jóvenes pasen por lo que yo tuve que pasar, porque no hay palabras para expresar lo horrible que fue, pero tampoco quiero que estén obsesionados con el genocidio. Tienen que aprender para decidir, queremos que este conocimiento sea parte de su identidad y un incentivo para ser buenos ciudadanos. No queremos una generación rencorosa.

VA: ¿Cómo llegar a las generaciones que ya pasaron por el colegio?

YC: A diferencia de Colombia, en Camboya la violencia afectó a todo el mundo, hay 20 mil fosas comunes y actividades de memoria en todas partes, así que es imposible que no sepas. También hay muchas actividades religiosas en las que los camboyanos se involucran desde muy jóvenes.

El problema es con las personas que trabajan en oficios técnicos como en fábricas donde no pueden acceder a este tipo de educación, porque se puede formar una oposición al proceso y las políticas de la justicia transicional, pero casi siempre porque hay un desconocimiento.

Lo importante es entender que educar sobre el conflicto es un proceso largo, no se da de un día para otro, en Camboya llevamos 35 años.

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