Johana Bernal, tenía sólo 14 años cuando los ‘paras’ la desaparecieron.

Johana Bernal* nació en diciembre de 1987 en una familia muy humilde de Vistahermosa, Meta. Cuando era bebé todavía, su padre se marchó de la casa con otra mujer y dejó a su madre sola con ella y otra hermana.

Ligia, la madre de Johana tuvo que hacer grandes sacrificios para poderlas mandar al colegio, alimentarlas y ayudarlas.Pero a principios de 2002, los Bernal abandonaron la región, cuando el gobierno Pastrana canceló los diálogos con las Farc, y retomó la Zona de Distensión que había sido escenario de los diálogos, pues Vistahermosa era parte de esa zona. Temían que las amenazas de las Farc que dijeron que iban a reclutar a los menores de edad se hicieran realidad.

La familia abandonó el Llano y se desplazó a Bogotá donde Ligia a duras penas podía sostener sus hijas. Recuerda que “no le podía dar estudio a ambas, me tocó poner a trabajar a Johana para ayudar con los gastos”.

Ante la difícil situación que atravesaban en la capital, Johana decidió devolverse a Vistahermosa para poder seguir estudiando. Su madre recuerda que Johana era “muy noble, pero muy terca. Si quería salir a bailar y yo no la dejaba, se iba igual”. “Johana tenía mucho carácter, le gustaba vestirse con ropa a la moda, se maquillaba, parecía que tenía más edad”, dijo alguien que la conoció.

Con tan sólo 14 años Johana se puso a trabajar en Vistahermosa, lavando ropa, haciendo oficio o atendiendo tiendas. Con lo poco que tenía arrendó un cuarto y se puso a terminar el octavo grado del colegio. “Por ser mujer decían que era alocada, inconsciente; de ser un hombre habrían dicho que era una ‘berraca’, echada para adelante” le dijo a VerdadAbierta.com la abogada que se ocupa del caso de Johana.

Poco tiempo después de volver a Vistahermosa Johana empezó una relación amorosa con un oficial del Ejército, comandante de la contraguerrilla de la región. Él le ayudaba con los gastos, le pagaba el cuarto. En una llamada telefónica la joven le dijo a su madre que ahora tenía su cama, su peinador y sus muebles, “cosas que nunca en la vida habíamos imaginado”.

Según su madre, Johana quedó embarazada del oficial pero no quería abortar. En septiembre de 2002 Johana tomó una flota de la empresa La Macarena para ir a Villavicencio, donde otro bus la llevaría a Bogotá para visitar a su madre. Uno de los pasajeros recuerda que la menor “se montó al bus cerca del colegio de Vistahermosa. Llevaba sólo un bolsito pequeño. Ya cuando salimos del municipio una moto con dos hombres con pasamontañas pasó el bus y se le atravesó. Uno de los hombres, estaba armado, se subió, se acercó a Johana y se la llevó”.

Ligia Bernal dijo que después de varias horas empezó a llamar a todos los familiares, a sus conocidos, a sus amigas. “Me comentaron que había salido hace una horas, que ya debería estar llegando. Todavía la espero”.

Después de la desaparición, la madrastra de Johana, que vivía en el pueblo, empezó a buscarla con obstinación. Un día unos hombres se acercaron a su casa y le dijeron que le iban a hacer lo mismo que a su hijastra si no se iba del pueblo. La señora cogió todas sus cosas y se fue definitivamente de los Llanos Orientales.

Justicia
En la época la región de Vistahermosa era controlada por el Bloque Centauros de las Auc, bajo el mando de Luis Alex Arango Cárdenas, alias ‘Chatarro’. En los Llanos se han reportado muchos casos de desaparecidos que fueron obligados a bajarse de los buses.

En siete años el proceso se ha cerrado dos veces y ha quedado en investigaciones preliminares. Pero gracias a la insistencia de los abogados de Johana, un fiscal de Derechos Humanos vinculó a Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’ y José Armando Díaz Alcántara a la investigación. Sin embargo aún no ha habido órdenes de captura, medidas deaseguramiento o sentencias por la desaparición de Johana.

Los abogados creen que hay una intención de encubrir al Ejército, pues mucha gente en el pueblo dice que Johana se volvió un “falso positivo”. Además, según argumentan, no se ha investigado la relación de la joven y del oficial de la contraguerrilla, en la que la menor salió embarazada.

Verdad
Los abogados y la madre de Johana han asistido a varias versiones libres de desmovilizados del Bloque Centauros. ‘Chatarro’, jefe de la región de Vistahermosa para la época de la desaparición, dijo que desconocía el paradero de Johana y que quien sabía es alias ‘Charro’, que ya está muerto.

Reparación
Por la desaparición de Johana su madre aún no ha recibido nada.

*Los nombres originales fueron ocultados por razones de seguridad. Esta historia fue hecha con información de la Casa de la Mujer.

The post Johana Bernal, desaparecida a los 14 años appeared first on VerdadAbierta.com.

Valle Jaramillo nació en una humilde familia de campesinos el 29 de febrero de 1943 en Ituango, Antioquia. Tenían una pequeña parcela con la que sobrevivían su padre, Jesús, , Blanca, su madre, y sus diez hermanos. Valle siempre sostuvo que las difíciles de su infancia lo comprometieron toda su vida con la defensa de los más débiles.

A finales de los años cincuenta la familia vendió la parcela que tenía y se fue a vivir a Medellín en busca de nuevos horizontes. Apoyado por sus hermanos, Jesús María terminó el bachillerato en el Liceo Antioqueño donde fue un líder del movimiento estudiantil.

Con la ayuda de sus familiares, Valle se graduó en Derecho en la Universidad de Antioquia, siempre comprometido con los más débiles y con una excepcional oratoria. En 1972, el abogado llegó con el Partido Conservador a la Asamblea Departamental de Antioquia. Lo eligieron además al concejo de Ituango en 1987. Fue fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia en 1979, institución que dirigió después del asesinato de Héctor Abad en 1987. Valle también fue profesor de Derecho en la Universidad de Antioquia, de la Autónoma y de la Universidad, todas en Medellín.

Desde el Comité, Valle fue uno de los primeros en denunciar el terror de las autodefensas en Antioquia y particularmente en Ituango. “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”, dijo en un recordado discurso en 1997.

Las actividades de Valle Jaramillo en defensa de los derechos humanos comenzaron a ser incómodas tanto para los grupos paramilitares como para algunos funcionarios cómplices de estas acciones.

En 1996 en una entrevista en El Colombiano, Valle dijo “desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador y hoy presidente, Álvaro Uribe, lo señaló como “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia ante los tribunales.

Aún así, Valle denunció con gran coraje la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó dándole la razón y condenó al Estado colombiano por la relación de algunos militares con esas masacres de Ituango.

Un día antes de su asesinato, se presentó en la Fiscalía para rendir indagatoria por la denuncia por calumnia. Alegó que no había cometido ningún delito, pues su versión sobre los nexos entre miembros del Ejército y la Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones internacionales de derechos humanos.

El 27 de febrero de 1998 dos hombres y una mujer llegaron a suoficina en el centro de Medellín. Después de intimidar a su hermana, que trabajaba con él, los sicarios le dijeron  “usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema”. Lo obligaron a tenderse en el piso boca abajo y le dispararon dos balazos.

En el crimen al parecer 16 personas más cubrieron la entrada y la retirada de los tres sicarios. La familia denunció además que cuando Valle fue asesinado tropas de la IV Brigada del Ejército realizaban operativos de control al porte ilegal de armas en el sector.

En el sepelio de Valle el sacerdote Joaquín Vargas dijo que “un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás. Por ello, Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida”.

La justicia

Por el asesinato de Jesús María Valle el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores a Álvaro Gómez Mesa y a Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán. Sin embargo estas personas aún no han sido capturadas por las autoridades.

El Juzgado también condenó a Carlos Castaño como autor intelectual del crimen, pero fue absuelto en segunda instancia. Varios miembros de la familia Angulo, una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, fueron absueltos.

En mayo del 2007 el Consejo de Estado consideró que no se adoptaron medidas efectivas para proteger la vida de Jesús María Valle y condenó la Nación al pago de una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia del abogado.

El caso de Valle fue llevado a la CIDH que falló contra el Estado colombiano el 27 de noviembre de 2008. La sentencia obliga reabrir la investigación, así como a realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la universidad de Antioquia y colocar una placa en la memoria de Valle en el Palacio de Justicia de Antioquia.

En 2009 la Fiscalía reabrió el caso y vinculó a Salvatore Mancuso y a Isaías Montes Hernández, alias ‘Junior’ al considerar que “están surgiendo evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos”. En el proceso además se está investigando la participación de militares.

La verdad

En 2001 varios integrantes de la banda de sicarios ‘La Terraza’ se responsabilizaron por el asesinato de Valle en un comunicado publicado en Tele Antioquia. Añadieron que Carlos Castaño les pagó por este y otros crímenes contra defensores de derecho humanos.

La reparación

En 2007 el Concejo de Estado condenó la Nación a pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle. Pero varios familiares del abogado la rechazaron al considerar que “no se establece la verdad sobre su crimen”. Liliana Uribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, dijo que “queda el vacío sobre sí hubo o no responsabilidad directa del Estado en su muerte o en los casos que él denunció”.

The post Jesús María Valle, abogado asesinado en 1998 appeared first on VerdadAbierta.com.

Jorge Darío Hoyos no fue solamente padre para Jessica, sino que fue un amigo y tutor que, desde que era niña, la aconsejó y le dio las bases para que tuviera una actitud crítica, abierta y solidaria con la sociedad. Su padre la llevaba a las marchas del Primero de Mayo, en las que le enseñó a luchar por mejores condiciones de vida para las demás personas. También le inculcó el hábito de la lectura desde que era muy pequeña. La despertaba por las mañanas para que leyeran juntos la prensa y textos académicos.

Jessica era distinta a sus compañeros de colegio. A los 13 años leía en el recreo libros que su padre le prestaba y lideró el Consejo Estudiantil que ella misma ayudó a fundar. Él le ponía discos de los discursos de Jorge Eliécer Gaitán para enseñarle oratoria.

Además de ser un padre cariñoso, Hoyos fue un reconocido líder sindical internacional que nació en Sopetrán, Antioquia, y asesoró a diferentes agremiaciones sindicales en el país como la Federación Colombiana de Educadores, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, los sindicatos de Telecom y de la Industria de Carbón, entre otros. Hoyos no se centró en la dirigencia, sino en la asesoría y formación de líderes sindicales. Por esta razón, llegó a ser encargado para América Latina de la Federación Internacional de Mineros y de la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones Agrícolas y Similares.

Paramilitares acabaron con la vida de Hoyos, tan valiosa para la organización laboral y para su familia, en su casa de Fusagasugá la noche del sábado 3 de marzo de 2001. Ese día Jessica, que tenía 16 años, estaba en Bogotá porque estudiaba derecho en la Universidad Libre. La tía le soltó la noticia a medias y ella salió corriendo a Fusa. Allá le contaron lo peor: a su papá lo habían matado de siete tiros en la cabeza. La policía había capturado a los asesinos pues estaba cerca al lugar del crimen.

Más dolor y rabia sintieron la viuda y la hija de Hoyos, cuando los ‘paras’ capturados aseguraron que un hombre los había contratado para matarlo porque supuestamente Jorge se había metido con su mujer. Estaban intentando disfrazar de sindical lo que era a todas luces un crimen político.

La familia de Jorge fue víctima de seguimientos y amenazas porque en sus declaraciones a los medios reafirmaron su convicción de que el asesinato había tenido móviles políticos. Su tuvieron que ir a Bogotá refugiadas. Y aún allí siguieron las amenazas. Cinco veces cambiaron de casa para protegerse.

La noche del asesinato, Jessica se propuso dejar que el crimen de su padre no quedara impune y que se aclararan las verdaderas razones por las que fue asesinado. Con el esfuerzo de su madre pudo graduarse como abogada e ingresó a trabajar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

En memoria de su padre fundó la organización Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, que es una organización de jóvenes que tiene como propósito reivindicar la memoria de sus padres asesinados y desempolvar las investigaciones que han quedado archivadas.

La justicia

En 2003 un juez condenó a los actores materiales del crimen por homicidio agravado en persona protegida. En este juicio se consideró que el autor intelectual del asesinato fue Carlos Monroy, quien para esa fecha era agente de policía de Fusagasugá.

Tras este anuncio, la Policía presentó una constancia en la que afirmó que Monroy se había desvinculado de la institución un mes antes de que ocurriera el crimen. Para algunos, esa información no es cierta porque varias personas vieron que el agente estuvo de servicio la noche en la que mataron a Hoyos, y también supieron que fue uniformado a visitar a los dos asesinos en la cárcel.

Con la defensa del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre los que estaba Jessica, en agosto de 2007 Monroy fue condenado a 40 años de prisión. Pero como no aparecía, finalmente se enteraron de que había muerto a mediados de 2006. El caso sigue abierto pues se presumen que los verdaderos autores intelectuales aún siguen en la impunidad.

La verdad

En agosto de 2008 Jessica le pidió a uno de los asesinos que le contara quién dio la orden de matar a su padre. A comienzos de 2009, bajo gravedad de juramento, el condenado mencionó a otros presuntos responsables, cuyos nombres aún no se pueden revelar porque están bajo reserva sumarial. El 12 de febrero de 2009, Jessica fue invitada por el senador Jhon Miller para que diera un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Ese día ella se presentó como “Jessica Hoyos Morales, hija de Jorge Darío Hoyos Franco, uno de los 2.694 sindicalistas asesinados impunemente en Colombia. Ocho años atrás vivía en Fusagasugá con mi madre, mi hermana y mi padre, que era un hombre soñador, comprometido con las causas justas, al que le dolía la opresión y la miseria…”

La reparación

Cómo el proceso está en su etapa penal, la familia de Jorge Darío Hoyos aún no ha recibido indemnización por el homicidio.

The post Jessica, hija del líder sindical Jorge Darío Hoyos appeared first on VerdadAbierta.com.

Jorge Darío Hoyos no fue solamente una figura paterna para Jessica, sino que fue un amigo y tutor que, desde que era niña, la aconsejó y le dio las bases para que tuviera una actitud crítica, abierta y solidaria con la sociedad.

Su padre la llevaba a las marchas del Primero de Mayo, en las que le enseñó a luchar por mejores condiciones de vida para las demás personas. También le inculcó el habitó de la lectura desde que era muy pequeña, despertándola temprano para que leyeran juntos.

Además de ser un padre cariñoso y comprometido con su familia, Hoyos fue un reconocido líder sindical internacional que nació en Sopetrán, Antioquia, y asesoró a diferentes agremiaciones sindicales en el país como la Federación Colombiana de Educadores, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, los sindicatos de Telecom y de la Industria de Carbón, entre otros.

Debido a esta formación que recibió en casa bajo la tutela de su padre, Jessica tuvo un comportamiento diferente al de sus compañeros en el colegio. A la edad de 13 años leía en el recreo libros que su padre le prestaba y lideró el Consejo Estudiantil que ella misma ayudó a fundar.

Igualmente, le dio lecciones de oratoria, y como ejemplo le ponía grabaciones en acetato de los discursos de Jorge Eliécer Gaitán. Por último, le enseñó la importancia de estar informada sobre la actualidad nacional, y para ello, la habituó a que escuchara y leyera noticias en diferentes medios de comunicación.

Pese a estar muy de cerca de la vida sindical, Jorge Hoyos no se centró en la dirigencia, sino en la asesoría y formación de líderes sindicales. Por esta razón, Hoyos llegó a ser encargado para América Latina de la Federación Internacional de Mineros y de la Federación Internacional de Trabajadores  de las Plantaciones Agrícolas y Similares.

Esa vida dedicada a la guía y formación se detuvo súbitamente el sábado 3 de marzo de 2001, cuando dos paramilitares asesinaron a Jorge en su casa ubicada en Fusagasugá. Ese día Jessica se encontraba en Bogotá porque para ese entonces estaba empezando a estudiar derecho en la Universidad Libre.

Al llegar a su casa en Fusagasugá, Jessica escuchó que su padre fue asesinado de siete tiros en la cabeza y que los asesinos habían sido capturados por una patrulla de policía que se encontraba cerca al lugar del crimen.

El dolor de la viuda y sus dos hijas se agrandó mucho más cuando en su primer interrogatorio los dos paramilitares declararon que un hombre mandó asesinar a Jorge porque supuestamente se había metido con su mujer. Justificándolo como un crimen pasional o lío de faldas.

Para la familia Hoyos las confesiones de los paramilitares no eran más que calumnias y siempre han creido que lo mataron para callar sus ideas y acciones de justicia social.

La familia de Jorge fue víctima de seguimientos y amenazas por las declaraciones que hicieron en diferentes medios de comunicación, yse desplazaron a Bogotá por preservar sus vidas. Pero las amenazas también continuaron en Bogotá, y por ello, estas tres mujeres tuvieron que cambiar cinco veces de casa en la capital.

La noche del asesinato, Jessica se propuso dejar que el crimen de su padre no quedara impune y que se aclararan las verdaderas razones por las que fue asesinado. Con el esfuerzo de su madre pudo graduarse como abogada e ingresó a trabajar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

En memoria de su padre fundó Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, que es una organización de jóvenes que tiene como propósito reivindicar la memoria de sus padres asesinados y desempolvar las investigaciones que han quedado archivadas.

El caso de Jorge Darío Hoyos
En 2003 un juez condenó a los actores materiales del crimen por homicidio agravado en persona protegida. En este juicio se consideró que el autor intelectual del asesinato fue Carlos Monroy, quien para esa fecha era agente de policía de Fusagasugá. 

Tras este anuncio, la Policía presentó una constancia en la que afirmó que Monroy se había desvinculado de la institución un mes antes de que ocurriera el crimen. Para algunos, esa información no es cierta porque varias personas vieron que el agente estuvo de servicio la noche en la que mataron a Hoyos, y además lo vieron visitando a los dos asesinos en la cárcel portando el uniforme.

Para esclarecer la verdad sobre el asesinato de su padre, Jessica entró en contacto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y en agosto de 2007 lograron que se condenara a Monroy a 40 años de prisión.  

Después de la condena, Jessica se enteró por medio de un derecho de petición que le envió a la Registraduría, que el ex agente de policía condenado por ser el autor intelectual de su padre había muerto a mediados de 2006.

En agosto de 2008 Jessica le pidió a uno de los asesinos que le contara quién dio la orden para a su padre. Pero éste se negó y le pidió un número de telefónico para contactarla posteriormente en caso de que cambiara de opinión y decidiera denunciar a los autores intelectuales.

Meses después, el detenido llamó a Jessica y le dijo que confesaría los nombres de los otros responsables por el crimen. Esto ocurrió en enero de este, cuando bajo gravedad de juramento el condenado mencionó el nombre de varios políticos y militares que presuntamente son responsables. Estos nombres quedaron bajo reserva sumarial.

Pese a todo el esfuerzo de esta joven el caso sigue estancado. Aunque su lucha tuvo algo de reconocimiento el 12 de febrero, cuando fue invitada por el senador Jhon Miller para que diera un discurso en el Congreso de Estados Unidos.

Ese día ella se presentó como “Jessica Hoyos Morales, hija de Jorge Darío Hoyos Franco, uno de los 2.694 sindicalistas asesinados impunemente en Colombia. Ocho años atrás vivía en Fusagasugá con mi madre, mi hermana y mi padre, que era un hombre soñador, comprometido con las causas justas, al que le dolía la opresión y la miseria…”

The post Jessica Hoyos appeared first on VerdadAbierta.com.

Jorge Luis Mazo

Cuentan en la zona que no dudaba en quedarse al lado de “los más sufridos, con los amenazados, con los masacrados, compartiendo su suerte con determinación y sin victimismos”.

Esa opción del prelado, sumada a las constantes denuncias desde la Diócesis de Quibdó se hacían por la reiterada violación de derechos humanos por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley, especialmente por el accionar paramilitares en la región, y a las laboreas humanitarias que adelantaban en los caseríos ribereños del Atrato y sus afluentes,  exasperaba a los comandantes de las Auc, quienes alparecer ordenaron el crimen.

Al día siguiente, la lancha que provocó el choque mortal fue vista navegando por el río Atrato con seis hombres armados. La motonave había sido robada meses antes a la cooperativa La Esperanza y tal como lo reconoció Carlos Castaño Gil, uno de los comandantes de las Accu en carta enviada a la Diócesis de Quibdó el 30 de noviembre siguiente, era utilizada para transportar víveres y hombres entre la capital del Chocó y la localidad de Vigía del Fuerte.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, a través de la sentencia N° 102, fechada el 18 de noviembre de 2006, se declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa y Policía Nacional –  por estos hechos. Dos días antes de la decisión, había sido capturado el paramilitar Carlos Andrés Molina Díaz, quien según las autoridades fue el responsable de la operación fluvial que acabó con la vida del sacerdote colombiano y el misionero español. Se le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado, en concurso con homicidio agravado en el grado de tentativa y concierto para delinquir, y se le impuso una sentencia de 40 años de prisión. El 19 de abril de 2009 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió la casación interpuesta por el condenado, quien alegó falta de defensa técnica en el proceso.

El crimen
Eran las nueve y media de la noche del jueves 18 de noviembre de 1999, cuando una embarcación de madera de 18 metros de largo y debidamente iluminada que procedía del municipio de Murindó, en el departamento del Chocó, estaba arribando al puerto fluvial de Quibdo, sobre el río Atrato. En ella venía una comisión de ayuda humanitaria integrada por miembros de la Diócesis de esa ciudad, la comisión diocesana Vida, Justicia y Paz, y de la organización no gubernamental Paz y Tercer Mundo.

De repente, fueron arrollados por una lancha de fibra de vidrio y de gran potencia que salió del sitio denominado La Draga y de manera intencional colisionó con la barca donde venía la comisión, partiéndola en dos, para luego huir del sitio. En el impacto, cayeron al afluente el sacerdote Jorge Luis Mazo Palacios, cura párroco del municipio chocoano de Bellavista, y el misionero español Iñigo Eguiluz Tellería, y fueron arrastrados por las aguas. Ocho personas más sobrevivieron.

Tras una permanente labor de rastreo y búsqueda desarrollada por cientos de personas en las horas siguientes, el domingo 21 eran encontrados finalmente ambos cuerpos sin vida. El sacerdote Jorge Luis apareció a 80 kilómetros de Quibdó, aguas abajo del Atrato. Unas horas más tarde, unos pescadores localizaron el cadáver de Íñigo Egiluz, a tan sólo un kilómetro de donde se habían producido la colisión.

Estado de la investigación: 

The post Jorge Luis Mazo – Sacerdote appeared first on VerdadAbierta.com.

Jesús María Valle Jaramillo

Su constante lucha por los más pobres lo llevó a formarse como abogado de la Universidad de Antioquia, y como político, ocupando curules en la Asamblea de Antioquia y en el Concejo de Ituango.

Las actividades de Valle Jaramillo en defensa de los derechos humanos habían comenzado a ser “incómodas” tanto para los grupos paramilitares como para las autoridades departamentales desde 1994 y a partir de las denuncias sobre operaciones paramilitares en su tierra natal, Ituango, y en una vasta zona del norte de Antioquia, comprometiendo al Ejército y la Gobernación de Antioquia en esas tareas, tanto por acción como por omisión. Entre sus denuncias estaba la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, corregimientos de Ituango, perpetradas por comandos paramilitares.

Días antes de su asesinato, este abogado había dado declaraciones a la prensa en las que acusaba a la IV Brigada, comandada en ese momento por el general Alfonso Manosalva Flórez. Por tales afirmaciones fue señalado públicamente como enemigo de las Fuerzas Armadas y acusado penalmente por calumnia por un suboficial de esta guarnición militar. Un día antes de su asesinato, se había presentado a la Fiscalía para rendir indagatoria sobre esta denuncia y habría llevado consigo las pruebas de sus afirmaciones.

El crimen
El jefe paramilitar Carlos Castaño Gil fue procesado como reo ausente en calidad de instigador del homicidio, no obstante fue absuelto en decisión de segunda instancia. Varios miembros de una prestante familia de Ituango, relacionados con el homicidio, también fueron absueltos, así como otras personas procesadas.

Los autores materiales han sido condenados en ausencia y nunca han sido requeridos. De hecho, no es seguro que sigan vivos. Además, la presunta responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública no ha sido investigada, ni tampoco las de las autoridades políticas locales. La investigación fue abandonada después de su defunción.

El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que falló en contra del Estado colombiano el 27 de noviembre de 2008. En el fallo, lo conminó a investigar los hechos que generaron la muerte de Valle Jaramillo, así como a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia y colocar una placa en su memoria en el Palacio de Justicia del departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo. Hasta el momento nada de lo exigido se ha hecho.

Este abogado, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y defensor de los presos políticos de Antioquia, fue asesinado en la tarde del 27 de febrero de 1998 en su oficina, ubicada en el edificio Colón, pleno centro de Medellín.

A su oficina llegaron dos hombres y una mujer y tras intimidar a la hermana del juristas, quien trabajaba con él, y a un cliente, pasaron a la oficina donde estaba Valle Jaramillo y tras decirle que “usted para nosotros es muy importante, pero también es un problema”, le ordenaron tenderse en el piso boca abajo y luego le propinaron dos impactos de arma de fuego provista con silenciador. La orden de asesinar al abogado fue dada por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.

En la comisión de este crimen no sólo participaron esas tres personas, sino al parecer otras 16 más que cubrieron la entrada y la retirada de los victimarios. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que momentos antes del asesinato y durante su ejecución, tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército realizaban operativos de control al porte ilegal de armas en el sector.

Estado de la investigación: Condenado Carlos Castaño Gil como responsable del asesinato

The post Jesús María Valle Jaramillo – abogado defensor de DD.HH. appeared first on VerdadAbierta.com.

Vivió gran parte de su vida en Cartagena, trabajando como revisor de contadores en la Electrificadora de Bolívar. Jugó un papel activo en Sintraelecol (Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Bolívar), en donde se destacó como representante de la actividad sindical para el departamento.  

Se dio a conocer públicamente en marzo de 1994 cuando fue acusado de rebelión por haber asistido, con apoyo de la Electrificadora, al “IV Congreso Latinoamericano por la Solidaridad, la Soberanía y la Autodeterminación y la Vida de Nuestros Pueblos” celebrado en Cuba. Desde entonces, y tras su designación como miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  en ese mismo año, se convirtió en una de las cabezas visibles de la organización sindical a nivel nacional.

Sus últimos años de vida los pasó en Bogotá, donde fue nombrado Vicepresidente General de la CUT e integrante de la Comisión de DerechosHumanos de esa organización, cargos que ejerció hasta el día de su muerte. Dias antes de su muerte, Ortega hizo parte del Comando Nacional del Paro Estatal de Trabajadores creado a comienzos de octubre de ese año como respuesta a la decisión del entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, de congelar los salarios de los trabajadores.  

El Crimen

El 20 de octubre de 1998, a eso de las 7 de la noche, dos sicarios le propinaron dos disparos a Jorge Luís Ortega en el momento en que el dirigente sindical estaba ingresando a su casa ubicada en el sur de Bogotá. Días antes a su muerte, Ortega había sido víctima de amenazas tras su protagonismo dentro del paro estatal que se celebraba en contra del gobierno de Andrés Pastrana.

De acuerdo con la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, organización de la sociedad civil, “desde el inicio del paro estatal, varios sindicalistas habían recibido amenazas de muerte, entre ellos Jorge. Por ello, el día anterior a su asesinato, en una sesión del Comité de Evaluación de Riesgos, Jorge Luís denunció ante delegados del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, la Consejería para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros, la situación de violación a los derechos humanos que se presentaba contra el sector sindical y públicamente responsabilizó al Estado colombiano de cualquier atentado contra su vida”.  

“Después de cinco meses de haber solicitado medidas de protección recurrentemente, Ortega no fue objeto de dotación de escoltas y un vehículo para su movilización, a pesar de los recientes hechos que atentaban contra su vida, como el allanamiento realizado en su residencia el 22 de septiembre de 1998, donde golpearon, amordazaron y amenazaron a su compañera, registrando todo el lugar” señalo la comisión Intereclesial en un documento escrito nueve años después del homicidio de Ortega.

Tras el asesinato de Ortega y de otros sindicalistas como Marco Perez (trabajador y sindicalista de Sintraelecol) durante del paro de octubre de 1998, varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos  enviaron un comunicado al Gobierno Nacional exigiendo esfuerzoa para encontrar a los responsables de la muerte de los sindicalistas y garantizar la protección del movimiento sindical en Colombia.

El 2 de mayo de 2002, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 27 años de prisión y el pago de 80 salarios mínimos legales a Rafael Céspedes Álvarez, como autor material del asesinato de Ortega García. Céspedes Álvarez fue acusado luego de la investigación adelantada por un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, los autores intelectuales del crimen nunca fueron identificados por la Fiscalía.

The post Jorge Luís Ortega García – sindicalista appeared first on VerdadAbierta.com.